Sin pretender caer en los tópicos al uso sobre las festividades navideñas, es cierto que en estas fechas somos más proclives a que aflore nuestro lado más humano y sensible. Por eso quiero dedicar mi última columna del año a reflexionar sobre un hecho preocupante: en estos días de consumismo compulsivo hemos de recordar que hay personas que, atrapadas en las redes de la pobreza, no pueden acceder ni siquiera a bienes básicos de primera necesidad. Por poner sólo unos datos introductorios, el Índice de Desarrollo Humano de 2014, que mide aspectos como disfrutar una vida larga y saludable, el acceso a la Educación y un nivel de renta digno, sitúa a la Región de Murcia, con un 0,868, en antepenúltimo lugar de todas las autonomías, sólo por delante de Andalucía y Extremadura. Por otro lado, la Encuesta de las Condiciones de Vida (ECV) de 2015, del Instituto Nacional de Estadística, no nos deja mejor parados: un 15,7% de la población declara retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, recibos de gas€); un 48,9% no puede afrontar gastos imprevistos; un 56% no puede ir de vacaciones una semana al año, y un 19,5% declara no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Precisamente, y porque hace unos días se registró en Murcia una manifestación alertando sobre el alarmante crecimiento de la pobreza energética, quiero centrarme en ella. La presión social, como siempre, condujo a que se legislara sobre este aspecto en nuestra Región. La propia Ley 10/2016 reconoce en su Preámbulo que se ha registrado un preocupante incremento de la pobreza energética por causas como la devaluación de las condiciones de vida, la escasa eficiencia energética de los edificios y el aumento del precio de los suministros.
Concretamente, la subida del coste de la electricidad en estos últimos seis años ha sido de un 70% (el doble que en la UE) y la del gas natural, un 35%. Por otro lado, los desahucios hídricos por impagos aumentan cada año, al encarecerse el suministro precisamente por la privatización del servicio.
En contraste con estas situación, las tres grandes empresas del sector eléctrico, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, obtuvieron 56.624 millones de euros de beneficios desde el comienzo de la crisis, favorecidas, sin duda, por la nefasta reforma del ministro Soria, que, para abordar el déficit tarifario, no sólo incrementó los costes para las personas usuarias sino que frenó en seco el desarrollo de las energías renovables.
La pobreza energética en España atenta contra las recomendaciones de instancias internacionales, como lo estipulado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, suscrito por España, y supone un flagrante incumplimiento de nuestra Constitución. El artículo 47 de nuestra Carta Magna estipula que toda persona tiene derecho a una vivienda digna, mientras que el 128 nos recuerda que «toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad, está subordinada el interés general» (motivo por el que no se entiende que, con este panorama, la nacionalización del sector eléctrico no esté en la agenda política).
En este contexto, Ley 10/2016 establece en uno de sus artículos la necesidad de «garantizar que el conjunto medidas vinculadas con la provisión de viviendas destinadas a políticas sociales se configure como un servicio de interés general para asegurar una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos». Más adelante, se estipula que «las Administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial» y, como principio de precaución, aclara que «la consejería del Gobierno Regional con competencia en materia de vivienda elaborará un protocolo obligado de comunicación a los servicios sociales y de intervención de estos servicios previamente a la concesión de las ayudas necesarias para evitar los cortes de suministro, en los casos de impago por falta de recursos económicos de las familias afectadas», añadiendo, además, que «las Administraciones promoverán los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua potable, de gas y de electricidad para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial».
Estas situaciones de pobreza energética y cómo atajarlas están previstas por el legislador. El problema es que, al día de hoy, Navidad de 2016, y tras seis meses de su promulgación, la Ley 10/2016 no se cumple.
Esperando que en el 2017 se superen estas lacerantes situaciones, les deseo unas felices fiestas.
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