DIEGO JIMÉNEZ La asfixiante crisis económica que golpea a tantas y tantas familias de este país está llevando a que aflore una conciencia de resistencia conducente, en la mayoría de los casos, a posturas de desobediencia civil. Y la expresión más visible, hoy por hoy, está en la actuación de las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH). Muchas personas se plantean cómo es posible que haya tantas viviendas vacías, muchas de ellas en poder de los bancos, cuando tantas personas se encuentran en la calle, por su imposibilidad de acceder a una vivienda o por haber sido expulsadas de ellas. Por eso, era cuestión de tiempo saber cuándo se iba a empezar a generalizar el proceso de ocupación de casas. Y ello está ocurriendo en todo el Estado. También en Murcia.
Gema, casada y con tres hijos a su cargo, lleva un mes ocupando una vivienda en poder de una entidad bancaria. Vivía en casa de su madre, en el seno de una familia con un total de 7 miembros, con poco espacio y ninguna intimidad, razón por la que adoptó esta decisión. Vanesa, casada y con tres hijos, y que vivía en casa de su abuelo junto a sus dos tíos en 45 metros cuadrados, optó también por ocupar una vivienda vacía de otra entidad bancaria, en la que lleva tres semanas. Gema y Vanesa, arropadas por varias decenas de personas, expusieron su problemática en rueda de prensa ante la Consejería de Fomento. Hablaban en su nombre y en de otras familias que en Murcia han decidido dar este paso y no tienen miedo a las consecuencias de su acción. Exigen al menos el acceso a una vivienda con un alquiler razonable, cansadas del silencio de la Administración ante su requerimiento de ayudas.
Con ese acto, que fue presentado por Santi García, se inició el Murcia la campaña ´Obra Social de la PAH´, una iniciativa de ámbito estatal, impulsada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que trata de hacer llegar a la opinión pública la grave problemática que afecta a miles de familias que viven, al día de hoy, en una situación crítica, por su imposible acceso a una vivienda así como por la insuficiente política de alquileres sociales. Santi afirmó, con toda razón, que la reciente Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social no recoge los requerimientos de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, con casi un millón y medio de firmas, exigía de los poderes públicos receptividad ante peticiones tan de sentido común, y por otra parte urgentes, como la dación en pago y el alquiler social.
La situación es harto más sangrante cuando se constata que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), se dedica no sólo a vender a precio de saldo los inmuebles que posee, sino que incluso practica operaciones de financiación para la compra de esos inmuebles que, en gran medida, van a parar a fondos ´buitre´ de inversión.
Cuando la crisis ha sido un pretexto para desmantelar el Estado del Bienestar y arremeter contra un bien que debiera ser intocable, el derecho de acceso a una vivienda digna -recogido en el artículo 47 de la Constitución española-, es fácil entender el vigor y la contundencia con que han surgido en todo el Estado las PAH así como la iniciativa que se presenta estos días. Al decir de sus promotores, surge porque han agotado las vías judiciales y administrativas para defender los derechos más básicos, además de que resultan muchas veces inútiles los intentos de negociar con bancos y cajas para que apliquen la dación en pago. Han sido inútiles también muchos intentos de conseguir justicia a través de los tribunales. Pero los esfuerzos de las PAH no han sido baldíos. Afirman que se han logrado pequeñas grandes ´victorias´: daciones en pago, posponer decenas de desahucios...
Sin embargo, en demasiadas ocasiones se han topado con la arrogancia de las entidades financieras o con la injusticia de una ley que sobreprotege a los bancos.
Con esta iniciativa se trata también de evidenciar la inhibición de los grupos políticos mayoritarios que bloquean en la mesa del Congreso la ILP sobre dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y alquiler social promovida entre otras organizaciones por la PAH.
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