martes, 21 de febrero de 2017

Es la mafia

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/02/21/mafia/807431.html

He elegido el Calar de la Santa para escapadas esporádicas huyendo del asfalto. Pero, aun en estos apartados rincones, es difícil que un urbanita como yo, transmutado, por mor de la edad y otras circunstancias, en un aprendiz de aldeano, pueda sustraerse a la realidad circundante. La noticia de la sentencia del caso Nóos la capturé en carretera, a primeras horas de la mañana del viernes. Y, supongo que como tantos y tantas españoles/as, no pude reprimir un sentimiento de estupefacción, aun teniendo claro que había que preservar intacta a toda costa la credibilidad de la institución monárquica, tras los devaneos, escarceos amorosos y algo más del anterior inquilino de la Zarzuela. Por lo mismo, era previsible que, pese a los esfuerzos del juez José Castro, la borbónica infanta quedara indemne. Me esperaba, también, que hubiera un cabeza de turco, por lo que no me ha extrañado que el socio de Urdangarin, Diego Torres, cargara con una pena mayor que la del yerno real caído en desgracia. Este episodio del caso Palma Arena, que ha obviado la responsabilidad de los encausados y encausadas de la Comunidad Valenciana, es uno más de los procedimientos judiciales que, pese a que desde la derecha cavernícola y algunos medios de comunicación se empeñen en decirnos que demuestran que la Justicia es igual para todos y todas, me suena a una total tomadura de pelo. No hay proporcionalidad alguna entre la gravedad de los delitos que se les imputan a los acusados con las pena impuestas. Como también me suena a tomadura de pelo la inocencia de la infanta.

Desde que se conoció la sentencia, se nos viene machacando insistentemente con la independencia del poder judicial. ¿Cómo creer en ésta cuando el fiscal de la infanta se constituye en el primer defensor de la misma? ¿Cómo asimilar el hecho de que se envíe a prisión a unos titiriteros o a unos sindicalistas por unos supuestos delitos menores y se esté hablando de recurrir la ridícula sentencia del exduque de Palma para evitar que dé con sus huesos en la cárcel?

Me siento asqueado por tantos y tantos casos de corrupción. Me entristece la complacencia con la misma de una parte del electorado que mira hacia otro lado y sigue otorgando su confianza al partido que nos gobierna, el mismo que alberga a un grupo de delincuentes organizado para disfrutar de las prebendas del poder. Me repugna la manipulación mediática tendente a convencernos de que hay crisis, cuando lo cierto es que ésta no ha sido sino una estratagema destinada a realizar un trasvase de rentas de las capas sociales más débiles hacia los más poderosos. Me rebelo ante el coste del rescate bancario, producto de la irresponsabilidad de sus gestores, y que ello conlleve los drásticos recortes sociales en la Dependencia, las pensiones, la Sanidad, la Educación...como que se estén entregando a empresas privadas estos dos últimos servicios esenciales para la ciudadanía.

La corrupción ha anidado y echado raíces en este país porque, al margen de la responsabilidad directa personal o grupal, hay causas que han contribuido a ello: las leyes del Suelo; la Ley de Contratos del Estado, manifiestamente mejorable; la dificultad del acceso de la población a la información y participación en los asuntos públicos; algunos partidos políticos convertidos en estructuras estancas, impermeables en muchos casos a los auténticos problemas de la ciudadanía... El resultado: la consolidación de una casta que se cree que el ejercicio del poder es un bien patrimonial del que no tiene que rendir cuentas.

Para que la impunidad haya podido campar a sus anchas, era necesario, además, neutralizar todo atisbo de contestación social. De ahí la Ley Mordaza; de ahí el empeño en desautorizar a opciones políticas alternativas (Unidos Podemos); de ahí, por último, que fuera necesario el control del poder judicial.

¿Vivimos realmente en un Estado de Derecho, en una democracia? Porque, aterrizando en nuestra Región, ¿qué podemos pensar del doble asalto que se ha registrado al domicilio del Fiscal Anticorrupción? ¿Por qué se tardó tanto en conocer el segundo? ¿Es razonable pensar que los mismos que han hecho del ejercicio del poder un bien patrimonial, una vez amenazados sus privilegios se apresten a lanzar señales de advertencia? Como si de una actuación premonitoria se tratara, el asunto PAS, que como decía Ángel Montiel en este periódico hace unos días, es ya el 'Caso Fiscalía', es la constatación palmaria, pese a los desmentidos (¿qué van a decir?) del Gobierno, de una evidente presión de la Fiscalía General del Estado sobre la actuación de jueces y fiscales.


Para terminar, una recomendación. Les sugiero, si no lo han hecho ya, la lectura de la novela Crematorio, de Rafael Chirbes, tristemente fallecido, libro editado por Anagrama. El autor nos ofrece un panorama terrible: la corrupción como savia que recorre todo el cuerpo de una sociedad en la que la destrucción del paisaje adquiere valor de símbolo.  Es la mafia en estado puro. Busquen los parecidos con la realidad.

martes, 7 de febrero de 2017

Las eléctricas, un caballo desbocado

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/02/07/caballo-desbocado/803828.html

Ha tenido que producirse un hecho desgraciado (la muerte de una anciana en Cataluña por culpa de la pobreza energética) para que el incesante aumento del coste del recibo de la luz (y sus consecuencias sobre los sectores sociales más vulnerables) sea objeto de debate y alarma social, sobre todo al conocerse que el precio de este recurso básico es el cuarto más caro de entre los países de la UE.
Para empezar, nos resultaron ofensivas las explicaciones del ministro del ramo, Álvaro Nadal, que achacó estas escandalosas subidas, como hiciera Felipe II, a los elementos (meteorológicos, claro). Decía el ministro que el precio se dispara porque ha hecho mucho frío, y consecuentemente ha aumentado la demanda; porque no ha llovido lo suficiente en muchas zonas de España; porque el petróleo es más caro, y porque Francia, que ostenta el récord europeo de instalaciones nucleares, tiene muchas de ellas ´pasando la ITV´...
Pero Álvaro Nadal omite muchas cosas. No nos dice, por ejemplo, que sólo algo más de un tercio de nuestro recibo de la luz responde al consumo real y que hay una parte regulada, pero también otra liberalizada. La regulada incluye los impuestos, el coste del transporte de la electricidad, la compensación a zonas como Ceuta y Melilla, las renovables€ Pero la madre del cordero, que escapa a cualquier control, es la que está liberalizada, y se determina, según nos explica en un buen artículo Juan Carlos Escudier, mediante una subasta que antes era trimestral y ahora diaria. El mecanismo es el siguiente: las empresas generadoras ofertan la cantidad de megawatios (MW) que están dispuestas a poner en circulación. Al tratarse de una oferta y demanda, si esta ley funcionase con normalidad, de haber condiciones meteorológicas favorables y, al propio tiempo, baja demanda, el precio de la luz debería bajar. Pero no ocurre así. En la subasta, se ordenan de menor a mayor coste las empresas ofertantes. A coste cero, la energía procedente de instalaciones que se supone que ya están amortizadas, esto es, la energía nuclear y las renovables, seguidas de las centrales hidráulicas, las de gas de ciclo combinado y, por último, las térmicas de carbón, las más costosas. Y aquí viene la trampa: el precio final que se fija corresponde al de la energía más cara en entrar en el sistema.
Además, sería lógico pensar que, en esos momentos de baja demanda, sería suficiente con usar la energía de las nucleares y la renovables. Pero no ocurre así. Nos habrá sorprendido, al viajar por zonas con aerogeneradores que, en días de fuerte viento, la mitad del parque está fuera de funcionamiento. Como también sabemos que las nucleares, a veces, no operan a pleno rendimiento. La explicación es que las eléctricas se las arreglan para ofertar siempre por debajo de la demanda real, para tirar del consumo con las centrales térmicas o las de gas, algo más caras. La última reforma del ministro Soria, que penalizó las renovables, ha supuesto por ello, amén de un atraco a nuestros bolsillos, un notable incremento de las emisiones de CO2 a la atmósfera, que se cifra hoy en unos 77,4 millones de toneladas.
Otro camelo derivado de las supuestas ventajas del mercado libre es que se nos oculta que el llamado déficit tarifario, que se esgrime como justificación de la subida del recibo, no es sino producto de una irresponsable política de inversiones por parte de las compañías eléctricas, que llevó a aumentar, sin necesidad, la potencia instalada en España. Según Rodrigo Irurzún, de Ecologistas en Acción, en 2012 eran 106.295 MW, cifra que ha ido incrementándose hasta hoy: un informe de Red Eléctrica de España (REE) cifra en 107.481 MW la potencia instalada en 2015. Y lo que tampoco se nos dice es que gran parte de la producción va a los hogares franceses y alemanes, a los que vendemos electricidad más barata que la que consumimos aquí.
La liberalización del mercado eléctrico está diseñada para engordar las cuentas de resultados de las eléctricas a costa del bolsillo de las familias y pequeños consumidores, que pagan más cara la electricidad que las grandes empresas. Unos 56.000 millones de euros son los beneficios declarados desde 2008 hasta hoy por parte del oligopolio de cinco grandes empresas que son las que parten el bacalao. 
Ante tanta indefensión por parte de la ciudadanía, la solución está en nuestra Constitución: la nacionalización del sector eléctrico. El artículo 128 estipula que toda la riqueza del país está subordinada al interés general y que mediante una ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas. Pero no se hace.
¿Recuerdan lo de las puertas giratorias? Gas Natural, por ejemplo, premió la privatización que le regaló el expresidente Aznar incluyéndolo en nómina con una nada desdeñable cifra de 200.000 euros. Otros políticos premiados, de todos los colores: Felipe González, Ángel Acebes, Ángeles Amador, Josep Borrell, Marcelino Oreja-hijo€ hasta totalizar cincuenta. ¿Entienden por qué las eléctricas son como ese caballo desbocado al que nadie osa acercarse para ponerle una brida?

martes, 24 de enero de 2017

El franquismo sobrevive

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/01/24/franquismo-sobrevive/800221.html

En estos más de cuarenta años transcurridos desde la muerte del dictador Franco, parece innegable que, a la luz de ciertos comportamientos y actitudes, hay un franquismo sociológico incrustado en una parte significativa del pueblo español que no ha logrado soltar del todo las amarras que le ataban a ese aciago periodo de nuestra Historia más reciente. Franquismo sociológico al que hay que añadir el que, sin duda alguna, perdura en algunos partidos e instituciones del Estado. Por ejemplo en el PP. El hecho de la inexistencia en España de una formación política que sea la nítida expresión de la extrema derecha hace posible que personas identificadas con esa ideología hallen cobijo en las filas del partido del Gobierno. Unos cuantos hechos.
El pasado mes de diciembre, por la prensa conocimos el homenaje tributado por la Fundación Francisco Franco a tres cargos del PP por honrar la memoria del caudillo, con la concesión de los diplomas de Caballero y Dama de Honor. Los ´méritos´ de Antonio Pozo, alcalde popular de Guadiana del Caudillo, y de Ana Rivelles, alcaldesa de la localidad toledana de Alberche del Caudillo, fueron, como cabe suponer por la denominación de sus respectivas localidades, el negarse a suprimir, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, el nombre del dictador.
Otro homenajeado, Juan Antonio Morales, diputado de la Asamblea de Extremadura, se unió a las personas anteriores. Una y otros coincidieron en defender su supuesta ´verdad histórica´ relativa al dictador, y afirmaron que la Historia del franquismo ha sido tergiversada en los manuales escolares. El asunto tiene su enjundia. Una broma sobre Carrero Blanco de la tuitera murciana Cassandra lo entiende la Fiscalía como enaltecimiento del terrorismo. Entonces, ¿me quieren explicar qué denominación le damos al hecho de ensalzar la figura de un dictador sanguinario, donde los haya? Si hay franquistas camuflados en el seno del PP (que, dicho sea de paso, se ha venido negando a condenar el franquismo y que ahora niega que el Valle de los Caídos sea un memorial para la exaltación de la memoria del dictador), a lo mejor es que estamos siendo gobernados por un partido que sólo formalmente abraza ciertas posiciones democráticas. Y digo formalmente con toda rotundidad. ¿Recuerdan a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, defender hace un año la figura de Millán Astray, al que consideró benefactor? Sí, el mismo que interrumpiera el discurso de Unamuno en la Universidad de Salamanca al grito de ¡Muera la Inteligencia, viva la Muerte! y que capitaneaba una Legión que masacró a sangre y fuego la revolución de Asturias de octubre de 1934 y posteriormente se alineó gustosamente con los generales golpistas del 36.
En otro orden de cosas, cuando arriba citaba que el franquismo aún seguía también incrustado en el seno de las instituciones, me refería, por ejemplo a la Audiencia Nacional. A estas alturas, con una democracia que está haciendo aguas (La Ley Mordaza y el reciente caso Cassandra son algunos de los ejemplos más nítidos), coincidirán conmigo en que las actuaciones y resoluciones de este alto Tribunal nos retrotraen a etapas anteriores que creíamos superadas. Unos ejemplos.
La Audiencia Nacional se negó a extraditar a Argentina, en la causa contra el franquismo que instruye la jueza María Servini, al exinspector de policía Juan Antonio González Pacheco, ´Billy el Niño´, al considerar que los trece delitos de torturas que se le atribuyen no pueden considerarse de lesa humanidad. De haber sido reconocidos como delitos de genocidio, no hubieran prescrito, pero, al ser ´sólo´ torturas, el plazo ya se ha cumplido, pues se cometieron entre 1971 y 1975. También se rechazó la extradición del exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, por el mismo motivo. Y recientemente, hemos conocido que un militar argentino, responsable de torturas en la dictadura militar de aquel país, campa a sus anchas por España. El excoronel Rodolfo Wagner, reclamado por 48 delitos por el Juzgado Federal de Mendoza, fue detenido por la Policía española e ingresó el 9 de marzo del pasado año en los calabozos de la Comisaría General de Información, en Canillas, pero fue puesto inmediatamente en libertad por orden de la Audiencia Nacional, al considerar que dichos delitos habían prescrito.
La Audiencia Nacional es una ´tachuela´ incrustada en el seno de un Estado formalmente democrático. Recordemos que se creó por Decreto Ley el 4 de enero de 1977, el mismo día en que fue disuelto el Tribunal de Orden Público (TOP) franquista, con unas funciones similares. Recordemos que, a su vez, el TOP vino a sustituir la labor desempeñada por los tribunales militares y asumió la totalidad de las actuaciones propias del Tribunal Especial de la Masonería y el Comunismo. Y recordemos también que, según el articulista Enrique Roldán, hasta 16 jueces del TOP (esto es, el 62,5% del total) fueron magistrados en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo durante la democracia y mantuvieron la Cruz de Raimundo de Peñafort, una medalla al mérito jurídico instituida en 1944.
En resumen: franquismo sociológico, franquismo institucional y tics al menos autoritarios (por calificarlos eufemísticamente) en dirigentes del PP. El franquismo sobrevive.

martes, 10 de enero de 2017

RETROSPECTIVA DE 2016

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/01/10/retrospectiva/796611.html

Cuando estas líneas vean la luz, se cumplirán nada menos que diecisiete años de mi colaboración estable con LA OPINIÓN al que, cada vez más, considero mi propia casa. Diecisiete años en que, con algún parón veraniego, me he asomado quincenalmente, desde mi picoesquina, a algunos de los temas que nos marca la actualidad. Procurando, eso sí, enfocar mis análisis con rigor y apego a fuentes documentales para dotarlos de credibilidad. Y como es bueno, a veces, detenerse para echar una mirada atrás, me he propuesto en esta primera columna quincenal de 2017 relatar sintéticamente el contenido de algunos de los artículos del pasado año.
El tema del laicismo lo abordé en sendos escritos de marzo y diciembre pasados, citando, respectivamente, la moción de Cambiemos Murcia, que no prosperó en el Pleno municipal, y la mesa redonda organizada en el Moneo por Europa Laica-Región de Murcia, en la que se puso en evidencia, entre otras cuestiones, el peso excesivo que aún mantiene la confesionalidad católica en un país que, formalmente, según el artículo 16 de nuestra Carta Magna, es aconfesional.
La denuncia social y política tuvo cabida en artículos como Titiritero, profesión de riesgo, El presidente desprecia a Moratalla (con alusión a una visita de PAS a esa localidad en la que no se avino a reunirse con la alcaldesa del municipio) y Europa resquebrajada, una reflexión sobre el drama de la inmigración y la ruptura del proyecto europeísta que alumbraran personalidades de la talla de Adenauer, Winston Churchill, Alcide de Gasperi€ entre otros.

La Cultura no podía estar ausente. Y así, en mi artículo Ruta Argárica, del pasado mes de febrero, di cuenta de la visita que, acompañado de un nutrido grupo de personas, giré al yacimiento de La Bastida en Totana, citando el loable trabajo de recuperación de los restos de la que llegó a la ser la capital de un extenso territorio, y que conocemos gracias a profesores de la Autónoma de Barcelona como Rafael Micó y Robert Risch y la murciana Eva Celdrán. Por su parte, artículos como Marcos Ana, el poeta recientemente fallecido que fue el preso político que más tiempo pasó en las cárceles franquistas, y La trompeta de Isidro, una reseña del libro de Isabel María Abellán sobre el campo de concentración de Albatera, tienen, junto al indudable tinte cultural, una innegable dosis de reivindicación de la necesidad de preservar la Memoria Histórica.
Memoria Histórica que traté expresamente en los artículos Cárcel Vieja, ante todo, espacio de la Memoria, sobre la prevista rehabilitación de la antigua Prisión Provincial, y Abriendo brechas, de octubre y noviembre, respectivamente, del pasado año.
En Banqueros sin alma y en Incumplimientos, de los pasados septiembre y diciembre, expuse con nitidez cómo se conculcan el derecho constitucional a la vivienda así como la Ley 10/2016, reforma de la Ley 6/2015, ambas de ámbito regional, lo que se traduce en los desahucios sin fin y en el afloramiento de uno de los aspectos más lacerantes de la pobreza: no poder hacer frente al pago de suministros básicos como el agua y la electricidad.
El análisis de la actualidad política quedó reflejado en los artículos La pelota en el tejado del PSOE, de primeros de enero de 2016, en el que analizaba el escenario que se abría tras las elecciones del 20D de 2015, y en Por una izquierda rupturista, de finales de ese mismo mes, artículos en los que intuía hechos como los obstáculos que los barones territoriales del PSOE iban a oponer a Pedro Sánchez en sus pretensiones de formar un Gobierno de progreso; la dificultad añadida de un eventual pacto de las formaciones de izquierda tendente a ello; la posible repetición electoral, por las dificultades aritméticas y políticas citadas, y la previsible conformación de un tripartito, hoy consolidado, entre PP, PSOE, y Ciudadanos, el que ha venido denominándose la Gran Coalición. Por otro lado, en A la calle que ya es hora, del pasado mes de julio, a la luz del análisis de la jornada electoral del 26J, y en vista de que no quedaron colmadas las expectativas electorales de la coalición Unidos Podemos, propugnaba la necesidad de recuperar, junto al trabajo institucional, la presencia en la calle.

Pero si hay una artículo que tuvo una notable repercusión, según la página web de LA OPINIÓN, fue Las pensiones: son viables, del pasado octubre, artículo en el que traté de desmontar la falacia de la insostenibilidad del sistema público de pensiones apoyándome en datos de Eurostat y en la voz de personas expertas como Héctor Illueca, quien, en su conferencia en Murcia, afirmó que el mayor ataque a las pensiones no es el componente poblacional de la sociedad española, sino las políticas neoliberales impulsadas por los Gobiernos del PSOE y del PP.
Empezamos un Año Nuevo. Como en los diecisiete años anteriores, seguiré en la brecha, aportando mi modesta reflexión a cuantos temas la merezcan. Siempre que, claro, siga disfrutando de la confianza de todas y todos ustedes, amables lectoras y lectores.

martes, 27 de diciembre de 2016

Pobreza energética: incumplimientos

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/12/27/incumplimientos/793410.html

Sin pretender caer en los tópicos al uso sobre las festividades navideñas, es cierto que en estas fechas somos más proclives a que aflore nuestro lado más humano y sensible. Por eso quiero dedicar mi última columna del año a reflexionar sobre un hecho preocupante: en estos días de consumismo compulsivo hemos de recordar que hay personas que, atrapadas en las redes de la pobreza, no pueden acceder ni siquiera a bienes básicos de primera necesidad. Por poner sólo unos datos introductorios, el Índice de Desarrollo Humano de 2014, que mide aspectos como disfrutar una vida larga y saludable, el acceso a la Educación y un nivel de renta digno, sitúa a la Región de Murcia, con un 0,868, en antepenúltimo lugar de todas las autonomías, sólo por delante de Andalucía y Extremadura. Por otro lado, la Encuesta de las Condiciones de Vida (ECV) de 2015, del Instituto Nacional de Estadística, no nos deja mejor parados: un 15,7% de la población declara retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, recibos de gas€); un 48,9% no puede afrontar gastos imprevistos; un 56% no puede ir de vacaciones una semana al año, y un 19,5% declara no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Precisamente, y porque hace unos días se registró en Murcia una manifestación alertando sobre el alarmante crecimiento de la pobreza energética, quiero centrarme en ella. La presión social, como siempre, condujo a que se legislara sobre este aspecto en nuestra Región. La propia Ley 10/2016 reconoce en su Preámbulo que se ha registrado un preocupante incremento de la pobreza energética por causas como la devaluación de las condiciones de vida, la escasa eficiencia energética de los edificios y el aumento del precio de los suministros.
Concretamente, la subida del coste de la electricidad en estos últimos seis años ha sido de un 70% (el doble que en la UE) y la del gas natural, un 35%. Por otro lado, los desahucios hídricos por impagos aumentan cada año, al encarecerse el suministro precisamente por la privatización del servicio.
En contraste con estas situación, las tres grandes empresas del sector eléctrico, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, obtuvieron 56.624 millones de euros de beneficios desde el comienzo de la crisis, favorecidas, sin duda, por la nefasta reforma del ministro Soria, que, para abordar el déficit tarifario, no sólo incrementó los costes para las personas usuarias sino que frenó en seco el desarrollo de las energías renovables.
La pobreza energética en España atenta contra las recomendaciones de instancias internacionales, como lo estipulado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, suscrito por España, y supone un flagrante incumplimiento de nuestra Constitución. El artículo 47 de nuestra Carta Magna estipula que toda persona tiene derecho a una vivienda digna, mientras que el 128 nos recuerda que «toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad, está subordinada el interés general» (motivo por el que no se entiende que, con este panorama, la nacionalización del sector eléctrico no esté en la agenda política).
En este contexto, Ley 10/2016 establece en uno de sus artículos la necesidad de «garantizar que el conjunto medidas vinculadas con la provisión de viviendas destinadas a políticas sociales se configure como un servicio de interés general para asegurar una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos». Más adelante, se estipula que «las Administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial» y, como principio de precaución, aclara que «la consejería del Gobierno Regional con competencia en materia de vivienda elaborará un protocolo obligado de comunicación a los servicios sociales y de intervención de estos servicios previamente a la concesión de las ayudas necesarias para evitar los cortes de suministro, en los casos de impago por falta de recursos económicos de las familias afectadas», añadiendo, además, que «las Administraciones promoverán los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua potable, de gas y de electricidad para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial».
Estas situaciones de pobreza energética y cómo atajarlas están previstas por el legislador. El problema es que, al día de hoy, Navidad de 2016, y tras seis meses de su promulgación, la Ley 10/2016 no se cumple.

Esperando que en el 2017 se superen estas lacerantes situaciones, les deseo unas felices fiestas.

martes, 13 de diciembre de 2016

EL LAICISMO PENDIENTE

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/12/13/laicismo-pendiente/790105.html

Cuando, con ocasión del 38 aniversario del referéndum constitucional, se ha empezado a hablar estos días de la posibilidad de que se abra el debate sobre la reforma de la Carta Magna de 1978, parece el momento de abordar con claridad, en una hipotética modificación de aquélla, un asunto que no parece estar en la agenda prioritaria de las formaciones políticas, quizás porque la situación de emergencia social del país motiva que se dé prioridad a otros temas: me estoy refiriendo a la no ruptura de ataduras del Estado respecto de una confesión, la católica, que, aun mayoritaria, dista mucho de ser representativa de la sociedad española del siglo XXI.
No se entiende que cuando el artículo 16.1 de la Constitución establece nítidamente que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», lo católico impregne los actos de las instituciones del Estado: desde la ostentación pública de fe por parte de la familia real, pasando por el juramento del cargo, ante una Biblia y con un crucifijo, por parte de algunos ministros, y terminando por la celebración de funerales de Estado con el rito católico, obviando el carácter civil que debieran tener esas ceremonias. Y ello es así porque hay una línea de continuidad desde el siglo XIX. Veamos.
La mayoría de leyes fundamentales de España han sido confesionales con religión de Estado católica. Comenzando por el Estatuto de Bayona de 1808 y continuando por los textos constitucionales de 1812, 1837, 1845, 1876 la nonnata de 1856 y los textos fundamentales de la dictadura franquista. Durante todos estos años, además, el poder la de la Iglesia católica quedó reforzado con concesiones y prebendas tales como la supervisión de la enseñanza o la presencia en ella en los Concordatos de 1851,1953 y 1979, la dotación del impuesto de culto y clero, que con distintas denominaciones se mantiene en la actualidad, y la actual exención tributaria de la que también disfruta la Iglesia.
Pocos fueron los momentos históricos de ruptura con esa confesionalidad católica. Tras la Revolución La Gloriosa, que acabó con el destierro de Isabel II, la Constitución de 1869 estipulaba claramente la libertad de cultos (si bien es cierto que el Estado se obligaba al sostenimiento de la Iglesia católica). Con el advenimiento de la I República, la Constitución nonnata de 1873 hacía una clara definición de laicidad del Estado. Pero hubo que esperar a la proclamación de la II República para que la separación Iglesia-Estado fuera más nítida, con una clara vocación de respeto a la libertad de conciencia.
Tengo claro que para que podamos considerar que España ha entrado de lleno en la modernidad y la democracia, además de actuaciones inaplazables (consolidar plenamente los derechos y libertades de la ciudadanía, hoy cuestionados. la regeneración política, con una democracia más participativa, y la erradicación de la lacra de la corrupción, entre otras medidas), se impone la necesidad de consolidar un laicismo siempre pendiente. Por eso es bueno abrir el debate social en este sentido. Y por eso son necesarios actos como el que el pasado noviembre organizó Europa Laica-Región de Murcia en el Moneo. 
Las personas intervinientes abordaron las múltiples facetas del hecho del laiciAntonio Campillo, decano de la Facultad de Filosofía, rastreó los orígenes de la ruptura del vínculo del Estado con la religión, que situó en acontecimientos como la Paz de Westfalia (1648), la Revolución Francesa y, a partir de mediados del siglo XIX, con la asunción por el Estado de parcelas antes reservadas a la Iglesia, como la Sanidad y la Educación. Además, Campillo nos recordó que en España el proceso de secularización ha sido muy traumático. Esther Herguedas, responsable de Educación de IURM, denunció el enorme peso de la Religión en los currículos escolares, consolidado por la LOMCE, y la anomalía que supone la existencia de un 32,7% de centros concertados en España, cuando en Finlandia éstos suponen sólo el 2%; el profesor Antonio Moreno habló del maridaje que aún existe entre la España del cuartel y la sacristía y propugnó una revisión amplia del texto constitucional de 1978 en un sentido realmente laico, mientras que Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, que afirmó que la larga sombra de Tarancón ha llegado hasta hoy, nos puso al corriente de toda una batería de iniciativas legislativas de su asociación, dirigidas al Parlamento, que incluye, entre otras, la denuncia del Concordato de 1979, una Ley de Libertad de Conciencia (que supere la Ley de Libertad Religiosa de 1980) y la necesidad de eliminar la exención tributaria de la Iglesia.




martes, 29 de noviembre de 2016

MRCOS ANA: POETA, COMUNISTA, TOLERANTE

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/11/29/poeta-comunista-tolerante/786678.html

En la noche del pasado jueves se apagó la vida, que no la palabra, de Fernando Macarro Castillo, el preso político del franquismo con más años de estancia entre rejas y que adoptó el pseudónimo de Marcos Ana, nombre que tomara de sus progenitores. Tuve la suerte de conocerlo personalmente en Archena, en abril de 2009, en el contexto de las II Jornadas de Memoria Histórica organizadas por el Ateneo de esa localidad. Presentaba su libro autobiográfico Decidme cómo es un árbol. Nos dedicó un ejemplar a mi compañera y a mí, calificándonos  como “compañeros de lucha y esperanza”, con el deseo, además,  de que su libro pudiera contribuir a la “lucha por la dignidad humana”. La emoción nos embargó cuando terminó de estampar su firma bajo aquella bella dedicatoria.

Marcos Ana, fotografiado en la cárcel de Ocaña, en que estuvo preso (Foto de Luis Magán/El País).

Marcos Ana fue hijo de aquella España en la que los niños y niñas abandonaban precozmente la escuela. Nacido en enero de 1920 en el seno de una familia humilde de jornaleros del campo en el pueblo salmantino de Arconada, pasó a vivir en Ventosa del río Almar, una pequeña localidad de esa misma provincia. Su padre, analfabeto, murió al estallar la guerra, alcanzado por una bomba. Su madre, que dominaba la lectura y escritura, murió de pena al no soportar el encarcelamiento de su hijo.

Marcos, el menor de la familia,  dejó la escuela a los doce años para colocarse como mozo en una tienda. A los dieciséis, ingresó en las Juventudes Socialistas, que luego se unificarían con las comunistas, dando lugar a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Al estallar la guerra, quiso ir voluntario al frente, pero no se lo permitieron por su edad, lo que le llevó a ser instructor en el Palacio de El Pardo de los jóvenes socialistas. Allí estuvo hasta la rendición del Madrid (‘traición’ del coronel Casado) en marzo de 1939. Detenido en Alicante, pasó por el Campo de los Almendros, donde, según nos dijo, el hambre de los presos hizo que desaparecieran las hojas de estos árboles, y por el terrible campo de concentración de Albatera. Estuvo preso en  Porlier, en Ocaña, en Burgos… cárceles en las que pasó veintitrés años de su vida, estando en dos ocasiones al borde del pelotón de fusilamiento.

Su estancia en prisión le permitió entrar en contacto con los clásicos: Quevedo, Cervantes… aunque la lectura de El Quijote les estaba prohibida. Ahí se forjó el poeta que conocimos, un hombre sencillo y bueno, generoso, que nunca olvidó a sus compañeros encarcelados y asesinados. En su alocución de Archena nos emocionó vivamente y nos alentó a luchar por la justicia, que no por la venganza. En su libro de Memorias afirma: “Yo quiero el triunfo de la democracia para acabar con el odio y el fratricidio, para que todos los españoles podamos vivir pacíficamente, coincidir o discrepar en la defensa de nuestras ideas sin tener que degollarnos los unos a los otros. La única venganza a la que yo aspiro es a la de ver triunfantes un día los nobles ideales por los que he luchado y por los que miles de demócratas y antifranquistas perdieron su vida o su libertad”. Marcos Ana aseguró que lo sucedido en esa España de la intolerancia, en la posguerra, no ha de olvidarse y debería constituir una asignatura obligatoria para ser transmitida a los jóvenes.

Confesaba no guardar rencor por el periodo de su vida transcurrido en cárceles franquistas. Nos dijo que el encierro obligado en una celda de reducidas dimensiones agudiza la percepción sensorial, hasta el extremo de que era capaz de reconocer los sonidos diferenciados de las pisadas de los carceleros, según vinieran a aportarle el sustento diario o en busca de algún preso destinado al pelotón de fusilamiento. Sin embargo, sometido él personalmente a esta extrema experiencia en dos ocasiones,  aseguró no haber experimentado el miedo; antes al contrario, ejerció de ‘pedagogo del optimismo’ ante sus propios compañeros.

Hombre agnóstico, nos contó que en una iglesia de Vallecas no le importó tener la imagen de Cristo al lado mientras relataba sus experiencias vividas, en la medida, dijo, que se sentía cercano e identificado con la figura de Cristo, aunque no con la Iglesia-institución ni con la religión. Hombre tolerante, pensaba que en la derecha encontramos buenas personas, como aquella concejala de Burgos que le ofreció, en una de sus charlas, un ramo de flores con siete rosas rojas, por los siete años transcurridos bajo la pena de muerte,  y dieciséis blancas, por los restantes años que estuvo en prisión.

Pero más que por mis palabras, la personalidad de Marcos Ana queda reflejada en sus textos. He aquí una muestra, un poema extraído de su libro Poemas de la prisión y la vida:

AUTOBIOGRAFÍA
Mi pecado es terrible; / quise llenar de estrellas / el corazón del hombre. / Por eso aquí entre rejas / en diecinueve inviernos / perdí mis primaveras. / Preso desde mi  infancia / y a muerte mi condena / mis ojos van secando / su luz contra las piedras. / Más no hay sombra de arcángel / vengador en mis venas./ España es sólo el grito / de mi dolor que sueña...


martes, 15 de noviembre de 2016

MEMORIA HISTÓRICA: ABRIENDO BRECHAS


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/11/15/abriendo-brechas/782805.html

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es una mala noticia. Se inscribe en un contexto de crisis de la democracia burguesa y un evidente retroceso de las libertades en todo el mundo, del que son clara expresión el auge de las tendencias xenófobas, homófobas y racistas, la ruptura del contrato social surgido tras la II Guerra Mundial y el apoyo ciudadano y electoral a partidos de corte conservador, cuando no claramente prefascistas. Salvando las distancias y las necesarias cautelas, la situación tiene connotaciones evidentes con la crisis de los años 30 del pasado siglo, que, recordemos, tuvo una salida progresista y democrática (el New Deal, de Franklin D. Roosevelt, la II República Española€), pero también autoritaria, con la cristalización de los fascismos en Europa.
En nuestro país, en opinión del historiador Paul Preston, la democracia no terminó de consolidarse nunca tras la muerte de Franco, pues el control que la dictadura franquista ejerció sobre instituciones como la Iglesia, la prensa y la Educación ha permitido la pervivencia de lo que denomina franquismo sociológico, que ha de interpretarse, sensu strictu, no como un régimen político, sino en sentido amplio, como un modo de gobernar, del que el abuso de poder, el Gobierno a favor de intereses partidistas, el recorte de las libertades ciudadanas, las reformas laborales y, sobre todo, el fenómeno de la corrupción son sus manifestaciones más destacadas.
En este contexto, las actuaciones del Estado (con un Gobierno del PP que, recordemos, no ha condenado el franquismo) tendentes a saldar una deuda con quienes sufrieron la represión de ese ominoso régimen han sufrido una paralización sangrante, con todo tipo de impedimentos para la actuación de la Justicia y sin consignación presupuestaria para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. La llamada querella argentina es la única causa judicial en el mundo que investiga el franquismo, por crímenes de lesa humanidad y/o genocidio. Pero, a instancias de la Fiscalía del Estado, a Gerardo Iglesias, excoordinador general de Izquierda Unida, se le impidió declarar por las torturas recibidas en su etapa de trabajador minero en activo. La justificación fue que tanto la Ley de Amnistía de 1977 como la propia Transición sirvieron para sanar esas heridas.
Es, por tanto, la sociedad civil la que ha de actuar de altavoz para dignificar y no olvidar a las víctimas. El pasado día 3 la Asociación de Memoria Histórica de Murcia-Tenemos Memoria (MHMU) organizó en el Moneo una mesa redonda de debate sobre el destino de la antigua prisión provincial de Murcia, la llamada Cárcel Vieja, una vez decidido el Ayuntamiento de Murcia a convocar un concurso de anteproyectos para su rehabilitación. El acto contó con la presencia de Roque Ortiz, concejal de Fomento del ayuntamiento de Murcia, acompañado del decano del Colegio de Arquitectos, Rafael Pardo.
En la sala, concejales de los grupos de la oposición y en la mesa de debate, un panel de personas expertas muy representativo: Antonio Martínez Ovejero, doctor en Historia e investigador del franquismo en nuestra Región; Fuensanta Escudero, doctora en Historia y autora de libros sobre la propia cárcel y sobre la deportación de murcianos a los campos de exterminio nazi; Enrique de Andrés, arquitecto, urbanista y restaurador, y María Concepción Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias, inaugurado en 2010 y ubicado en la antigua Cárcel Modelo del Principado. Especialmente relevante fue la aportación de esta última, por cuanto el ejemplo de Asturias es algo muy a tener en cuenta para la remodelación del antiguo presidio murciano.
El convenio firmado a finales de este verano entre el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos establece que es en la segunda donde se considera la ubicación de un espacio memorialista. La petición de MHMU es que ello se aborde la primera y, además, teniendo en cuenta la sugerencia del arquitecto Enrique de Andrés: una obra de tal envergadura ha de contar necesariamente con la participación de la sociedad civil. Por ello, MHMU considera que debe estar presente en el jurado que ha de decidir el proyecto ganador.
En estos tiempos convulsos, con unas democracias renqueantes, es saludable que el movimiento memorialista esté abriendo otras brechas importantes. Por ejemplo, en la eliminación de los callejeros franquistas. Los ejemplos recientes de Ayuntamientos próximos como Totana, Cartagena y Alicante son ilustrativos en este sentido. Como es aleccionador que el consistorio murciano haya decidido abrir una comisión de estudio (en la que participa MHMU) para abordar el cambio de denominación de decenas de calles franquistas que aún quedan en la ciudad y sus pedanías.
Además, las actuaciones de los Gobiernos de varias autonomías (Cataluña, Euskadi, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana y próximamente Andalucía), con leyes que tratan de suplir la inhibición del Estado, aun con sus luces y sombras (la exhumación de fosas comunes no siempre se ajusta a las recomendaciones de la ONU, pues mal hechas pueden borrar vestigios), se inscriben en ese deseo de seguir ahondando la brecha que conduzca a enterrar definitivamente el franquismo latente en nuestro país.

viernes, 4 de noviembre de 2016

LA ASOCIACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA DE MURCIA ORGANIZÓ UNA MESA REDONDA DE DEBATE SOBRE LA CÁRCEL VIEJA

La participación de la sociedad civil en el diseño del destino final del edificio, sujeto a remodelación,  fue una idea destacada por personas ponentes y público asistente


La participación de la sociedad civil y, consiguientemente, el diseño de políticas urbanística de abajo a arriba fue una de las conclusiones destacadas de la mesa redonda de anoche en el Moneo organizada por la Asociación de Memoria Histórica de Murcia. Con ella se pretendía aportar ideas a la propuesta municipal de rehabilitación de la antigua prisión provincial (Cárcel Vieja). El acto, con notable asistencia de público y que puso fin a las Jornadas de Memoria Histórica de este año 2016, contó con la asistencia de concejales de los grupos de oposición y, en representación del equipo de Gobierno municipal, con el concejal de Fomento, a quien acompañaba el decano de colegio de arquitectos.



En la mesa. de izquierda a derecha, se encontraban: María Jesús García, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica y moderadora del acto; Enrique de Andrés, arquitecto, urbanista y restaurador; Antonio Martínez Ovjero, doctor en Historia e investigador del franquismo en nuestra Región; Fuensanta Escudero, doctora en Historia y autora de libros sobre la cárcel de Murcia y sobre deportados a Mauthausen, y María Concepción Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias, inaugurado en 2010 y ubicado en la antigua Cárcel Modelo del Principado.
En los próximas días aportaré una amplia reseña del acto, que procedí a grabar en su integridad.

martes, 1 de noviembre de 2016

REVÁLIDAS: ¿POR QUÉ? ¿PARA QUIÉNES?


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/11/01/revalidas/779148.html

Junio de 1967. Días de bochorno en aquellas aulas de altos muros del único instituto entonces existente en Cartagena, el Isaac Peral. El mismo que en dos turnos de mañana y tarde acogiera durante el curso, respectivamente, a chicos y chicas por separado, como mandaban los cánones de aquella educación franquista elitista, segregadora y con sus correspondientes dosis de manipulación y adoctrinamiento ideológicos. Nos enfrentábamos a la reválida del bachiller elemental. En los pupitres, el lápiz, la goma de borrar, los útiles para resolver problemas de Geometría, los bolígrafos bic y el diccionario de latín, indispensable para la prueba en que la que se iba a evaluar nuestra capacidad para traducir aquellos textos de La Guerra de las Galias de Julio César, en los que lo fundamental era el dominio de la sintaxis latina, el ablativo absoluto, las conjugaciones verbales y las declinaciones, aunque el haber aprendido el contexto histórico y cultural de esa época histórica hubiera ocupado en las aulas un lugar irrelevante, por ausente.
Recuerdo el nivel de ansiedad y nerviosismo con el que afrontábamos esa reválida, con contenidos de los cuatro cursos de bachillerato. Como recuerdo que sólo la suerte determinó que, en el examen de Matemáticas, no nos exigieran resolver un ejercicio de la temida trigonometría, porque no la habíamos visto durante el curso. Aprobar la reválida era condición necesaria, e imprescindible, para continuar con los estudios. Por fortuna la superé y pude iniciar aquel bachiller superior que, tras otra reválida al acabar el sexto curso, daba paso al curso previo a la entrada en la Universidad, el 'Preu', al que, ¡cómo no! seguía otro examen de acceso a la misma: la llamada Prueba de Madurez. En ningún momento, por la situación económica familiar, pude disponer de ayuda externa, en forma de profesorado de apoyo o clases particulares. Antes al contrario, yo mismo impartía esas clases particulares en mi caso, de Lengua y Latín para obtener unas perras para mis gastos.Muchos y muchas (las menos) de mi generación sólo contábamos con nuestro esfuerzo personal y una restrictiva política de ayudas al estudio para seguir adelante.
Cuenten. Además de la necesidad de aprobar curso tras curso, habíamos de superar tres pruebas selectivas, tres 'zancadillas', si queríamos entrar en aquella universidad también elitista y segregadora. Cuando pisé las aulas de la Facultad de Letras, allá por el otoño de 1970, recuerdo que se decía que sólo un 5% de los hijos e hijas de la clase obrera nos enfrentábamos al reto de titular y superar las limitaciones de nuestra extracción social de origen.
Me van a perdonar que me haya deslizado en mi columna de hoy por estos vericuetos intimistas. Pero es que la situación actual me ha recordado a aquélla de mi infancia y adolescencia. Hoy, como ayer, el sistema educativo de estos últimos cinco años, con las políticas de privatizaciones y recortes, deja de ser igualitario cuando el futuro de quienes acceden a él depende de la capacidad económica de las familias y de la formación de éstas, lo que nos está abocando a una situación en que están agravándose peligrosamente las desigualdades en el alumnado. Porque, aunque Rajoy haya anunciado la suspensión temporal de la validez académica de las reválidas hasta que no se logre ese Pacto Educativo tantas veces anunciado y tan difícil de concretar, tengo para mí que, si no lo evitamos, la política educativa del futuro Gobierno no va a desviarse ni un ápice de lo que ha venido siendo una constante: su desprecio absoluto a una Educación pública, gratuita, universal y compensadora de desigualdades.
Sólo unas cifras para situar el problema en su contexto. Según datos de Eurostat, en los últimos cuatro años se han recortado 7.764 millones de euros en profesorado, aulas, apoyos o becas. El porcentaje del PIB destinado a Educación (un 4,3%) desciende y se aleja de la media europea (6,25%) y de los países de la OCDE (5,6%). Por si eso fuera poco, el próximo Gobierno del PP se ha comprometido con la Troika a situar el gasto educativo en 2017 en el 3,9%. Según Enrique J. Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León, ello supone que España esté en el puesto 25, de 35 países de la OCDE, en gasto educativo, aunque un reciente informe de este organismo concluya, de forma tajante, que «una educación de calidad necesita una financiación sostenible». Pero España destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año que la media de la OCDE.
Es clara, pues, la intencionalidad del Gobierno con la política educativa que ha venido imponiendo y con esas reválidas momentáneamente aplazadas: expulsar del sistema de educativo a un buen número de estudiantes, en un contexto de una visión mercantilista de la Educación. La comunidad educativa es consciente de ello. De ahí que la movilización del pasado día 26 parece anunciar el reinicio de un nuevo ciclo reivindicativo, que puede extenderse a otros ámbitos y sectores, en una legislatura que se intuye 'caliente'.

martes, 25 de octubre de 2016

El Ateneo Villa de Archena inauguró las actividades de su X aniversario con una mesa redonda sobre la Ley de Memoria Histórica

"No se puede poner el punto final donde uno quiera” y “La Ley de Memoria Histórica es un producto tardío de la Transacción, que no Transición, del Régimen del 78” fueron algunas de las reflexiones destacadas por las personas ponentes.

Diego Jiménez/Murcia.- El pasado viernes, día 21, tuvo lugar una mesa redonda organizada por el Ateneo Villa de Archena, con la intervención de Diego Jiménez, en representación de la Asociación para la Recuperación y Defensa de la Memoria Histórica de Murcia (MHMU-Tenemos Memoria), y Pepa Martínez, de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, moderada por José Ángel Herrero, presidente de la Comisión Gestora de la Federación de asociaciones memorialistas de la Región de Murcia. Con este acto inicial, el Ateneo inauguraba las actividades del X aniversario de su constitución.

(Fotografía del blog de Pepa Martínez: enposidonia.blogspot.com)


Intervenciones

Abrió el turno Diego Jiménez quien, previamente, aportó unas cifras de lo que supuso, en los ámbito estatal y regional, la represión franquista: más de medio millón de personas exiliadas; igual número de víctimas de la Guerra Civil; casi 200.000 personas ejecutadas o muertas en las prisiones franquistas entre 1939 y 1944; más de 100.000 personas en fosas comunes… cifras que, en el ámbito regional, suponen 34.000 personas sometidas a  Consejos de Guerra sumarísimos, con cerca de 1.500 condenas a muerte de las cuales se ejecutaron 900; sin olvidar a las 420 personas murcianas en campos de exterminio nazis (Mauthausen, Gusen, Dachau…), de las cuales murieron 254, y a los esclavos del franquismo en campos de trabajo como Albatera, Totana, obras del Cenajo y restauración de las Adoratrices, en Cartagena.

Pasó, a continuación, a analizar algunos aspectos del articulado de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica, a la que comenzó calificando como “un producto tardío de la Transacción, que no Transición, del Régimen del 78”. Recordó que los artículos 2 y 3 de ese texto legal declaran injustas las sanciones, condenas y otras formas de violencia personal y declaran la ilegitimidad de tribunales y jurados constituidos durante la Guerra Civil, pero en ningún momento se citan los términos ilegalidad y anulación de esas sentencias.

Criticó que los artículos 11, 12, 13 y 14 dejan en manos de las personas particulares las tareas de localización y exhumación de los cuerpos, sin que, en ningún momento, actúe de oficio el Estado, que es la petición expresa de la ONU.

Igualmente crítico se mostró con la tibieza con que se insta a las administraciones públicas a la retirada de escudos, insignias, símbolos… de la sublevación militar y la Dictadura, dejando de lado, por otra parte, a la Iglesia católica. Y en cuanto a incumplimientos, citó lo estipulado en el artículo 17, en referencia a la elaboración de un catálogo de edificaciones y obras realizadas por miembros de los batallones disciplinarios, así como el impulso de políticas públicas destinadas a la conservación y fomento de la Memoria democrática.
Hizo alusión a los diez suspensos de la ONU a España en esta materia, citando las palabras de Pablo de Greif,  relator especial de la ONU para la Verdad, Justicia y Reparación, cuando afirmara, a primeros de 2014, que “España hace poco (y mal) para la búsqueda de la Justicia”.

Por último, concluyó con un recordatorio de la presencia del monarca Felipe VI, el pasado 3 de junio de 2015 en París, invitado por la alcaldesa de esa ciudad, Anne Hidalgo, en los actos de homenaje a los supervivientes de La 9, la compañía que, al mando del general Leclerc, liberó la capital francesa en el verano de 1944, criticando que un miembro de la familia de Borbón, Felipe VI,  que debe su “legitimidad” a la franquista Ley de Sucesión de 1947 y al posterior nombramiento por parte del dictador de Juan Carlos como su sucesor, a título de rey, en 1969, no tuviera reparos en reconocer que “París ha sido siempre ciudad de acogida para un buen número de compatriotas”, omitiendo citar los motivos que llevaron a medio millón de republicanos españoles a ese exilio forzoso al país vecino.

Por su parte, Pepa Martínez comenzó afirmando que “los grandes problemas que actualmente nos encontramos para llevar a buen término nuestra lucha por la consecución de la Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo no son paliados por la Ley de Memoria Histórica”, porque “ésta no proporciona VERDAD, no proporciona JUSTICIA, no proporciona REPARACIÓN”. Esa Ley “supuso para el Estado un paso atrás, al no asumir ninguna responsabilidad por los crímenes que se cometieron durante la guerra civil y el franquismo”. Denunció que “lo que nació fue una ley en la que no se daban pasos significativos para resarcir a las víctimas, ignorando el Convenio para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, y no estableciéndose la anulación de las condenas dictadas tras juicios injustos”.

Recordó las advertencias de Amnistía Internacional (AI) en este sentido e hizo alusión a un artículo de Celia Amorós: “Una deuda debe ser satisfecha para despertar entre deudores y acreedores la posibilidad de alianza";  así lo planteó, hace tres años, en su artículo "Perdón e inscripción", en el que afirma que el punto final no se puede poner donde uno quiera”.

Recordó que “quienes hoy ejercen el poder son los mismos que lo ejercitaron ayer, y están volviendo a pasos agigantados a su postura de implacables violadores de los derechos humanos, como autores de una legislación represiva, como artífices de un sistema económico injusto que condena a la miseria a la mayoría de la población, y de un sistema judicial que persigue a quienes se le oponen”. Recordó, así mismo, que “el gobierno socialista de Zapatero promulgó en 2007 una ley, la de la Memoria Histórica, que además de no reconocer la condición jurídica de las víctimas del franquismo, relega al ámbito familiar o grupal su memoria individual y colectiva, dejando en manos privadas -que borran las huellas judiciales de los crímenes al tratarse de exhumaciones extrajudiciales-  las exhumaciones de los asesinados, sirviendo de coartada para la vigencia de una ley de impunidad y de punto final, como es la ley de Amnistía de 1977, en pleno vigor en la actualidad”.

Culminó su intervención con un fragmento de un artículo del investigador Floren Dimas, que hablaba en este sentido: “Mientras el Gobierno del PP escucha y apoya a las víctimas del terrorismo y legisla y pergeña atenciones de todo tipo para acompañarlas en su dolor, las “otras víctimas”, las de Franco, son despreciadas y olvidadas social e institucionalmente, incurriendo, como lo hace la Justicia española, en un acto de prevaricación continuada, omitiendo el deber de socorrerlas con la misma entrega y servidumbre con que lo hace para con estas víctimas de lujo de la democracia española”.