El hecho diferencial catalán

(Artículo publicado en LA OPINIÓN de Murcia / 15-12-2009 )

La Constitución de 1978, que ahora cumple 31 años, fue diseñada bajo la presión de los aparatos del franquismo residual que se negaban a perder su influencia (Iglesia, Ejército, Banca…), por lo que es difícil negar que son precisos retoques en ese texto. Respecto de la articulación del Estado, la fórmula de la descentralización autonómica, a la vista está, no ha resuelto las siempre difíciles relaciones de las comunidades llamadas históricas con el resto de España. Uno de los conflictos más visibles ha estallado con ocasión de la aprobación, no sólo por parte del Parlament de Cataluña sino también por el Congreso de los Diputados, del nuevo Estatut de Cataluña, hoy recurrido por el PP en el Tribunal Constitucional por la inclusión en ese texto del término “nación, lo que ha llevado a más de 160 municipios catalanes a la convocatoria de un referéndum por la independencia, que, con una participación de un 30% del electorado, ha registrado una respuesta favorable de más del 94% de los votantes.

El asunto es delicado. Que más de 200.000 ciudadanos y ciudadanas de Cataluña se hayan decantado por la segregación de ésta del resto de España indica que algo no funciona. Creo que la salida a la situación hubiera más fácil si el término “nación”, presente en varios artículos del Estatut, no hubiera levantado tantas ampollas. Y es que los conceptos de Nación, Nacionalidad y Estado son susceptibles de interpretaciones diversas. Los ciudadanos norteamericanos se sienten orgullosos de pertenecer a una gran Nación formada por 50 Estados. La República Federal Alemana está constituida por 16 Estados Federados. Y, rastreando nuestra historia más reciente, el proyecto de Constitución Republicano-Federal de 1873 definía a la Nación Española como un territorio integrado por 17 Estados. Esa Constitución, como es sabido, no prosperó por las tensiones del federalismo intransigente que desembocó en el fenómeno del cantonalismo. Razón por la cual, la Constitución republicana de 1931, para evitar reproducir esas tensiones, diseñó un Estado centralista que no renunció, sin embargo, al reconocimiento del hecho diferencial, como lo demuestra la aprobación sucesiva de los Estatutos catalán, vasco y gallego.

En el contencioso actual de Cataluña con el resto del Estado Español tienen mucho que ver, a mi juicio, dos cuestiones difíciles de resolver: la génesis misma del hecho nacional catalán y su pasado histórico. Es sabido que el nacionalismo catalán tiene su origen en las apetencias de poder propio de una burguesía que nunca se sintió representada por Madrid. En la memoria reciente de los mentores de las Bases de Manresa, a finales del siglo XIX, estaban las presiones de esa burguesía hacia el gobierno central para la adopción de una política proteccionista que salvara los intereses de la industria catalana y, sobre todo, el amargo recuerdo del bombardeo de Barcelona ordenado por el Regente Espartero, en diciembre de 1842, para abortar los disturbios acaecidos en esa ciudad en protesta, precisamente, por el acuerdo de librecambio con Inglaterra.

Pero también, remontándonos más atrás en la Historia, hay que recordar que la asfixiante política centralista del valido de Felipe IV, el conde-duque de Olivares, estuvo en el origen del Corpus de Sangre (1640), que llevó a la segregación de Cataluña y a su adhesión temporal a la Francia de Luís XIII. Casi un siglo después, se produciría el bombardeo de Barcelona por parte del primer Borbón, Felipe V, en septiembre de 1714, por la negativa a aceptar el Principado las estipulaciones contenidas en el Tratado de Utrecht. En represalia, como Valencia y Aragón antes, Cataluña perdió sus fueros.

Como se ve, la relación de Cataluña con el resto del territorio español no ha estado exenta de tensiones, recordando, quizás los tiempos de aquel Estado confederal de los Austrias en los que, hasta la Guerra de Sucesión a la Corona de España (1701-1713), convivieron, bajo esa fórmula, las Coronas de Aragón y Castilla. Hoy, sectores amplios del nacionalismo catalán intentan establecer una relación confederal, que no federal, con el Estado. Precisamente por ello hay que arbitrar fórmulas imaginativas para solucionar ese contencioso, que no pasan, desde luego por criminalizar lo catalán.