GALICIA, ¿PRIMERA ETAPA HACIA LA MONCLOA?

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2024/02/20/galicia-primera-etapa-moncloa-98381335.html

(La Moncloa. Foto: Agencia EFE). La revalidación de la mayoría absoluta por parte del PP en Galicia en las elecciones del pasado domingo ha sido un episodio más de la hoja de ruta trazada por este partido para su labor de zapa, erosión y desgaste del Gobierno de coalición estatal. Con etapas previas. Veamos. El anuncio de la dirección del PP de la coordinación con consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas gobernadas por ellos tendente a dar respuesta a lo que llaman la inacción del Gobierno ante la crisis agrícola -junto con el anuncio de la reunión con éstos y la puesta en marcha de iniciativas en el Congreso y en el Senado, acciones que, sin duda, tratan de neutralizar el pretendido liderazgo de VOX, que presume de ser el ‘partido de los agricultores’-, ha venido precedido por el espectáculo montado por aquel partido, con el apoyo de las derechas mediáticas y judiciales, en torno, primero, a los indultos a los políticos del procés, y, en los últimos meses, a la ley de amnistía. Miles de personas en la calle en contra de esa medida y toda una batería mediática de deslegitimación del Gobierno han resultado ser una gran mentira, mero ‘postureo’ según lo ha definido Pedro Sánchez, tras desvelar Feijóo contactos con la cúpula de Junts, previos a su fallida investidura, en los que prometía un indulto con condiciones a Puigdemont si éste se avenía a apoyar aquélla, al tiempo que, en contra de los ‘esfuerzos’ del juez García-Castellón para atribuir a ese político delitos de terrorismo, el jefe de la oposición no creía que pudieran demostrarse éstos. Medios de prensa afines al PP no se recataron en afirmar que Feijóo, al dar a conocer, mediante lo que se ha venido llamando ‘voladura controlada’, esos contactos, se había pegado un tiro en el pie. Es evidente que existió una torpe ejecución comunicativa de todo ese asunto, pero es evidente también que esa acción no ha tenido repercusión alguna en la candidatura de Alfonso Rueda. El PP ha logrado ‘salvar los muebles’ en Galicia, con más votos que en 2020 aunque con dos diputados menos, y ello pese a la sorprendente irrupción de un BNG que acariciaba la posibilidad de un vuelco electoral en esas tierras. Parece claro que, tras el fiasco del 23-J, la dirección del PP se trazó una hoja de ruta consistente en retener Galicia, ser al menos un ‘poco determinantes’ en las elecciones de Euskadi, y ganar las europeas. Cataluña es otra cosa. La victoria del PP ha sido posible gracias a la existencia de una Galicia rural profunda, sobrerrepresentada, a una ley electoral que, con la exigencia del 5%, deja fuera del Parlamento gallego a muchas formaciones políticas y, sobre todo, al ‘aterrizaje’ en la campaña electoral en esa comunidad de los barones territoriales, los mismos que, incluso días antes, tras la ‘voladura controlada’ del asunto Puigdemont, consideraban a Feijóo un líder sentenciado, pues se le considera un político inepto y poco profesional para ganar a Sánchez. La imagen de una Díaz Ayuso paseando bajo los eucaliptos, los mismos causantes de los pavorosos incendios gallegos, nos dio a entender que, en Galicia, las baronías territoriales del PP habían impuesto un compás de espera, conscientes de lo que se jugaban en las urnas. La paradoja de este proceso electoral gallego es que el partido ganador ha hecho una campaña en clave estatal, pero el electorado ha votado en clave nacional (gallega), de lo que es una clara muestra la subida espectacular del BNG y el desplome absoluto del PSdeG y el de la izquierda alternativa al mismo, pues Sumar queda por detrás de VOX (partido que, por cierto, no goza de excesivas simpatías por tierras de Rosalía de Castro) y Podemos obtiene menos votos que Pacma. El proceso electoral gallego ha demostrado que no se puede hacer política-ficción, pues, en contra de la opinión de la mayoría de los medios, la pifia de Feijóo ante 16 medios de comunicación no le ha pasado factura al PP en esos comicios. Tengo para mí, así mismo, que la consolidación de la derecha en Galicia, que, por ahora, deja sólo tres claros territorios en manos del PSOE (Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña) pudiera ser el primer capítulo del añorado regreso de las huestes populares a la Moncloa. Ello favorecido por la debilidad del PSOE, cada día más acosado, política, judicial y mediáticamente, y, sobre todo, por los desencuentros actuales de su izquierda alternativa, cuya tibieza en la adopción de las medidas de reforma de fondo que necesita el país y su adhesión casi entusiasta a las recetas socialdemócratas del Gobierno es y ha sido evidente. A partir de ahora, si en las elecciones vascas el PP logra tomar algo de oxígeno, creo que la posibilidad del acuerdo en el Parlamento de la derecha españolista con las vascas y catalanas es real, porque hay estructuralmente detalles que empujan en esa dirección. Si ello ocurriera, la izquierda, que ha renunciado durante estos años a una transformación social profunda, quedaría ‘muy tocada’. Las cloacas del Estado y asuntos como la corrupción, la injerencia judicial, los ‘errores’ de Interior, la lawfare, el espionaje político, la no anulación de la ley mordaza… han imposibilitado la consolidación de una democracia de amplio espectro. Si a ello sumamos la necesidad de la pervivencia de la institución monárquica y los recortes sociales, que inevitablemente van a venir impuestos por Bruselas, el panorama futuro, si la izquierda no lo evita, dibuja un escenario de un Gobierno conservador con apoyo de los nacionalismos periféricos de derechas y posiblemente de la extrema derecha, la misma que está ausente de Galicia, pero no del resto del Estado. Las próximas elecciones europeas y la posible mayoría de las derechas en el Parlamento de Bruselas/Estrasburgo van a ser determinantes. Diego Jiménez García. @didacMur

UNA DERECHA MONTARAZ Y UN PRESIDENTE AUSENTE

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2023/11/14/derecha-montaraz-presidente-ausente-94581547.html Los acontecimientos se precipitan. Ya se conoce la fecha posible para la investidura de Pedro Sánchez, una vez alcanzados los apoyos parlamentarios necesarios. También, cuando estas líneas vean la luz, se habrán producido manifestaciones en toda España en contra de la misma. Y ello con un alto grado de beligerancia de la derecha y, sobre todo, de grupos de la extrema derecha, que, en la recta final de las negociaciones para la investidura, han agitado la calle con concentraciones frente a las sedes del PSOE. En días previos, el ‘Partido Judicial’, en expresión del diputado Enrique Santiago, se pronunciaba contra la amnistía; el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón emitía un auto para investigar a Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo; Aznar arengaba a todos los patriotas para que actuaran en defensa de la Constitución, y Abascal exhortaba a la desobediencia a las Fuerzas de Orden Público. Por si ello no bastara, hoy hemos sabido que una asociación de la Guardia Civil (APROG) ha entrado en liza «dispuesta a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional». Confieso que la labor obstruccionista a la investidura de las derechas y, sobre todo, las manifestaciones de los grupos de extrema derecha, alentados por Vox, me preocupan. Por la permanente desestabilización de la vida pública; por las banderas con el aguilucho franquista; por los eslóganes y consignas nazis y golpistas; por las duras acusaciones contra el presidente del Gobierno en funciones; por el odio que exhiben… Por supuesto que la derecha tiene todo el derecho a oponerse a la ley de amnistía. Pero las manifestaciones de estos días suponen el epílogo de toda una labor desestabilizadora, que se inició con el conocido mantra de ‘Gobierno ilegítimo’ hasta desembocar en los insultos y amenazas actuales al Jefe del Ejecutivo. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. Por eso hay cierto grado de hipocresía cuando desde la derecha se apela a manifestarse con orden y, por consiguiente, a condenar los desórdenes, cuando bien es cierto que sus continuados exabruptos han dado alas a los cachorros neonazis que están ocupando las calles de Madrid y otras ciudades de España. En el fondo, la derecha está convencida de que la agitación constituye el único medio de llegar al poder, pues cree que el Ejecutivo es de su propiedad, como se ha apropiado de la bandera. No me tilden de exagerado. Los alegatos de Feijóo, Aznar, Ayuso y Abascal me recuerdan a las amenazas vertidas contra la II República, en la víspera del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, por Gil Robles, que llegó a calificar al Frente Popular de ilegítimo (¿les suena esto de algo?), y por Calvo Sotelo, líder del monárquico Bloque Nacional. La derecha de entonces arremetía contra el desorden público, y la de hoy enarbola la ‘ruptura de la unidad de España’ para ‘tirarse al monte’. Pero los ‘actores’ se asemejan. He hecho esta referencia histórica porque, repito, me preocupa, y mucho, la deriva antidemocrática de la derecha española, que hunde sus raíces en el convulso siglo XIX, centuria en la que la democracia liberal de signo europeísta no terminó nunca de consolidarse, por lo que esa derecha llegó al siglo XX con evidentes tics autoritarios. Hoy asienta gran parte de su poder en las baronías territoriales que le aportan el oxígeno electoral necesario, como antes, en el siglo XIX, lo hiciera la extensa red de caciques a su servicio. Y uno de esos barones territoriales, apegado a las consignas más reaccionarias y peón de brega del PP, siempre dispuesto a aparecer en el primer plano de la política nacional, junto a Feijóo y Díaz Ayuso, por la que parece sentir una especial predilección, es el presidente murciano. Un presidente que ha objetado de sus deberes con la ciudadanía de Murcia, para ser una de las ‘palancas’ que contribuyan al derribo del futuro Gobierno progresista de Sánchez Su dedicación a los altos vuelos de la política estatal nos ha dejado un Gobierno regional con presencia de la extrema derecha y con dos consejeros de Vox que se disponen a estrechar más el dogal al Gobierno, lo que repercutirá en el empeoramiento de los problemas estructurales de la Región. Además, miente, como su jefe de filas, cuando se muestra beligerante con la quita de la Deuda catalana, pues obvia interesadamente que la eliminación de los 2.000 millones de la Deuda murciana va a suponer un alivio en las cuentas regionales, habida cuenta de que, de los 12.000 millones de esa Deuda, unos 10.000 proceden de los préstamos del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica). Y miente cuando se queja de la infrafinanciación por parte del Estado de la Comunidad Autónoma de Murcia (CARM), pues es sabido que el déficit de la CARM es consecuencia de su política fiscal regresiva, que ha perdonado cerca de 1.500 millones de euros a las rentas más altas en la anterior legislatura. Por citar solo otros problemas, recordemos que las cuentas del Sistema Murciano de Salud (SMS) registran un agujero de 2.000 millones de euros, según datos del Tribunal de Cuentas de 2020; la Región soporta más de un 30% de pobreza infantil y un preocupante paro juvenil, con difíciles condiciones de acceso a la vivienda de ese colectivo; se produce un trasvase de fondos públicos a la Enseñanza privada, mientras se registra un 17% de tasa de abandono escolar temprano, y casi el 87% de municipios de la Región (sobre 45) se sitúan en 2021 entre el 25% de las poblaciones españolas con menor renta. Esta es la Arcadia feliz murciana. Señor López Miras, ¡atienda a su Región y olvide su promoción política personal!

ASÍ RESPONDE ISRAEL A LA PETICIÓN DE 'CONTENCIÓN' POR PARTE DE OCCIDENTE

(Foto: 20 minutos) Unas 3.000 personas muertas en Gaza desde que comenzó la guerra. Ayer, más de 600 en el ataque a un hospital. El cinismo occidental es vomitivo: mientras piden a Israel que sea comedido en sus acciones, Biden volará a Tel Aviv para apoyar a Israel y pedirle también “contención”. Ya vemos hasta dónde llega esa contención. Por culpa de la permisividad y apoyo occidental a ese Estado sionista, nazi y asesino, Israel está cometiendo a diario crímenes de guerra. Netanyahu debería ser conducido al Tribunal Penal Internacional.

¿RUSIA ES CULPABLE?

Artículo publicado en La Opinión de Murcia. 3-10-2023 ¿Rusia es culpable? Pedro Costa desgrana en su libro los entresijos históricos y las consideraciones geoestratégicas de un conflicto sin aparente solución militar De entrada, he de reconocer que todas las guerras son abominables. Pero cuando intelectuales reputados, periodistas prestigiosos, profesores universitarios de renombre y gente progresista en general toman partido por uno de los bandos contendientes, la imparcialidad se resiente. Es lo que está ocurriendo con la guerra ruso-ucraniana. Para cualquier observador avezado es notorio que hay un asfixiante monolitismo informativo y una suerte de maniqueísmo que no se corresponde con la realidad. Los debates públicos, más allá de artículos especializados y la machacona propaganda televisiva, que reproducen las tesis de EEUU-OTAN y su aliada comparsa, la Unión Europea (UE), están prácticamente ausentes. Por eso son de agradecer los que están teniendo lugar estos días en varias localidades de la Región, gracias a la presentación del libro ¡Rusia es culpable! Cinismo, histeria y hegemonismo en la rusofobia de Occidente, de Pedro Costa Morata, texto de título equívoco si no se repara en el subtítulo, claramente indicativo de las intenciones de su autor.

(«¡Rusia es culpable!» fue el alegato que, en 1941, pronunciara Ramón Serrano Suñer para justificar el envío de la División Azul al frente de Leningrado para ‘matar rojos’. Para el cuñado de Franco, Rusia fue culpable de la Guerra Civil, por su apoyo a la República; hoy, a ojos de muchos, Rusia sigue siendo culpable de oponerse a los planes de dominio de Occidente y, por supuesto, de la guerra de Ucrania). Pedro Costa, ingeniero de formación, licenciado en Periodismo, Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Premio Nacional de Medio Ambiente 1998 y declarado ecologista, está dedicándose en estos últimos años a la investigación de una parcela que le atrae especialmente, la política internacional, y en este texto desgrana los entresijos históricos y las consideraciones geoestratégicas de un conflicto sin aparente solución militar. Tuve el honor de ser elegido para presentar su libro el pasado día 27 en Murcia. El autor analiza en sus más de trescientas páginas -que se inician con la abierta condena del papel de España en esta crisis y del irresponsable, a su juicio, papel del Gobierno- el papel de Rusia tras la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cercando a Rusia, contra las promesas repetidamente formuladas en sentido contrario desde 1990-91, como ahora veremos; el providencialismo de raíz protestante calvinista que se atribuye a la nación norteamericana (lo que no le ha impedido apoyar la actuación de genocidas dictadores de toda laya), y la preocupante historia de la Ucrania independiente postsoviética. En relación con la responsabilidad rusa en esta guerra, no hay que perder de vista el sentimiento de cerco y acoso al que se ha visto sometido este país por Occidente. Recordemos que ya a partir de la Revolución de octubre de 1917 y de la guerra civil que la siguió para destruir el régimen bolchevique, en torno a la nueva Rusia se estableció un ‘cordón sanitario’, suavizado en parte en los años 30 del pasado siglo por el auge del fascismo en Europa, y digo en parte porque hubo un sistemático rechazo franco-británico a las propuestas soviéticas de una alianza contra el nazismo en la Sociedad de Naciones, lo que llevó a la URSS a la firma del Pacto Ribbentrop-Molotov, de agosto de 1939, o Pacto de No Agresión, incumplido por Alemania al penetrar en territorio ruso en 1941. Tras el fin de la II Guerra Mundial y el surgimiento de una política de bloques, la rusofobia occidental fue permanente, algo que no mitigó la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 y la posterior desmembración de la URSS. Antes, habían caído en saco roto las propuestas de Mijail Gorbachov, quien entendió, a partir de 1985, que, liquidada la gerontocracia dominante en el Kremlin, eran tiempos de cambio, a la búsqueda de un socialismo renovado, intentando además que Occidente aceptara que la URSS fuera parte de Europa. Y recordemos que, a partir de su reunión con el presidente francés Mitterrand, en París, en octubre de 1985, cobró popularidad su propuesta de un ‘hogar común europeo’ desde el Atlántico hasta los Urales. Pero, desaparecida la URSS, lo que se consolidó fue la traición de EEUU a Rusia. Recordemos que Gorbachov recibió el 9 de febrero de 1990 una promesa del exsecretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, en nombre de todo el Gobierno del expresidente George H. W. Bush: «Ni una pulgada hacia el Este». El compromiso consistía en que las fuerzas de la OTAN no avanzarían hacia las fronteras rusas. A cambio, la URSS se comprometió a poner fin a una Guerra Fría que tenía al mundo gastado en una lógica bipolar que no beneficiaba a casi nadie. Al final, el bloque soviético se desintegró por múltiples factores, igual que el compromiso de Washington. Tres décadas después, con el conflicto en Ucrania de fondo, la promesa está más que rota: a partir de la integración de la República Democrática Alemana (RDA) en Alemania Federal, han ingresado sucesivamente en la OTAN la República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, Albania, Croacia, Montenegro, Macedonia del Norte… O, lo que es lo mismo: el sentimiento de cerco por parte de Rusia se ha visto agravado. Una OTAN hegemonista y provocadora Para Pedro Costa, la actual guerra ruso-ucraniana es una consecuencia de ese cerco y las amenazas de la OTAN hacia Rusia, y no un capricho expansionista postsoviético o resentido del presidente Vladímir Putin. «Desde luego -afirma- invadir países no es el proceder que prevé el Derecho Internacional para la solución de conflictos, pero Occidente lo viene haciendo desde que asumió su conciencia de excepcionalidad y privilegio que a sí mismo se atribuyó». «Los Estados miembros de la OTAN han constituido un grupo de delincuentes hegemonistas que han anulado a los organismos internacionales creados para la paz y el diálogo […] EEUU, a fin de frenar la recuperación política y militar de Rusia en la escena internacional, prepara el acoso a China por las mismas razones y empuja a su coro de satélites a nuevas y más comprometidas operaciones de agresión; una actitud consustancial con su origen como nación de convicciones religiosas puritanas…». Por ello, Costa Morata está convencido de que para Rusia, que ha visto ampliarse el cerco occidental cerca de sus fronteras, «la guerra actual es preventiva, defensiva y forzada». Y, para terminar, no hemos de obviar que la actual guerra ruso-ucraniana no se entiende sin tener en cuenta los sucesos del Euromaidán de 2013-2014, que llevaron a la caída del presidente Yanukóvich, con participación occidental. Un dato: a finales de 2013, europeos y estadounidenses, con la participación de la Fundación Nacional para las Democracias (NED, por sus siglas en inglés), están detrás de las manifestaciones que llevaron a esa caída del presidente ucraniano prorruso. Sucesos que ocasionaron meses después el bombardeo y la masacre, por parte del Gobierno ucraniano, de sus propios compatriotas prorrusos del Donbás (repúblicas de Lugansk y Donetsk), con más de 14.000 muertos. Ello explica la intervención rusa en defensa de esas poblaciones rusófonas. El enquistamiento del conflicto y la perseverante posición militarista europea en torno al mismo lleva a Costa Morata a concluir que «no creo que se vaya a producir un giro hacia la sensatez por parte de los gobiernos europeos; mis esperanzas globales están puestas en los movimientos sociales, que abominen del hegemonismo y de la bipolaridad, para que se pueda recuperar una suerte de renovado movimiento del Tercer Mundo».

¿SERÁ IRREVERSIBLE EL COLAPSO CIVILIZATORIO?

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2023/09/05/sera-irreversible-colapso-civilizatorio-91702281.html

Un año más, este verano nos ha demostrado, en contra de la opinión de los negacionistas recalcitrantes -e interesados-, que la crisis climática es una evidencia. Dicha crisis se ha manifestado en nuestra península y en los dos archipiélagos con: olas de calor sin fin; la irrupción del desierto, que se hace cada vez más presente con la invasión de polvo sahariano; los sempiternos incendios, como el que ha devastado miles de hectáreas en Tenerife… y la pertinaz sequía (según AEMET, en España llueve hoy un 12% menos de media con respecto a 1950), acompañada, paradójica y cíclicamente, de lluvias torrenciales de una Dana que en el momento de aparecer este artículo, se habrá enseñoreado ya del Mediterráneo y de amplias zonas del país. Consecuencia directa de la sequía es la disminución del agua embalsada. A fecha 28 de agosto pasado, los embalses españoles, con 21.083 hm³, estaban al 37,68% de su capacidad, cuando en la misma semana, en la media de los últimos años disponían de casi 30.000 hm³. En la fecha citada arriba, la Cuenca del Segura embalsaba 307 hm³, solo un 26,93% de su capacidad, pese a las precipitaciones habidas en la pasada primavera, anormalmente húmeda. Datos que nos deben cuestionar que la mayor parte del agua de nuestros pantanos, hasta un 80%, se destine al regadío, sobre todo intensivo, y a la industria. Si trascendemos el ámbito más local, a escala global los síntomas no son menos preocupantes: al voraz e incontrolado incendio de Canadá hay que sumar las graves inundaciones de China, que se han cobrado, como suele ser habitual, vidas humanas, los huracanes destructivos… El planeta lleva años pidiendo auxilio a gritos. Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro Colapso. Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo, nos advierte de que en un planeta con recursos limitados, no podemos crecer indefinidamente. Concretamente, y en el caso español, sitúa la ‘huella ecológica’ en el 3.0, esto significa que necesitaríamos los recursos de tres países como el nuestro para mantener el actual nivel de consumo. Para este profesor, las eventuales causas del colapso están claras: añade al cambio climático y el agotamiento de materias primas otros factores que anticiparían el fin del modo de producción capitalista, como la crisis demográfica, el incremento de las desigualdades de renta, la extensión de pandemias conocidas y por venir, las frecuentes crisis financieras, las guerras sin fin por la apropiación de las materias primas del planeta… Como otros muchos analistas, Taibo anticipa el colapso inevitable de la civilización industrial. Afirma, sin ambages, que el modo de producción capitalista es el principal responsable, desde su irrupción con la Revolución Industrial casi trescientos años atrás; e incluso se atreve a afirmar que la modificación antropogénica de sus hábitats por los habitantes del planeta desde hace 4.000 años puede tener algo que ver en el proceso. Hay antecedentes históricos. El bloguero Rafael Poch de Feliu publica un artículo de Michael T. Klare (USA, profesor emérito de estudios sobre la paz y la seguridad mundial) que reseña y comenta el contenido del bestseller de 2005 Colapso: How Societies Choose to Fail or Succeed (Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, Ediciones De Bolsillo), obra del geógrafo Jared Diamond, en la que este se refería a civilizaciones del pasado que se enfrentaron a graves crisis climáticas, adaptándose y sobreviviendo, o fracasando y desintegrándose. Entre ellas, el pueblo del Cañón del Chaco (Nuevo México), la antigua civilización maya de Mesoamérica y los colonos vikingos de Groenlandia. Estas sociedades, que habían alcanzado un gran éxito, implosionaron cuando sus élites gobernantes no adoptaron nuevos mecanismos de supervivencia para hacer frente a unas condiciones climáticas radicalmente cambiantes. En todos estos casos, el clima cambió bruscamente, provocando sequías persistentes o, en el caso de Groenlandia, temperaturas más frías, con la pasividad de las élites gobernantes (¿les recuerda esta situación a la actual?). Para J. Diamond, hoy, el proceso del colapso civilizatorio ya parece estar en marcha. Carlos Taibo, amparándose en la opinión de varios estudiosos y científicos, afirma que el colapso se produciría gradualmente entre los años 2020-2050, con una sociedad ‘postcolapsista’, ciertamente apocalítica: 1. Reducción drástica de la oferta de energía, lo que afectaría al comercio mundial; 2. Cierre de empresas, aumento del paro, quiebra del sistema financiero; 3. Disminución de la población planetaria; 4. Debilitamiento o desaparición de las instituciones estatales y locales; 5. Desurbanización acelerada y huida de la población al ámbito rural; 6. Quiebra de los sistemas sanitarios y educativos… Precursores del colapso. Por su parte, Diamond refirió tres indicadores claves, o precursores de una disolución inminente: un patrón persistente de cambio medioambiental a peor; signos de que los modelos agrícolas están agravando la crisis; y la incapacidad de las élites para abandonar prácticas perjudiciales y adoptar nuevos medios de producción. A la cabeza de cualquier lista estaría la continua dependencia del petróleo, el carbón y el gas natural, las principales fuentes de los gases de efecto invernadero. Mención especial merece la multinacional ExxonMobil Corporation, que sigue bombeando petróleo y gas, pese a que ya en la década de 1970 sus propios científicos predijeron que los combustibles fósiles podrían provocar un calentamiento global con dramáticos efectos medioambientales antes del año 2050. Por otra parte, el consumo de carbón, aunque se prevé que disminuya después de 2030, sigue aumentando en algunas zonas del mundo. Hay muchas otras formas en las que las sociedades están perpetuando comportamientos que pondrán en peligro la civilización, como la dedicación de cada vez más recursos a la producción de vacuno a escala industrial, y el crecimiento de cultivos intensivos despilfarradores de agua y con nitrificación de las tierras (¿les suena algo de esto en Murcia?). Ante estas evidencias, la obligación de los gestores políticos sería la adopción de medidas para proteger a la población. ¿Pero es ello posible en un marco de producción y consumo capitalista? Acciones positivas, pero no suficientes. Michael T. Klare nos dice en su artículo que, hace media docena de años, cuando comentó el libro de Jared Diamond con su alumnado, les hablaba de las formas en que el colapso de la civilización aún podría evitarse mediante la acción concertada de las naciones y los pueblos del mundo. Sin embargo, poco imaginábamos algo parecido al verano del 2023. Aun así, reconoce que se ha avanzado mucho en los años transcurridos; por ejemplo, el porcentaje de electricidad suministrada por fuentes renovables en todo el mundo ha aumentado considerablemente; muchas naciones han tomado medidas significativas para reducir las emisiones de carbono… pero las élites mundiales siguen aplicando estrategias que no harán sino amplificar el cambio climático, garantizando que, en los próximos años, la humanidad se deslice cada vez más cerca del colapso mundial. ¿Un proceso irreversible? Carlos Taibo piensa que sí, que el daño infligido al planeta es enorme. Considera que el capitalismo hoy está cavando su propia tumba. Por ello, plantea opciones para sobrevivir en una sociedad poscolapsista: recuperar lo social y elementos de la sabiduría popular de nuestros antepasados; potenciar el consumo de productos de proximidad; ‘destecnologizar’, es decir, analizar críticamente lo negativo que ha supuesto la proliferación de las tecnologías… Como aspecto positivo a destacar, Taibo cree que el colapso civilizatorio brindará oportunidades inéditas para la articulación de sociedades más justas, solidarias y sostenibles. Es posible otro mundo, la esperanza es el camino, pero habría que transmitirla con realismo: a título de ejemplo, cree que propugnar que las energías renovables son la solución a la crisis climática, sin cambiar a fondo nuestro orden socioeconómico, es una falacia.

PUIGDEMONT, DECISIVO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2023/07/28/puigdemont-decisivo-90406051.html

Quienes, también desde el ámbito de cierta izquierda, han venido dudando de la ‘españolidad’ de catalanes y vascos, tras el resultado electoral del pasado 23 tendrán que hacérselo mirar. Cataluña y Euskadi han salvado al resto de país de la irrupción de la derecha extrema y de la extrema derecha. El voto útil al PSOE las ha frenado en esos territorios históricos y, junto al notable resultado electoral de Sumar en el resto del Estado, van a imposibilitar la investidura de Feijóo, que, desconocedor consciente o inconscientemente de lo estipulado en el artículo 99 de la Constitución y en el fragor de la impostada euforia de la noche electoral, no dudó en ofrecerse dispuesto a formar Gobierno. España, se ha visto, es plural y diversa. Las derechas nacionalistas catalana y vasca, junto con la predisposición clara de ERC y EH Bildu a apoyar un Gobierno de coalición progresista, ya manifestada en la misma noche electoral, tienen de nuevo la ocasión de permitir que el país en su conjunto se deslice hacia la modernidad, el avance social y el progreso o, por el contrario, que retroceda hacia aciagos periodos históricos recientes. Puigdemont tiene la palabra. Diego Jiménez García

LAICIDAD Y SUPRESIÓN DE LA TAUROMAQUIA, ASIGNATURAS PENDIENTES DEL GOBIERNO

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2023/05/09/dos-asignaturas-pendientes-gobierno-87073043.html

Ilustración de Enrique Carmona

 Son indudables los avances sociales y políticos de este Gobierno de coalición. También es evidente la situación de acoso y derribo, acrecentada en estas fechas preelectorales, a que viene siendo sometido desde hace años por una oposición de derechas ávida de recuperar el poder. Por ello, confieso que me cuesta mostrarme crítico con asuntos siempre pendientes.

Empero, hoy voy a abordar sucintamente dos de ellos: el de las relaciones del Estado con las religiones y el siempre pendiente debate sobre la tauromaquia.

PRIVILEGIOS FISCALES A CONFESIONES RELIGIOSAS. El Gobierno anunció, en días pasados, que extiende los privilegios fiscales a budistas, ortodoxos, mormones y Testigos de Jehová, en el contexto de la reforma de la Ley de Mecenazgo. Dichos privilegios, consistentes básicamente en la exención del IBI para lugares de culto, suponen, según la asociación Europa Laica, un paso atrás en la laicidad del Estado español, pues los privilegios se combaten suprimiéndolos, no extendiéndolos.

La medida se enmarca en los Acuerdos (pre)constitucionales del Estado con la Santa Sede, de enero de 1979 -pues se firmaron tres días después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978-, ratificados por el ambiguo artículo 16.3 de la misma, que reza así: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Parece claro que, desde el punto de vista jurídico, hay una dejación de soberanía estatal respecto a la Santa Sede, pues los Acuerdos de 1979 están ahormando la soberanía estatal en temas relacionados con la financiación eclesial, los privilegios fiscales y la presencia confesional en la enseñanza.

Hoy, en el camino hacia la laicidad, que no aconfesionalidad como constitucionalmente tenemos en España, se debería tomar el ejemplo de la II República española, en donde esa laicidad del Estado fue plena y las confesiones religiosas fueron consideradas asociaciones privadas de creyentes, aunque el Estado garantizaba la libertad de conciencia y de cultos.

Europa Laica califica de ‘cortina de humo’ el acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia católica para que ésta empiece a pagar dos impuestos de los que hasta ahora estaba exenta. En concreto, tras ese acuerdo con el Ministerio de la Presidencia, la Iglesia ha renunciado a las exenciones impositivas sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y los que afectan a las contribuciones especiales contempladas en el Concordato de la Santa Sede de 1979. En realidad, más que renuncia eclesial, hay que considerar ese acuerdo como una simple aplicación legal impuesta por Bruselas. Acuerdo que, en realidad, viene a ocultar las cuestiones más candentes a resolver en las relaciones Iglesia-Estado, como el de las inmatriculaciones en manos de la Iglesia, favorecidas por la hipotecaria ley franquista de 1947, y la exención del pago del IBI.

Según Europa Laica, la Iglesia católica recibió del Estado en 2020 la cantidad de 12.000 millones de euros, y a través del IRPF recaudó 320 millones en el ejercicio fiscal de 2021. Creo firmemente que hemos de avanzar claramente hacia la plena laicidad del Estado español. En el país vecino, Francia, la separación entre el Estado y las religiones es real. El Estado es neutro desde un punto de vista religioso, pero, a la vez, se garantiza la libertad de conciencia y de cultos desde mucho tiempo atrás, en virtud de la ley de diciembre de 1905.

A VUELTAS CON LA TAUROMAQUIA. El siempre inacabado debate sobre la celebración de festejos taurinos en España -englobados en el término omnicompresivo tauromaquia- sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa de la dignidad de los toros y novillos, tan sintientes como otros animales, tuvo el otro día un motivo más para reactivarse: por las redes sociales pudimos ver cómo en los festejos de un pueblo valenciano un novillo se precipitaba al río, desde una altura de 15 metros, fracturándose las patas, por lo que hubo de ser sacrificado.

Tras la pandemia, y según la publicación Libremercado, la temporada de 2022 se saldó con un 14% más de festejos respecto de 2019, con un total de 436 corridas de toros y otros centenares de actos más, como novilladas con y sin picadores, rejoneo, becerradas…

Ello no implica, sin embargo, que la tauromaquia goce de buena salud. La Vanguardia nos aportaba, hace unos días, el dato de que el 84% de la juventud entre los 16 y 24 años está “poco” o “nada” orgullosa de vivir en un país con festejos taurinos, significando que el 60% de la población general se opone a la tauromaquia en sus distintas manifestaciones, aunque el barómetro de La Sexta rebajaba esa cantidad al 48,7%.

Hay que saber que, pese a sus crecientes detractores, entre los que me incluyo, la tauromaquia está declarada bien cultural a proteger, por sendas leyes: la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, que regula esta actividad como patrimonio cultural, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, ambas firmadas por M. Rajoy, lo que demuestra, a la vez, la querencia de la derecha por el mundo del toro y la patrimonialización por su parte de dicha actividad, erigida en una idealización simbólica de ‘lo español’ y en cuya aventura ha encontrado un indeseable aliado, VOX.

Ignoro si el actual Gobierno de coalición sintonizará con el contenido de las leyes citadas, pero, como curiosidad, he aquí la ‘guinda’ con que nos obsequia el preámbulo de la ley 18/2013: “La tauromaquia es una manifestación artística […] en la que se resaltan valores profundamente humanos como pueden ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta…”

Si de fuerza bruta animal hablamos, midamos la que exhibe el ser humano en ‘festejos’ como el ‘bou embolat’, el tirar a una cabra desde un campanario, alancear a un toro hasta su muerte en Tordesillas o arrancar de cuajo el cuello a unos gansos en Euskadi… ‘festejos’ afortunadamente modificados o suprimidos pero que, mientras se han celebrado,  demuestran el grado de ‘civilización’ de nuestro país.

Añade el preámbulo: “Existe un consenso en la aceptación mayoritara del carácter cultural, histórico y tradicional de la tauromaquia como parte esencial del Patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de España”. Los porcentajes citados arriba en contra de la ‘fiesta’ parecen desmontar ese optimismo del legislador.

Para terminar, un tema no menor es el de la tragedia asociada a dichos festejos. En 2022 un total de 23 personas perdieron la vida en los festejos taurinos celebrados en toda la geografía española. La Comunidad valenciana, con 9 muertes, fue la más afectada, hasta el extremo de que algunas aseguradoras han retirado su cobertura de los ‘bous al carrer’ al menos en 18 municipios, algunos de los cuales han cancelado los festivales taurinos. Uno de ellos es Tavernes de la Valldigna, que considera la medida como parte de su defensa de los derechos de los animales.

El Gobierno progresista actual y el que esté por venir seguirá teniendo en este tema una ‘patata caliente’, pues estoy plenamente convencido de que no se puede considerar civilizado a un país que, pese a haber legislado en contra del maltrato animal, hace oídos sordos, por presiones y evidentes motivos económicos, a la necesidad de prescindir del absurdo sufrimiento y muerte de un noble animal como el toro.

 

Diego Jiménez García   @didacMur      

REVITALIZAR EL MUNICIPALISMO

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2023/03/14/revitalizar-municipalismo-84609357.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share&fbclid=IwAR1LjOKpdr9H8gha3Yhwhv0RGIYCw7rAZugfmT8A0oZIvJCn626iJffz3Wc

 

Desde mi picoesquina

 

REVITALIZAR EL MUNICIPALISMO

 

Afirmaba hace unos días en su columna mi amigo José Haro, también colaborador de La Opinión, que para que Sumar, el proyecto que impulsa Yolanda Díaz, segunda vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, echara raíces habría tenido que estar presente en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Y no le faltaba razón.

Voy a centrar mi columna de hoy en aportar unos breves apuntes sobre una de las instituciones más próximas a la ciudadanía, el municipio, con una visión mínimamente retrospectiva para calibrar su importancia en la vida política del país.

HITOS DEL MUNICIPALISMO DECIMONÓNICO. En 1808, con el secuestro por Napoleón de la familia real española en Bayona, y ante el vacío del poder central, surgen las Juntas (locales, provinciales y la Junta Suprema Central) que, además, controlaron y canalizaron las revueltas populares, preservando el orden social vigente. A partir de 1808, cualquier revolución triunfante o derrotada se iniciaba con levantamientos locales y provinciales. Así sucedió en 1820, inaugurando el Trienio liberal, pero ese fenómeno juntero se repetiría también a lo largo del siglo XIX en 1835-36, 1840, 1843, 1854-56 y 1868.

De 1835 a 1868, pues, según la autorizada opinión de Walter L. Bernecker (Universidad de Berna), asistimos a una etapa de luchas populares, protagonizadas también por la clase media y pequeña burguesía, ligadas al liberalismo democrático, al socialismo utópico y al federalismo.

De especial interés es el bienio progresista (1854-56), durante el cual el malestar social de las capas menos favorecidas nutrió las barricadas en un improvisado proceso de participación popular: las juntas se constituían en autoridades que cubrían el vacío del poder local. Existía un paralelismo entre esas juntas y la Milicia Nacional; ambas fueron instrumentalizadas por la burguesía, por lo que fueron dejadas de lado cuando su carácter tendencialmente democrático iba más allá de lo que esa burguesía estaba dispuesta a asumir.

Tras la caída de Isabel II (Revolución La Gloriosa, septiembre de 1868), los nuevos poderes locales (y también provinciales) asumieron la fórmula popular de juntas revolucionarias, con un programa basado en el sufragio universal, la libertad de enseñanza, de cultos y de industria, abolición de la pena de muerte y de las quintas…. Es el mismo programa que defenderían los federalistas intransigentes durante la Revolución cantonal de Cartagena (julio 1873-enero de 1874). Pero en ese año 1868, volvía a repetirse el fenómeno conocido: las juntas provinciales hubieron de someterse al general Prim.

Hay que insistir en que, desde los inicios del siglo XIX y hasta el final de la Primera República en diciembre de 1874, progresistas, demócratas y republicanos federalistas unieron sus propios proyectos a las libertadas urbanas de origen medieval en Castilla, en clara oposición al centralismo de los moderados: “El árbol genealógico de la apuesta municipalista comienza con el primer juntismo, en 1808, e incluye el Federalismo de la I República y el municipio libre del movimiento anarquista”, en opinión de Pamela Radcliff, Universidad de California. Para los progresistas, los demócratas y los republicanos, los municipios eran la base de la libertad y la participación: sobre esos poderes locales debería construirse el Estado-Nación.

Pi i Margall, segundo presidente de la efímera I República y que había bebido en las fuentes de Proudhon, concibió un orden político de municipalidades autónomas unidas mediante pactos federales; lo local era uno de los elementos sobre lo que construir (si bien, desde arriba) la Federación, con una amplia base social formada por las clases urbanas, pequeña y mediana burguesía y los jornaleros. Para este brillante político (según Xabier Domènech, Un haz de Naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España), la forma de llegar a la República pasaba por la consolidación del proceso revolucionario juntista.

Más a su izquierda, los republicanos federales intransigentes, que nutrieron las revoluciones cantonales (como la de Cartagena antes citada), defendían que la República debía ser construida desde la base, mediante un comunalismo municipalista.

El colapso de esa I República inauguró un periodo en el que las ideas municipalistas quedaron desplazadas, pues el turbulento periodo del Sexenio condujo, por el ‘miedo escénico’ de las clases dirigentes, al estatalismo centralizador de los liberales de la Restauración.

SIGLOS XX Y XXI. En plena I Guerra Mundial, conflicto en el que España se declaró neutral, surgen en 1917 las Juntas Militares de Defensa, que nada tenían que ver con el juntismo civil anterior, situándose por encima del mismo, sin duda debido al peso histórico de los militares. De hecho, la decisión del Gobierno de declarar facciosa a la Asamblea de Parlamentarios llevó a esas Junta Militares a la salvación del orden oligárquico que denostaban inicialmente.

Por lo que se refiere al periodo de la II República, y en opinión de Pamela Radcliff,  “aunque la Constitución de 1931 reconocía el estatus autónomo de los municipios (así como el de las regiones) la formulación de una ley de gobierno local no se incluyó en la ambiciosa lista de prioridades de los republicanos de izquierdas y socialistas del primer bienio […] Los principales portadores del estandarte de la defensa de las libertades locales democráticas durante este periodo fueron los anarquistas […] Si bien no todos los anarquistas incorporaron el gobierno municipal en sus programas, sí atribuyeron un lugar privilegiado a la organización y las estructuras políticas autónomas de base local como fuente de libertad y participación popular”.

El largo paréntesis de la dictadura franquista, con alcaldes elegidos a capricho de los jerarcas del régimen, supuso, como es sabido, una postergación de la larga tradición democrática del municipalismo del país. En cualquier caso, en los últimos años de la década de los setenta del pasado siglo, el potente movimiento ciudadano vecinal se constituía en una poderosa herramienta que incluía las ideas municipalistas clásicas de autonomía local y participación ciudadana directa, desde la que iniciar la democratización del resto de instituciones del Estado. El objetivo de ese movimiento vecinal era la transformación de los barrios en beneficio de intereses colectivos, propugnando la municipalización de servicios, la planificación urbana (participando en la génesis de los Planes de Ordenación –PGOU-), el derecho social a la vivienda, espacios verdes, el transporte colectivo… Movimiento vecinal nutrido, como es sabido, por el esfuerzo de militantes de organizaciones de izquierda, con notable influencia del PCE en pugna, las más de las veces, con ORT y otras organizaciones de izquierda por protagonizar, dinamizar y, en ocasiones, dirigir ese movimiento vecinal, situaciones que vivió en persona quien estas líneas les escribe.

Por último, no podemos obviar la experiencia de los llamados ‘ayuntamientos del cambio’. Según nos recordaba hace unas fechas El País, las marcas locales asociadas a Podemos llegaron a gobernar en 2015 en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Santiago de Compostela y Cádiz, pero las divisiones internas y problemas de gestión hicieron que casi todo ese poder municipal se fuera diluyendo, durando tan sólo una legislatura. Y es que, aunque el artículo 140 de nuestra Constitución otorga a los municipios una autonomía y descentralización respecto de los poderes autonómicos y estatales, el problema de los municipios sigue siendo, en muchos casos, el de la asunción de competencias impropias y la infrafinanciación: los ayuntamientos absorben sólo el 15% del gasto público, cuando el Estado autonómico recibe el 35% y el Estado Central, el 50%.

En ese contexto, y según decíamos al inicio del artículo, la decisión de Yolanda Díaz de no concurrir con su proyecto Sumar a las elecciones municipales y autonómicas puede ser otro factor que dificulte el fortalecimiento y crecimiento del espacio a la izquierda del PSOE en los municipios.

Hay que revitalizar el municipalismo, pues una potente democracia local vigoriza, sin duda, la democracia en todas sus esferas.

Diego Jiménez García. Profesor de Historia

@didacMur

 

LA DERECHA NO CREE EN LA DEMOCRACIA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2023/01/17/derecha-cree-democracia-81267952.html

 

(Ilustración de El Roto)

La intentona golpista de hace unos días en Brasil, dos años después del asalto al Capitolio por las ‘huestes trumpistas’, es una señal inequívoca de que a la derecha se le atraganta la democracia, como quedó sobradamente demostrado con la conspiración y golpe de Estado contra la Segunda República española en julio de 1936.

Particularmente en Latinoamérica, hay una línea de continuidad histórica de golpes de Estado de las derechas cuando éstas han visto peligrar sus intereses de clase. Por citar sólo unos ejemplos conocidos, las dictaduras del general Barrientos (1964) y Hugo Banzer (1971) en Bolivia, precedieron, como es sabido, a la del general Pinochet (1973) en Chile, que, también como es sabido, gozó de la ‘comprensión’ de la Democracia Cristiana, liderada por Eduardo Frei, hasta el año 1975, si bien es cierto que éste se mostró luego opositor al Gobierno de Pinochet. Recordemos que Frei fue presidente de Chile entre el 3 de noviembre de 1964 y la misma fecha de 1970, en la que la presidencia pasó a Salvador Allende. Sin olvidar la dictadura argentina y por citar acontecimientos más recientes, la intentona golpista contra Hugo Chávez en 2002 y, en Brasil, la destitución de Dilma Roussef y la falsa acusación contra Lula demuestran cómo se las gastan las derechas.

Las dictaduras latinoamericanas fueron el ‘laboratorio’ en que experimentar las recetas neoliberales de los ‘Chicago boys’, los discípulos de Milton Friedman. Esas mismas recetas fueron luego puestas en práctica por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, lo que suponía un cuestionamiento del Estado del Bienestar implantado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir: desaparecido el peligro comunista tras la caída del Muro de Berlín, las derechas, con la lamentable complicidad de la socialdemocracia europea, se aprestaron a políticas de recortes de derechos sociales y de la propia esencia de la democracia. Ya no era preciso recurrir a sanguinarias e impopulares dictaduras; se pusieron en marcha nuevos métodos.Aun así, el peligro de involución democrática sigue presente, porque, en mi opinión, está incrustado en el ADN de las derechas. Como botón de muestra, los pasados días 18 y 19 de noviembre tuvo lugar en México la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) contra la expansión del socialismo. A ese encuentro acudieron Eduardo Verástegui, amigo y admirador de Trump; el anticomunista polaco Lech Walesa; Steve Banon, exasesor de Trump; Bolsonaro…y, por supuesto, Santiago Abascal.

Preocupados por la expansión del socialismo en Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil… todos apostaron por el derrocamiento y eliminación de los Gobiernos progresistas, Nótese que, para legitimar sus intentonas desestabilizadoras, los reunidos en México se atreven a calificar de socialistas a Gobiernos que, en muchos casos, no pasan de aplicar tibias medidas sociales contra las crisis cíclicas que soportan sus países.

ECOS DE ESA MAREA CONSERVADORA EN NUESTRO PAÍS. Preocupados también por esa marea trumpista, fuertemente populista y contrarreformista que se extiende por el planeta, y que sin necesitar la presencia del brazo armado militar está recurriendo a la movilización de las masas para ocupar las instituciones de poder, en nuestro país los grupos del Congreso apelan a la responsabilidad del PP para evitar un eventual asalto a las instituciones democráticas, como ha ocurrido en Washington y en Brasilia.

Recordemos que la ‘condena’ de Feijóo de los sucesos de Brasil fue muy tibia. Si en España viene negando la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez, algo similar debe pensar de Lula, pues no salió en bloque a defender tampoco la legitimidad de su Gobierno. Es más, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, manipulando una vez más, se atrevió a decir que, tras la reforma del delito de sedición, los sucesos de Brasilia no pasarían aquí de ser considerados ‘desórdenes públicos’.

Las derechas en España han venido dirigiendo, desde hace meses, sus ataques al Gobierno por la vía de la deslegitimación. Recordemos que Feijóo se atrevió a calificar a Pedro Sánchez como el presidente más ‘autoritario’ de la democracia. Isabel Díaz Ayuso, que considera a Sánchez un ‘tirano’, cree que España se encamina hacia una dictadura. Y Santiago Abascal, sin duda reforzado por las conclusiones de la reunión de México antes citada, se muestra dispuesto a asaltar las instituciones y a triturarlo todo. Incluso se atreve a acusar a Sánchez de perpetrar un golpe a la Constitución.

A partir de lo arriba expuesto, parece claro que las derechas de nuestro país vienen utilizando a sus peones de brega en las instituciones estatales y su poder económico, del que son sus portavoces, para erosionar las instituciones, desgastar al Gobierno y, a corto plazo, llegar al poder. Para ello cuentan con poderosos resortes mediáticos; periódicos, radios y televisiones que han normalizado la mentira con las fake news (falsas noticias) como instrumentos privilegiados de la acción política y con el lawfare (guerra jurídica). Actividades que cuentan con una sociedad anestesiada, acrítica y presa de un discurso ‘cultural’, sobre todo televisivo, en que prima lo chabacano y vulgar.

Parece claro que acontecimientos como el 15M, la eclosión de Podemos y el auge del independentismo en Cataluña provocaron, además del reforzamiento de un sentimiento españolista por parte de las derechas, apropiándose de simbología patria como como la bandera, la apelación a lo que históricamente ha sido una de sus señas de identidad: la defensa del orden. Por encima incluso, como es claramente perceptible, de los resultados de las urnas.

Además de lo expuesto, si hay una institución que aparece como un elemento de cohesión ideológica para las derechas esa es sin duda la monarquía. La función reservada al monarca como el garante de la unidad de España, en contra de las pulsiones autonomistas y republicanas de algunas nacionalidades del país, el hecho de que la Corona ostente el mando supremo de las Fuerzas Armadas y los evidentes lazos familiares e históricos de esa institución con las clases conservadoras del país me llevan a pensar que, en un momento dado (precedentes históricos los hay, recordemos el apoyo de Alfonso XIII a la dictadura de Primo de Rivera), la monarquía podría avalar un cierto golpismo institucional.

El problema para la izquierda, amén de sus difíciles relaciones para conformar un bloque político alternativo y unido, es que se muestra incapaz de conformar un discurso cultural capaz de superar la hegemonía que, en ese campo, ostenta la derecha.

Es evidente que hay un peligro de avance, si no del fascismo, sí del populismo derechista en nuestro país. Por ello esas tendencias retrógradas hay que combatirlas, además de por vía penal, con actuaciones políticas que favorezcan a las mayorías y con unas herramientas ideológicas y culturales que contrarresten esa hegemonía de las derechas. Hay que defender las conquistas democráticas. Porque he llegado a la conclusión que la derecha no cree en la democracia.