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Desde mi piscoesquina

El Régimen del 78 hace aguas

En muchas de mis columnas he ido afirmando, sin cortapisas, que el Régimen surgido de la Transición política española se va deslizando por la senda del autoritarismo, con preocupantes signos de una emersión de actitudes prefascistas. Eso me ha llevado a que, en las redes sociales, alguna persona bien conocida y representativa del espectro asociativo de Murcia me haya advertido de lo inadecuado y peligroso que resulta hacer ese tipo de afirmaciones. Empero, no voy a modificar un ápice mis apreciaciones. Porque, en efecto, varias señales nos indican que, como digo en el título de esta columna, estamos asistiendo a un evidente desmoronamiento del Régimen del 78. Y aunque es difícil, en los límites de un artículo como éste, abordar in extenso esas señales, voy a tratar, sin embargo, de dar unas pinceladas. Empecemos por los límites a la libertad de expresión. 

No es de recibo que la Justicia se ensañe con raperos, tuiteros, titiriteros, etc. por, supuestamente, excederse en el ejercicio de la libertad de expresión, mientras asistimos, atónitos, a cómo se inhibe la Fiscalía ante amenazas tan claras del ¿periodista? Federico Jiménez Losantos cuando propugnaba atentar contra intereses alemanes en España o en Baviera en respuesta a la 'protección' de que goza Puigdemont por parte de la Justicia alemana. ¿Y qué decir de su última lindeza: bombardear Cataluña? Este nostálgico del Duque de Berwick, de estar ejerciendo en cualquier otro país de nuestro entorno, quizás hubiera dado ya con sus huesos en la cárcel. ¿Y qué decir también de las amenazas de muerte a Manuela Carmena por parte de algunos policías municipales de Madrid? Vistos estos dos claros ejemplos, ¿cómo puede ser calificada de actividad terrorista el corte de una autopista y no estas gravísimas afirmaciones? Está claro que la Justicia española está aquejada de un evidente déficit democrático. 

Otro ejemplo de la endeble calidad de nuestro sistema democrático es la descarada e indisimulada manipulación de cualquier noticia por ciertos medios de comunicación. Y en ese menester, Eduardo Inda es un maestro consumado, valiéndose de su panfletario OKDiario. Sabida es su animadversión a todo cuanto huela a Podemos, pero, insatisfecho con los sucesivos ataques a esta formación política utilizando el señuelo de Venezuela, ahora ha traspasado los límites de toda decencia periodística entrometiéndose en la vida privada de Pablo Iglesias e Irene Montero. Inda es, en ese aspecto, un discípulo aventajado de Goebbels. Y ya sabemos a qué nos condujo en Europa la manipulación de la verdad por el nazismo. 

Deslicémonos ahora por un tema no menos sangrante: el repudio por el PP y sus cargos públicos de todo cuanto huela a Memoria Histórica. Es sabido que ni en Alemania ni en Italia fue preciso legislar en esa materia, pues, superada por esas sociedades la catarsis por el trauma de lo que supuso su derrota en la II Guerra Mundial, a nadie se le ocurre allí mantener viva la memoria de Hitler y de Mussolini. Pero, en este aspecto, España es también una excepción. El Valle de los Caídos sigue siendo un insulto a los miles de represaliados por el franquismo. La existencia de una Fundación destinada a exaltar la memoria del dictador, también, y además nadie entiende que pueda seguir siendo legal. Los miles de cadáveres en fosas comunes sin exhumar, el nulo reconocimiento al exilio republicano, la no condena del franquismo por las Cortes, la negativa a investigar y condenar los crímenes de lesa humanidad de ese aciago periodo de nuestra Historia, la pervivencia de una Ley de Amnistía, que preserva, ante todo, la impunidad de los criminales franquistas, etc. son hechos que me autorizan a concluir que en España vivimos en un régimen político de bajísima calidad democrática, con una evidente deriva autoritaria. 

Y en esta deriva autoritaria una institución aparentemente (sólo aparentemente) neutra, la Corona, tiene mucho que ver. Estoy convencido de que toda la arquitectura de la Transición política se diseñó para preservar los privilegios de cuna y otros muchos de la dinastía borbónica. La Corona se muestra renuente a despojarse de su pasado franquista, lo que es perceptible en muchas de sus manifestaciones. A título de ejemplo, su silencio respecto de la petición por parte de los grupos de izquierda de poner fin a los privilegios hereditarios del Ducado de Franco, establecido por el monarca emérito Juan Carlos I sólo unos días después de la muerte del dictador a favor de su viuda, Carmen Polo, es una muestra de ello. El rey Felipe VI, como sus predecesores, se muestra muy a gusto con la derecha, dispuesto siempre a defender los intereses de las clases dominantes y del partido en el poder. Encumbrado a la jefatura del Estado para salvar a una monarquía que hacía agua también por todas partes, ha dado muestras, además, de parcialidad. Todos recordamos su fuerte alegato contra Cataluña dos días después del referéndum del 1 de octubre. 

En ese contexto de apoyo de la monarquía a lo más conservador del espectro político no son de extrañar, pues, los retrocesos democráticos, lacerantes, que estamos viviendo en estos últimos años. Como memorialista me enerva especialmente el nulo desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, que, desde 2012, no tiene consignación presupuestaria alguna. Y en lo que toca a nuestra Región, en días pasados, el PP y sus hasta ahora delfines, Ciudadanos, escenificaron el repudio a esa ley al negarse a tramitar en la Asamblea Regional la Ley de Lugares y Senderos de la Memoria Democrática, de Podemos. 

Lo dicho: demasiados indicios nos apuntan a que estamos asistiendo a los últimos coletazos de un régimen que hace aguas por todas partes. Quizás porque la democracia, en el fondo, nunca arraigó del todo en este país.

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Necesaria unidad popular

A nadie se le escapa, por evidente, que el régimen surgido de la Transición está haciendo hoy agua por todas partes. También es evidente que las contradicciones del sistema han alentado unas movilizaciones sociales que, desde los recortes de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, han oscilado cíclicamente entre periodos de máxima actividad y de aparente letargo. Estamos asistiendo en esta fase a uno de esos momentos álgidos de las luchas en la calle, protagonizadas por las reivindicaciones de personas pensionistas y jubiladas; por las movilizaciones de las mujeres por la igualdad efectiva de derechos con los hombres, y que tuvieron su máximo exponente, como es sabido, el pasado 8 de marzo; por las Mareas en defensa de la Sanidad y Educación; por las Marchas de la Dignidad, etc.

La lucha de clases se ha reactivado y no es casual. A la pérdida de derechos civiles, la Ley Mordaza, la fractura entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, la inexistente separación de poderes, el paro, los salarios de miseria, etc., se suma el hecho de que la crisis ha sido un pretexto para propiciar el mayor trasvase de rentas de los salarios hacia el capital registrado en los últimos años. A este respecto, según el INE, las remuneraciones de las personas asalariadas han caído casi un 3% desde 2008; mientras, las rentas de las sociedades no financieras alcanzaron los 267.800 millones de euros, un 58,3% más que en 2008. Está claro que la moderación salarial ha supuesto la mejora de la productividad y competitividad de las empresas, pero ello no se ha traducido, sino todo lo contrario, en mejoras salariales y sociales. 

Es el momento, pues, de la izquierda. Es el momento de construir la unidad popular, desde abajo y para los/as de abajo. Pero, como todo proceso histórico, la empresa se presenta difícil y complicada, por dos motivos: la compleja composición de la formación social española y las distintas salidas que se ofrecen desde las formaciones políticas de izquierda. Veamos. 

Ese concepto de unidad popular viene siendo defendido por Izquierda Unida (IU) y Podemos, y tuvo su concreción en las distintas formas de confluencia que dieron el poder municipal a estas y otras formaciones políticas en los llamados Ayuntamientos del cambio y en las candidaturas de Unidos Podemos en las últimas elecciones legislativas. En lo que toca a IU, la XI Asamblea Federal de 4 y 5 de junio de 2016 aprobó dar pasos en esa dirección, en la idea de que «la IU resultante de la XI Asamblea debe ser una organización en transición hacia un nuevo movimiento anticapitalista, ecologista y feminista que esté volcado en los conflictos sociales y que sea, ante todo, un verdadero movimiento político y social». El objetivo inmediato era configurar un bloque político y social de carácter alternativo y rupturista, tendente hacia un proceso constituyente. Pero en IU coexisten en estos momentos dos posturas: la de quienes desean caminar en esa dirección y quienes estratégicamente se sitúan en un plano reformista, constituyéndose en la 'izquierda del sistema'. El debate ruptura o reforma, pues, está condicionando la posibilidad de configurar unas potentes candidaturas producto de la confluencia. El paso dado por IU Madrid, aliándose con Anticapitalistas y otros colectivos y sin contar, por ahora, con Podemos, es ilustrativo de lo expuesto. 

En los últimos días, además, un borrador de la dirección federal de IU para modificar ciertos aspectos estatutarios ha motivado que más de 500 personas, entre ellas más de 300 cargos, hayan firmado ya un Manifiesto por una IU soberana, democrática y al servicio de la ciudanía, en el que acusan a la dirección de pretender disolver la estructura federal de IU con su propuesta de modelo organizativo no federal, sino centralizado. Por su parte, Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Abierta y diputado regional por Asturias, acusa a Alberto Garzón de querer convertir a IU en un movimiento de extrema izquierda, una especie de corriente comunista dentro de Podemos. 

Podemos, el otro socio de Unidos Podemos, no está exento de las tensiones internas, surgidas a raíz de cierta tendencia centralizadora que se observa en su funcionamiento interno, en detrimento de los Círculos y los territorios, a lo que se suma estos últimos días el anuncio de un proceso de primarias para consolidar la candidatura Errejón-Espinar de cara a las elecciones autonómicas de 2019, lo que está en el origen de la renuncia de la corriente de Anticapitalistas a participar en las mismas. 

Todos los procesos de cambio son, pues, lentos, complejos y no exentos de dificultades. Empero, la gravedad de la situación política y social que vivimos exige de IU, Podemos, Equo y otros actores generosidad, altura de miras, transparencia y vocación de orientar su acción, en estos meses que restan hasta las elecciones de 2019, a lo que realmente espera la ciudadanía: procesos de confluencia no cupulares, respetando la autonomía de territorios y federaciones; discusión programática y elaboración de propuestas con el más amplio consenso y apertura a los colectivos sociales en lucha; y finalmente elaboración de listas electorales tipo 'cremallera', tras un proceso de primarias transparente, con radicalidad democrática, con generosidad, en un plano de igualdad entre todas las organizaciones políticas y colectivos sociales concurrentes. 

Tengo para mí que el camino a seguir lo han marcado las ilusionantes experiencias municipalistas de varios puntos de España, en los denominados Ayuntamientos del cambio. Y, en Murcia, el ejemplo de lo que ha supuesto el trabajo de Cambiemos Murcia, con un funcionamiento abierto, democrático y participativo, creo que también debe tenerse muy en cuenta. 

La unidad popular es hoy, más que nunca, necesaria e inaplazable. Porque hay que desalojar del poder a la derecha y sus políticas.