miércoles, 15 de julio de 2020

MARÍA ESPERANZA MORENO, CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE MURCIA, DESPRECIA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/07/15/maria-esperanza-moreno-irrita-comunidad/1129290.html

Hay una clara política de desprecio a la enseñanza pública, transfiriendo recursos que son de todos hacia la enseñanza privada concertada


Es ocioso afirmar que la actual pandemia del coronavirus ha afectado a dos pilares fundamentales del estado del bienestar, la Sanidad y la Educación. Las repercusiones de la pandemia han tenido, como es fácil suponer, un mayor impacto entre las personas más vulnerables, por lo que parece claro que, además de en Sanidad, una mayor inversión en Educación, sector sometido a brutales recortes en las etapas de gobierno de la derecha, contribuiría a paliar las desigualdades sociales de origen. Pero no han ido por ahí las actuaciones de los gobiernos anteriores a esta crisis.

Sólo unos datos. El gasto educativo estatal de 2019 ascendió a 52.215,8 millones de euros, cantidad que, aunque no llega a igualar la del ejercicio de 2009, se sitúa por encima de lo presupuestado por los gobiernos del PP entre los años 2011 y 2015, en que no se llegó a los 48.000 millones de euros (Datos y cifras del Ministerio de Educación y Formación Profesional, MEFP).


Si nos atenemos a la Región de Murcia, con 25 años ininterrumpidos de Gobiernos del PP, este partido ha seguido la estela de su homónimo de Madrid, con una clara política de desprecio a la enseñanza pública, transfiriendo recursos que son de todos hacia la enseñanza privada concertada. La red de centros públicos en la Región ha pasado de representar el 70,5%, en el curso 2017-2018, a constituir el 67,1% en el curso 2018-2019, mientras que los centros concertados y privados han aumentado, porcentualmente, un 1,1% y un 2%, respectivamente, en ese periodo. (Datos y cifras del MEFP).

Esa política se traduce en las consignaciones presupuestarias: mientras que el gasto público total en Educación ha disminuido en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) un 9,93% entre los años 2009 y 2016 (Anuario estadístico del INE 2019), los fondos destinados a subvenciones y conciertos educativos se han incrementado ¡un 22,36%! en esos años, pasando de 176,2 millones de euros en 2009 a los 215,6 en 2016.

En ese contexto de recortes y maltrato a la enseñanza pública por parte de los gobiernos de la derecha, la irrupción de la pandemia de la Covid 19 parecía el momento oportuno para que la consejera de Educación de la CARM, María Esperanza Moreno, revirtiera esa tendencia, máxime cuando desde el Gobierno central se anuncia la transferencia de 2.000 millones de euros a las Comunidades autónomas para hacer frente a los gastos derivados de la gestión de esta crisis sanitaria en los centros docentes. Pero no ha sido así.

Hace unos días, se dio a conocer la guía del inicio de curso 2019-2020, elaborada por una comisión mixta de las consejerías de Educación y Cultura y Sanidad de la CARM, diseñada sin negociación previa con la comunidad educativa. En síntesis, la guía hace descargar sobre el profesorado y equipos directivos de los centros la responsabilidad del agrupamiento del alumnado (no se prevé, al contrario de lo acordado en otros territorios del Estado, disminuir las ratios), las distintas modalidades de la enseñanza presencial, el acceso al centro de las y los escolares, la adopción de medidas de higiene, entre las que se incluye la limpieza del mobiliario y material escolar, etc.

Pero ese documento pasa por alto algo tan importante como el aumento de recursos en una situación excepcional de pandemia, obviando, por supuesto, reivindicaciones largamente expuestas por la comunidad educativa como el incremento de plantillas, el refuerzo de la acción tutorial y planes específicos para atajar la preocupante tasa de absentismo y abandono escolar.

Las medidas contenidas en esta guía, que parecen diseñadas para que la comunidad educativa 'se las arregle como pueda', han conducido, en el momento de redactar estas líneas, a la dimisión del director del IES Beniaján y a la publicación de un escrito de protesta, firmado por cincuenta componentes del claustro del IES Los Albares de Cieza. En los próximos días, está prevista una reunión de la comisión de directores con los responsables de Educación, cuyo resultado efectivo está por ver.

Redacto esta columna cuando, por la consejería de Educación, se anuncia para septiembre la contratación de 500 profesores/as, claramente insuficientes para cubrir los 631 centros docentes de la Región, y que, al parecer, en una clara muestra de desconsideración hacia su labor, no van a tener funciones docentes: se habla de que su cometido será ordenar la entrada del alumnado a las aulas, conectar con las familias y encargarse de la dotación y uso del material higiénico-sanitario en los centros.

Distintos colectivos han venido alzando la voz ante este desbarajuste y grave irresponsabilidad de quienes debieran gestionar con otros criterios de interés y utilidad social algo tan importante como la Educación. Así, la Asociación Futuro de la Educación en la Región de Murcia (AFEReM) exige «un protocolo de actuación pormenorizado», y, además, que «se hagan públicas las medidas y recursos económicos, los incrementos de personal y materiales que faciliten la escolarización del alumnado, profesorado, ratios, espacios, horarios, personal sanitario, problemas derivados de la brecha digital, medidas higiénico-sanitarias, comedores escolares, etc».

AFEReM advierte, además, de la necesidad de mayor espacio físico, exigido al reducir las ratios (esta reducción de ratios no la contempla la consejera), y reivindica un incremento imprescindible de profesorado. Recuerda, además, que «procede adoptar las medidas que impidan que la brecha digital sea un factor de desigualdad».

Por su parte, El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana, STERM-La Intersindical, afirma que las medidas propuestas por la consejera de Educación para el próximo curso 2020-2021 son a coste cero, se encuentran alejadas de la realidad de los centros y dejan toda la responsabilidad sobre el profesorado. El sindicato cree que «en un contexto tan extraordinario como el que vivimos, hay que adoptar medidas que permitan afrontar con garantías esas nuevas realidades». Para ello plantea un paquete de 25 medidas que garanticen que ningún estudiante se queda atrás. Destacamos las siguientes:

Diálogo social y negociación de los aspectos de esta situación de excepcionalidad; refuerzo presupuestario para los centros y asunción por la Administración de los costes derivados de la Covid 19; medidas sanitarias suficientes para prevenir contagios; adecuación de espacios y flexibilización horaria; refuerzo del personal de apoyo no docente (conserjes, ATEs, servicios de limpieza, etc.); reducción de ratios y refuerzo de la acción tutorial; eliminación de la brecha digital y social, con acceso gratuito a Internet para cualquier estudiante; revisión y refuerzo de los servicios de comedor y transporte; planes para prevenir el absentismo y abandono escolar, etc.

El PP ha venido exhibiendo un cierto desprecio por la enseñanza pública. Estas medidas, improvisadas y no negociadas, han irritado, con razón, a la comunidad educativa.

martes, 30 de junio de 2020

La Cárcel Vieja, espacio de la Memoria

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/06/30/carcel-vieja-espacio-memoria/1125124.html

"En la recordada por algunos presos como la 'semana trágica', del 3 al 9 de abril de 1940, se registraron fusilamientos diarios en la prisión provincial de Murcia, con un total de 58 personas. Además, ese mes de abril están documentadas 77 ejecuciones. 
Permaneceremos 'vigilantes' para que en la segunda fase de las obras se consolide un espacio para la Memoria"

Con cierto retraso, han dado comienzo las obras de la primera fase de rehabilitación de la antigua prisión provincial de Murcia, conocida como 'Cárcel Vieja', siguiendo las directrices del proyecto ganador del concurso de anteproyectos convocado en su día por el ayuntamiento de Murcia, 'Muros Etéreos', que, con los otros dos proyectos finalistas, quedó expuesto en octubre de 2017 en la sede del Colegio de Arquitectos de la capital.

Con tal motivo, la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM) inauguró el pasado jueves su canal de YouTube con una tertulia, con el título que encabeza este artículo, en la que participaron miembros de la Asociación para la Recuperación y Defensa de la Memoria Histórica de Murcia-Tenemos Memoria (MHMU), para dar a conocer la historia de ese centro penitenciario y las actuaciones reivindicativas que el mundo memorialista ha venido manteniendo para que se consolide ese espacio para el recuerdo. En la tertulia, moderada por María Jesús García, expresidenta de MHMU, intervinieron, como portavoces de esa asociación, un servidor, Rufino Garrido y Pepe Sánchez, que, además, es presidente del Ateneo Republicano de Murcia.

Mi breve exposición inicial, que resumía un trabajo de investigación del profesor murciano de la Universidad de Valencia Francisco J. Medina Albaladejo, publicado en Anales de la UMU en 2009, rastreó los orígenes de ese centro penitenciario y los sucesivos cambios habidos en el régimen de propiedad. La cárcel fue proyectada en 1922, construida en 1927 e inaugurada el 26 de mayo de 1929, para sustituir, en funciones penitenciarias, a la prisión ubicada en la calle Vara del Rey de la capital. La Diputación Provincial adquirió unos terrenos al norte de la ciudad, pertenecientes a la marquesa de Salinas, con la idea de aprovechar como recinto penitenciario una torre allí existente. Pero las disponibilidades presupuestarias de la Diputación eran escasas.



Murcia, Carcel vieja inauguración C. 1929 | Murcia, Primo de rivera

Pronto, no obstante, las prisiones fueron transferidas de las diputaciones provinciales al ministerio de Gracia y Justicia, que fue el que inició las obras. La cárcel, concebida para la rehabilitación moral de los presos, según las directrices paternalistas de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, tenía una capacidad para cuatrocientos reclusos, aunque, en los momentos álgidos de la represión franquista llegó a albergar a 3.000 personas, con un hacinamiento insoportable pese a que, en ese periodo histórico, los conventos de Las Isabelas y Las Agustinas de la capital murciana también funcionaron como prisiones.

La Cárcel Vieja, que cerró definitivamente en 1981, tuvo distintos propietarios a lo largo de su historia: ministerio de Justicia, ministerio de Cultura, ministerio de Hacienda y, finalmente, ayuntamiento de Murcia, y fueron variadas, a partir de ahí, las propuestas de uso del edificio.

En mayo de 1998 el ministerio de Hacienda pretendía ubicar allí la sede de la Agencia Tributaria, con la oposición, entre otros, del arquitecto Félix Santiuste de Pablos, que pedía la declaración de BIC para el edificio. En junio de 2000 el Ayuntamiento incluyó la prisión en el Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del PGOU, con el grado de protección 2.

Finalmente, en septiembre de 2013 se produjo la cesión por el ministerio de Hacienda al ayuntamiento de Murcia, que, a su vez, cedió a ese ministerio 8.000 metros cuadrados de parcelas situadas entre las avenidas Juan Carlos I y Juan de Borbón para instalar allí la sede de la Agencia Tributaria.

Por su parte, Rufino Garrido, que empezó recordando que, con la entrada de la IV División Navarra en la provincia arreciaron las detenciones y fusilamientos, lo que llevó a colapsar los centros penitenciarios existentes, dio a conocer el trabajo que, junto a su compañera Juana Marín, ha venido desarrollando, con la revisión de más de 12.000 expedientes depositados en el Archivo General de la Región de Murcia en los que constan la situación penal de los presos.

En concreto han localizado 550 expedientes de personas condenadas a muerte, de las cuales fueron ejecutadas 525 sentencias. Fusilamientos que tuvieron lugar en el mismo penal, junto a las tapias del cementerio de Espinardo, y en las proximidades, en el polígono de tiro. De entre esas personas condenadas a muerte figuran 17 mujeres, de las cuales fueron fusiladas 15; una de ellas, Blasa Herrero Guardiola, se salvó del pelotón de fusilamiento por su mal estado de salud.
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Rufino recordó, además, que están registradas 48 muertes dentro de la prisión provincial por enfermedad (tuberculosis) y hambre. Situación dramática a la que se sumaba un trato degradante hacia los presos y el hacinamiento en que vivían, como testimoniaron, antes de morir, don José Fuentes Yepes y don José Castaño Sandoval.

Constan los nombres de 21 funcionarios fusilados, entre ellos los alcaldes republicanos de Murcia, San Javier, Alhama de Murcia, Molina de Segura, Abarán, Calasparra, Pliego, Abanilla, Los Alcázares, Yecla y Mula. Y ello pese a que los alcaldes de Abarán, Calasparra, Mula y Murcia salvaron las imágenes de culto de sus respectivas localidades.

Especial mención merece la muchas veces recordada por algunos presos como la 'semana trágica': del 3 al 9 de abril de 1940, se registraron fusilamientos diarios en la prisión provincial de Murcia, con un total de 58 personas en esa semana. Además, ese mes de abril están documentadas 77 ejecuciones.

Estas experiencias dramáticas dentro de los muros de la prisión es lo que llevó a Pepe Sánchez, la última persona en intervenir en el coloquio, a señalar la indignación ciudadana y de la propia MHMU por la banalización que el alcalde pretendía hacer con la rehabilitación de la prisión, al idear la instalación de un gastrobar, idea que, al final, fue descartada.

Pepe señaló las distintas acciones reivindicativas que la asociación ha venido manteniendo, destacando la mesa redonda del 3 de noviembre de 2016, en el edificio Moneo, con la presencia de María Concepción Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias, ubicado en la antigua prisión, hoy rehabilitada, de Oviedo; el arquitecto Enrique de Andrés; y los historiadores Antonio Martínez Ovejero y Fuensanta Escudero, actividad a la que asistió el entonces concejal de Fomento del ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz, a a quien le pareció muy buena idea lo expuesto por María Concepción Paredes.

Pepe Sánchez recalcó en su exposición que, desde MHMU, permaneceremos 'vigilantes' para que en la segunda fase de las obras se consolide un espacio para la Memoria, pues es preciso que se respete la dignidad de quienes allí penaron. Reivindicó ese espacio con un contenido pedagógico, destinado a los centros escolares, para lo que es imprescindible la colaboración de la Universidad de Murcia, colaboración que MHMU viene manteniendo, concretamente con la cátedra de Historia Moderna y Contemporánea.

En síntesis, una tertulia muy didáctica y que las personas interesadas pueden ver en el canal de YouTube citado, escribiendo en el buscador: «Tertulia La Cárcel Vieja Espacio de Memoria».

martes, 16 de junio de 2020

DEGRADACIÓN DEL CAMPO Y TRABAJO ESCLAVO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/06/16/degradacion-campo-trabajo-esclavo/1121638.html#EnlaceComentarios

Han pasado los años, pero aún conservo frescos en la retina y en mi memoria olfativa los paisajes, colores y olores del Campo de Cartagena de mi infancia, anterior a la llegada de las aguas del Trasvase. El campesinado se afanaba en arrancar de unos terrenos salitrosos, con su incansable esfuerzo, cosechas de algodón, tomates, melones, pimientos de bola, sandías…
Paisaje adornado por el giro de las aspas de los molinos de viento, con su velamen blanco, moviendo los cangilones de la noria que extraían el agua del pozo para llenar las balsas de riego. Aquellos pozos del acuífero, muy superficial entonces, pero con un agua escasa a la espera de la larga y demandada llegada de las aguas foráneas, contribuían a mantener el apego del campesino a la tierra,
con unos cultivos que, hoy, he llegado a comprender que eran sostenibles medioambientalmente.

Evoco también aquellas salidas con mi familia al Mar Menor, esa laguna litoral única en el Mediterráneo. Tiempos difíciles en los que la economía familiar sólo permitía alguna que otra escapada para que nos diéramos un baño, a la espera de la tortilla de patatas y el conejo frito con tomate y pimiento para la comida del mediodía, que mi madre custodiaba en la fiambrera. En aquella
playa de Los Nietos aún nos era dado en aquellos tiempos disfrutar de aguas limpias en las que, a veces, detectábamos la presencia de ese simpático caballito de mar, hoy ausente.

Han pasado los años y aquel paisaje campesino y ese Mar Menor de mi
infancia han fenecido. La presión demográfica sobre las riberas de la albufera
litoral, la actividad agrícola incontrolada, la apertura de la gola del Estacio y los
desechos de metales pesados de la minería aportados por la rambla del Llano
del Beal la han llevado a su lenta agonía y, de paso, han degradado y
desnaturalizado el paisaje del Campo de Cartagena. Por eso, en la medida en
que aún resuenan en nuestros oídos los ecos de la protesta vecinal de hace unos
días por la muerte, tantas veces anunciada, de esos espacios otrora tan bien
conservados es bueno detenerse en señalar responsables.

No podemos obviar la responsabilidad directa de quienes durante 25
años han estado al frente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia
(CARM), que, sin duda alguna, se dejan llevar por la presión del lobby
empresarial agroexportador, que ha hecho del Campo de Cartagena uno de sus
territorios donde hacer buen negocio.

Miguel Ángel Esteve, profesor de Ecología de la UMU y miembro de
Ecologistas en Acción (EeA), denunciaba a este respecto que “sectores
influyentes de la sociedad murciana y especialmente sus poderes públicos
alientan desde hace tres décadas la expansión ilimitada de la actividad agraria
industrial en el Campo de Cartagena […] perturbando los ciclos locales de
nitrógeno y fósforo, contaminado los acuíferos más superficiales y generando un
proceso de eutrofización de la albufera del Mar Menor”.

Y según EeA, cuando en la Región de Murcia la falta de aplicación de la
normativa europea, por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia, en
materia de contaminación por nitratos de origen agrícola ha sido reconocida en
múltiples documentos como la causa de la degradación ambiental del Mar
Menor, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Luengo, haciendo suyas
las declaraciones de ciertos sindicatos agrícolas y grandes productores agrarios,
no tiene empacho alguno en afirmar que “el lobby ecologista ha ganado el pulso
al sector agrícola y ganadero”. Y mientras que la Unión Europea decide
aumentar las áreas naturales protegidas terrestres y marinas hasta un 30% de la
superficie, el Gobierno de la CARM modificó, hace unos días, la Ley Regional de
Medio Ambiente para permitir incrementos de un 30% de emisiones
contaminantes, sin nueva Evaluación de Impacto Medioambiental, según nos
recuerda EaA.

Muerte lenta de nuestra albufera. Degradación de nuestro paisaje agrario
litoral. Y unas víctimas invisibles: los jornaleros agrícolas del Campo de
Cartagena, que, las más de las veces, caen en las redes, hasta ahora también
invisibles, de mafias que omiten los más elementales derechos laborales y
humanos que asisten a quienes, con su sudor, extraen el producto de la tierra.
Hace unos días, LA OPINIÓN daba cuenta de una operación llevada a
cabo por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad documental
(UCRIF) de la Policía Nacional que concluyó con la detención de 19 personas en
Murcia, entre ellos los responsables y encargados de un entramado criminal
presuntamente autores de delitos contra los derechos de los trabajadores.
Yolanda Díaz, ministra de trabajo, ha sido la encargada de introducir
estas inspecciones en el campo. Y la reacción de los sectores empresariales no se
ha hecho esperar. Félix Barián, presidente de ASAJA, vino a afirmar que como
no se retiren las inspecciones “no vamos a ser pacíficos”, en clara amenaza a la
ministra por haber repartido entre los trabajadores del campo un cuestionario
sobre condiciones laborales.

Estas inspecciones, en tiempos atrás, han venido siendo inexistentes o
muy permisivas con la situación de explotación laboral en el campo. Mi amigo
marroquí que vive ya veinte años entre nosotros y conoce el Campo de
Cartagena como la palma de su mano, me dice que, en efecto, la laxitud de la
Inspección de Trabajo ha venido siendo la norma y la causa principal de lo que
sucede. Me aclara que los inspectores no han ido a visitar casi nunca
directamente a los trabajadores y que el empresario estaba avisado, casi
siempre, de esas visitas.

Muchas empresas contratan a través de una Empresa de Trabajo
Temporal, que impone unas condiciones leoninas: ausencia de contratos para
gente ‘sin papeles’; trabajos a destajo, mal pagados, superando las ocho horas
estipuladas en el convenio con ingresos diarios del trabajador que no superan,
en muchos casos, los 25 euros. Se lamenta de que la Inspección no disponga de
una sede, cerca de las explotaciones agrarias, donde tramitar las quejas.
Respecto de las condiciones de habitabilidad de las viviendas que ocupan
los jornaleros, aunque éstas no son las muy lamentables de Huelva, es cierto que
los inmigrantes del Campo de Cartagena ocupan, a veces hacinados, viviendas
en mal estado de herederos que renuncian a las mismas o directamente casas
desocupadas antiguas.

Cuando legítimamente estos días se exigen soluciones para el espacio
físico del Mar Menor y el Campo de Cartagena, no podemos obviar, pues, el
drama humano de quienes sufren para seguir contribuyendo, con su sudor, a
que el sector agrario y ganadero aporte un 6% del PIB regional.

martes, 2 de junio de 2020

COMO EN EL 36, PERO SIN MOLA NI FRANCO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/06/02/36-mola-franco/1118270.html


Durante la II República, la asimilación del Frente Popular por parte de los portavoces de las derechas como un Gobierno del caos, la tiranía y como una antesala de la revolución comunista guarda muchas similitudes con la campaña mediática y judicial que las derechas, hoy, han emprendido contra el Gobierno de coalición

España no es esto. Aquí hay diputados republicanos elegidos con votos marxistas; diputados marxistas partidarios de la dictadura del proletariado, y apóstoles del comunismo libertario; y ahí y allí hay diputados con votos de gentes pertenecientes a la pequeña burguesía y a las profesiones liberales que a estas horas están arrepentidas de haberse equivocado el 16 de febrero al dar sus votos al camino de perdición por donde os lleva a todos el Frente Popular».

Quien así se expresaba en la tribuna de oradores de las Cortes republicanas el día 16 de junio de 1936 era José Calvo Sotelo, jefe del monárquico Bloque Nacional. Él y José María Gil Robles (CEDA) no ocultaban sus simpatías por el fascismo, por lo que, junto con Falange y la ayuda financiera de las élites empresariales del país, alentaban el levantamiento del Ejército contra la II República. ¿Les suena? Eliminemos las alusiones a los apóstoles del comunismo libertario, hoy inexistente, y encontraremos muchas similitudes con la situación política actual.

Esas acciones desestabilizadoras de las derechas tenían lugar, como hoy, en un contexto de anormalidad constitucional, pues el estado de alarma declarado por Portela Valladares el 17 de febrero de 1936 fue prorrogado, mes a mes, por los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga y fue una constante hasta la tardía proclamación del estado de guerra por Negrín el 23 de enero de 1939.
La Historia no es cíclica, pero los argumentos esgrimidos entonces por las derechas volvemos a oírlos hoy, 84 años después. Durante la II República, la asimilación del Frente Popular, por parte de los portavoces de las derechas, como un Gobierno del caos, la tiranía y como una antesala de la revolución comunista guarda muchas similitudes con la campaña mediática y judicial que las derechas, hoy, han emprendido contra el Gobierno de coalición.

En la primavera de 1936, los hechos que llevaron al golpe mortal contra la República eran la crisis del orden público, los mensajes apocalípticos de los líderes políticos, los rumores insensatos y la divulgación de documentos provocadores. Hoy, como entonces, PP y Vox alientan la crispación, las subidas de tono y el enfrentamiento abierto contra el Gobierno, de lo que son muestras las recientes invectivas de Cayetana Álvarez de Toledo contra el padre de Pablo Iglesias y el alegato de Teodoro García Egea para la sublevación de la Guardia Civil.

Ejemplos hay (Chile, 1973) de que, tradicionalmente, las derechas han asumido los resultados electorales cuando éstos les son favorables y muestran su fachada más virulenta e incluso su 'comprensión' a las asonadas militares cuando la izquierda accede al Gobierno y legisla en contra de sus intereses.

Redacto estas líneas cuando el Gobierno 'comunista' acaba de aprobar el Ingreso Mínimo Vital que va a beneficiar a 850.000 familias y a casi 2,5 millones de personas en situación de pobreza. Una medida necesaria para mitigar los efectos de una pandemia cuyas consecuencias reales están aún por ver. Pero esta actuación molesta a las derechas, muy refractarias a los éxitos del Gobierno, como el indudable freno a la expansión del coronavirus, la presión ante Bruselas para elevar la cuantía de los fondos solidarios anticrisis y otras medidas sociales. Porque, poseedoras de un sentimiento patrimonialista del Estado, sienten aversión y repugnancia ante la defensa que la izquierda esgrime de los sectores populares.

La derecha extrema (PP) y la extrema derecha (Vox) han tomado una peligrosa deriva. Miserables y mezquinos, hubieran deseado la expansión sin freno del coronavirus para rentabilizar políticamente la situación. La alusión de Pablo Casado a que «no podemos volver a parar la economía, pues España debe aprender a convivir con el virus» y la judicialización de la pandemia por parte de Abascal van en esa dirección.

La judicialización de la política es un instrumento especialmente vomitivo 'inventado' por los norteamericanos a principios del siglo XXI con la denominación de 'lawfare' (guerra jurídica). Sabedoras de que pierden en las urnas y en la calle (las manifestaciones con coches hace unos días en varios puntos de España registraron una asistencia ridícula), las derechas están imponiendo ese recurso en España para derribar al Gobierno, porque en nuestro país gozan de especial salud las cloacas del Estado y sirven perfectamente a los intereses de quienes quieren subvertir el orden constitucional.

Vox ha interpuesto numerosas querellas, denuncias y recursos ante los tribunales contra el Gobierno, por su gestión de la crisis sanitaria. La última, contra la directora de la Guardia Civil y el director general de Seguridad, al hilo de la crisis desatada en Interior, con la clara intención de forzar la caída de Grande Marlaska.

Con el precedente del Informe PISA contra Pablo Iglesias, hace unos días, como es sabido, se destapó el conocido informe plagado de bulos, irregularidades y noticias distorsionadas, elaborado por la Guardia Civil de Madrid y dirigido a la titular del juzgado de instrucción número 51 de la capital, Carmen Rodríguez Medel, contra la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, Manuel Franco, por permitir la celebración de las manifestaciones del 8M, a las que PP y Vox achacan la expansión del coronavirus.

La especial aversión que han venido mostrando las derechas hacia el feminismo y la igualdad real de la mujer se ha materializado en esta denuncia, que es un claro ataque a sus derechos conquistados y viene a mostrarnos la cara más vil y la bajeza moral de aquéllas.

Y todo ello en un contexto de la complicidad de una parte del sistema judicial con estas prácticas. El pasado 23 de abril, algo insólito, el Consejo General del Poder Judicial arremetía contra el vicepresidente Iglesias por afirmar éste, en relación con un fallo del TSJ de Madrid, que en España mucha gente percibe que corruptos muy poderosos quedan impunes mientras se condena a quienes protestan por un desahucio.
Es preciso que se produzca una renovación profunda de la cúpula judicial y policial heredada del franquismo y la Transición, pues es obvio que, en estos momentos, las derechas y un sector de la judicatura y de las Fuerzas de Seguridad del Estado parecen estar en sintonía para cuestionar la legitimidad del Gobierno de izquierdas, debilitarlo y propiciar su caída.

Hoy nos aproximamos peligrosamente a la situación del 36, pero sin Mola ni Franco. Porque, quizás, pese a las advertencias de Pablo Iglesias, no hay condiciones para un golpe de Estado cruento (Europa no lo permitiría), pero sí un severo riesgo de involución democrática. Hemos de reaccionar.

martes, 19 de mayo de 2020

CATEDRAL RESTAURADA SIN SIMBOLOGÍA FASCISTA




Cuando se anuncian de nuevo posibles obras de remodelación, tras la incesante caída de cascotes de las distintas fachadas de la catedral, y para las que desde las instancias eclesiásticas se pide dinero público, es el momento de proceder al borrado de la inscripción fascista

Uno de los reclamos turísticos de más peso de nuestra Región, la iglesia-catedral de Murcia, monumento del siglo XV, está gravemente afectado por el paso del tiempo. Hace unos días, LA OPINIÓN daba cuenta de que, una vez más, una zona de la plaza de la catedral fue acordonada tras caer unos cascotes de su fachada. La situación no es nueva: los casi trescientos años de antigüedad de la piedra del bello imafronte barroco de Jaime Bort, los excrementos de las palomas sobre sus estatuas, las distintas amplitudes térmicas y la humedad que soporta la roca y, por qué no decirlo, el haber convertido la Plaza del Cardenal Belluga en lugar de celebraciones varias en las que, en ocasiones, no falta la música con altos decibelios atentan, además de la propia antigüedad de la roca, contra la salud de la misma

Tirando de hemeroteca, comprobamos que la situación no es nueva. Tras el luctuoso suceso de abril de 1995, en el que un músico callejero murió, tras varios días hospitalizado, al caerle encima un fragmento de la fachada, varios hechos similares han venido sucediéndose. Por ejemplo, en fechas más recientes, en agosto de 2018, lo que movió en noviembre de ese año a la dirección general de Bienes Culturales, dependiente de la consejería de Cultura, a iniciar un expediente de emergencia para reparaciones urgentes en la fachada, pero sin solución definitiva, hasta el punto de que en marzo de 2019 la asociación Huermur exigía, en nota de prensa, una revisión exhaustiva y pormenorizada de todas y cada una de las fachadas de la catedral.

La inseguridad del templo catedralicio sigue ahí, pese a que la legislación regional exige de los responsables del mantenimiento del templo actuaciones claras para evitarla. La Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Murcia es contundente a ese respecto. El artículo 6 de ese texto legal obliga por igual a las entidades locales (en este caso al ayuntamiento de Murcia) y a la propietaria del templo, la Iglesia católica. En relación a la restauración, el artículo 9 nos recuerda que la dirección general de Bienes Culturales es competente en la materia, aclarando que «la Administración pública podrá ordenar a los titulares de los bienes de interés cultural [€] la adopción de medidas de restauración, rehabilitación [€]» y, si el requerimiento no es atendido, la dirección general competente podrá ejercerlas subsidiariamente.

El artículo 35.4 aclara, además, de que «en el caso de inminente peligro para la seguridad de las personas [situación que hoy es evidente], el titular del bien inmueble [en este caso, la Iglesia católica], y en su defecto el Ayuntamiento correspondiente, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar daños».

Pero si hay algo, además del peligro inminente que presentan las distintas fachadas, que afea y denigra a este monumento nacional, declarado como tal en junio de 1931 por la II República y hoy catalogado como BIC, es la inscripción falangista existente en la fachada que da a la Plaza de la Cruz. Con la leyenda «José Antonio Primo de Rivera. Presente», dicha inscripción supone un atentado a los valores de paz y de concordia que teóricamente debe predicar la Iglesia católica, amén de que el mantenimiento de la misma es contrario a los principios básicos de un Estado democrático.



Esa leyenda sigue ahí, recordándonos aciagos tiempos de odio e intolerancia, alentados por un individuo, José Antonio Primo de Rivera, cuyo único mérito consistió en propugnar el enfrentamiento violento entre las españolas y españoles, ya que, en el Manifiesto fundacional de Falange, en el madrileño Teatro de la Comedia, llamaba claramente a ese enfrentamiento con su 'dialéctica de los puños y las pistolas', hecho corroborado en su clara adhesión al golpe de Estado militar contra la República.

El movimiento memorialista regional ha venido realizando vanos llamamientos a corregir esa clara anomalía democrática. Reivindicaciones que vienen de atrás. Ya en 2008, la asociación Amigos de los Caídos por la Libertad contactó con el Obispado para demandar la retirada de esa inscripción fascista, con la difusión de un comunicado en el que matizaba que el objetivo era recuperar el aspecto original de la fachada, tras la restauración del templo.

La Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM) cursó en 2017 una petición al Obispado en el mismo sentido, así como, meses después, la Asociación para la Recuperación y Defensa de la Memoria Histórica de Murcia-Tenemos Memoria (MHMU). Dichas exigencias se fundamentaban en lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica. En ese artículo se establece que las Administraciones públicas deben tomar las medidas oportunas para retirar los objetos o menciones conmemorativas de la exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura.

MHMU visitó, además, sin resultado alguno, al deán de la catedral, Juan Tudela, al que pidió que tanto el cabildo catedralicio como el Obispado, en cumplimiento de la citada ley, procedieran al borrado de dicha inscripción. Tampoco ha obtenido respuesta el escrito dirigido por esa asociación a la dirección general de Bienes Culturales, en solicitud de entrevista.

En esa línea de constante reivindicación del borrado de esa denigrante inscripción falangista, el pasado 23 de noviembre de 2019 tuvo lugar una concentración en la Plaza de la Cruz, convocada por la federación regional de asociaciones memorialistas, que fue secundada por centenares de personas. En la misma, se exhibía una pancarta con la leyenda «Obispo, quita la inscripción», exigiendo, una vez más, eliminar de la piedra el texto que exalta la figura de quien apoyara, sin fisuras, el golpe de Estado contra el Gobierno legal republicano.

Hoy, cuando se anuncian de nuevo posibles obras de remodelación, tras la incesante caída de cascotes de las distintas fachadas de la catedral, y para las que desde las instancias eclesiásticas se pide la colaboración de Fomento, según recogía hace unos días LA OPINIÓN, si a esas obras se va a destinar dinero público, es el momento de proceder al borrado de una inscripción fascista que, amén de atentar contra la memoria democrática, denigra, como decíamos arriba, el carácter monumental y turístico de un templo que es visitado anualmente por miles de personas de fuera de la Región.

Porque la Iglesia, de una vez por todas, debe ser más receptiva a los nuevos tiempos democráticos y desprenderse de la simbología fascista de sus templos y otros lugares de culto.



















































































































martes, 5 de mayo de 2020

YA NADA VA A SER IGUAL

 

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/05/05/igual/1111544.html

Quiero ser optimista. Debemos estar ya preparados/as para el 'día después'. Hemos de superar nuestro actual modo de vida y consumo, nuestra forma de ser y estar en el mundo. Esta tragedia ha de empujar a las naciones hacia un nuevo orden económico mundial


Redacto estas líneas en el Día del Trabajo. Evoco, cómo no, aquel Primero de Mayo en democracia que viví en Cartagena en 1979, tras la dictadura franquista, con el ya fallecido primer alcalde democrático, el socialista Enrique Escudero, desde la tribuna de oradores tras el final de la manifestación obrera ofreciendo el Ayuntamiento (sólo unos días antes se habían celebrado las primeras elecciones municipales desde la Segunda República) al pueblo, porque era la 'casa del pueblo'. Y siento no poder estar en la calle en esta cita anual con quienes (y esta pandemia lo ha demostrado sin duda alguna) realmente sostienen esta sociedad, los trabajadores y las trabajadoras, los autónomos y autónomas, los funcionarios y funcionarias, inmigrantes, y tanta y tanta gente de bien.

Hemos dejado atrás un triste y más lluvioso de lo normal mes de abril. El mes de la República. El abril del advenimiento de la Segunda República Española en 1931; el de la victoria de los partisanos italianos sobre el fascismo en 1945; el de la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974, con el fin de la dictadura salazarista.

Sin embargo, este abril de 2020 ha venido acompañado de densos nubarrones no sólo en lo meteorológico. Tras la eclosión en China a finales de 2019 de la crisis sanitaria del Covid-19, convertida pronto en pandemia mundial, en este mes se ha ahondado una crisis económica que excede en gravedad a la derivada del crack de Wall Street en 1929 y la de Lehman Brothers de 2008, y que está afectando fuertemente al triángulo sobre el que pivota el eje de gravedad del capitalismo mundial: China y el Sureste asiático, Europa y EE UU. Se han desfondado los precios de las materias primas, no sólo del petróleo sino también de otras como el cobre, níquel, algodón y cacao; se han ralentizado la industria y el comercio mundial; se ha incrementado el paro; las compañías aéreas operan escasamente a un 20% de su capacidad; el turismo de masas se ha paralizado. Cuando se supere en parte la pandemia que padecemos, se calcula que esta crisis podría arrastrar a más de quinientos millones de personas a la pobreza y a una huida de enormes masas de personas desesperadas desde el Sur hacia el Norte rico.

La respuesta inicial, ante esta grave crisis, de un cierto sector de las clases dominantes se parece, en parte, a la que se produjo en 2008. Recordemos que Sarkozy, a la sazón presidente de Francia, allá por septiembre de ese año, tras la crisis financiera iniciada en EE UU, lanzó su iniciativa de 'refundar el capitalismo', para reconstruir las finanzas siguiendo la estela de la Conferencia de Breton Woods al final de la II Guerra Mundial. Tal refundación no se hizo. Al contrario, se ha ahondado la diferencia entre clases, se ha producido el trasvase de rentas hacia los ricos, han aumentado las privatizaciones y se ha propiciado el debilitamiento del Estado. Hace unos días, Angela Merkel proponía, en el contexto de la segunda jornada del Diálogo de Petersberg, un congreso internacional sobre la lucha contra el calentamiento global que se celebra anualmente en Berlín, que los programas de reconstrucción tras la crisis del coronavirus se lleven a cabo siguiendo criterios medioambientales y climáticos. Veremos en qué quedan esas promesas. Aunque parece evidente que, en pleno fragor de la crisis, se alzan voces diciendo que nada volverá a ser igual.

Desgraciadamente, sin embargo, hay quienes están tentados de perseverar en que el credo neoliberal siga siendo el discurso rampante. Signos hay que lo demuestran. Pese a que parece claro que afianzar el modelo económico, político, social y cultural que ha dado soporte a esta crisis sanitaria sería tomar el camino que nos llevaría a mayores riesgos y calamidades, hay grandes potencias, como China, que están dispuestas a relajar la supervisión ambiental de sus empresas para estimular su economía. Relajación anunciada también por EE UU y que se podrían extender a otros países, pese a que la ONU destacaba el pasado mes de marzo que la crisis climática podría ser más mortal que el coronavirus.

No aprendemos. Ignacio Ramonet, reconocido periodista, politólogo y semiólogo, nos recordaba hace unos días que un manto de amnesia se extendió por todo el planeta tras la mal llamada 'gripe española' de 1918, que infectó a trescientos millones de personas y mató a más de cincuenta millones. Los 'felices años 20' exteriorizaron esa falsa euforia del periodo de entreguerras, el que alumbrara el fascismo. ¿Podríamos caer en los mismos errores?

Empero, quiero ser optimista. Pienso que, tras este serio aviso de un virus invisible, pero tan letal, la sociedad podría caminar en otra dirección. Debemos estar ya preparados/as para el 'día después'. Hemos de superar nuestro actual modo de vida y consumo, nuestra forma de ser y estar en el mundo. Esta tragedia ha de empujar a las naciones hacia un nuevo orden económico mundial. Las cosas no pueden seguir como estaban, con una gran parte de la Humanidad viviendo en un mundo tan injusto, desigual y ecocida. Como decía hace unos días Gerardo Pisarello, «a lo largo de estos meses hemos vislumbrado lo que significa salir del 'progresismo fósil' y tener ciudades más respirables, ríos menos contaminados y bosques con más diversidad. También, que somos capaces de gestos altruistas: cooperar para coser mascarillas, distribuir alimentos a personas mayores y construir respiradores en fábricas».

Tras esta crisis, creo que las sociedades de todo el mundo han de empujar en una dirección opuesta al ritmo errático e insostenible de nuestro actual modo de vida. Sin ánimo de ser exhaustivo, apunto aquí algunos de los cambios que creo que deberían darse:

1. Inversiones públicas prioritarias en Sanidad y Educación.
2. Reconversión de la industria agropecuaria, derrochadora y consumidora de recursos, hacia una actividad sostenible y orientada a satisfacer las auténticas necesidades humanas.
3. Cuestionamiento de las actuales megalópolis sustituidas por ciudades y pueblos más habitables, revalorizando el hábitat rural.
4. Potenciación del comercio de proximidad.
5. Reorientación de la investigación farmacéutica a la búsqueda de nuevos patógenos, que, con seguridad, están por venir.
6. Limitación del capital especulativo financiero y fórmulas eficaces para una redistribución de la riqueza que elimine las actuales desigualdades sociales, erradicando la pobreza con la implementación de una renta básica ciudadana.
7. Plan de ayudas públicas a autónomos y pequeña y mediana empresa, auténticos creadores de riqueza.
8. Inversión pública en nuevos nichos de empleo, ligados a las actividades medioambientales y a la atención a la dependencia.
9. Cuestionamiento del actual turismo de masas hacia lugares exóticos, sustituyéndolo por un turismo de proximidad y de la Naturaleza.
10. Potenciación de las actividades de ocio orientadas hacia el ámbito de la cultura, y limitación del consumismo ligado a las apuestas y el juego.

Otro mundo y otra sociedad son posibles. Porque ya nada va a ser igual.

martes, 21 de abril de 2020

COVID 19 Y EL NEGOCIO DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES


https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/04/21/negocio-residencias-mayores/1108430.html#EnlaceComentarios


Es difícil en estos momentos saber el número real de personas contagiadas y fallecidas en nuestro país por la crisis sanitaria del coronavirus. Escribo estas líneas cuando en el BOE se ha publicado la Orden SND /352 /2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información por las Comunidades autónomas al ministerio de Sanidad de los datos confirmados, con las pruebas de PCR y de anticuerpos, de personas fallecidas por el coronavirus.

Si hay un sector de la población especialmente afectado por esta pandemia es el del colectivo de personas mayores de 65 años, que, en virtud del envejecimiento de la población española, va a ir en aumento. El INE ya ha estimado que una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años en 2033, tendencia demográfica que, sin embargo, no viene acompañada de un aumento de inversión pública en residencias de mayores, pese a ser un servicio contemplado en la Ley de Dependencia.

Según datos del Imserso, España cuenta con un total de 372.985 plazas residenciales para este colectivo, de las que unas 271.000 son privadas. En España, por cada plaza pública, hay tres privadas. Fondos de inversión extranjeros, conocedores del aumento de esperanza de vida de la población española, están haciendo un suculento negocio ante la falta de oferta pública. Cinco primeros grupos empresariales, DomusVI, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol copan una cuarta parte del total del mercado. Parece indudable, a la vista del nicho de negocio de estos centros, que interesa más la cuenta de resultados de algunas empresas que el bienestar de nuestras personas mayores.

Las Comunidades autónomas con mayor porcentaje de oferta pública son Extremadura, Canarias, Baleares, Aragón, País Vasco y Navarra; pero, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, se registra un déficit de 70.000 plazas públicas en residencias para los nueve millones de personas mayores de 65 años. Dentro de esas estadísticas, la Región de Murcia (en adelante, CARM) figura, según datos del IMAS, en una posición intermedia, con sólo cinco centros propios (del IMAS), 47 concertados, y un centro público y concertado en residencias con plazas psicogeriátricas, es decir, en total, 54 centros. Según la asociación arriba citada, la Región tiene una carencia de más de 8.600 plazas.

El índice de cobertura de plazas públicas (calculado a partir de la oferta de esas plazas/población mayor de 65 años x 100) es en España de 4,28, que no llega a la media europea de 4,6. Con datos del Imserso, Murcia, con un 1,35%, está muy lejos de los de Castilla y León (7,77), Extremadura (5,98) y Cantabria (4,60), por poner sólo unos ejemplos.

Pero, al margen de consideraciones estadísticas, lo preocupante en relación con nuestras residencias de mayores, ahora que la pandemia nos azota, es constatar el grado de dejadez y abandono de muchas de ellas, hecho que ha instado a la Fiscalía a investigar la muerte de ancianos en 38 de esos centros, la mitad de ellos en la Comunidad de Madrid (CAM) y dos en la CARM.

Para ejemplificar el panorama de lo que podrían ser situaciones extrapolables a muchas residencias, un artículo del pasado 27 de marzo en Cuarto Poder denunciaba la situación de abandono, suciedad, escasa comida, infradotación de personal (mayoritariamente femenino) en algunas de la CAM, precisamente la Comunidad autónoma que viene registrando las peores cifras de la pandemia (con más de 5.000 muertes de ancianos) en medio de las acusaciones de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso ((¡qué cinismo, pues ella tiene todas las competencias!), y de Pablo Casado al Gobierno central de improvisación y abandono.

Hay que decir que la CAM cuenta con casi 480 residencias, pero sólo 25 son de titularidad pública. En este contexto no es de extrañar que prime la cuenta de resultados de las empresas adjudicatarias sobre la salud de las personas residentes.

En ese artículo se denunciaba que, en Arganda, el 9 de mayo de 2017, había 10 auxiliares y un enfermero para un total de 343 personas. Una señora se semiamputó la pierna con las barras de su cama, falleciendo días después. La solución de la consejería de Madrid no fue exigir más personal a la empresa concesionaria, sino comprar camas nuevas para evitar más accidentes.
Nuestro modelo residencial responde, pues, a la imagen de un sector precarizado, saturado, y privatizado. La situación de nuestra Región no es mucho mejor. En octubre de 2019, SATSE expuso que los centros públicos de la CARM disponían de una enfermera por cada cuarenta personas internas en el turno de mañana y 60 en el de tarde, denunciando que un total de 11 centros (sobre 54) eran deficitarios en médicos y auxiliares de enfermería.

Otra cuestión es la relativa a la aportación económica de las personas usuarias en los centros de titularidad pública, calculada a partir de su pensión, y que, de media, supone en el Estado el 80% (en Murcia, el 75%), con desfases sorprendentes como la aportación media de los usuarios en Extremadura (308 euros/mes) y Baleares (1.033 euros). Cabe señalar que, en los centros privados, el coste está hoy por encima de los 1.400 euros/mes, cifra que supone el 70% de la pensión media en España, y que, por tanto, excluye a la inmensa mayoría de la población femenina, potencialmente usuaria de este servicio, cuyas pensiones están por debajo de la que perciben los hombres.

Tras esta breve radiografía de la situación de nuestras residencias de mayores, hay que decir que el Gobierno, que sigue sin ofrecer datos reales de la mortalidad en ellas, admite, sin embargo, que cuando pase la pandemia habrá que revisar el modelo. En ese sentido, aporto las que creo que serían las actuaciones urgentes para la mejora de este servicio público:

1. Auditoría y convergencia (homologación) de costes de la prestación de este servicio público en toda España.
2. Revisión al alza de las plantillas, con dotación suficiente de personal sanitario y auxiliar en los centros de mayores públicos, y exigencia de igual requisito en los privados y concertados.
3. Ajustar la aportación económica de las personas usuarias de la red pública a un máximo del 70% (frente al 80% actual) de la pensión media femenina de cada comunidad autónoma.
4. Reforzar la red de plazas públicas (no con conciertos con los centros privados, como en Murcia) en los próximos años, con, al menos 70.000 nuevas plazas.
Porque las residencias de mayores deben dejar de ser un negocio.

miércoles, 8 de abril de 2020

CONTRA AL ACOSO Y DERRIBO, HAY QUE APOYAR AL GOBIERNO



https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/04/08/acoso-derribo-hay-apoyar-gobierno/1105530.html


He de reconocer que, como algún amigo lector me hizo saber, cuando en mi artículo de LA OPINIÓN de fecha 10 del mes pasado relativicé, en parte, la gravedad del coronavirus covid-19, comparándolo con la letalidad de otros virus mortíferos que asolan a la Humanidad, quizá desconocía, como el propio Gobierno en aquellos momentos, la virulencia que iba a adquirir la pandemia que en estos momentos se extiende por todo el planeta. 

            Al día de hoy, no voy a descubrir nada si digo que nos enfrentamos no sólo a una crisis sanitaria, sino también social, económica y cultural, probablemente la de mayor gravedad tras nuestra Guerra Civil, y que va a determinar indudables cambios en la percepción de nuestra existencia cotidiana y de nuestra manera de ser y estar en este planeta. La crisis económica que ya está aquí va a ahondar mucho más las diferencias sociales, el paro, la pobreza, y ralentizar la producción y el consumo, de no mediar un intervencionismo estatal que, en las circunstancias actuales, se me antoja más necesario que nunca y del que daré unas pinceladas al final del artículo.

En ese contexto, por si no la habían descubierto ya, es evidente que esta crisis sanitaria y esta situación de emergencia nacional han destapado el perfil más vil y la bajeza moral de la derecha política. (A la extrema derecha, que incluso postula un golpe de Estado, prefiero ignorarla por completo). A su propensión enfermiza a la mentira y la manipulación, de que son muestras episodios como los del Yak-42, el accidente del metro de Valencia o los graves atentados del 11-M en Atocha, se suman estos días sus virulentas y desleales invectivas contra el Gobierno. A título de ejemplo, resulta irritante su queja de la falta de camas en los hospitales de Madrid, precisamente la comunidad en la que el experimento neoliberal de privatizaciones es más que evidente y en donde la media de camas privadas hospitalarias sobre el total es del 33,3%, según datos de Sanidad (media estatal, 27,08%).

Esto no ha llegado por casualidad. Muchas de las personas que estos días jalean y festejan en los balcones de sus casas los esfuerzos del personal sanitario por atajar esta grave pandemia reforzaron en su día, con sus votos, a partidos que hicieron de la privatización su seña de identidad. Esperemos que la gravedad de esta crisis sanitaria les haga reflexionar, pues es la Sanidad Pública la que les va a salvar si caen en la enfermedad. Pero, desgraciadamente, muchas de estas personas siguen secundando el llamamiento de la derecha a boicotear y derrocar a este Gobierno. La misma gente que aquí calló cuando se rescataron bancos y cajas con dinero público, se desmantelaba la Sanidad y algunos robaban a manos llenas. 

Gente que cae de lleno en la trampa de la campaña impulsada estos días por diversas fracciones de la clase dominante del capitalismo español para, desde los medios de comunicación afines, ir minando la imagen del Gobierno, primero contra Pablo Iglesias y luego, si no se aviene a la adopción de ciertos compromisos (léase Gobierno de ‘salvación’ nacional con el PP y Cs), contra Pedro Sánchez. Porque parece evidente que cuando el capitalismo se siente amenazado, y las medidas laborales y sociales impulsadas por el Gobierno son percibidas como tal amenaza, se lleva todo por delante. Da igual que Pablo Iglesias no se acerque al marxismo ni, por supuesto, al comunismo con sus propuestas, como mucho, socialdemócratas. El objetivo está claro: hay que impulsar una campaña de acoso y derribo contra el Gobierno, arropada por la cohorte mediática conveniente. 

            A finales del mes pasado, un titular de Libertad Digital lo expresaba con claridad: “El pánico se desata: Iglesias instaura un régimen comunista”, artículo que destacaba que Pablo Casado “representa a la mayoría de españoles que no quieren una dictadura de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias” [sic].

            Un editorial de ABC, titulado “Temor entre los empresarios ante las sugerencias de nacionalización de Iglesias”, añadía: “Iglesias pretende aprovechar el caos para instaurar un régimen bolivariano y una economía estatalista, colectivizando bajo criterios del más puro comunismo”. ¡Acabáramos! ¿Se ignoraba conscientemente lo estipulado en la Constitución española?  Artículo 128.1.  Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.  Las medidas económicas y sociales impulsadas por el Gobierno ¡están en la Constitución!

            Según ese artículo es normal que, si la situación fuera mucho más grave, el Gobierno podría intervenir y/o nacionalizar sectores estratégicos como la energía, el transporte, las comunicaciones, etc. Tenemos que ir acostumbrándonos a que, tras esta crisis, nada va a ser igual. Porque, lejos de las consignas de esa derecha que difunde un ambiguo ‘Protejamos España’, pero vaciando la hucha de Hacienda al propugnar algo tan irracional como reducciones impositivas a los ricos sin pensar en los que menos tienen, en este país, como en otros de Europa, debemos tender inevitablemente a un nuevo New Deal, como el impulsado por Franklin Delano Roosevelt tras el crack de 1929, con una fuerte inyección de dinero público en sectores claves de la economía y un incremento sustancial de las partidas destinadas a la protección social. Pero para eso, al margen de los 200.000 millones de euros anunciados por el Gobierno, hacen falta medidas fiscales más decididas. Y hace falta otra mentalidad de una Unión Europea que, en las grandes crisis, como la de los refugiados, mira hacia otro lado. 

            En ese sentido, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, lamentó hace unos días su imagen de dureza con los países del Sur y anunció su disposición a la creación de un fondo (insuficiente) de 10.000 a 20.000 millones de euros (parece que ahora hablan de 35.000 millones) para ayuda de los países más afectados por la pandemia, que sería una donación, no un préstamo. Mientras, la Comisión Europea, plantea destinar hasta 100.000 millones en créditos reembolsables con el mismo fin. Cantidades, como puede comprobarse, muy alejadas de las que podrían movilizarse con una emisión de deuda mutualizada europea, y a mucha distancia de las necesidades que la pandemia va a generar en los países del Sur. 

            La situación, como ven, es muy complicada. Por eso, pese a algunos errores cometidos, es tiempo de apoyar al Ejecutivo contra la política de acoso y derribo, que, aprovechando esta grave crisis sanitaria, está realizando la derecha.