martes, 21 de marzo de 2017

LA GEOPOLÍTICA Y EL 11M


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/03/21/geopolitica-11m/815171.html


Hace unos días, la prensa destacó la unanimidad de todas las fuerzas políticas en el homenaje a las víctimas de los horribles atentados yihadistas que el 11 marzo de 2004 causaron la muerte de 193 personas de distintas nacionalidades en Madrid. La aparente unanimidad en la condena de esos horribles crímenes no esconde, sin embargo, el hecho evidente de que señalados dirigentes del PP, partido que inicialmente atribuyó interesadamente la autoría de aquéllos a ETA, no han cesado durante estos años de alentar la teoría de la conspiración para justificar esa masacre, pese a que recientemente la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha encontrado motivos para la reapertura del caso.
Y es que quienes alientan esas teorías conspiranoicas omiten interesadamente que estos atentados de marzo de 2004 tuvieron indudablemente mucho que ver con una guerra ilegal que se inició en 2003, también en marzo, con la invasión de Irak por parte de una coalición de países entre los que se encontraba España. Y de aquellos polvos, estos lodos. Es sabido que de los restos del derrotado Ejército de Saddam Hussein surgió el Daesh, el llamado Estado Islámico, que, al día de hoy, se extiende por territorios del norte de Irak y Siria. Hecho incontestable que, muy a menudo, es ignorado por quienes, no sólo en España sino en el resto del mundo, apelan a la necesidad de unificar esfuerzos para derrotar al terrorismo islamista. Otro elemento a tener en cuenta: en los países árabes, al distinto peso de las diferentes adscripciones religiosas, que es una de las causas de los conflictos y de la inseguridad de la zona, hay que añadir la responsabilidad histórica de Occidente, al diseñar unas fronteras nacionales que, más que a dotar de seguridad a la región, respondieron al juego de equilibrios de las potencias coloniales. 
Desde la caída de las Torres Gemelas en 2001, el terrorismo yihadista, que tiene como objetivo sembrar el terror y desestabilizar a Occidente, ha venido golpeando sucesivamente en Madrid, Londres, París, Bruselas, Niza... ¿Hemos extraído conclusiones del porqué de esa espiral de terror? Parece que no. Las respuestas no han hecho sino ahondar la crisis. Un ejemplo reciente. Desde que también en marzo de 2011 (como ven, marzo, hace honor al dios de la guerra que le da nombre) se inició la guerra de Siria, países como EE UU y Francia han venido ayudando política, económica y mediáticamente al Daesh, pues en estos años el gran enemigo a batir ha sido, ante todo, el presidente sirio Bashar el-Assad. También han prestado su apoyo a quienes denominan 'rebeldes moderados', vinculados a Al Qaeda, como el grupo Al Nusra, y entre los cuales, tras la caída de Alepo oriental, se detectó también curiosamente la presencia de combatientes mercenarios de países occidentales. Situaciones que resultan más sangrantes cuando sabemos, además, que un país aliado de Occidente, Qatar, el país patrocinador del Barça, apoya abiertamente a Al Nusra y otros grupos, y que otro aliado, Arabia Saudí, hace lo propio con el Daesh. 
Respecto de Turquía, país miembro de la OTAN y declarado enemigo de Siria, sabemos que alberga dentro de su territorio campamentos de Al Nusra y del Daesh y que tanto el Ejército turco como la policía de ese país franquean el paso de convoyes de armas y terroristas hacia Siria, situación que contrasta con la represión que ejerce sobre la población kurda. 
Es evidente que la geopolítica de estos años, que tiene en esa región como principal objetivo el control de los recursos petrolíferos, ha contribuido a que las potencias occidentales instauren en la región Estados fallidos (Irak, ahora Siria, como antes lo fue también Libia) con bandas criminales que se disputan el poder y el territorio impidiendo la consolidación de estados laicos. El fracaso del panarabismo socialista de Nasser, auspiciado también por las potencias occidentales, es un precedente a tener en cuenta. 
Por si ello fuera poco, la situación en ese tablero de ajedrez del mundo se complica por la aparición en escena de Rusia, cuyos intereses estratégicos chocan abiertamente con los occidentales, sin olvidar la vieja rivalidad de Irán y Arabia Saudí por la supremacía de la región del Golfo Pérsico. En el caso del conflicto sirio, el apoyo explícito de Irán, la gran potencia chií, a Bashar el Assad no sólo despierta la enemistad de Arabia Saudí, país en el que la escuela wahabí profesa un indisimulado odio a los chiíes, sino que propicia el apoyo de la monarquía alauita, antes citado, a los grupos rebeldes que actúan en Siria. 
Con estas consideraciones, la pregunta es evidente: ¿Los países occidentales contribuyen con la guerra que libran en Oriente Próximo a garantizar nuestra seguridad? Un dato para la reflexión: tras los sangrientos atentados de Madrid, el mismo Zapatero, con la posición favorable de ERC, ICV y Equo, intervino en Libia para derrocar a Gadaffi, para lo que apoyó a los insurrectos libios. Al mismo tiempo, destacados jefes de éstos estaban siendo investigados en España por su relación con aquellos horrendos atentados del 11M. 
Una vez más, la geopolítica.

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viernes, 10 de marzo de 2017

Homenaje al maestro republicano José Castaño, en su centenario

Autoridades civiles, familiares, compañeros y compañeras del colegio que lleva su nombre, alumnas y alumnos y una representación de la Asociación de la Memoria Histórica de Murcia acompañaron a este maestro vocacional ejemplar.

Diego Jiménez/Murcia.- El pasado día 9 de marzo había sido elegido por la comunidad educativa como el día de protesta, a nivel estatal, contra el deterioro e intentos de privatización de la enseñanza pública. Pero esa fecha coincidía con el cumpleaños de un maestro ejemplar, José Castaño Sandoval, que  el pasado jueves alcanzaba los cien años de edad. Ese detalle no podía pasar inadvertido al claustro de profesoras y profesores, personal de administración y servicios y alumnado del colegio que lleva su nombre en el murciano barrio de San Antón, por lo que con motivo de esa efeméride se le organizó un homenaje coincidente con el inicio de una semana de actividades culturales en el centro.


José Castaño pronunció unas palabras de agradecimiento

 El maestro José Castaño ha venido ejerciendo, tras su jubilación en 1984, su labor educativa altruista y desinteresada -sólo interrumpida, más reciente pero esporádicamente, por los achaques propios de la edad- primero en el colegio público Mariano Aroca, posteriormente en el García Alix y, a partir de 1990, en el colegio en el que se le ha homenajeado,  escenario de una jornada  muy emotiva.

Víctima de la represión franquista

José Castaño nació en Melilla el 9 de marzo de 1917, pero se trasladó a Murcia a los 14 años de edad, cursando los estudios de bachillerato y posteriormente de Magisterio por el Plan Profesional de 1931. Realizó sus primeras prácticas de maestro, el 1 de enero de 1938, en el colegio de la Plaza de la Paja del murciano barrio del Carmen, colaborando, además, desde muy joven, en la creación de las colonias escolares.

Miembro muy activo de la FUE y de las Juventudes del partido Unión Republicana, a los dos meses de empezar a trabajar hubo de marchar al frente de guerra, en la batalla de Teruel. Al concluir ésta, un Consejo de Guerra sumarísimo lo condena a 30 años de reclusión mayor por el delito de auxilio a la rebelión (fórmula utilizada por los tribunales militares franquistas) pasando, a partir de ese momento, por la prisión central de Totana y la prisión provincial de Murcia, lugar de hacinamiento calculado para unos 300 presos y presas pero que, en un momento determinado, llegó a albergar hasta 4.000 personas.

En 1941 se le concede la libertad provisional, pero su depuración del Magisterio llega hasta 1975, año en que reingresó en el Cuerpo.

Acto institucional

En los accesos al lugar del homenaje, sobre una mesa figuraban placas de reconocimiento firmadas por entidades y asociaciones, no faltando las de la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena y la de la Asociación de la Memoria Histórica de Murcia, ésta última reconociendo su aportación a la defensa de la Escuela Pública  y de los valores democráticos.

Entre el público asistente, además de profesorado del centro, alumnado, familiares, amigos y amigas se encontraba también el también centenario José Fuentes Yepes, que compartió prisión con el homenajeado. 

El acto institucional en sí comenzó con una mesa en la que, junto al homenajeado, se encontraban el alcalde de Murcia, José Ballesta; el exdirector del centro, Juan Valverde; el actual director, Juan Talaya; el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Enrique Ujaldón; el rector de la Universidad de Murcia (UMU) José Orihuela, y el decano de la Facultad de Educación, Antonio de Pro Bueno.


Firmando en el Libro de Oro de la UMU

Todas las personas de la mesa se refirieron a la importante y dilatada trayectoria de este maestro republicano, aunque fue la intervención del exdirector del colegio, Juan Valverde, la que resaltó más nítidamente sus cualidades de defensor de las ideas del republicanismo, de los derechos humanos, de la Cultura y de su dedicación a la enseñanza de que hizo gala en estos años este maestro. Contrastaba esta reflexión de Valverde con la presencia del alcalde de Murcia que en ningún momento quiso hacer referencia al pasado republicano del homenajeado y que, en su municipio, viene haciendo caso omiso a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, hecho que puede comprobarse con la dilación que sufren los trabajos de la Comisión del Callejero, del que hay que depurar no menos de ochenta denominaciones que tienen que ver con el periodo franquista.

Llamativa fue también la cita del director de Recursos Humanos, Enrique Ujaldón, a su pasado como alumno de la Escuela pública y a la puesta en valor de ésta, cuando es notorio que la política que viene aplicando la Consejería de quien depende se orienta en sentido contrario.

Por otra parte, el rector de la UMU invitó al maestro homenajeado a firmar en el Libro de Oro de esta institución docente, la tercera  firma, según dijo, tras la del actual monarca y la del joven que, recientemente, ha obtenido el número 1 en las pruebas del MIR a nivel estatal.

Reconocimiento de la Asociación de la Memoria Histórica

Pero si hemos de registrar un momento de especial emoción por parte de este maestro homenajeado fue con el reconocimiento que le tributó la Asociación de la Memoria Histórica de Murcia, detalle que, curiosamente, ha sido obviado por la prensa regional.  

Benigno Polo, maestro jubilado, en representación de esta Asociación, se dirigió tanto a éste como al alumnado que se situaba en el patio resaltando el valor de la Educación y de contar con un buen maestro como Castaño. 


Benigno Polo, en representación de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia (MHMU), le hizo entrega de una placa

Posteriormente, la entrega de un ramo de flores con los colores de la bandera republicana y de la placa antes citada precedió a otro momento que, posteriormente, hemos sabido que fue especialmente emotivo para el homenajeado: Rufino Garrido, en nombre también de la Asociación,  hizo entrega a Castaño de una copia de su expediente personal, que obra en el Archivo General de la Región de Murcia, en que constan, entre otras, las circunstancias de su juicio sumarísimo en 1939, su condena a cárcel y su puesta en libertad a los dos años de su condena.


Rufino Garrido, también en representación de MHMU, le hizo entrega de una copia de su expediente de condena a la cárcel

Otros actos del homenaje

El homenaje contó con otras actividades, como la representación de un romance y canciones alusivas a la figura de este maestro, representadas por el alumnado del centro, la actuación de la tuna de la Facultad de Educación y la plantación de un árbol en el patio del colegio, con lo que concluyó una jornada que, con seguridad, será inolvidable para este maestro ejemplar que, en muchos momentos, se mostró visiblemente emocionado.



martes, 7 de marzo de 2017

Retomar la calle

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/03/07/retomar-calle/811326.html


Cuando la política regional está siendo motivo del hazmerreír nacional, tenía que ser una declaración del vicesecretario de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, la que viniera a reforzar esa situación esperpéntica que venimos soportando. Su afirmación de que «no llegará la sangre al río» parece ratificar la suposición de que en Murcia estamos asistiendo a una representación teatral, en la que los distintos actores se aprestan a representar unos papeles predeterminados.
Veamos. A la hora de redactar estas líneas (desde hace años, mantengo la costumbre de enviar mis columnas al periódico con antelación suficiente, lo que, en muchas ocasiones, hace que pierdan la frescura y la inmediatez necesarias), y a pocas horas de la manifestación ciudadana convocada para exigir la dimisión de Pedro Antonio Sánchez (PAS) y de la comparecencia de éste ante el TSJ, tengo para mí que de esa declaración poco podemos esperar. El apoyo inequívoco al presidente murciano desde Génova, que puede deducirse de las manifestaciones arriba citadas (quizás porque PAS sabe demasiado sobre las tramas mafiosas incrustadas en el seno del PP y en la gestión gubernamental), transmite muy pocas esperanzas de que el mapa político regional pueda sufrir un significativo vuelco a corto o medio plazo. Vayamos por partes.
Podemos ha venido planteando lo que tenía que hacer: la necesidad de una moción de censura, visto el enrocamiento del presidente y su negativa a dimitir, pese a su promesa (sí, sí, ¡maldita hemeroteca!) de hace dos años de que su hipotética situación jurídica de imputado (ahora investigado) sería la línea roja que no traspasaría para seguir en el sillón de San Esteban. Pero Podemos sabía, y sabe, que una moción de censura precisa de un mínimo de diputados y diputadas y, además, del concurso del resto de actores. Y, ante ello, una dificultad añadida: a Podemos le resultaría incómodo un apoyo a un bipartito con presencia de Ciudadanos, dada su proximidad ideológica al PP, aun planteado como un Gobierno de emergencia, para dos años. Además de que, tras Vistalegre II, y dada la nueva correlación de fuerzas, la dirección estatal no vería con buenos ojos ese eventual apoyo parlamentario.
Y ahí entra en escena el segundo partido de la Asamblea, el PSRM-PSOE. ¿Cómo entender su apelación (desmarcándose de la posición de Podemos), de explorar otras vías legales para desbancar a PAS que no sean esa moción de censura? ¿Qué otras posibilidades existen? Cuando está hablando de intentar un acuerdo con Ciudadanos, ¿acaso es que el PSOE tiene claro que Podemos, esta vez sí, se vería forzado a dar al menos un apoyo parlamentario a un Gobierno bipartito de coalición? A estas horas, ¿puede haber sondeado ya esa posibilidad?
Otra dificultad añadida: ¿qué posibilidades reales existen de que el partido naranja, que ha venido dilatando (aunque lo ha disimulado muy bien) la salida del Gobierno del inquilino de San Esteban, contemple la posibilidad de entregar el Gobierno de la Región al PSOE? A la vista de la más que complaciente actitud, en el ámbito estatal, de su líder, Albert Rivera, con la política gubernamental, y del mantenimiento del acuerdo de investidura en Madrid, ¿es esto viable? Y en el ámbito regional, ¿no sería eso el suicidio político de este partido, al contribuir a reforzar, siquiera indirecta e involuntariamente, al PP ?
Resumamos. Ni a Podemos ni a Ciudadanos les interesa entregar el Gobierno al PSOE. Ante tal galimatías descrito, tengo para mí que sólo caben tres posibilidades. Una: dejar pasar el tiempo, a la espera del más que previsible archivo de la causa del Auditorio por parte del TSJ. Eso daría tiempo al PP a recomponer fuerzas, con un lavado de imagen de la figura de PAS. Dos: descartada la posibilidad de la moción de censura y de que el PP asuma el ostracismo y el relevo de PAS, que es la aparente y vehemente exigencia de Ciudadanos, ello podría llevar a unas hipotéticas elecciones anticipadas, escenario bastante improbable, pues, vista la modificación de la ley electoral regional, el PP no tendría garantizada la mayoría absoluta de la que disfruta ahora. Tres: la salida más probable: un relevo de PAS, lo que le permitiría a Ciudadanos 'salvar los muebles', debilitaría a la oposición de izquierdas y permitiría al PP ganar tiempo para regenerarse de cara a unos próximos comicios autonómicos.
Como ven, me he deslizado por la 'política-ficción', siempre tan impredecible. Lo que sí es seguro es que la sociedad murciana, tras varios años de anestesia paralizante, parece haber asumido que debe reaccionar. La manifestación del domingo día 5 (de la que, por motivos obvios, a la hora de redactar estas líneas, desconozco su repercusión, pero que intuyo que puede ser importante), puede haber marcado un hito de inflexión.
Tras varios años de reflujo de las movilizaciones, parece que la sociedad civil despierta. Si ello fuera así, sería un buen síntoma. Tras más de veinte años de mayorías absolutas del PP, la situación política regional es de tal gravedad que no basta con un relevo en San Esteban. Es preciso que el pueblo tome la calle para ser tenido en cuenta.

lunes, 6 de marzo de 2017

Seis mil personas claman en Murcia contra la corrupción y exigen la dimisión del presidente autonómico por el ‘Caso Auditorio’


Pedro Antonio Sánchez, que este lunes día 6 ha declarado como investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, al negarse a dimitir, ha abierto una crisis política por la ruptura del pacto de investidura con Ciudadanos


Diego Jiménez/ Murcia, 6-3-2017.- Unas 6.000 personas desfilaron en la mañana del domingo, día 5 de marzo, por las calles de Murcia, desde la plaza de La Glorieta, donde se ubica el Ayuntamiento, hasta el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para protestar contra los numerosos casos de corrupción que salpican la geografía regional murciana y que afectan directamente al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez (en adelante PAS).

La manifestación arranca desde la Glorieta, sede del Ayuntamiento de Murcia


La protesta, convocada y organizada por la Plataforma Ciudadana Anticorrupción de la Región Murcia, de carácter apartidista, era encabezada por una gran pancarta con la leyenda ‘Contra la corrupción, decencia’, tras la que se situaban personas representativas de la sociedad civil y activistas sociales. Tras el recorrido, las personas manifestantes se concentraron ante la sede del Gobierno regional murciano, lugar en que se dio lectura a un Manifiesto.


Ante el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional murciano.

El ‘Caso Auditorio’

El motivo inmediato de la protesta tenía relación con el llamamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, en la causa que instruye el magistrado Julián Pérez Templado, para que el presidente autonómico prestase declaración, en la mañana del lunes, 6 de marzo,  como imputado (ahora investigado)  por las obras inconclusas de un Auditorio en la localidad de Puerto Lumbreras, de la que fue alcalde entre los años 2003 y 2013, y para la que recibió una subvención pública, procedente de la Consejería de Cultura de Murcia, de 6 millones de euros.  El edificio, aunque formalmente está entregado, está sin concluir, calculándose en dos millones el coste adicional de las obras para su puesta en funcionamiento.

El proceso actual por el que el mandatario murciano está sujeto a investigación tuvo su origen en la actuación de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia, en tiempos del cesado Manuel López Bernal, tomando como base la denuncia del PSOE de Puerto Lumbreras. La Fiscalía Anticorrupción interpuso hace dos años una querella, dirigida contra PAS y otras veinte personas, al advertir irregularidades en la adjudicación de la obra así como algunas modificaciones sobre el proyecto inicial y trasladó las diligencias a la jueza de Lorca, Consuelo Andreo, que advirtió indicios para investigar a PAS  por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad en documento público.

Ante esta situación, el presidente murciano ha venido alegando que hasta su comparecencia ante el TSJ no había tenido ocasión de explicar, en sede judicial, su versión de los hechos, pues al tener la doble condición de aforado no podía ser encausado por los tribunales ordinarios.

En su declaración del pasado lunes ante el TSJ, el presidente murciano, que se ha enrocado en su posición y se niega a dimitir, sigue denunciando una persecución política por parte de los grupos de la oposición y habla de simples errores administrativos en la gestión del Auditorio pero, en ningún caso, admite responsabilidad penal.

Crisis política y ruptura del Pacto con Ciudadanos

El caso Auditorio y la negativa a presentar su dimisión por parte de PAS, pese a que hace dos años declaró que lo haría caso de ser imputado, ha abierto una crisis política sin precedentes en la Región de Murcia, y ha supuesto la ruptura del pacto de gobernabilidad entre el PP y Ciudadanos por parte de esta última formación política, que insta al PP a exigir su dimisión y a nombrar un candidato alternativo, cosa que no se acepta desde la dirección estatal de ese partido.

Ante ello, Ciudadanos, que abrirá negociaciones con el PSRM-PSOE el miércoles 8,  no descarta cualquier salida, incluso una moción de censura, cosa harto improbable aunque, con 23 diputados y diputadas, la oposición estaría en disposición de arrebatarle la presidencia al PP, que, con 22 escaños, precisa del apoyo de la formación naranja para gobernar.

Comparecencia de PAS ante los medios

Tras su declaración ante el TSJ, el presidente murciano compareció ante los medios en los salones de un hotel próximo al Palacio de Justicia. Afirmó que está satisfecho de haber podido “declarar para aclarar”, y que el dinero de la obra está en la obra, achacando su no conclusión a la crisis.

Sobre si cumplirá su palabra dada hace dos años y dimitirá, declaró que lo hará cuando esté “formalmente imputado”, algo que, afirma, es lo que está acordado con Ciudadanos, a los que pide que interprete el pacto en Murcia como lo está en clave estatal (es decir, que la exigencia de dimisión coincida con la apertura del juicio oral).  

El presidente murciano, que sólo respondió a las preguntas del instructor de la causa, de su abogado y las del Ministerio Fiscal, pero se negó a responder a las preguntas de los abogados de la oposición de izquierdas, justificó su decisión en que lo que persiguen Podemos y PSOE es calumniar, con una “estrategia política ruin”, pues, entre otras cosas, recordó que se le ha negado la comparecencia en la Comisión que investiga el asunto en la Asamblea Regional, presidida por Podemos.

Para esta última formación política, el ‘enrocamiento’ del presidente es algo que está dañando la credibilidad política del mismo y haciendo daño también a la Región. Óscar Urralburu, secretario regional de Podemos y portavoz en la Asamblea Regional, recordó que PAS entró imputado al TSJ y salió imputado, por lo que, vista la gravedad de la situación, emplaza tanto a PSOE como a Ciudadanos a mover ficha, asumiendo que la salida es una moción de censura, algo que Podemos viene reclamando desde el inicio de esta crisis.

El próximo miércoles, día 8, está prevista una reunión a dos bandas entre el PSRM-PSOE y Ciudadanos para explorar vías de salida a la situación.



martes, 21 de febrero de 2017

Es la mafia

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/02/21/mafia/807431.html

He elegido el Calar de la Santa para escapadas esporádicas huyendo del asfalto. Pero, aun en estos apartados rincones, es difícil que un urbanita como yo, transmutado, por mor de la edad y otras circunstancias, en un aprendiz de aldeano, pueda sustraerse a la realidad circundante. La noticia de la sentencia del caso Nóos la capturé en carretera, a primeras horas de la mañana del viernes. Y, supongo que como tantos y tantas españoles/as, no pude reprimir un sentimiento de estupefacción, aun teniendo claro que había que preservar intacta a toda costa la credibilidad de la institución monárquica, tras los devaneos, escarceos amorosos y algo más del anterior inquilino de la Zarzuela. Por lo mismo, era previsible que, pese a los esfuerzos del juez José Castro, la borbónica infanta quedara indemne. Me esperaba, también, que hubiera un cabeza de turco, por lo que no me ha extrañado que el socio de Urdangarin, Diego Torres, cargara con una pena mayor que la del yerno real caído en desgracia. Este episodio del caso Palma Arena, que ha obviado la responsabilidad de los encausados y encausadas de la Comunidad Valenciana, es uno más de los procedimientos judiciales que, pese a que desde la derecha cavernícola y algunos medios de comunicación se empeñen en decirnos que demuestran que la Justicia es igual para todos y todas, me suena a una total tomadura de pelo. No hay proporcionalidad alguna entre la gravedad de los delitos que se les imputan a los acusados con las pena impuestas. Como también me suena a tomadura de pelo la inocencia de la infanta.

Desde que se conoció la sentencia, se nos viene machacando insistentemente con la independencia del poder judicial. ¿Cómo creer en ésta cuando el fiscal de la infanta se constituye en el primer defensor de la misma? ¿Cómo asimilar el hecho de que se envíe a prisión a unos titiriteros o a unos sindicalistas por unos supuestos delitos menores y se esté hablando de recurrir la ridícula sentencia del exduque de Palma para evitar que dé con sus huesos en la cárcel?

Me siento asqueado por tantos y tantos casos de corrupción. Me entristece la complacencia con la misma de una parte del electorado que mira hacia otro lado y sigue otorgando su confianza al partido que nos gobierna, el mismo que alberga a un grupo de delincuentes organizado para disfrutar de las prebendas del poder. Me repugna la manipulación mediática tendente a convencernos de que hay crisis, cuando lo cierto es que ésta no ha sido sino una estratagema destinada a realizar un trasvase de rentas de las capas sociales más débiles hacia los más poderosos. Me rebelo ante el coste del rescate bancario, producto de la irresponsabilidad de sus gestores, y que ello conlleve los drásticos recortes sociales en la Dependencia, las pensiones, la Sanidad, la Educación...como que se estén entregando a empresas privadas estos dos últimos servicios esenciales para la ciudadanía.

La corrupción ha anidado y echado raíces en este país porque, al margen de la responsabilidad directa personal o grupal, hay causas que han contribuido a ello: las leyes del Suelo; la Ley de Contratos del Estado, manifiestamente mejorable; la dificultad del acceso de la población a la información y participación en los asuntos públicos; algunos partidos políticos convertidos en estructuras estancas, impermeables en muchos casos a los auténticos problemas de la ciudadanía... El resultado: la consolidación de una casta que se cree que el ejercicio del poder es un bien patrimonial del que no tiene que rendir cuentas.

Para que la impunidad haya podido campar a sus anchas, era necesario, además, neutralizar todo atisbo de contestación social. De ahí la Ley Mordaza; de ahí el empeño en desautorizar a opciones políticas alternativas (Unidos Podemos); de ahí, por último, que fuera necesario el control del poder judicial.

¿Vivimos realmente en un Estado de Derecho, en una democracia? Porque, aterrizando en nuestra Región, ¿qué podemos pensar del doble asalto que se ha registrado al domicilio del Fiscal Anticorrupción? ¿Por qué se tardó tanto en conocer el segundo? ¿Es razonable pensar que los mismos que han hecho del ejercicio del poder un bien patrimonial, una vez amenazados sus privilegios se apresten a lanzar señales de advertencia? Como si de una actuación premonitoria se tratara, el asunto PAS, que como decía Ángel Montiel en este periódico hace unos días, es ya el 'Caso Fiscalía', es la constatación palmaria, pese a los desmentidos (¿qué van a decir?) del Gobierno, de una evidente presión de la Fiscalía General del Estado sobre la actuación de jueces y fiscales.


Para terminar, una recomendación. Les sugiero, si no lo han hecho ya, la lectura de la novela Crematorio, de Rafael Chirbes, tristemente fallecido, libro editado por Anagrama. El autor nos ofrece un panorama terrible: la corrupción como savia que recorre todo el cuerpo de una sociedad en la que la destrucción del paisaje adquiere valor de símbolo.  Es la mafia en estado puro. Busquen los parecidos con la realidad.

martes, 7 de febrero de 2017

Las eléctricas, un caballo desbocado

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/02/07/caballo-desbocado/803828.html

Ha tenido que producirse un hecho desgraciado (la muerte de una anciana en Cataluña por culpa de la pobreza energética) para que el incesante aumento del coste del recibo de la luz (y sus consecuencias sobre los sectores sociales más vulnerables) sea objeto de debate y alarma social, sobre todo al conocerse que el precio de este recurso básico es el cuarto más caro de entre los países de la UE.
Para empezar, nos resultaron ofensivas las explicaciones del ministro del ramo, Álvaro Nadal, que achacó estas escandalosas subidas, como hiciera Felipe II, a los elementos (meteorológicos, claro). Decía el ministro que el precio se dispara porque ha hecho mucho frío, y consecuentemente ha aumentado la demanda; porque no ha llovido lo suficiente en muchas zonas de España; porque el petróleo es más caro, y porque Francia, que ostenta el récord europeo de instalaciones nucleares, tiene muchas de ellas ´pasando la ITV´...
Pero Álvaro Nadal omite muchas cosas. No nos dice, por ejemplo, que sólo algo más de un tercio de nuestro recibo de la luz responde al consumo real y que hay una parte regulada, pero también otra liberalizada. La regulada incluye los impuestos, el coste del transporte de la electricidad, la compensación a zonas como Ceuta y Melilla, las renovables€ Pero la madre del cordero, que escapa a cualquier control, es la que está liberalizada, y se determina, según nos explica en un buen artículo Juan Carlos Escudier, mediante una subasta que antes era trimestral y ahora diaria. El mecanismo es el siguiente: las empresas generadoras ofertan la cantidad de megawatios (MW) que están dispuestas a poner en circulación. Al tratarse de una oferta y demanda, si esta ley funcionase con normalidad, de haber condiciones meteorológicas favorables y, al propio tiempo, baja demanda, el precio de la luz debería bajar. Pero no ocurre así. En la subasta, se ordenan de menor a mayor coste las empresas ofertantes. A coste cero, la energía procedente de instalaciones que se supone que ya están amortizadas, esto es, la energía nuclear y las renovables, seguidas de las centrales hidráulicas, las de gas de ciclo combinado y, por último, las térmicas de carbón, las más costosas. Y aquí viene la trampa: el precio final que se fija corresponde al de la energía más cara en entrar en el sistema.
Además, sería lógico pensar que, en esos momentos de baja demanda, sería suficiente con usar la energía de las nucleares y la renovables. Pero no ocurre así. Nos habrá sorprendido, al viajar por zonas con aerogeneradores que, en días de fuerte viento, la mitad del parque está fuera de funcionamiento. Como también sabemos que las nucleares, a veces, no operan a pleno rendimiento. La explicación es que las eléctricas se las arreglan para ofertar siempre por debajo de la demanda real, para tirar del consumo con las centrales térmicas o las de gas, algo más caras. La última reforma del ministro Soria, que penalizó las renovables, ha supuesto por ello, amén de un atraco a nuestros bolsillos, un notable incremento de las emisiones de CO2 a la atmósfera, que se cifra hoy en unos 77,4 millones de toneladas.
Otro camelo derivado de las supuestas ventajas del mercado libre es que se nos oculta que el llamado déficit tarifario, que se esgrime como justificación de la subida del recibo, no es sino producto de una irresponsable política de inversiones por parte de las compañías eléctricas, que llevó a aumentar, sin necesidad, la potencia instalada en España. Según Rodrigo Irurzún, de Ecologistas en Acción, en 2012 eran 106.295 MW, cifra que ha ido incrementándose hasta hoy: un informe de Red Eléctrica de España (REE) cifra en 107.481 MW la potencia instalada en 2015. Y lo que tampoco se nos dice es que gran parte de la producción va a los hogares franceses y alemanes, a los que vendemos electricidad más barata que la que consumimos aquí.
La liberalización del mercado eléctrico está diseñada para engordar las cuentas de resultados de las eléctricas a costa del bolsillo de las familias y pequeños consumidores, que pagan más cara la electricidad que las grandes empresas. Unos 56.000 millones de euros son los beneficios declarados desde 2008 hasta hoy por parte del oligopolio de cinco grandes empresas que son las que parten el bacalao. 
Ante tanta indefensión por parte de la ciudadanía, la solución está en nuestra Constitución: la nacionalización del sector eléctrico. El artículo 128 estipula que toda la riqueza del país está subordinada al interés general y que mediante una ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas. Pero no se hace.
¿Recuerdan lo de las puertas giratorias? Gas Natural, por ejemplo, premió la privatización que le regaló el expresidente Aznar incluyéndolo en nómina con una nada desdeñable cifra de 200.000 euros. Otros políticos premiados, de todos los colores: Felipe González, Ángel Acebes, Ángeles Amador, Josep Borrell, Marcelino Oreja-hijo€ hasta totalizar cincuenta. ¿Entienden por qué las eléctricas son como ese caballo desbocado al que nadie osa acercarse para ponerle una brida?

martes, 24 de enero de 2017

El franquismo sobrevive

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/01/24/franquismo-sobrevive/800221.html

En estos más de cuarenta años transcurridos desde la muerte del dictador Franco, parece innegable que, a la luz de ciertos comportamientos y actitudes, hay un franquismo sociológico incrustado en una parte significativa del pueblo español que no ha logrado soltar del todo las amarras que le ataban a ese aciago periodo de nuestra Historia más reciente. Franquismo sociológico al que hay que añadir el que, sin duda alguna, perdura en algunos partidos e instituciones del Estado. Por ejemplo en el PP. El hecho de la inexistencia en España de una formación política que sea la nítida expresión de la extrema derecha hace posible que personas identificadas con esa ideología hallen cobijo en las filas del partido del Gobierno. Unos cuantos hechos.
El pasado mes de diciembre, por la prensa conocimos el homenaje tributado por la Fundación Francisco Franco a tres cargos del PP por honrar la memoria del caudillo, con la concesión de los diplomas de Caballero y Dama de Honor. Los ´méritos´ de Antonio Pozo, alcalde popular de Guadiana del Caudillo, y de Ana Rivelles, alcaldesa de la localidad toledana de Alberche del Caudillo, fueron, como cabe suponer por la denominación de sus respectivas localidades, el negarse a suprimir, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, el nombre del dictador.
Otro homenajeado, Juan Antonio Morales, diputado de la Asamblea de Extremadura, se unió a las personas anteriores. Una y otros coincidieron en defender su supuesta ´verdad histórica´ relativa al dictador, y afirmaron que la Historia del franquismo ha sido tergiversada en los manuales escolares. El asunto tiene su enjundia. Una broma sobre Carrero Blanco de la tuitera murciana Cassandra lo entiende la Fiscalía como enaltecimiento del terrorismo. Entonces, ¿me quieren explicar qué denominación le damos al hecho de ensalzar la figura de un dictador sanguinario, donde los haya? Si hay franquistas camuflados en el seno del PP (que, dicho sea de paso, se ha venido negando a condenar el franquismo y que ahora niega que el Valle de los Caídos sea un memorial para la exaltación de la memoria del dictador), a lo mejor es que estamos siendo gobernados por un partido que sólo formalmente abraza ciertas posiciones democráticas. Y digo formalmente con toda rotundidad. ¿Recuerdan a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, defender hace un año la figura de Millán Astray, al que consideró benefactor? Sí, el mismo que interrumpiera el discurso de Unamuno en la Universidad de Salamanca al grito de ¡Muera la Inteligencia, viva la Muerte! y que capitaneaba una Legión que masacró a sangre y fuego la revolución de Asturias de octubre de 1934 y posteriormente se alineó gustosamente con los generales golpistas del 36.
En otro orden de cosas, cuando arriba citaba que el franquismo aún seguía también incrustado en el seno de las instituciones, me refería, por ejemplo a la Audiencia Nacional. A estas alturas, con una democracia que está haciendo aguas (La Ley Mordaza y el reciente caso Cassandra son algunos de los ejemplos más nítidos), coincidirán conmigo en que las actuaciones y resoluciones de este alto Tribunal nos retrotraen a etapas anteriores que creíamos superadas. Unos ejemplos.
La Audiencia Nacional se negó a extraditar a Argentina, en la causa contra el franquismo que instruye la jueza María Servini, al exinspector de policía Juan Antonio González Pacheco, ´Billy el Niño´, al considerar que los trece delitos de torturas que se le atribuyen no pueden considerarse de lesa humanidad. De haber sido reconocidos como delitos de genocidio, no hubieran prescrito, pero, al ser ´sólo´ torturas, el plazo ya se ha cumplido, pues se cometieron entre 1971 y 1975. También se rechazó la extradición del exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, por el mismo motivo. Y recientemente, hemos conocido que un militar argentino, responsable de torturas en la dictadura militar de aquel país, campa a sus anchas por España. El excoronel Rodolfo Wagner, reclamado por 48 delitos por el Juzgado Federal de Mendoza, fue detenido por la Policía española e ingresó el 9 de marzo del pasado año en los calabozos de la Comisaría General de Información, en Canillas, pero fue puesto inmediatamente en libertad por orden de la Audiencia Nacional, al considerar que dichos delitos habían prescrito.
La Audiencia Nacional es una ´tachuela´ incrustada en el seno de un Estado formalmente democrático. Recordemos que se creó por Decreto Ley el 4 de enero de 1977, el mismo día en que fue disuelto el Tribunal de Orden Público (TOP) franquista, con unas funciones similares. Recordemos que, a su vez, el TOP vino a sustituir la labor desempeñada por los tribunales militares y asumió la totalidad de las actuaciones propias del Tribunal Especial de la Masonería y el Comunismo. Y recordemos también que, según el articulista Enrique Roldán, hasta 16 jueces del TOP (esto es, el 62,5% del total) fueron magistrados en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo durante la democracia y mantuvieron la Cruz de Raimundo de Peñafort, una medalla al mérito jurídico instituida en 1944.
En resumen: franquismo sociológico, franquismo institucional y tics al menos autoritarios (por calificarlos eufemísticamente) en dirigentes del PP. El franquismo sobrevive.

martes, 10 de enero de 2017

RETROSPECTIVA DE 2016

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/01/10/retrospectiva/796611.html

Cuando estas líneas vean la luz, se cumplirán nada menos que diecisiete años de mi colaboración estable con LA OPINIÓN al que, cada vez más, considero mi propia casa. Diecisiete años en que, con algún parón veraniego, me he asomado quincenalmente, desde mi picoesquina, a algunos de los temas que nos marca la actualidad. Procurando, eso sí, enfocar mis análisis con rigor y apego a fuentes documentales para dotarlos de credibilidad. Y como es bueno, a veces, detenerse para echar una mirada atrás, me he propuesto en esta primera columna quincenal de 2017 relatar sintéticamente el contenido de algunos de los artículos del pasado año.
El tema del laicismo lo abordé en sendos escritos de marzo y diciembre pasados, citando, respectivamente, la moción de Cambiemos Murcia, que no prosperó en el Pleno municipal, y la mesa redonda organizada en el Moneo por Europa Laica-Región de Murcia, en la que se puso en evidencia, entre otras cuestiones, el peso excesivo que aún mantiene la confesionalidad católica en un país que, formalmente, según el artículo 16 de nuestra Carta Magna, es aconfesional.
La denuncia social y política tuvo cabida en artículos como Titiritero, profesión de riesgo, El presidente desprecia a Moratalla (con alusión a una visita de PAS a esa localidad en la que no se avino a reunirse con la alcaldesa del municipio) y Europa resquebrajada, una reflexión sobre el drama de la inmigración y la ruptura del proyecto europeísta que alumbraran personalidades de la talla de Adenauer, Winston Churchill, Alcide de Gasperi€ entre otros.

La Cultura no podía estar ausente. Y así, en mi artículo Ruta Argárica, del pasado mes de febrero, di cuenta de la visita que, acompañado de un nutrido grupo de personas, giré al yacimiento de La Bastida en Totana, citando el loable trabajo de recuperación de los restos de la que llegó a la ser la capital de un extenso territorio, y que conocemos gracias a profesores de la Autónoma de Barcelona como Rafael Micó y Robert Risch y la murciana Eva Celdrán. Por su parte, artículos como Marcos Ana, el poeta recientemente fallecido que fue el preso político que más tiempo pasó en las cárceles franquistas, y La trompeta de Isidro, una reseña del libro de Isabel María Abellán sobre el campo de concentración de Albatera, tienen, junto al indudable tinte cultural, una innegable dosis de reivindicación de la necesidad de preservar la Memoria Histórica.
Memoria Histórica que traté expresamente en los artículos Cárcel Vieja, ante todo, espacio de la Memoria, sobre la prevista rehabilitación de la antigua Prisión Provincial, y Abriendo brechas, de octubre y noviembre, respectivamente, del pasado año.
En Banqueros sin alma y en Incumplimientos, de los pasados septiembre y diciembre, expuse con nitidez cómo se conculcan el derecho constitucional a la vivienda así como la Ley 10/2016, reforma de la Ley 6/2015, ambas de ámbito regional, lo que se traduce en los desahucios sin fin y en el afloramiento de uno de los aspectos más lacerantes de la pobreza: no poder hacer frente al pago de suministros básicos como el agua y la electricidad.
El análisis de la actualidad política quedó reflejado en los artículos La pelota en el tejado del PSOE, de primeros de enero de 2016, en el que analizaba el escenario que se abría tras las elecciones del 20D de 2015, y en Por una izquierda rupturista, de finales de ese mismo mes, artículos en los que intuía hechos como los obstáculos que los barones territoriales del PSOE iban a oponer a Pedro Sánchez en sus pretensiones de formar un Gobierno de progreso; la dificultad añadida de un eventual pacto de las formaciones de izquierda tendente a ello; la posible repetición electoral, por las dificultades aritméticas y políticas citadas, y la previsible conformación de un tripartito, hoy consolidado, entre PP, PSOE, y Ciudadanos, el que ha venido denominándose la Gran Coalición. Por otro lado, en A la calle que ya es hora, del pasado mes de julio, a la luz del análisis de la jornada electoral del 26J, y en vista de que no quedaron colmadas las expectativas electorales de la coalición Unidos Podemos, propugnaba la necesidad de recuperar, junto al trabajo institucional, la presencia en la calle.

Pero si hay una artículo que tuvo una notable repercusión, según la página web de LA OPINIÓN, fue Las pensiones: son viables, del pasado octubre, artículo en el que traté de desmontar la falacia de la insostenibilidad del sistema público de pensiones apoyándome en datos de Eurostat y en la voz de personas expertas como Héctor Illueca, quien, en su conferencia en Murcia, afirmó que el mayor ataque a las pensiones no es el componente poblacional de la sociedad española, sino las políticas neoliberales impulsadas por los Gobiernos del PSOE y del PP.
Empezamos un Año Nuevo. Como en los diecisiete años anteriores, seguiré en la brecha, aportando mi modesta reflexión a cuantos temas la merezcan. Siempre que, claro, siga disfrutando de la confianza de todas y todos ustedes, amables lectoras y lectores.

martes, 27 de diciembre de 2016

Pobreza energética: incumplimientos

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/12/27/incumplimientos/793410.html

Sin pretender caer en los tópicos al uso sobre las festividades navideñas, es cierto que en estas fechas somos más proclives a que aflore nuestro lado más humano y sensible. Por eso quiero dedicar mi última columna del año a reflexionar sobre un hecho preocupante: en estos días de consumismo compulsivo hemos de recordar que hay personas que, atrapadas en las redes de la pobreza, no pueden acceder ni siquiera a bienes básicos de primera necesidad. Por poner sólo unos datos introductorios, el Índice de Desarrollo Humano de 2014, que mide aspectos como disfrutar una vida larga y saludable, el acceso a la Educación y un nivel de renta digno, sitúa a la Región de Murcia, con un 0,868, en antepenúltimo lugar de todas las autonomías, sólo por delante de Andalucía y Extremadura. Por otro lado, la Encuesta de las Condiciones de Vida (ECV) de 2015, del Instituto Nacional de Estadística, no nos deja mejor parados: un 15,7% de la población declara retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, recibos de gas€); un 48,9% no puede afrontar gastos imprevistos; un 56% no puede ir de vacaciones una semana al año, y un 19,5% declara no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Precisamente, y porque hace unos días se registró en Murcia una manifestación alertando sobre el alarmante crecimiento de la pobreza energética, quiero centrarme en ella. La presión social, como siempre, condujo a que se legislara sobre este aspecto en nuestra Región. La propia Ley 10/2016 reconoce en su Preámbulo que se ha registrado un preocupante incremento de la pobreza energética por causas como la devaluación de las condiciones de vida, la escasa eficiencia energética de los edificios y el aumento del precio de los suministros.
Concretamente, la subida del coste de la electricidad en estos últimos seis años ha sido de un 70% (el doble que en la UE) y la del gas natural, un 35%. Por otro lado, los desahucios hídricos por impagos aumentan cada año, al encarecerse el suministro precisamente por la privatización del servicio.
En contraste con estas situación, las tres grandes empresas del sector eléctrico, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, obtuvieron 56.624 millones de euros de beneficios desde el comienzo de la crisis, favorecidas, sin duda, por la nefasta reforma del ministro Soria, que, para abordar el déficit tarifario, no sólo incrementó los costes para las personas usuarias sino que frenó en seco el desarrollo de las energías renovables.
La pobreza energética en España atenta contra las recomendaciones de instancias internacionales, como lo estipulado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, suscrito por España, y supone un flagrante incumplimiento de nuestra Constitución. El artículo 47 de nuestra Carta Magna estipula que toda persona tiene derecho a una vivienda digna, mientras que el 128 nos recuerda que «toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad, está subordinada el interés general» (motivo por el que no se entiende que, con este panorama, la nacionalización del sector eléctrico no esté en la agenda política).
En este contexto, Ley 10/2016 establece en uno de sus artículos la necesidad de «garantizar que el conjunto medidas vinculadas con la provisión de viviendas destinadas a políticas sociales se configure como un servicio de interés general para asegurar una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos». Más adelante, se estipula que «las Administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial» y, como principio de precaución, aclara que «la consejería del Gobierno Regional con competencia en materia de vivienda elaborará un protocolo obligado de comunicación a los servicios sociales y de intervención de estos servicios previamente a la concesión de las ayudas necesarias para evitar los cortes de suministro, en los casos de impago por falta de recursos económicos de las familias afectadas», añadiendo, además, que «las Administraciones promoverán los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua potable, de gas y de electricidad para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial».
Estas situaciones de pobreza energética y cómo atajarlas están previstas por el legislador. El problema es que, al día de hoy, Navidad de 2016, y tras seis meses de su promulgación, la Ley 10/2016 no se cumple.

Esperando que en el 2017 se superen estas lacerantes situaciones, les deseo unas felices fiestas.

martes, 13 de diciembre de 2016

EL LAICISMO PENDIENTE

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/12/13/laicismo-pendiente/790105.html

Cuando, con ocasión del 38 aniversario del referéndum constitucional, se ha empezado a hablar estos días de la posibilidad de que se abra el debate sobre la reforma de la Carta Magna de 1978, parece el momento de abordar con claridad, en una hipotética modificación de aquélla, un asunto que no parece estar en la agenda prioritaria de las formaciones políticas, quizás porque la situación de emergencia social del país motiva que se dé prioridad a otros temas: me estoy refiriendo a la no ruptura de ataduras del Estado respecto de una confesión, la católica, que, aun mayoritaria, dista mucho de ser representativa de la sociedad española del siglo XXI.
No se entiende que cuando el artículo 16.1 de la Constitución establece nítidamente que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», lo católico impregne los actos de las instituciones del Estado: desde la ostentación pública de fe por parte de la familia real, pasando por el juramento del cargo, ante una Biblia y con un crucifijo, por parte de algunos ministros, y terminando por la celebración de funerales de Estado con el rito católico, obviando el carácter civil que debieran tener esas ceremonias. Y ello es así porque hay una línea de continuidad desde el siglo XIX. Veamos.
La mayoría de leyes fundamentales de España han sido confesionales con religión de Estado católica. Comenzando por el Estatuto de Bayona de 1808 y continuando por los textos constitucionales de 1812, 1837, 1845, 1876 la nonnata de 1856 y los textos fundamentales de la dictadura franquista. Durante todos estos años, además, el poder la de la Iglesia católica quedó reforzado con concesiones y prebendas tales como la supervisión de la enseñanza o la presencia en ella en los Concordatos de 1851,1953 y 1979, la dotación del impuesto de culto y clero, que con distintas denominaciones se mantiene en la actualidad, y la actual exención tributaria de la que también disfruta la Iglesia.
Pocos fueron los momentos históricos de ruptura con esa confesionalidad católica. Tras la Revolución La Gloriosa, que acabó con el destierro de Isabel II, la Constitución de 1869 estipulaba claramente la libertad de cultos (si bien es cierto que el Estado se obligaba al sostenimiento de la Iglesia católica). Con el advenimiento de la I República, la Constitución nonnata de 1873 hacía una clara definición de laicidad del Estado. Pero hubo que esperar a la proclamación de la II República para que la separación Iglesia-Estado fuera más nítida, con una clara vocación de respeto a la libertad de conciencia.
Tengo claro que para que podamos considerar que España ha entrado de lleno en la modernidad y la democracia, además de actuaciones inaplazables (consolidar plenamente los derechos y libertades de la ciudadanía, hoy cuestionados. la regeneración política, con una democracia más participativa, y la erradicación de la lacra de la corrupción, entre otras medidas), se impone la necesidad de consolidar un laicismo siempre pendiente. Por eso es bueno abrir el debate social en este sentido. Y por eso son necesarios actos como el que el pasado noviembre organizó Europa Laica-Región de Murcia en el Moneo. 
Las personas intervinientes abordaron las múltiples facetas del hecho del laiciAntonio Campillo, decano de la Facultad de Filosofía, rastreó los orígenes de la ruptura del vínculo del Estado con la religión, que situó en acontecimientos como la Paz de Westfalia (1648), la Revolución Francesa y, a partir de mediados del siglo XIX, con la asunción por el Estado de parcelas antes reservadas a la Iglesia, como la Sanidad y la Educación. Además, Campillo nos recordó que en España el proceso de secularización ha sido muy traumático. Esther Herguedas, responsable de Educación de IURM, denunció el enorme peso de la Religión en los currículos escolares, consolidado por la LOMCE, y la anomalía que supone la existencia de un 32,7% de centros concertados en España, cuando en Finlandia éstos suponen sólo el 2%; el profesor Antonio Moreno habló del maridaje que aún existe entre la España del cuartel y la sacristía y propugnó una revisión amplia del texto constitucional de 1978 en un sentido realmente laico, mientras que Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, que afirmó que la larga sombra de Tarancón ha llegado hasta hoy, nos puso al corriente de toda una batería de iniciativas legislativas de su asociación, dirigidas al Parlamento, que incluye, entre otras, la denuncia del Concordato de 1979, una Ley de Libertad de Conciencia (que supere la Ley de Libertad Religiosa de 1980) y la necesidad de eliminar la exención tributaria de la Iglesia.