El
‘choque de trenes’ está servido, si antes del viernes no se imponen la sensatez
(seny, en Cataluña) y la cordura. Escribo
estas líneas cuando se cumplen cuarenta años del regreso a España y al frente
de la Generalitat del presidente Josep
Tarradellas y cuando se está a punto de liquidar la autonomía catalana.
Esta
grave crisis política ha agudizado la polarización social y abierto una
preocupante ruptura de la paz y convivencia ciudadanas. Amistades consolidadas,
familias, vecinas y vecinos, de aquí y de allá, se han resquebrajado por la
vorágine de discursos alimentados por la visceralidad, que no por la
racionalidad. Y el discurso plano de los medios de comunicación no ha
contribuido tampoco a serenar los ánimos y transmitir información objetiva.
Una
pregunta inicial. ¿A qué juegan? Tengo claro que tras la intransigencia de Mariano Rajoy y las prisas de Albert Rivera por la convocatoria de
elecciones hay aviesas intenciones de beneficios electorales. Pero, a renglón
seguido, no olvidemos la cuota de responsabilidad que cabe al Govern de
Cataluña. Porque, tanto los acuerdos adoptados por el Parlament el pasado
septiembre, con las leyes del referéndum y de transitoriedad, como la
convocatoria, sin garantías, de la consulta ciudadana, fueron decisiones
ilegales no sólo desde el punto de vista jurídico, sino político y moral. Es
una huida hacia adelante del
independentismo que, hoy lo sabemos, puede ser de imprevisibles consecuencias.
Dicho
esto, por deformación profesional no
puedo obviar que el peso de la Historia
y el sentimiento de agravio no son desdeñables porque, quiérase reconocer o no,
los acontecimientos históricos han dejado su impronta en el ethos colectivo del pueblo catalán:
hechos como el Corpus de Sangre de 1640, contra la política centralista del Conde Duque de Olivares; el bombardeo
de Barcelona por Felipe V en 1714;
el otro bombardeo de la ciudad por el
general Espartero en 1842 para sofocar
las protestas por un acuerdo librecambista con Inglaterra que perjudicaba a los
textiles catalanes, y la represión del franquismo han contribuido a ese
sentimiento de agravio. Lo que ocurre es que su defensa se le ha encargado a los peores actores posibles:
las algo más que desafortunadas declaraciones de Oriol Junqueras y Carme
Forcadell no contribuyen sino a acrecentar las antipatías hacia Cataluña
desde el resto de España. Situación muy preocupante. Como también son
preocupantes la emersión de simbología fascista y la presencia de la violencia
verbal y física en las calles al calor de las manifestaciones por la unidad de
España que se han sucedido.
Y
respecto del victimismo que achaca al Estado central el origen de todos los
problemas, hay que saber que no estuvo presente en el origen del nacionalismo
catalán. En 1888, se produjo una ruptura del nacionalismo entre la rama
federalista, de Valentí Almiral, y
la corriente conservadora de la Renaixença que alimentó las Bases de Manresa de 1892, la expresión
de una burguesía que quería compartir con la nacional la porción de la ‘tarta’
de los beneficios económicos de una industrialización tardía, pero ya presente
en Cataluña y Euskadi. Y algo similar ocurrió durante el franquismo.
Y, al día de hoy, la expresión Espanha ens roba queda desmentida por
las cifras oficiales. Según Expansión, con
datos de 2014, la comunidad de
Madrid, con 211.915 millones de euros aporta el 18,8% de todo el PIB del
Estado, pero Cataluña sólo un poco más, el 18’9%. Y la balanza fiscal (la
diferencia entre lo que cada autonomía aporta y recibe del Estado), sitúa las
cifras de Madrid en -17.591 millones de euros, y las de Cataluña en -8.800 millones de euros,
el 5% de su PIB.
Hay,
pues, un componente burgués en esa aspiración al secesionismo catalán. Pero no
podemos olvidar la gran movilización ciudadana que, desbordando esa pretensión,
exhibe en las calles el deseo de mayor democracia.
En
ese contexto, la campaña iniciada por Rajoy en contra del Estatut y la
desnaturalización de éste por sentencia del Tribunal Constitucional de 2010
está claro que es el punto de arranque de la tensión que vivimos con más
crudeza en estos días. Pero nada
equiparable a la posible aplicación del artículo 155, un hecho gravísimo. De la
lectura del mismo se deduce que lo que pretende aprobar el Senado no sólo es inconstitucional
sino que lejos de apagar el fuego va a contribuir a avivar los rescoldos.
Porque ese artículo, que no tiene un desarrollo normativo por una ley orgánica,
no autoriza en ningún momento al Gobierno del Estado a destituir al Govern,
convocar elecciones, secuestrar las finanzas de una comunidad autónoma, controlar
los medios de comunicación, asumir el orden público… Y es muy grave porque
sienta un precedente autoritario. Dejaría las manos libres para que el Estado
suspenda otras garantías constitucionales en otras partes de España cuando se
vea ‘en peligro’. ¿Es éste un ensayo, pues, para tiempos peores?
Sigo defendiendo que se impone una consulta legal pactada
en Cataluña y abordar una reforma de la Constitución, en clave federal, para
permitir el encaje territorial de Cataluña y otras comunidades históricas. No es
difícil reformar un artículo de la Constitución (en este caso, el 92), para
permitir ese referéndum. Se hace si hay voluntad política. Hay un precedente:
se reformó con nocturnidad y ‘veranoalevosía’ el artículo 135 porque así lo
exigían los mercados.
Por ello, ni DUI, ni 155: diálogo y negociación.
Pero no con estos actores. Los parlamentos, español y catalán, debieran cobrar
protagonismo.
Diego
Jiménez @didacMur
