martes, 3 de diciembre de 2019

INJERENCIAS E INMOVILISMO DE LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/12/03/injerencias-e-inmovilismo-jerarquia-eclisiastica/1073032.html

Asamblea plenaria del Episcopado español


Las sesiones de la CXIV Asamblea Plenaria de los obispos españoles, celebrada entre los pasados días 18 y 22 de noviembre, en un contexto en que se debate la configuración del futuro Gobierno de España, no podían dejar de lado esa circunstancia. Con la expresión bíblica «por sus frutos los conoceréis» la Conferencia Episcopal Española (CEE) tomó clara postura sobre el posible Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, afirmando que «juzgaremos a ese Gobierno por sus hechos». Para no ser menos, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en la carta que publica cada semana en el semanario Paraula que edita el arzobispado, escribía: «Nos encontramos ante una grave emergencia, la emergencia de España», en referencia también a ese preacuerdo Sánchez-Iglesias.

En la apertura de las sesiones, Ricardo Blázquez, portavoz de la CEE, ya advirtió de que «la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución», sin duda aludiendo, aun sin citarlo, al posible concurso de ERC para conformar dicho Gobierno.
Por su parte, Luis Argüello reclamó un Gobierno que ponga el acento en un respeto a la Constitución, que supone un respeto a la libertad religiosa, de conciencia y al bien común. Señaló que la Constitución «está abierta a posibles reformas para las cuales la misma Constitución ha indicado el procedimiento», y finalizó, sentenciando que «la concordia de todos dentro de las legítimas diversidades es un bien inestimable. Que la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución».

Pero el temor de la jerarquía eclesiástica española ante la conformación de ese posible Gobierno de coalición llega más allá. Un obispo español, con la expresión «hemos jugado con fuego, y ahora podemos quemarnos» resumía la preocupación que se respira en la CEE ante el anuncio del preacuerdo y de un Gobierno que querrá aplicar una agenda social en las antípodas de una ultraderecha en ascenso.

Los obispos temen, además, que en pocos meses el nuevo Gobierno podría abordar el fin de algunos privilegios de la Iglesia, desde las inmatriculaciones (pese a que, hoy por hoy, el propio ministerio de Justicia ha recurrido la exigencia del Consejo de la Transparencia, dependiente del Gobierno, para saber en qué situación se encuentran), pasando por el pago del IBI por parte de la Iglesia, la famosa casilla en la declaración de la renta, el futuro de las clases de Religión o la regulación de los conciertos educativos. En la jerarquía eclesiástica han causado, sin duda, una seria preocupación las palabras de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, que en días pasados cuestionó en parte los convenios de la enseñanza concertada al declarar que la libre elección de centro, uno de los argumentos que esgrime la enseñanza concertada católica, no está amparada por el artículo 27 de la Constitución.

Otro de los asuntos con que los obispos siguen planteando beligerancia es sobre la eutanasia. Mario Iceta, presidente de la subcomisión episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, expuso en el pleno que «el debate actual sobre la eutanasia y el suicidio asistido no es planteado como una cuestión médica sino más bien ideológica».

Aunque es notorio y curioso que en la pasada campaña electoral los partidos apenas se refirieron a la Iglesia, desde el ámbito de la izquierda sí se apeló en parte a cuestiones como la siempre pendiente denuncia de los Acuerdos de enero de 1979 con el Vaticano. Después de décadas sin atreverse, parece que el nuevo Gobierno podría abordar esa cuestión, con la firma de un nuevo convenio de colaboración con el Estado Vaticano que regule las relaciones con la Iglesia desde una posición de menos privilegios. El modelo es el francés, aun teniendo en cuenta que nuestros vecinos llevan ya más de un siglo (desde 1905) con una Ley que consagra la laicidad del Estado (nuestra Constitución sólo cita una tibia aconfesionalidad) por la que incluso las iglesias y catedrales son propiedad del Estado.

Estas posibles actuaciones llevan a que un sector de la jerarquía eclesiástica abogue por mantener una actitud beligerante con el posible nuevo Gobierno de izquierdas. Eso, en román paladino, no es ni más ni menos que injerencia de la Iglesia en cuestiones políticas. Actitud que no es nada nueva. Porque, en relación con ella, parece que nada hubiera cambiado tras 88 años.

Cuando apenas llevaba tres semanas constituida la Segunda República Española, a primeros de mayo de 1931, el cardenal Primado de España, Pedro Segura, lanzó una extensa pastoral en cuyos párrafos, en relación con la postura de los católicos españoles ante las previstas elecciones a Cortes Constituyentes, decía cosas como éstas: «[?] Si permanecemos quietos y ociosos; si nos dejamos llevar por la apatía y timidez, si dejamos expedito el camino a los que se esfuerzan en destruir la religión [?] ni aún tendremos derecho a lamentarnos cuando la triste realidad nos demuestre que, habiendo tenido la victoria en nuestra mano, ni supimos luchar con denuedo ni sucumbir con gloria». Para seguir afirmando más adelante: «Es urgente que, en las actuales circunstancias, los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas, se unan de manera seria y eficaz para conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan plenas garantías de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social».

Aún hoy, en el Estado español, la Iglesia, una institución muy poco democrática en su estructura y funcionamiento internos, sigue aferrada a un rancio tradicionalismo que hunde sus raíces en concepciones políticas antidemocráticas en parte de la jerarquía. Hace unos días, la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia convocó un acto de protesta en la murciana Plaza de la Cruz para denunciar la inscripción existente en el muro de una de las puertas orientada al norte. La leyenda « José Antonio Primo de Rivera. Presente», que aún sigue ahí, pese a que las asociaciones memorialistas le han exigido al obispado por carta y en entrevista personal con el deán catedralicio que sea borrada, es una ignominia impropia de un Estado democrático.

Y su mantenimiento por parte de la jerarquía eclesiástica es indicativo de que, además de injerencista, un amplio sector de la Iglesia, pese a que estar perdiendo 'clientes' de manera acelerada (casi un tercio de la ciudadanía se declara atea o no practicante), se aferra a un anacrónico inmovilismo.

miércoles, 27 de noviembre de 2019

CONTAMINACIÓN: NI LA HUERTA NOS SALVA

Hoy, en Murcia ciudad se masca la contaminación, con tal virulencia que ni la vecina huerta nos salva.
Foto: La Verdad
 He salido un rato a la calle, en mi barrio de Santa María de Gracia (vivo junto a Ronda Norte), y me han inundado, no sólo la pitutaria sino las mismas papilas gustativas, los efluvios procedentes del asfixiante tráfico rodado: dióxido de azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NO) se alían para hacernos la atmósfera irrespirable.

Dicen que tenemos memoria olfativa, algo que compruebo al asociar esos olores a los que podemos percibir, desde dentro de nuestro vehículo, cuando asomamos por la autovía de Cartagena a la altura del Cabezo Beaza y nos 'saludan', cuando sopla el viento del 'jaloque' (en Cartagena, brisa del sureste),  los gases del Valle de Escombreras. Mi pobre madre, que vivía en Vista Alegre, la barriada en la que crecí, cuando esa contaminación de Escombreras se cebaba sobre la barriada me decía que alguna vecina se habría dejado abierta la bombona del butano.

En esta nuestra ciudad de Murcia, la consigna de 'todos al centro en coche', que parece presidir la inactuación de quienes deberían velar por nuestra salud, es la responsable de que estemos como estamos. Las advertencias de las organizaciones ecologistas, que echan en falta actuaciones más contundentes contra la contaminación ambiental procedente del tráfico rodado, de la quema de rastrojos y demás, caen en saco roto.

Pero las autoridades se curan en salud, satisfechas de que la ciudad se adorne con la etiqueta verde y de que haya sido elegida capital gastronómica. Vivmos de la apariencia mientras morimos un poco más cada día casi, sin advertirlo.

sábado, 23 de noviembre de 2019

¿MURCIANOS DE DINAMITA O DE BANDERITA?

 

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/11/23/murcianos-dinamita-o-banderita/1070454.html

En la Región de Murcia sigue habiendo cierta nostalgia por la 'época del ladrillo', cuando se registraba una huida de las aulas de jóvenes en busca de trabajo más o menos bien remunerado en la construcción, y con unos sectores auxiliares en los que se ganaba un buen dinerito

22.11.2019 | 20:52
 
 
En su película Mientras dure la guerra, Amenábar describe magistralmente el bajísimo nivel intelectual y político del militar Millán-Astray, que, interpelado por Unamuno desde el atril del claustro de la Universidad de Salamanca, sólo supo, por toda respuesta, gritar un «¡Viva España!» rápidamente secundado por un auditorio tan entusiasta como igualmente iletrado. Tengo para mí, y es algo igualmente avalado por la opinión de personas expertas, que en el crecimiento espectacular de la extrema derecha en Europa y en el último proceso electoral en España hay un componente emocional, visceral, que se impone a lo racional, algo que la escena de la película antedicha nos muestra en toda su crudeza.

Empero, cabe achacar el crecimiento de la ultraderecha a otros muchos factores, como nos aclara con su lucidez habitual, en artículo reciente, el profesor Vicenç Navarro. En primer lugar, a partir de la crisis catalana, se ha producido un crecimiento espectacular de los nacionalismos españolista y catalán (encubridores de una estructura clasista y conservadora) que la sentencia del procés no ha hecho sino agravar, polarizando las posturas extremas.

En segundo lugar, está claro que la crisis económica que ha afectado a amplios sectores populares ha producido un notable empobrecimiento de las clases medias y asalariadas, generando un sentimiento 'anti clase política' (es conocida la expresión popular 'todos los políticos son iguales'), caldo de cultivo para que Vox, formación política heredera del franquismo residual, no extirpado de la sociedad, recogiera ese descontento.

Aunque en este partido ultraderechista hay rasgos que lo acercan a la ultraderecha europea (como esa apelación al patriotismo identitario y su crítica a la globalización como causante de todos los males), su patriotismo de bandera y su extremismo no ocultan su indisimulado apoyo a los sectores financieros y económicos y su interés, como ya hicieran el nazismo y el fascismo, en frenar y aniquilar a la izquierda. En efecto, Vox se ha decantado claramente por la privatización de los servicios públicos y por la desregulación de las normas que interfieren en el libre mercado; es partidario de limitar al máximo las transferencias públicas al sistema de pensiones; habla de la recentralización estatal de las competencias en Sanidad, Educación y Justicia; no esconde su interés por liquidar el Estado autonómico; habla de ilegalizar partidos, etc.

Y, sin embargo, ha recibido un amplio respaldo de sectores obreros golpeados por la crisis. Como en Murcia. Durante veinticinco años, el apoyo a la derecha en esta Región ha sido la norma. Para explicar esa hegemonía, pese a los indicadores negativos que sitúan a nuestra Comunidad autónoma, con Andalucía y Extremadura, entre las más atrasadas de España, centrémonos en algunas evidencias.
Sigue habiendo cierta nostalgia por la 'época del ladrillo', cuando se registraba una huida de las aulas de jóvenes en busca de trabajo más o menos bien remunerado en la construcción, y con unos sectores auxiliares en los que se ganaba un buen dinerito. Como anécdota, puedo referir que, en mi instituto de Blanca, un alumno de la ESO me dijo un día: «Maestro, dice mi padre que cuánto ganas». Yo, naturalmente, no le facilité ese dato. A lo que me contestó: «Es igual. Mi padre [era fontanero] dice que, por lo que tú ganas, él no se levantaría de la cama para ir a trabajar».

Hay en Murcia también una secular sumisión y adhesión de la población a los cacicatos de diversa índole que hunden sus raíces en el siglo XIX y que tan magistralmente documentara la fallecida catedrática María Teresa Pérez Picazo. Junto a ello, el PP ha sido capaz de tejer una amplia red clientelar en la Región, al tiempo que ha copado los principales entes asociativos: cofradías pasionales de Semana Santa, Federación de Peñas Huertanas, AMPAS, Agrupaciones Sardineras, etc.
No olvidemos tampoco el bajo nivel cultural de parte de la población. Según la EPA de 2016, en la Región de Murcia encabezamos el ranking de analfabetismo, tras Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Y aunque, paradójicamente, los murcianos figuramos entre los que más libros compramos en el país, ocupamos el sexto lugar, por la cola, de entre los que menos leemos: el 41,2% de la población de 14 años o más declara no hacerlo nunca, según el Barómetro de la Federación de Gremios de Editores de España.

El auge de Vox en esta Región hay que entenderlo, pues, en ese contexto. En Murcia, además, ha calado muy fuerte el individualismo que culpa a 'los otros' de todos nuestros males: el discurso del odio hacia el diferente y hacia las víctimas del sistema (inmigrantes, los 'menas'); la catalonofobia (fue un alivio comprobar, sin embargo, cómo en Cartagena, pese a la victoria electoral de Vox, se impuso el sentido común en la reciente visita al Cartagonova del FC Barcelona), que inundó de banderas españolas nuestras calles y balcones.

En su poema Vientos del pueblo, Miguel Hernández calificó como 'murcianos de dinamita' a quienes habitamos esta tierra. Yo más bien identificaría a una parte significativa de la población como 'murcianos de banderitas', vista la citada profusión de éstas como antídoto de todos los males que nos aquejan.

En definitiva, la prueba de que el mayor auge de la extrema derecha ha tenido que ver con la inmigración la dan los porcentajes de votos de Vox en aquellos municipios de nuestra Región que acogen mano de obra foránea (y, además, pobre, porque la llamada 'aporofobia'. odio al pobre, es uno de los rasgos que exhibe la ultraderecha). Relaciono aquí, de mayor a menor, los porcentajes de voto a Vox que se acercan o superan el 30% en algunos de nuestros municipios: Torre Pacheco (38,02%); San Pedro del Pinatar (33,9%); San Javier (31,77%); Mazarrón (31,64%); Cartagena (31,10%); Totana (30,6%), y Alcantarilla (29,45%).

Frente a este panorama, sólo cabe ejercer una labor pedagógica, desde las aulas, educando a nuestros adolescentes en valores como el respeto, la tolerancia, la empatía hacia el diferente, la solidaridad, etc. Y, desde el ámbito de la política, es preciso consolidar un amplio espacio de unidad, desde la izquierda, que, conjuntamente con el tejido asociativo, dé respuesta al auge de la ultraderecha para que, a corto plazo, como ha ocurrido con Amanecer Dorado, en Grecia, aquélla pase a ser un mal recuerdo histórico.
 


miércoles, 20 de noviembre de 2019

EN EL 44 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL DICTADOR FRANCO





Imagen del exilio republicano

El revisionismo histórico y las fuerzas de derecha, muy crecidos en el país en los últimos tiempos, tratan de relativizar lo que supuso la dictadura de uno de los mayores genocidas de la Historia contemporánea. 


Cuando, desde esas fuerzas derechistas y revisionistas, se apela a la necesidad de cerrar heridas, hemos de recordar el balance de los casi cuarenta años de la dictadura de Franco, no por conocido, menos digno de mención:  más de 120.000 personas que yacen aún en cunetas y fosas comunes, en un país que, tras Camboya, es el segundo del mundo en desapariciones forzadas; más de 50.000 personas fusiladas, en  juicios sumarísimos sin garantías procesales; medio millón de personas exiliadas fuera de nuestras fronteras y miles de ellas asesinadas, en virtud de la propia actuación de las autoridades franquistas ante el mismo Hitler, en los campos de exterminio nazis; expropiaciones forzosas de bienes de republicanos; actos denigrantes sobre la mujer, con rapado del pelo, la ingesta de aceite de ricino y el escarnio público ante sus vecinas y vecinos, por el mero hecho de ser esposas de republicanos; depuración de miles de personas funcionarias y maestras y maestros, cuyo único delito fue ser también republicanos; existencia, probada, de bebés robados durante ese aciago régimen, hasta fechas recientes; pervivencia, aún, de torturadores como Billy el Niño y responsables de crímenes durante el posfranquismo reciente (Martín Villa), que pasean impunemente por nuestras calles y plazas…


No, no podemos olvidar. Cada aniversario de la muerte del dictador ha de constituir un motivo para reivindicar la total desaparición de los vestigios de la dictadura, según se contempla en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. Y cada día hemos de seguir luchando por que, de una vez por todas, el Estado se digne homenajear a las personas republicanas que lucharon por la libertad, exigiendo, a su vez, Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo.

lunes, 11 de noviembre de 2019

TRAS LOS RESULTADOS DE AYER, NO DEMOS UNA TERCERA OPORTUNIDAD A LA ULTRADERECHA


Foto : La Opinión de Murcia
A la vista del imparable ascenso de la ultradercha en este país, que ha pasado de ser una formación extraparlamentaria a tercera fuerza política en el Parlamento, todas las alarmas se han encendido. 

Particularmente, me niego a respetar el resultado de las urnas en mi Región, Murcia, en donde VOX es la primera fuerza política. Y me niego porque no respeto a quienes votan a los que se enfundan en un bandera como solución a todos los males del país; a quienes predican la aporofobía, la xenofobia, el racismo, el rechazo a toda opción sexual libre, al aborto... Me niego a reconocer el derecho que asiste al votante a depositar su confianza en tipejos de esa calaña, que nos quieren hacer retroceder a la noche de los tiempos.

Visto el resultado, a Pedro Sánchez le toca mover ficha. Ha de sentarse, ya, a negociar un Gobierno de izquierdas que logre frenar en las instituciones a la extrema derecha. Y a  Pablo Iglesias hay que exigirle también responsabilidad. El enquistamiento de posturas de ambos dirigentes ya sabemos a qué nos ha conducido.  Hay que negociar: un acuerdo de investitudura, con condiciones; un acuerdo de legislatura, amplio, también con condiciones; o un acuerdo de Gobierno, con cesiones por ambas partes. Pero es preciso un Gobierno de izquierdas ya. Aun apoyándose, necesariamente, en el PNV, incluso en los restos de Ciudadanos y negociando la abstención, al menos, de ERC. Pero hay que hacer lo imposible por lograrlo. Porque las y los votantes no permitiríamos que se le concediera una tercera oportunidad a la extrema derecha para seguir en su ascenso parece que imparable.

martes, 5 de noviembre de 2019

SUBAMOS AL TREN

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/11/05/subamos-tren/1065613.html?fbclid=IwAR1lGstbtMy0xjv4w0jzsTFyutC8EL8hawSD3_nCML72z3HvEL6hGmKEQOw



Los servicios ferroviarios de calidad que se piden se refieren, además de los de larga y media distancia, a los trenes de cercanías de Murcia-Águilas; Murcia-Cartagena; Murcia-Alicante; Murcia-Albacete, vía Cieza y Hellín, sin olvidar a Calasparra por la variante de Camarillas

La historia del primer ferrocarril español comienza el 19 de noviembre de 1837, con la inauguración de la línea entre La Habana y Bejucal, en Cuba. Años después, la Real Orden de 31 de diciembre de 1844 establecía las condiciones de carácter general que habían de regular la construcción de las futuras líneas de ferrocarril en nuestro país.


Las líneas Barcelona-Mataró (1848), Madrid-Aranjuez (1851) y Langreo-Gijón (1852) preceden a la Ley General de Ferrocarriles de 1855, que, simultánea a la Desamortización de Pascual Madoz, produjo una burbuja especulativa en torno a este nuevo negocio que estallará en la crisis de 1866, una de las causas que condujo al destronamiento de Isabel II, como es sabido. Varias compañías explotaron el tendido ferroviario: la MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante), que operó en nuestra Región, inaugurando las estaciones de Murcia-El Carmen y Cartagena; la Compañía Caminos de Hierro del Norte, y la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. Con la dictadura franquista se nacionalizan todos los ferrocarriles españoles de ancho ibérico (Renfe), y se crea la Feve para los de vía estrecha. 
Dos peculiaridades de la red ferroviaria española con respecto a Europa serán el ancho de vía (el ancho ibérico, de 1668 mm entre las caras internas de los carriles, supera en 233 mm al de nuestros vecinos europeos) y, sobre todo, la ineficiente estructura radial. Ya en la discusión de la citada Ley General de Ferrocarriles, el general O'Donnell manifestó: «En cuanto a las líneas que puedan establecerse en España, no comprendo que se pueda adoptar otro medio que el de unir por medio de radios la circunferencia con el centro». Y, más recientemente, en la presentación en septiembre de 1997 de la Política de Infraestructuras de Transporte (PIT) (que luego ha sido el PEIT y ahora el PITVI), el entonces ministro de Fomento, Arias Salgado, declaró que ésta tenía como objetivo el «fortalecimiento del centro peninsular», pues, afirmó, «creo que en los últimos treinta años el país se ha ido desequilibrando hacia el Mediterráneo, y esto, que no tiene a corto plazo una importancia decisiva, puede llegar a tener una importancia política estable".

Esta estructura radial de la red, favorecedora del centralismo político antedicho, no ha hecho sino perjudicar la auténtica vertebración territorial del país a partir del ferrocarril, situación pareja a la pérdida de protagonismo del tren convencional en favor del AVE, un tren elitista, caro y altamente contaminante.

Ya en mi artículo de LA OPINIÓN de octubre de 1999, adelantándome al debate social regional, que estaba por llegar, escribía: «El AVE, por sus altas velocidades, exige un consumo energético similar al del avión, y unas infraestructuras que producen un efecto de barrera innegable sobre poblaciones y zonas de cultivo» (como se ha podido constatar recientemente en la Vega Baja). Y añadía: «El AVE es un tren elitista e insolidario respecto a pequeñas poblaciones que se sitúan en su trazado».

Esa pérdida de protagonismo del ferrocarril convencional se da también en la región del sureste peninsular. Por ello, en Lorca, los pasados días 4 y 5 de octubre, tuvieron lugar las Jornadas del Sudeste Ferroviario, en las que se debatió sobre este hecho. En las mismas, participaron las Plataformas en Defensa del Ferrocarril de la Región de Murcia, y de Almería, Granada, Guadix y Baza.


 En los debates, en los que tuve el honor de participar en la mesa de expertos, se constató la falta de oportunidades que, en lo tocante a la vertebración ferroviaria del territorio, está sufriendo la Región de Murcia y Andalucía Oriental. Y en las conclusiones de las Jornadas se puso el acento en que «en nuestras sociedades, en nuestros territorios, no disponemos de un sistema de transporte ferroviario sostenible, como columna vertebral que nos permita mirar hacia el futuro con esperanza», para añadir a continuación que «el modelo de ferrocarril que pretendemos es un medio de transporte público cuyo objetivo básico sea el beneficio social y medioambiental que supone para la mayoría de la sociedad». Se recuerda que el tren es el medio de transporte que «menos consumo energético tiene por unidad transportada» y un bajo emisor de gases con efecto invernadero, que puede dejar de emitirlos si la energía consumida procede de energías renovables».

Se exigió mejorar la situación ferroviaria, entre otras, de las comarcas del Bajo Andarax, Poniente almeriense y la aglomeración urbana de Granada y se reivindicó la conexión con trenes regionales entre las provincias de Murcia, Almería, Jaén y Granada, sin olvidar, por supuesto, la reapertura de la línea Lorca-Almendricos-Almanzora-Baza-Guadix.

Se propuso que la red ferroviaria se dote de líneas de tráfico mixto para personas y mercancías; la apertura de estaciones en el ámbito rural y en el centro de las ciudades, para facilitar el acceso a las mismas a pie, en bicicleta o en el transporte público; intercambiadores de transporte para las personas en las estaciones, etc. Todas las líneas han de ser de vía doble electrificada y abastecida desde fuentes de energía renovables.

En lo que a nuestra Región respecta, los servicios ferroviarios de calidad que se piden se refieren, además de los de larga y media distancia, a los trenes de cercanías de Murcia-Águilas; Murcia-Cartagena; Murcia-Alicante; Murcia-Albacete, vía Cieza y Hellín, sin olvidar a Calasparra por la variante de Camarillas. Habría, además, que iniciar los estudios para nuevos corredores ferroviarios en el Altiplano murciano (Jumilla-Yecla), vía Fortuna y Abanilla, y en el Noroeste murciano, uniendo Bullas, Cehegín, Caravaca y Moratalla, vía Alguazas y las Torres de Cotillas, pasando por el Campus de Espinardo. Respecto al FEVE Cartagena-Los Nietos, se plantea su prolongación hasta La Manga del Mar Menor y, abrazando nuestra albufera, hasta San Pedro del Pinatar.

El cambio climático, más bien emergencia climática, es ya una evidencia. Hemos de repensar nuevas formas de movilidad individual y colectiva que no pasen por el 'culto' al coche particular como solución, pues, además de contaminante, no podemos olvidar su dramático tributo en vidas humanas. Conscientes de ello, vistas las ventajas comparativas del tren respecto de otros medios de transporte, hemos de exigir que el ferrocarril sea el elemento que realmente vertebre nuestros territorios, conectando las zonas urbanas y rurales.

Para ayudar a caminar en esa dirección, cambiemos el chip: subamos al tren.

martes, 22 de octubre de 2019

LA PUNTA DEL ICEBERG

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/10/22/punta-iceberg/1061794.html?fbclid=IwAR1c4EXjzDkYOE23CJ_-yKxhkgAAA7C6WaDQdLRVU1b6P_HDfo_OHh51V9k

La punta del iceberg

En relación con los vertidos incontrolados al Mar Menor, todas las Administraciones tienen algo que ver, aunque algunas más que otras

Aun admitiendo y respetando el derecho que asistía al vecindario de las localidades del Mar Menor afectadas por la última DANA de protestar y pedir soluciones ante los efectos de las riadas, decidí no acudir a la manifestación de la tarde del pasado jueves 17 entre San Esteban y la Delegación del Gobierno. El motivo: que la convocatoria partiera de las Administraciones municipales en parte causantes de esos desastres, pues no hay que eximir de responsabilidad a quienes concedieron licencias urbanísticas en zonas inundables. 

Pasada la tormenta, se dice que es tiempo de arrimar el hombro y de aunar esfuerzos para buscar soluciones. Ahora viene la política de gestos y de palmaditas en la espalda, para apaciguar los ánimos y diluir responsabilidades. Pero no olvidamos. Estos ¿gobernantes? del PP abolieron u obstaculizaron la aplicación de las leyes que debían proteger el Mar Menor; han evitado la aplicación de medidas extraordinarias; han mentido descaradamente sobre su estado, e incluso la propia consejería de Agricultura editó una guía para que los regantes evitaran las inspecciones.

En relación con los vertidos incontrolados a nuestra albufera litoral, todas las Administraciones tienen algo que ver, aunque algunas más que otras. La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) es competente en la gestión de la calidad de aguas interiores y vertidos al mar desde tierra (dominio público marítimo- terrestre).

A la Administración municipal le corresponde autorizar y regular los vertidos al alcantarillado público, a través de ordenanzas municipales y a través del Decreto 16/1999, de 22 de abril, sobre vertidos de aguas residuales industriales al alcantarillado.

En la Administración General del Estado, el órgano competente para vertidos al dominio público hidráulico (ríos, ramblas, lagos, acuíferos, etc.) es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
Por último, corresponde a la Demarcación de Costas en Murcia, dependiente del ministerio con competencias en Medio Ambiente, la concesión de ocupación del dominio público marítimo- terrestre.

Como puede verse, además de las atribuidas a la CHS, el máximo de competencias, no sólo en materia de vertidos sino también en la ordenación territorial de zonas costeras, está en manos de la CARM. Pero el Gobierno regional, en estos veinticinco años de gestión, ha venido haciendo oídos sordos a las advertencias que, desde diversos ámbitos, se han venido emitiendo sobre el avance de la hoy enfermedad terminal del Mar Menor. El Gobierno del PP es el máximo responsable de no haberlo preservado para las generaciones futuras, pues no nos pertenece en exclusiva, sino que es un patrimonio mundial.

Llegados a esta situación, de poco sirven la política de gestos y el anuncio de la creación de una comisión de expertos para buscar soluciones al estado de agonía del Mar Menor por parte de quienes han venido no sólo omitiendo el deber de socorro, sino permitiendo y alentando su deterioro, con su inacción interesada en favor de grupos empresariales locales y foráneos.

Vivimos en una Región en la que, en el fondo, se tolera a los sinvergüenzas y en la que vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Sorprende constatar la facilidad con que se pregona la necesidad de la aplicación del 155 en Cataluña sin reparar en que, aquí, hay motivos más que sobrados para reclamar una intervención del Estado.

Voy a 'mojarme': afirmo con rotundidad que hay que evitar que el Gobierno regional, como pretende, asuma la competencia de Costas, no sólo por su aparente incompetencia y desidia sino por su descarada gestión en favor de intereses privados. Y no sólo eso. La situación del Mar Menor es sólo la punta del iceberg de una política mafiosa, de patrimonialización del poder (político y económico), con repetidas actuaciones diseñadas y calculadas para esquilmar nuestros recursos y trasvasar estos recursos y dinero desde lo público al bolsillo de unos pocos. No es cuestión de citar nombres, pero consentimos que cuatro 'familias' se hayan apropiado de nuestra riqueza y colocado en el poder a Gobiernos títere para salvaguardar sus intereses.

Vivimos en una Región, pues, en la que el desprecio a lo público, el patrimonio que nos pertenece a todos, y la apropiación de éste por unos pocos es la norma. Para nuestra vergüenza, estamos a la cabeza del Estado en indicadores como la pobreza, fracaso escolar, niveles de paro, etc., y, al tiempo, no mostramos indignación por el descarado robo a nuestros bolsillos (el dinero público es, por definición, de todas y todos nosotros) con actuaciones irresponsables. Voy a exponer sólo dos ejemplos, aunque hay muchos más.

La desaladora de Escombreras. El caso 'La Sal' va pasando de un juzgado a otro sin que nadie ose encausar y juzgar a sus responsables: un expresidente que puso tierra de por medio refugiándose un tiempo en Bruselas, un consejero que permitió e impulsó esa actuación mafiosa (que nos va a costar 600 millones de euros, que el PP 'regaló' a la empresa ACS de Forentino Pérez) y unos técnicos que consintieron tal latrocinio.

Como latrocinio fue que, en virtud de un capricho del presidente Innombrable, se impulsara la construcción del pomposo Aeropuerto Internacional de Corvera, que, al día de hoy, está registrando un volumen de vuelos un 25% inferior al clausurado de San Javier. Y nadie parece exigir responsabilidades por esos tredscientos millones del aval para mantener una infraestructura que se ha demostrado que es a todas luces innecesaria.

Pobreza, paro, corrupción, etc. La Región de Murcia está en el furgón de cola de las Comunidades autónomas españolas y los sucesivos Gobiernos del PP no hacen sino contribuir a su gradual estancamiento. Que la deuda pública haya pasado de los 3.100 millones de euros en 2012 a los casi 10.000 millones de euros en el segundo trimestre de este año (9.699, el 30,7% del PIB regional), cantidad que dobla el presupuesto de la CARM, es indicativo de la irresponsabilidad, torpeza, incompetencia y malas intenciones que 'adornan' la gestión de quienes tenemos la mala suerte de soportar como gobernantes.

La situación es de tal gravedad que sería precisa una intervención del Estado en varios ámbitos. Porque, como decía arriba, el Mar Menor es sólo la punta del iceberg que esconde una nefasta gestión política.

martes, 15 de octubre de 2019

MAR MENOR: ENTRE TODOS LO MATARON Y NADIE SE RESPONSABILIZÓ

Notas tomadas de la misma Administración regional. Para aclararnos un poco sobre responsabilidades en materia de vertidos.

 

 

Competencias administrativas en materia de Vertidos

Las competencias administrativas en materia de vertidos se distribuyen en función del medio receptor del mismo.  Así nos encontramos en competencias en los tres ámbitos legislativos españoles. 
Competencias administrativas en materias de autorizaciones de vertidos. Comunidad Autónoma. Vertidos de tierra al mar. Estado. Vertidos de cauce público y vertidos desde buques y aeronaves al mar. Ayuntamientos. Vertidos al alcantarillado público.
La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es competente en la gestión de la calidad de aguas interiores y vertidos al mar desde tierra (dominio público marítimo terrestre).

El órgano competente es la Dirección General del Medio Ambiente, perteneciente a la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia. La unidad aque desarrolla esta actividad es el Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental.

La Administración Municipal, le corresponde autorizar y regular los vertidos al alcantarillado público, a través de ordenanzas municipales y a través del Decreto 16/1999, de 22 de abril, sobre vertidos de aguas residuales industriales al alcantarillado Este enlace se abrirá en ventana nueva de ámbito autonómico, que fija los criterios mínimos a los que deben atenerse todas las ordenanzas municipales.

Por último, la Administración General del Estado tienen competencia exclusiva sobre las siguientes materias: la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma.

El órgano competente para vertidos a Dominio Público Hidráulico (ríos, ramblas, lagos, acuíferos, etc) es la Confederación Hidrográfica del Segura, perteneciente al Ministerio con competencias en Medio Ambiente.

De igual modo el órgano competente para la redacción del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura es la Confederación Hidrográfica del Segura.

Por último corresponde a la Demarcación de Costas en Murcia dependiente del Ministerio con competencias en Medio Ambiente la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre, que deberá obtenerse SIEMPRE con carácter previo a la autorización de vertido al mar, en su caso. La tramitación de dicha concesión se integra en el procedimiento de la Autorización de Vertido al Mar.

lunes, 14 de octubre de 2019

SENTENCIA DEL PROCÉS: EXAGERADA Y EJEMPLARIZANTE


Si vamos a un diccionario de términos jurídicos para consultar qué es sedición, está claro que la sentencia del Supremo sobre las políticas y políticos catalanes presos ha ido mucho más allá: no hubo violencia tumultuaria en las calles de Cataluña con el fin de alterar el orden constitucional. Esta sentencia, a todas luces exageradas, tiene un claro carácter ejemplarizante. 

Ahora está por ver si, como se ha adelantado, se emite de nuevo una euroorden de busca y captura contra Puigdemont y demás exiliados y exiliadas. De ser así, habría que ver la receptividad de la Justicia europea ante esa euroorden. Si los tribunales europeos se inhiben, quedaría muy señalada una democracia española de muy dudosa calidad; porque condenar a trece años a un dirigente político que en ningún momento ha practicado la violencia dice muy poco de esa democracia.