miércoles, 25 de julio de 2012
jueves, 12 de julio de 2012
Se ríen de España y de los españoles
Leer las páginas económicas, o incluso solo las portadas, de los medios se está convirtiendo en un ejercicio de puro masoquismo: no hay manera de disimular el ridículo que está haciendo España.
Hace un mes que se aprobó el rescate de la banca española que según Rajoy resolvía el problema de nuestra economía y que mereció una surrealista felicitación del rey Juan Carlos. En este tiempo ha habido cumbres y varias reuniones de los ministros de Economía pero hasta el momento no se han fijado ni las condiciones concretas, ni qué cantidad exacta se precisa, ni cuándo comenzará a ser efectivo. Se hacen declaraciones contradictorias diciendo un día blanco y otro negro pero siempre se insiste en lo mismo: hay que seguir rebajando gastos y derechos y reduciendo los ingresos de los trabajadores. Lo que era la solución resulta que lo ha empeorado todo y nadie, sin embargo da cuentas de ello.
Se han reído de nosotros. El objetivo es salvar a la banca alemana, que es lo que de verdad les interesa, pero quieren hacerlo con las máximas garantías y eso obliga a que el rescate sea uno definitivo, directamente sobre la economía española y con la garantía directa del Estado. El de los 100.000 millones para los bancos no era sino una salva porque resulta infumable: nadie puede entender que si es a los bancos a quien hay que rescatar se haga responsable de ello a los ciudadanos en su conjunto. Por eso, para provocar el grande, están dejando que nos precipitemos al abismo, no porque la cuantía de nuestra deuda pública sea excesiva, como dicen, sino porque nos atan de pies y manos y nos empujan ante los inversores. Simplemente haciendo lo que está haciendo el Banco Central Europeo, nada de lo que haría un banco central auténtico, bastará para que seamos intervenidos en poco tiempo y para que nuestra economía sea puesta bajo control directo y permanente de los acreedores alemanes. Queda muy poco tiempo para que las comunidades autónomas se declaren sin liquidez y para que el propio Estado, con tipos en los mercados superiores al 7% u 8% se reconozca incapaz de hacer frente a sus compromisos de pago. Esa es la secuencia inevitable que producen las medidas que se están tomando.
Si lo que quisieran de verdad fuese salvar a nuestra economía y al euro no harían lo que están haciendo ni nos seguirían obligando a tomar medidas que van a hundir más la demanda, la generación de ingresos, o incluso la posibilidad de que paguemos la deuda que dicen querer que paguemos. Si desearan realmente frenar la presión de los mercados bastaría que el Banco Central Europeo fuese lo que no es, y que se adoptara una estrategia de creación de actividad y empleo para toda Europa en el marco de un pacto global de rentas, pero es que no buscan eso. Quieren que la prima de riesgo siga subiendo para extorsionar más fácilmente y acelerar lo que revestirán como una situación de emergencia que no admita retóricas. Se ríen de nosotros porque lo que van buscando es someter a nuestra economía y no a salvarla en un marco de cooperación y unión europeas.
La última tomadura de pelo de quienes se pasan todo el día diciendo que hay que respetar a los mercados y dejarlos que actúen con plena libertad ha sido salvar una vez más la cara de los bancos permitiendo valorar sus activos a precios “razonables” en el marco de una agencia inmobiliaria sui generis, como ya adelantamos que harían en nuestro libro Lo que España necesita. Es decir, que una vez más se pasan por el forro lo que establecen libremente los mercados que tanto dicen respetar: si el precio razonable no es el que fijan los mercados ¿para qué puñetas sirven? Se ríen de nosotros porque una vez más nos están robando delante de nuestra mismos ojos.
En España es nuestro propio gobierno quien se ríe de nosotros engañándonos sin piedad.
El ministro de Economía alaba sin descanso a las autoridades europeas, agradece sus propuestas razonables y jura y perjura que haremos todo lo que sea necesario para contentar a los mercados, porque es lo que más nos conviene. Pero, justo al mismo tiempo, el de Asuntos Exteriores suplica al Banco Central Europeo (donde hemos perdido la influencia que teníamos, aunque tampoco podamos decir que la hayamos utilizado precisamente a nuestro favor) para que intervenga contra los mercados y ponga formes a los especuladores. Un alarde de discurso coherente y de sincera estrategia compartida. El ministro de Hacienda, que ya ocupa la cartera por segunda vez, reconoce que ha de subir el IVA porque es un incompetente que no sabe hacer que todos paguen lo que tiene que pagar y Cospedal se consolida como la mayor y más desvergonzada demagoga del reino. Ahora carga contra la función pública sin caer en lo que ella tendría que ser la primera en recordar: que en España hay menos trabajadores públicos en relación con la población activa total que en la media de los Quince, que se gasta menos en retribuirlos, que nuestro sector público es bastante más reducido que el de los países más avanzados y competitivos de nuestro entorno, y que esos seres despreciables a los que se refiere y a los que ya está poniendo en la calle son los maestros o los médicos de los hijos de familias que no pueden pagarse servicios privados, por cierto, casi siempre de peor calidad que los públicos a pesar de que disponen de más recursos y de que no asumen todas sus cargas. Y olvidando, sobre todo, que la función pública con la que quieren acabar fue la mejor e imprescindible solución para evitar que las oligarquías de los partidos (de las que ella forma parte) se hicieran dueñas del Estado en perjuicio de la mayoría de la población.
Pobre España y pobre pueblo español, tan silencioso y obediente. Vibra de patriotismo cuando gana La Roja pero enmudece cuando le roba una potencia extranjera o cuando su gobierno le miente y le traiciona.
JUAN TORRES LÓPEZ, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
Hace un mes que se aprobó el rescate de la banca española que según Rajoy resolvía el problema de nuestra economía y que mereció una surrealista felicitación del rey Juan Carlos. En este tiempo ha habido cumbres y varias reuniones de los ministros de Economía pero hasta el momento no se han fijado ni las condiciones concretas, ni qué cantidad exacta se precisa, ni cuándo comenzará a ser efectivo. Se hacen declaraciones contradictorias diciendo un día blanco y otro negro pero siempre se insiste en lo mismo: hay que seguir rebajando gastos y derechos y reduciendo los ingresos de los trabajadores. Lo que era la solución resulta que lo ha empeorado todo y nadie, sin embargo da cuentas de ello.
Se han reído de nosotros. El objetivo es salvar a la banca alemana, que es lo que de verdad les interesa, pero quieren hacerlo con las máximas garantías y eso obliga a que el rescate sea uno definitivo, directamente sobre la economía española y con la garantía directa del Estado. El de los 100.000 millones para los bancos no era sino una salva porque resulta infumable: nadie puede entender que si es a los bancos a quien hay que rescatar se haga responsable de ello a los ciudadanos en su conjunto. Por eso, para provocar el grande, están dejando que nos precipitemos al abismo, no porque la cuantía de nuestra deuda pública sea excesiva, como dicen, sino porque nos atan de pies y manos y nos empujan ante los inversores. Simplemente haciendo lo que está haciendo el Banco Central Europeo, nada de lo que haría un banco central auténtico, bastará para que seamos intervenidos en poco tiempo y para que nuestra economía sea puesta bajo control directo y permanente de los acreedores alemanes. Queda muy poco tiempo para que las comunidades autónomas se declaren sin liquidez y para que el propio Estado, con tipos en los mercados superiores al 7% u 8% se reconozca incapaz de hacer frente a sus compromisos de pago. Esa es la secuencia inevitable que producen las medidas que se están tomando.
Si lo que quisieran de verdad fuese salvar a nuestra economía y al euro no harían lo que están haciendo ni nos seguirían obligando a tomar medidas que van a hundir más la demanda, la generación de ingresos, o incluso la posibilidad de que paguemos la deuda que dicen querer que paguemos. Si desearan realmente frenar la presión de los mercados bastaría que el Banco Central Europeo fuese lo que no es, y que se adoptara una estrategia de creación de actividad y empleo para toda Europa en el marco de un pacto global de rentas, pero es que no buscan eso. Quieren que la prima de riesgo siga subiendo para extorsionar más fácilmente y acelerar lo que revestirán como una situación de emergencia que no admita retóricas. Se ríen de nosotros porque lo que van buscando es someter a nuestra economía y no a salvarla en un marco de cooperación y unión europeas.
La última tomadura de pelo de quienes se pasan todo el día diciendo que hay que respetar a los mercados y dejarlos que actúen con plena libertad ha sido salvar una vez más la cara de los bancos permitiendo valorar sus activos a precios “razonables” en el marco de una agencia inmobiliaria sui generis, como ya adelantamos que harían en nuestro libro Lo que España necesita. Es decir, que una vez más se pasan por el forro lo que establecen libremente los mercados que tanto dicen respetar: si el precio razonable no es el que fijan los mercados ¿para qué puñetas sirven? Se ríen de nosotros porque una vez más nos están robando delante de nuestra mismos ojos.
En España es nuestro propio gobierno quien se ríe de nosotros engañándonos sin piedad.
El ministro de Economía alaba sin descanso a las autoridades europeas, agradece sus propuestas razonables y jura y perjura que haremos todo lo que sea necesario para contentar a los mercados, porque es lo que más nos conviene. Pero, justo al mismo tiempo, el de Asuntos Exteriores suplica al Banco Central Europeo (donde hemos perdido la influencia que teníamos, aunque tampoco podamos decir que la hayamos utilizado precisamente a nuestro favor) para que intervenga contra los mercados y ponga formes a los especuladores. Un alarde de discurso coherente y de sincera estrategia compartida. El ministro de Hacienda, que ya ocupa la cartera por segunda vez, reconoce que ha de subir el IVA porque es un incompetente que no sabe hacer que todos paguen lo que tiene que pagar y Cospedal se consolida como la mayor y más desvergonzada demagoga del reino. Ahora carga contra la función pública sin caer en lo que ella tendría que ser la primera en recordar: que en España hay menos trabajadores públicos en relación con la población activa total que en la media de los Quince, que se gasta menos en retribuirlos, que nuestro sector público es bastante más reducido que el de los países más avanzados y competitivos de nuestro entorno, y que esos seres despreciables a los que se refiere y a los que ya está poniendo en la calle son los maestros o los médicos de los hijos de familias que no pueden pagarse servicios privados, por cierto, casi siempre de peor calidad que los públicos a pesar de que disponen de más recursos y de que no asumen todas sus cargas. Y olvidando, sobre todo, que la función pública con la que quieren acabar fue la mejor e imprescindible solución para evitar que las oligarquías de los partidos (de las que ella forma parte) se hicieran dueñas del Estado en perjuicio de la mayoría de la población.
Pobre España y pobre pueblo español, tan silencioso y obediente. Vibra de patriotismo cuando gana La Roja pero enmudece cuando le roba una potencia extranjera o cuando su gobierno le miente y le traiciona.
JUAN TORRES LÓPEZ, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
martes, 10 de julio de 2012
VÍCTIMAS DE LA CODICIA
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/07/10/victimas-codicia/414665.html
DIEGO JIMÉNEZ
Hace unos años, los políticos alardeaban de que nuestra tierra, la Región de Murcia, la nueva Arcadia feliz, crecía por encima de la media estatal. Los créditos extranjeros, sobre todo de la rica Alemania, nutrían la avidez de nuestro sistema bancario para financiar aventuras inmobiliarias de dudosa rentabilidad. Se construían viviendas y más viviendas destinadas, se decía, a ser ocupadas por los jubilados del norte de Europa. Multitud de resorts y campos de golf se enseñoreaban de nuestra geografía regional. El sector de la construcción, boyante y pujante, multiplicaba la oferta de puestos de trabajo en subsectores subordinados (cemento, fontanería, electricidad, carpintería....). Nuestras carreteras se poblaban de coches de alta cilindrada. Éramos la envidia de España. Pero? en éstas llegó la crisis. Los signos de alarma llegaron desde el otro lado del Atlántico. La quiebra de Lehman Brothers y la crisis de las subprime arrastró tras de sí a todo un sistema financiero español que se había basado en la especulación irresponsable.
Y las primeras en caer fueron las cajas de ahorrro. Diseñadas en su día para ser entidades sin ánimo de lucro, herederas de aquellos Montes de Piedad con finalidad, sobre todo, social, el señuelo del dinero fácil procedente de la financiación de actividades inmobiliarias, casi siempre de dudosa rentabilidad —aunque entonces nadie parecía advertir esa situación—, nubló la vista de sus directivos. La especial vinculación de éstos con lo más granado de la clase política, e incluso la clara identificación entre intereses políticos y económicos en el seno de esas Cajas, propició que empezara a aflorar en la mente de sus dirigentes la avaricia sin límites. Las Cajas se habían lanzado a la aventura del ladrillo, y cuando estalló la burbuja inmobiliaria se descapitalizaron a marchas forzadas. La morosidad creció a un ritmo exponencial y la necesidad de capitales era una evidencia. En ese contexto, en 2004, bajo el mandato de Rodrigo Rato, se lanzaron al mercado las cuotas participativas. Concebidas como activos financieros que no permitían a sus tenedores ostentar derechos políticos (pues no eran acciones), fueron depositadas en manos, mayoritariamente, de pequeños impositores. En realidad, ahora se ha sabido que eran productos de escasa rentabilidad, poco atractivos, por tanto, a los poderosos grupos inversores extranjeros.
Igual suerte corrieron quienes, en su día, suscribieron participaciones preferentes de la CAM —la única entidad de ahorro estatal en emitir dichos títulos—, pues creían que eran depósitos a plazo fijo. Para entendernos, un pequeño ahorrador fue persuadido en su día para suscribir dichas participaciones, con una información tendenciosa y falsa, en la medida en que eran suscritas a perpetuidad: si hay un comprador, se puede vender el producto y recuperar el dinero; si no, la suscripción está ahí, depositada a perpetuidad, sin que el ahorrador pueda recuperar su inversión.
En nuestra Región de Murcia, miles de familias están, al día de hoy, en esa situación, con los ahorros de toda su vida blindados para siempre. A menos que canjeen dichos títulos basura por acciones del nuevo propietario de la CAM, el Banco de Sabadell, que se hizo con aquélla a precio de saldo (un euro simbólico) y, además, obtuvo del Estado la nada desdeñable cifra de 5.000 millones de euros para su recapitalización.
Para entender la situación de las personas tenedoras de esos títulos basura (las preferentes), hay que decir que el Sabadell ofrece a aquéllas el canje de sus participaciones preferentes por acciones a un precio de compra de 2,30 euros, cuando en Bolsa estos días los títulos de ese banco andan por los 1,50 euros, lo que supone perder, grosso modo, un 40% de la inversión. Eso sí, la entidad dice que compensa esa pérdida con una rentabilidad del 6% sobre el 24% restante del valor nominal de esas acciones, y emplaza a sus tenedores a venderlas cuando el mercado sea más propicio.
En éste como en otros tantos temas, queda patente la absoluta indefensión de la ciudadanía ante las arbitrariedades del poder. En connivencia, desde luego, con los grandes grupos financieros, nacionales e internacionales, que están por encima de la mayoría de la población. Los impositores engañados por la CAM han sido víctimas de las codicia de sus antiguos directivos. ¿Responsables? Además de esos directivos de la CAM, que en su día aleccionaron a sus empleados para la distribución de estos activos tóxicos entre modestos impositores, hay que citar, cómo no, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que debieran haber supervisado estos productos, y que, sin embargo, permitieron que se comercializaran. Es hora de exigir responsabilidades políticas, y por qué no penales, a los responsables de tal desfalco. Sin olvidar la cuota de culpa que cabe atribuir a los Gobiernos que permitieron tal estafa.
DIEGO JIMÉNEZ
Hace unos años, los políticos alardeaban de que nuestra tierra, la Región de Murcia, la nueva Arcadia feliz, crecía por encima de la media estatal. Los créditos extranjeros, sobre todo de la rica Alemania, nutrían la avidez de nuestro sistema bancario para financiar aventuras inmobiliarias de dudosa rentabilidad. Se construían viviendas y más viviendas destinadas, se decía, a ser ocupadas por los jubilados del norte de Europa. Multitud de resorts y campos de golf se enseñoreaban de nuestra geografía regional. El sector de la construcción, boyante y pujante, multiplicaba la oferta de puestos de trabajo en subsectores subordinados (cemento, fontanería, electricidad, carpintería....). Nuestras carreteras se poblaban de coches de alta cilindrada. Éramos la envidia de España. Pero? en éstas llegó la crisis. Los signos de alarma llegaron desde el otro lado del Atlántico. La quiebra de Lehman Brothers y la crisis de las subprime arrastró tras de sí a todo un sistema financiero español que se había basado en la especulación irresponsable.
Y las primeras en caer fueron las cajas de ahorrro. Diseñadas en su día para ser entidades sin ánimo de lucro, herederas de aquellos Montes de Piedad con finalidad, sobre todo, social, el señuelo del dinero fácil procedente de la financiación de actividades inmobiliarias, casi siempre de dudosa rentabilidad —aunque entonces nadie parecía advertir esa situación—, nubló la vista de sus directivos. La especial vinculación de éstos con lo más granado de la clase política, e incluso la clara identificación entre intereses políticos y económicos en el seno de esas Cajas, propició que empezara a aflorar en la mente de sus dirigentes la avaricia sin límites. Las Cajas se habían lanzado a la aventura del ladrillo, y cuando estalló la burbuja inmobiliaria se descapitalizaron a marchas forzadas. La morosidad creció a un ritmo exponencial y la necesidad de capitales era una evidencia. En ese contexto, en 2004, bajo el mandato de Rodrigo Rato, se lanzaron al mercado las cuotas participativas. Concebidas como activos financieros que no permitían a sus tenedores ostentar derechos políticos (pues no eran acciones), fueron depositadas en manos, mayoritariamente, de pequeños impositores. En realidad, ahora se ha sabido que eran productos de escasa rentabilidad, poco atractivos, por tanto, a los poderosos grupos inversores extranjeros.
Igual suerte corrieron quienes, en su día, suscribieron participaciones preferentes de la CAM —la única entidad de ahorro estatal en emitir dichos títulos—, pues creían que eran depósitos a plazo fijo. Para entendernos, un pequeño ahorrador fue persuadido en su día para suscribir dichas participaciones, con una información tendenciosa y falsa, en la medida en que eran suscritas a perpetuidad: si hay un comprador, se puede vender el producto y recuperar el dinero; si no, la suscripción está ahí, depositada a perpetuidad, sin que el ahorrador pueda recuperar su inversión.
En nuestra Región de Murcia, miles de familias están, al día de hoy, en esa situación, con los ahorros de toda su vida blindados para siempre. A menos que canjeen dichos títulos basura por acciones del nuevo propietario de la CAM, el Banco de Sabadell, que se hizo con aquélla a precio de saldo (un euro simbólico) y, además, obtuvo del Estado la nada desdeñable cifra de 5.000 millones de euros para su recapitalización.
Para entender la situación de las personas tenedoras de esos títulos basura (las preferentes), hay que decir que el Sabadell ofrece a aquéllas el canje de sus participaciones preferentes por acciones a un precio de compra de 2,30 euros, cuando en Bolsa estos días los títulos de ese banco andan por los 1,50 euros, lo que supone perder, grosso modo, un 40% de la inversión. Eso sí, la entidad dice que compensa esa pérdida con una rentabilidad del 6% sobre el 24% restante del valor nominal de esas acciones, y emplaza a sus tenedores a venderlas cuando el mercado sea más propicio.
En éste como en otros tantos temas, queda patente la absoluta indefensión de la ciudadanía ante las arbitrariedades del poder. En connivencia, desde luego, con los grandes grupos financieros, nacionales e internacionales, que están por encima de la mayoría de la población. Los impositores engañados por la CAM han sido víctimas de las codicia de sus antiguos directivos. ¿Responsables? Además de esos directivos de la CAM, que en su día aleccionaron a sus empleados para la distribución de estos activos tóxicos entre modestos impositores, hay que citar, cómo no, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que debieran haber supervisado estos productos, y que, sin embargo, permitieron que se comercializaran. Es hora de exigir responsabilidades políticas, y por qué no penales, a los responsables de tal desfalco. Sin olvidar la cuota de culpa que cabe atribuir a los Gobiernos que permitieron tal estafa.
martes, 3 de julio de 2012
ARDE VALENCIA
Ecologistas en Acción denuncian negligencias en el operativo de extinción del incendio que ha arrasado 45.000 hectáreas en Valencia y acusan a los políticos que consideran responsables de los recortes y la falta de un plan de prevención que podría haber evitado la tragedia.
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