domingo, 14 de julio de 2019

TRÁFICO RODADO Y CALIDAD DEL AIRE

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/07/09/trafico-rodado-calidad-aire/1036608.html


Una de las primeras medidas de José Luis Martínez-Almeida, el nuevo alcalde de Madrid, ha supuesto dejar sin efecto el plan Madrid Centro puesto en marcha por el equipo de gobierno de la exalcaldesa Manuela Carmena para reducir los preocupantes niveles de contaminación atmosférica del aire en la capital, provocados, principalmente, por el tráfico rodado. La ideología neoliberal de las derechas, obsesionadas en articular sus decisiones políticas en torno al máximo de libertad individual (según para qué cosas), está detrás de esta absurda medida.

Es sabido que la contaminación del aire que respiramos en las ciudades es hoy una de las principales causas del agravamiento de enfermedades crónicas y del incremento de la mortalidad en capas sensibles de la población. Por ello, el aumento de la concienciación ciudadana y la constatación general de que el actual modelo de desarrollo urbano, también en lo referido al tráfico motorizado, es insostenible están, sin duda, detrás del Informe sobre Ciudades (del Programa Cambio Global España 2020/50), presentado a finales de 2009 y que propugna un proceso de diálogo entre todas las partes implicadas sobre la posibilidad de un pacto de las ciudades españolas ante el cambio global.

En lo referido a la movilidad, el informe proponía la apuesta a fondo por nuevos criterios de reordenación urbana y por otros modos de transporte, incluida la limitación del uso del vehículo particular y la progresiva electrificación de los servicios motorizados, con lo que se lograría reconducir los actuales patrones de insostenibilidad (contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero, ruido, ocupación de suelo, etc.). La adopción de medidas de control del tráfico urbano, promoción del transporte público e incorporación de vehículos híbridos y eléctricos en las ciudades, unido a la generalización del uso de las energías renovables en edificios, la correcta planificación de las áreas industriales y una mayor concienciación entre la población, permitirían alcanzar en 2020 (visión muy optimista, como podremos comprobar) los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de concentraciones de dióxido de nitrógeno y partículas, para garantizar que la calidad del aire en las grandes ciudades no implique un riesgo para la salud de las personas.

Las previsiones de ese informe quedan evidenciadas por la tozuda realidad. El pasado mes de mayo, LA OPINIÓN recogía la presentación, por parte de Ecologistas en Acción, a la vista de la inacción institucional en un tema tan preocupante para la salud general de la ciudadanía, de una serie de propuestas sobre contaminación atmosférica en la Región de Murcia durante la reunión de la comisión de seguimiento del Plan de Mejora de la Calidad del Aire 2016-2018. Con la constatación de que no se habían alcanzado los resultados deseados respecto a los niveles de ozono registrados, se proponía la necesidad de elaborar e implantar un Plan de Mejora de los niveles específicos de ozono en nuestra Comunidad autónoma. Recordemos que la fuente principal del ozono (O3) troposférico es, precisamente, el tráfico motorizado y que el calor del estío favorece su incremento.

Para la organización ecologista, dicho plan debe contemplar como objetivo de calidad el valor diario planteado por la OMS, que redujo el límite de 120 microgramos/metro cúbico a 100, arbitrando, además, medidas concretas para la reducción de los contaminantes precursores de ozono, especialmente los compuestos orgánicos volátiles (COVs) y los óxidos de nitrógeno (NOx) a partir de las principales fuentes: la actividad industrial de Cartagena-Valle de Escombreras y el tráfico rodado de Murcia-ciudad y grandes vías de comunicación. Así mismo, demandan que la información pública sobre los valores de ozono sea en tiempo real y no, como hasta ahora, varios días después.

Ecologistas en Acción denunciaba, a su vez, que en Cartagena sólo se medían las partículas PM2,5 (las más peligrosas para la salud pues, por su tamaño, pueden penetrar en los alveolos pulmonares desde los que pasan al flujo sanguíneo) en la estación de Mompeán. Esta organización ambiental planteaba una mayor coordinación entre Administraciones para evitar que se produzcan superaciones de partículas PM10, producidas por el tráfico rodado, las actividades industriales y las quemas agrícolas, ante las que habría que activar el protocolo anticontaminación y adoptar medidas preventivas. Se necesita también, recuerdan, una información pública en tiempo real sobre otros contaminantes como los metales pesados, el benzopireno, etc. Respecto al municipio de Murcia y su extensa área metropolitana, que, recordemos, acoge a casi la mitad de la población regional, Ecologistas proponía también una mejora de la red de vigilancia y el necesario control del tráfico rodado en el municipio.

Volviendo al principio de este artículo, el esfuerzo realizado por Manuela Carmena en el ayuntamiento de Madrid contrasta con la inacción del señor Ballesta, alcalde de Murcia, en relación con la 'pacificación' de ese tráfico rodado. Parece un insulto a la ciudadanía recomendar, sólo recomendar, dejar el coche cuando nos alertan de altos episodios de contaminación. Pareciera que la consigna de la alcaldía es la de 'todos al centro', como si esta ciudad de tipo medio pudiera acoger a cuantos vehículos quieran entrar en ella.

El asfixiante incremento del tráfico motorizado en esta capital (que podemos comprobar quienes, como el que les escribe, vivimos en arterias de entrada a menudo congestionadas) tiene mucho que ver con la configuración urbana de un municipio de servicios que tiene un notable número de habitantes en pedanías que han de acceder a diario al centro. Pero no podemos olvidar un diseño de ciudad en el que se ha privilegiado el uso del coche para llegar a cualquier sitio y a centros comerciales por vías altamente congestionadas, llenas de rotondas en las que nadie sabe circular (dense una vuelta, cualquier tarde, por Juan de Borbón y lo comprobarán); centros comerciales que alguien, de manera interesada, irracional e irresponsable, ubicó en la periferia urbana.

Estas situaciones, unidas a un pésimo servicio de transporte público urbano, la ausencia de campañas institucionales para fomentar el caminar o el uso de la bicicleta para desplazamiento cortos y medios y, cómo no, la potenciación del uso del coche privado por las grandes empresas del automóvil y, por qué no decirlo, por nuestro Ayuntamiento, ávido de ingresos por vía impositiva y otras tasas, explican la situación actual.

La mala calidad del aire urbano, en gran medida, viene dada por un desbocado tráfico al que, en la ciudad de Murcia, el alcalde y su equipo de gobierno (como sus colegas de Madrid) no parecen interesados en regular.

martes, 25 de junio de 2019

VENEZUELA SIGUE EN PIE



https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/06/25/venezuela-sigue-pie/1032928.html

"Enmarca el acoso a que está sometida Venezuela en el intento norteamericano de preservar el unilateralismo en política, obviando que estamos asistiendo a un mundo multipolar, con actores emergentes como Rusia y China, junto a otros países como Bielorrusia, Irán, Turquía e India"

24.06.2019 | 19:42
Venezuela sigue en pie

La situación política de Venezuela ha sido un tema recurrente de manipulación mediática. El fin del ciclo de campañas electorales en España ha supuesto un cierto paréntesis en la asfixiante proliferación de noticias falsas (fake news) utilizadas para deslegitimar el proceso y debilitar a la izquierda de aquí. Pero se siguen dando.

Recientemente, un artículo en un periódico alternativo desmentía, con datos, una de esas noticias falsas: el supuesto lujo derrochado en la boda de la hija de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de aquel país. La periodista Fania Rodríguez, corresponsal en Venezuela del periódico Brasil de Fato, afirma que lo que existe en el interior de Venezuela es totalmente distinto de lo que nosotros nos enteramos sobre el país. Por su parte, Erika Ortega Sanoja, periodista venezolana actualmente corresponsal para la emisora rusa RT, aclara que no se puede entender el fenómeno Juan Guaidó sin la potencia de los medios corporativos internacionales y las agencias de noticias hegemónicas. Parece evidente que, hoy, Venezuela y Cuba se erigen en baluartes frente a las pretensiones hegemónicas del gigante del norte. De ahí los esfuerzos por sacrificar la verdad.

No es posible comprender la situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela sin recordar hechos como el primer 'Caracazo' de 1989, cuando Carlos Andrés Pérez, a cambio de un préstamo de 5.000 millones de dólares del FMI, puso en marcha un severo plan de ajuste estructural. La rebelión popular contra la brutal subida de precios del combustible y productos de primera necesidad condujo a la dura represión de Antonio Ledesma, gobernador de Caracas, que provocó no menos de 3.000 muertes. Carlos Andrés Pérez fue destituido en 1993, tras una rebelión militar e intentona golpista protagonizada por Hugo Chávez en 1992. Su leve condena judicial fue simultánea a una creciente organización de las gentes de los barrios pobres.

Hugo Chávez recuperó su libertad en 1994 y concurrió a las elecciones de 1998 como cabeza de una candidatura, Polo Patriótico (que englobó a otros partidos de izquierda), y se alzó con el 56% de los sufragios, lo que le permitió hacer avances en su programa electoral e impulsar una Asamblea Constituyente. La implantación de la Quinta República, apoyada por el 70% de los sufragios, y la nueva Constitución permiten el ciclo de reformas económicas que llevan, entre otras, a la Ley de Tierras de 2001. A partir de ese momento se profundizó lo que se conoce como Revolución Bolivariana. Tras la muerte de Hugo Chávez, el 'testigo' lo tomó Nicolás Maduro.

De estos temas nos informó directamente en Murcia, hace unos días, José Antonio Egido, que desgranó parte del contenido de su libro Venezuela vencerá, en charla organizada por el Frente Antiimperialista de Murcia y con la presentación del exdiputado regional Antonio Urbina. Egido es sociólogo, doctor por la Universidad de Provence (Francia) en 2001 y conocedor de primera mano de aquel país, en el que ejerció durante once años la docencia y la investigación.

Admitiendo que la dura dependencia del petróleo, la ineficacia administrativa y la corrupción han lastrado, en parte, el proceso revolucionario venezolano, este autor expuso nítidamente los logros de ese país, que tratan de ser abortados por el triunvirato Trump-Bolton-Pompeo, los 'halcones' de la Casa Blanca. Y para explicar la adhesión del Ejército venezolano al proceso en marcha afirma que, tras el nuevo 'Caracazo' de 2002, Hugo Chávez logró politizar a las fuerzas armadas en un sentido antiimperialista. Aquel golpe supuso el inicio de su radicalización política, tras «sufrir en carne propia la cruda realidad del imperialismo», nos recuerda en su libro.

Enmarca el acoso a que está sometida Venezuela en el intento norteamericano de preservar el unilateralismo en política, obviando que estamos asistiendo a un mundo multipolar, con actores emergentes como Rusia y China, junto a otros países como Bielorrusia, Irán Turquía e India.
Tras recordar que Venezuela soporta una larga tradición de golpes de Estado (cinco en total desde 1908), afirma que el plan actual del Departamento de Estado norteamericano respecto de este país para apropiarse de los inmensos recursos petroleros trataría de: deslegitimar las elecciones presidenciales de mayo de 2018; intentar asesinar al presidente Maduro; encubrir la intervención militar con el falso pretexto de ayuda humanitaria; evitar en lo posible el uso de tropas estadounidenses; intensificar las sanciones y el bloqueo económico y financiero, y reconocer como presidente a Juan Guaidó, de la misma manera que en abril de 2002 George W. Bush y José María Aznar reconocieron a Pedro Carmona.

Respecto a España, Egido critica el reconocimiento del Gobierno del PSOE a Juan Guaidó y aclara que la furibunda obsesión del grupo español Prisa con el chavismo tiene su origen en la negativa de Chávez a que el grupo editorial Santillana lograra la exclusiva de la distribución de los textos escolares venezolanos.

En cuanto a posibles escenarios y perspectivas, cree que si se produjera el derrocamiento de Maduro se impondría en Venezuela un régimen criminal, pues para el sociólogo James Petras el cambio de régimen sería sangriento, por la necesidad de EE UU de asesinar a ciento de miles de personas comprometidas con los avances sociales. Otra posibilidad sería que EE UU renunciara a tomar Venezuela (no lo tiene fácil, el Ejército brasileño y la vecina Colombia no están por la labor), pero iniciaría una larga guerra de desgaste económico, mediático, terrorista, social y político, al igual que hizo desde 1991 a 2003 al gobierno iraquí de Saddam Hussein.

De fracasar dichos planes, podría abrirse paso un proceso de integración regional puesto en marcha por Gobiernos progresistas latinoamericanos con presencia fortalecida de actores en la región como los países citados arriba.

Coincido con José A. Egido en la importancia, hoy, de la solidaridad intensa y eficaz con el pueblo venezolano, pues la patria bolivariana, según el periodista cubano Ángel Herrera Cabrera, es hoy el epicentro de la disputa mundial entre el orden unipolar y multipolar.

Egido nos recuerda que, en Francia, los 'chalecos amarillos' ondean la bandera venezolana en sus marchas. Porque, pese a todo, Venezuela sigue en pie.

martes, 11 de junio de 2019

EL RÉGIMEN DEL 78 SE RESQUEBRAJA

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/06/11/regimen-78-resquebraja/1029299.html?fbclid=IwAR02UdV4KSCBizT_SGSElGB6q68mEPpnYRdpDyMJ5ZO9ftjDgGXtGYKh7hY





La reciente decisión del rey emérito de abandonar su presencia en actos institucionales y el auto del Tribunal Supremo (TS) por el que se paralizan cautelarmente los trabajos para la exhumación del dictador Franco son asuntos que han levantado estos días una tremenda polvareda mediática. Vayamos por partes.

Aunque el monarca Felipe VI sigue esforzándose por que la Corona se erija como elemento de estabilidad del país, y pese a que histórica y mediáticamente se ha construido un relato tendente a asimilar a ésta con todos los logros y consecuciones de la sociedad española en los últimos años, no podemos obviar un hecho incontestable: la crisis de la institución monárquica está detrás de la abdicación forzosa de Juan Carlos I hace cinco años, un síntoma más de la cuestionada legitimidad de origen de la monarquía borbónica.

Sin pretender ahondar mucho en precedentes históricos que, por sabidos, no es preciso detallar exhaustivamente, no podemos olvidar que Franco, en virtud de la Ley de Sucesión de 1947, prepararía el terreno para una auténtica restauración monárquica cuando él 'lo tuviera a bien'. Descartado el príncipe Juan de Borbón, eligió a su hijo, Juan Carlos, para 'educarlo' en los principios del Movimiento Nacional. En 1969, Franco lo nombró sucesor, a título de rey, por lo que, después de la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos fue proclamado capitán general de los tres Ejércitos y el 22 de noviembre, rey de España por las Cortes franquistas. Ante aquellas Cortes, el hoy rey emérito pronunció estas palabras: «Juro por Dios, y ante los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional». El origen franquista de la Corona no puede estar más claro a partir de este juramento, del que el rey emérito, por cierto, no ha abjurado.

No es preciso extendernos sobre hechos que han afectado a la credibilidad de esa institución, como el dudoso papel de Juan Carlos I en el ¿autogolpe? del 23F y, más recientemente, sus 'aventuras' con Corinna, la cacería de Bostwana, el apoyo a las tropelías de su yerno Urdangarin o el origen de su fortuna personal, estimada en 1.800 millones de euros, para concluir que la monarquía borbónica ha sido copartícipe de la corrupción del sistema. Así lo entiende también uno de los mejores constitucionalistas del país, Javier Pérez Royo, quien considera que «la monarquía hereda el sistema del régimen de Franco y viene a mantener una estructura de poder, social, económica y una forma de hacer política de la era Franco, que era corrupta [...] La Monarquía da continuidad a esa forma de corrupción», afirma.

Para este constitucionalista, además, como toda la 'arquitectura' de la Transición se montó a partir de la Ley de Reforma Política, que mantenía, sin consultar al pueblo español, la fórmula de Estado monárquica, opina que vivimos en una falsa monarquía parlamentaria pues, a la hora de la verdad, el principio monárquico pasa por encima del principio de legitimidad democrática. «La Constitución de 1978 dice en el artículo 1.2 que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan poderes del Estado y, en el 1.3, que el Estado español es una monarquía parlamentaria. El orden es ése. Pero en los momentos decisivos el 1.3 se pone por delante del 1.2», concluye.

La monarquía, hoy, sigue jugando un papel claramente reaccionario, como lo demuestra el indisimulado alineamiento del rey Felipe VI con las fuerzas más conservadoras del país. Por ende, su parcialidad a la hora de juzgar los sucesos de Cataluña del 1-O, su discurso del día 3 de ese mes y la apelación, sin pudor, a la aplicación del 155 son una clara muestra de sus veleidades derechistas y su injerencia en asuntos de Gobierno, lejos de la neutralidad que exigiría su cargo.

En el ámbito de la Justicia, el auto emitido hace unos días por la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del TS, paralizando cautelarmente la exhumación de la momia del dictador, no ha estado exento de polémica, básicamente por la fórmula elegida en el texto para referirse a Franco, al que denomina jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975. Creo que esa errónea denominación por los magistrados del Supremo, de la que, por cierto, no se han retractado, no obedece a desconocimiento histórico (como es sabido, el Jefe del Estado era entonces Manuel Azaña, presidente legítimo de la II República Española), sino a una voluntad consciente de no esconder el pasado y/o la afinidad franquista de algunos de esos magistrados, más próximos a la Fundación Francisco Franco, a la familia del dictador y al Opus Dei que a posiciones democráticas.

Hay que depurar la judicatura, en la que perviven no pocos elementos del franquismo, pues a nadie se la escapa la paradoja de que la Fiscalía califique de golpe de Estado lo sucedido en Cataluña el 1-O y, sin embargo, el TS pase por alto la gravedad del golpe de Estado fascista del 17-18 de julio de 1936 contra la II República. A este respecto, el magistrado Joaquim Bosch, en su libro El secuestro de la Justicia, del que es coautor con el periodista Ignacio Escolar, nos recuerda que la impunidad sobre los criminales franquistas contrasta con la condena dictada por la Audiencia Nacional contra Adolfo Schilingo, dictador argentino, en virtud del principio de Justicia Universal. Recuerda cómo el TS juzgó a Baltasar Garzón por prevaricación y expresó en su fundamentación jurídica que los crímenes del franquismo no podían ser enjuiciados en la esfera penal, apoyándose en la vigencia de la Ley de Amnistía de octubre de 1977, pero obviando que instancias internacionales vienen recordándonos la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

La crisis de la monarquía y la de las altas instancias judiciales demuestra que esos dos pilares del Régimen del 78 están contribuyendo al resquebrajamiento del mismo. La necesidad de un referéndum monarquía/república y la depuración del franquismo que anida en las instituciones son tareas urgentes, inaplazables. Por salud democrática.

miércoles, 29 de mayo de 2019

ES LA HORA DEL PLANETA


https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/05/29/hora-planeta/1025761.html?fbclid=IwAR35xSAvb64dPXV0qxpw35oyoe3oWDmNkVdpP970NWhMcD3wSD6qPGcRcV8




Dentro de unos días, un año más, celebraremos el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la ONU en su resolución del 15 de diciembre de 1972.? Desde 1974, se celebra anualmente el 5 de junio con una reivindicación específica. Este año está dedicado a la preocupante contaminación por los plásticos que inundan los océanos.

La Asamblea de la ONU aprobó la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En marzo pasado, la asamblea anual de este organismo celebrada en Nairobi (Kenia) emitió un informe en que alertaba de un fenómeno preocupante: la desaparición de la capa de hielo del Ártico y el calentamiento de la capa de permafrost de la tundra tendrán efectos catastróficos, por el aumento del nivel de agua dulce en los océanos y la liberación de ingentes cantidades de metano a la atmósfera, respectivamente.

Otros datos de ese informe nos advierten de que en el 2050 unos 4.000 millones de personas vivirán en tierras desertificadas, sobre todo en África y el sur de Asia, y confirma que la contaminación del aire mata ya a siete millones de personas cada año. Para la ONU sólo hay una solución: reducir de forma drástica la emisión a la atmósfera de los gases tóxicos que emiten ahora los vehículos, las industrias y las calefacciones de las casas. En concreto, se pide un 40% de reducción en el año 2020 y un 70% en 2050. Jorge Reichman (al que luego me referiré) cita, a este respecto, que el parque motorizado español es de unos quince millones de vehículos cuando, de forma sostenible, no debería rebasar los 185.000. Un dato más a tener en cuenta.

Resulta casi imprescindible acudir también al informe bianual del Living Planet Report, publicado por WWF y relativo al año 2018 (https://www.worldwildlife.org/pages/living-planet-report-2018). En él se advierte de una disminución global del 60% en el tamaño de las poblaciones de vertebrados que, en la práctica, significa un colapso de más de la mitad en menos de cincuenta años.

Otros hallazgos de ese informe incluyen datos preocupantes como que la sobreexplotación y la agricultura son las principales causantes de la pérdida de la biodiversidad, de la mitad de los corales en aguas no profundas en los últimos treinta años y del 20% de la Amazonía en cincuenta años. La disminución de especies es especialmente alta en los trópicos, mientras que ya el 90% de aves marinas tiene plásticos en sus estómagos.

La preocupación por la salud del planeta viene siendo expuesta también por voces autorizadas dentro de nuestro país. Para Yayo Herrero, antropóloga, profesora de la UNED e integrante de Ecologistas en Acción, teniendo en cuenta el cambio climático, el declive de la energía, recursos pesqueros y biodiversidad, será preciso pensar, más pronto que tarde, en reorientar la economía en otra dirección.
Cree que el capitalismo actual ya no es sólo una forma de producción sino una antropología que ha decretado que el dinero y el crecimiento económico son sagrados y que todo ha de sacrificarse ante esos nuevos dioses. En iguales términos se expresa Jorge Reichman, profesor de Filosofía Moral en la Universidad Autónoma de Madrid, que opina que aún estamos a tiempo de aportar soluciones, pero actuando enérgicamente sobre la voraz cultura productiva.

Por nuestro actual comportamiento depredador sobre los recursos naturales y la Biosfera, cree que habría que hablar del extractivismo y del exterminismo, término este último acuñado por el historiador británico E.P. Thomson, a finales del siglo pasado, cuando las dos potencias nucleares enfrentadas amenazaban con aniquilar la vida sobre el planeta.

Hoy la comunidad científica habla de que estamos en pleno periodo del Antropoceno, para designar la nueva etapa geológica del Cuaternario, sucesora del Holoceno, en la que las actividades humanas registran un mayor impacto sobre los ecosistemas terrestres.

Reichman cree que nuestro principal problema ambiental es, hoy, la extralimitación ecológica, esto es, el choque de las sociedades industriales contra los límites físicos de la Tierra. Es una forma de definir la 'huella ecológica': consumimos hoy en día los recursos inexistentes de 1,5 planetas Tierra, pese a las lacerantes desigualdades que asolan buena parte de la Humanidad. A este respecto, Carlos Taibo, escritor, editor y profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, nos recuerda que para garantizar a toda la población de la Tierra el nivel de vida de un norteamericano medio se necesitarían 3,6/3,7 planetas como el nuestro.

A la hora de las soluciones, Yayo Herrero cree que hay que buscarlas en el ámbito local, en el territorio concreto de cada cual, cuando los picos de los precios de la energía se lleven por delante industrias y puestos de trabajo, pues al poder económico poco le importa sacrificar las vidas y el bienestar de las personas que considera sobrantes. Propone recuperar las nociones de dependencia e interdependencia como forma de evitar las luchas entre los pobres -en este marco de crisis sistémica global-, tan explotadas por los populismos de derecha.

J. Reichman cree que para hacer frente al calentamiento global y a la destrucción de la Biosfera necesitamos salir a toda prisa del capitalismo salvaje en que hoy nos movemos, pues necesitamos bienestar humano, pero compatible con los límites físicos del planeta.

Y Carlos Taibo ve inevitable que, en un escenario poscolapso sistémico, ganen terreno las energías hidráulicas y renovables; opina que los desplazamientos serán menos numerosos, más cercanos y más lentos (se impondrá el turismo de proximidad), y advierte de la posible pérdida de importancia del dinero, en un marco dominado por la vuelta a lo rural y en el que ganarán terreno las relaciones económicas también de proximidad. Predicciones con un cierto grado apocalíptico, como el conjunto de su libro Colapso.

Es evidente que la Tierra está enferma. Afortunadamente, la sociedad civil de todo el mundo, especialmente la juventud (también en Murcia, el pasado viernes), ha empezado a tomar conciencia del problema y a exigir soluciones. Es la hora del Planeta.

martes, 14 de mayo de 2019

NECESARIA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA REGIONAL

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/05/14/necesaria-ley-memoria-historica-regional/1021194.html

Si los sondeos electorales no fallan, a partir del 27 de mayo podría hablarse de un cambio progresista en la Región, tras 24 años de hegemonía asfixiante del PP en el Gobierno regional


Asistí, hace unos días, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UMU a la presentación del libro De la República al franquismo: legalidad, legitimidad y memoria histórica, editado por Editum, y cuyo autor, Antonio López Martínez, ya fallecido, estuvo representado en el acto por su hija Juana, que al igual que José López Hernández, catedrático de Filosofía del Derecho y editor de la obra, desgranaron detalles de lo que hubiera sido la tesis doctoral del autor de no haberle sorprendido la muerte. Al acto asistió también el prologuista del libro, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien expuso el proceso que condujo a la redacción y promulgación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura (en adelante, Ley de Memoria Histórica) y reconoció que fue una ley tardía.

Al finalizar su alocución, no pude intervenir en el acto, porque no estaba previsto un coloquio con los miembros de la mesa. De haber podido hacerlo le habría recordado que, además de tardía, es una ley manifiestamente insuficiente, por varios motivos: no declara la ilegalidad del régimen franquista; no reconoce tampoco la ilegalidad de los tribunales y procesos judiciales sin garantías que dieron lugar a miles de ejecuciones (el texto habla de ilegitimidad, término que fue utilizado reiteradamente por Zapatero), y mantiene la impunidad sobre los crímenes y sus autores, al no derogar la Ley de Amnistía de octubre de 1977. Podemos decir que, a casi doce años de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica, persiste la anomalía democrática de que el franquismo y sus efectos no han desaparecido del todo de nuestra sociedad. Pero, aterricemos en nuestra Región de Murcia.

Los trabajos de profesores y profesoras universitarios como Carmen González y Pedro María Egea Bruno, de investigadores como Fuensanta Escudero, Floren Dimas, Víctor Peñalver y Antonio Martínez Ovejero, y la actividad también investigadora que desarrollan miembros de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia han acotado la presencia de ese franquismo residual en un tema tan sangrante como la represión ejercida contra quienes, en la Región, defendieron la legalidad republicana.

Sin ánimo de abrumar con muchos datos, está documentado que 554 personas fueron fusiladas en Murcia sólo en el periodo 1939-1942 tras Consejo de Guerra y sentencia del Tribunal Militar, ejecuciones que tuvieron como marco la propia prisión provincial, el polígono de El Tiro de Espinardo y las tapias del cementerio de esa pedanía. En el total regional, las 879 personas fusiladas 'con juicio' incluyen las que, en Cartagena, fueron ejecutadas en las tapias del cementerio de Santa Lucía o en el campo de fútbol del Arsenal militar.

A esas víctimas hay que sumar las 67 muertes producidas en ese periodo por enfermedad, malos tratos o suicidios. El número de republicanos fallecidos en la Prisión Provincial de Murcia y en otros establecimientos habilitados (el convento murciano de Las Agustinas albergaba en marzo de 1940 a cerca de 980 presos republicanos), tanto dentro como fuera de la Región, asciende a 850 personas.
Súmense a estos datos las víctimas las humillaciones y tratos vejatorios sobre las esposas de republicanos (rapado de cabello para escarnio público, obligación de ingerir aceite de ricino, etc.) y actuaciones como la depuración de funcionarios, las expropiaciones de bienes de familias republicanas y los casos de bebés robados para tener una idea aproximada del alcance de aquella represión.

Es sabido que el Gobierno saliente de Mariano Rajoy hizo alarde público de no haber consignado ni un euro para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Situación que ha sido contrarrestada, en parte, con leyes de memoria histórica y/o democrática por parte de las autonomías. Así, han desarrollado leyes específicas Andalucía, Aragón, Extremadura, Asturias y Cataluña, estando en estudio, que sepamos, los textos de País Vasco y Cantabria.

La Región de Murcia debe sumarse a esa lista. Si los sondeos electorales no fallan, a partir del 27 de mayo podría hablarse de un cambio progresista en la Región, tras veinticuatro años de hegemonía asfixiante del PP en el Gobierno regional. El nuevo Ejecutivo no debería dejar en el olvido la redacción y aprobación de una Ley de Memoria Histórica y Democrática de la Región de Murcia, a la que, a la vista de la situación arriba expuesta en lo tocante a la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, no sería difícil dotarla de contenido. Como actuaciones inmediatas, esa futura ley debería de:

1. Eliminar en los espacios públicos de toda la Región la totalidad de los símbolos de exaltación al régimen franquista (con especial mención al callejero franquista presente en muchos municipios) y sus protagonistas, con un plazo obligatorio de ejecución.

2. Instar al Gobierno de la nación al reconocimiento jurídico de los derechos de las víctimas de la dictadura, con un tratamiento igual al de las víctimas del terrorismo.

3. Crear una comisión parlamentaria, con la presencia de una representación de las asociaciones memorialistas murcianas, para el estudio y seguimiento de todos los temas relacionados con la memoria democrática, en los que pueda tener competencias la Asamblea Regional de Murcia.

4. Identificar los lugares de la Memoria regional más significativos, de los que destacamos: el Antiguo Hospital de Sangre de las Brigadas Internacionales, la prisión provincial, el edificio de los Nueve Pisos (Murcia); Arsenal, Dique de Curra, Batería de la Parajola (Cartagena); Cárcel, plaza de toros (Lorca); Prisión central (Totana); Base y Escuela de Tanques (Archena); La Encomienda y Embalse del Cenajo (Calasparra); Prisión del Partido (Caravaca); Jardín de la Memoria (Santomera), etc.

No hay en los programas educativos regionales referencias concretas a estos temas memorialistas, por lo que creo que la Asamblea Regional, en el ámbito de sus competencias, debería tener en cuenta la necesidad de legislar en ese sentido.

martes, 30 de abril de 2019

LAICISMO DEL ESTADO, ASIGNTURA PENDIENTE


https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/04/30/laicismo-asignatura-pendiente/1017578.html

Dos asuntos de especial trascendencia para la consolidación de la democracia española han brillado por su ausencia en la pasada campaña electoral y en los dos debates televisados: la Memoria Histórica y la laicidad del Estado.

La amplia cobertura mediática sobre la pretensión del Gobierno de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, que en gran parte ha silenciado otras reivindicaciones memorialistas, ha dado paso a un aparente pacto de silencio para no 'enturbiar' los debates con un tema siempre espinoso, sobre todo para la derecha y extrema derecha emergente, a la vista del renacido revisionismo histórico que ha anidado en la sociedad española en los últimos tiempos: la Memoria Histórica.

Pero voy a reflexionar en las siguientes líneas sobre el 'apagón' informativo sobre una estructura de poder anclada secularmente en nuestra formación social: la Iglesia católica. Esta institución, una vez más, ha estado ausente de la campaña electoral, pese a que en los últimos tiempos la sociedad española ha comenzado a mostrar una mayor sensibilidad hacia asuntos, algunos muy graves, enquistados en su seno como los casos de pederastia, los privilegios fiscales, las inmatriculaciones, las voces discrepantes de la jerarquía católica en temas reconocidos y regulados jurídicamente como la homosexualidad, el aborto, la violencia machista, etc.

Y es que a nadie se le oculta el hecho de que la Iglesia siempre ha sido, y es, una enorme institución de poder. Basta rastrear el proceso constitucional español que arranca en las Cortes de Cádiz para constatar que la confesionalidad católica del Estado ha permanecido siempre incrustada en el articulado de las distintas constituciones. Si exceptuamos la de 1869, que tibiamente consagró la libertad de cultos, y la republicana de 1931, todas las leyes fundamentales del país, hasta la promulgación de la Constitución de 1978 (CE78), han venido lastradas por el peso de esa confesionalidad católica.

El complemento necesario, además, para la consolidación de ese predominio de la religión católica en la conformación de la vida social y política del país fueron los diferentes Concordatos (hoy Acuerdos) del Estado español con la Santa Sede.

Aunque en el reinado de Carlos III el Concordato de 1753 ya supuso la regulación de las tensiones con el Vaticano en relación con el llamado 'regio patronato' (esto es, la potestad de la Corona de proponer candidatos a las sedes episcopales vacantes), para el propósito de nuestro artículo hay que ahondar en las repercusiones que tuvieron los Concordatos de 1851 y 1853, en el reinado de Isabel II, por cuanto se compensaba a la Iglesia por las desamortizaciones liberales, con la Ley de dotación de culto y clero, al tiempo que se le otorgaba algo tan importante para el control ideológico de la población española como la fiscalización de la enseñanza, que luego se consolidó con la Ley Moyano de 1857.


Tras el breve paréntesis que supuso la legislación laica de la II República, la confesionalidad católica adquirió plena carta de naturaleza durante el franquismo. El Concordato de 1953 restituía la total confesionalidad del Estado, reactualizaba el antiguo 'regio patronato', al atribuir a Franco el derecho de presentación de ternas de obispos, y otorgaba única validez al matrimonio canónico. Además, establecía una férrea supervisión de la enseñanza por parte de la Iglesia, y le otorgaba exenciones fiscales y la autorización para la constitución de universidades.

Muerto el dictador, tras el Acuerdo con el Vaticano de 28 de julio de 1976, por el que se adjudicaba a Juan Carlos I la potestad del nombramiento del vicario general castrense con graduación de general de división, la necesidad de adecuar las relaciones con la Santa Sede por parte del Estado al nuevo marco constitucional llevó a la firma de los cuatro Acuerdos con el Vaticano de 3 de enero de 1979, suscritos sobre Asuntos Jurídicos, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (que permitió la introducción de la religión en las aulas y posibilitó la extensión de los conciertos educativos con centros religiosos), sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y, por último, sobre Asuntos Económicos, con el compromiso por el Estado del sostenimiento económico de la Iglesia católica a la que, además, se le otorgaban todo tipo de exenciones fiscales.

Aquellos Acuerdos preconstitucionales (pues se negociaron antes de la aprobación de la CE78) motivaron que el teólogo Juan José Tamayo, uno de los manifestantes ante la Nunciatura en Madrid en enero de 1979, llegara a afirmar que «[esos Acuerdos de 1979] por venir negociándose desde muchos antes de la Constitución, fueron un Concordato encubierto, que se amparaba en la confesionalidad encubierta del artículo 16.3 para propiciar todo tipo de privilegios a la Iglesia católica».

A cualquier atento observador no se le escapa el hecho de que, en estos últimos años, la presencia de la Iglesia en un supuesto estado aconfesional (que no laico), por esa confesionalidad encubierta arriba citada, parece ir in crescendo: la amplia cobertura mediática, sobre todo de la televisión pública estatal, de los desfiles procesionales de semana santa; la presencia en los mismos de cargos institucionales, opuesta a la necesaria neutralidad religiosa; la militarización creciente de esas supuestas muestras de fe popular; la financiación de las cofradías con dinero público, etc. parecen ir en la dirección opuesta a los cambios experimentados por la sociedad española: asociaciones como Europa Laica vienen evidenciando que el 60% de los españoles no asiste a actos religiosos, si se exceptúan los de tipo social, como bautizos, comuniones, bodas o funerales, y el 47% de los jóvenes entre 18 y 24 años se declaran agnósticos o ateos.

Cuando este artículo vea la luz, se habrán celebrado ya las elecciones generales. Dependiendo de su resultado, uno de los desafíos para un eventual Gobierno progresista de izquierdas es, pues, la separación de la Iglesia del Estado (Francia ya lo hizo en 1905), la asignatura pendiente del Estado español, con la denuncia y posterior derogación de los Acuerdos con el Vaticano de enero de 1979

martes, 16 de abril de 2019

OCHENTA AÑOS DEL FINAL DE LA GUERRA CIVIL

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/04/16/ochenta-anos-final-guerra-civil/1014053.html


Cuando este artículo vea la luz, habremos conmemorado el 88 aniversario de la proclamación de la Segunda República española. También se habrá recordado (no hay motivo alguno para la conmemoración) el 80 aniversario del primero de abril de 1939, fatídica fecha del último parte de guerra del Gobierno de Burgos, a partir de la cual Franco se disponía a cubrir con negros nubarrones, durante casi cuarenta años, el suelo patrio peninsular. Ochenta años que no han servido para despejar del todo ese poso de franquismo sociológico que anida en amplias capas sociales de nuestro país. Hoy, un renacido revisionismo sobre las causas de la Guerra de España sigue teniendo cierta audiencia. Y ello pese a que historiadores de prestigio han tratado de arrojar luz sobre un hecho que, desde tiempo ha, llena con miles de publicaciones los estantes de las bibliotecas.

Justo cuando se cumplían 50 años del inicio de la Guerra de España, el historiador Manuel Tuñón de Lara, en una obra colectiva La Guerra Civil española 50 años después, rastreaba los orígenes del conflicto en los meses posteriores a diciembre de 1933, con el Gobierno de la CEDA presidido por Lerroux. A partir de ese momento, los propietarios se consideraron dueños y señores de la vida rural y dejaron sin trabajo a los obreros agrícolas sindicados en la UGT o en la CNT. Al tiempo, la Falange, surgida en octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia de Madrid, unificada con la JONS, empezó pronto a emplear la violencia. Su líder, José Antonio Primo de Rivera, con su apelación a la dialéctica de los puños y las pistolas, llegó a afirmar que el mejor destino que podía tener una urna era ser rota.

Por si ello no bastara, representantes del tradicionalismo y de la extrema derecha (Renovación Española) firmaban un pacto con Italo Balbo y con el coronel Longo por el que el Gobierno fascista de Italia prometía ayudarles a derribar el régimen republicano con armas, dinero y formación militar de jóvenes. Situación que tiene documentada Ángel Viñas en su libro recientemente aparecido ¿Quién quiso la Guerra Civil? En entrevista en El Cultural, Viñas recuerda el dato de que el banquero Juan March aportó más de medio millón de libras para la compra de aviones. Afirma que, a partir de 1934, además, entra en juego otro factor importante en la conspiración: la creación de la Unión Militar Española, una organización que se encargó de sembrar agitación en el seno del Ejército. En 1935, con la UME en pleno apogeo y Gil Robles como ministro de la Guerra, los monárquicos aprietan el acelerador.

Lejos, pues, de ese relato tan caro al revisionismo histórico perseverando en la responsabilidad del terror rojo en el origen de la Guerra de España, Viñas achaca a la conspiración monárquica el origen de la tragedia que eclosionó en julio de 1936.

Tras el triunfo electoral del Frente Popular y pese a las apelaciones de justicia y paz de Manuel Azaña, que reclamaba la unión bajo una misma bandera de republicanos y no republicanos, Emilio Mola, destinado a la comandancia militar de Pamplona, empezó a urdir los hilos de la conspiración. Se agitaban las tramas del carlismo y del falangismo, se multiplicaban los contactos entre esos grupos y el Bloque Nacional de Calvo Sotelo y, además, Sáinz Rodríguez, uno de los más notables conspiradores de entonces, negoció a través del agente italiano Ernesto Carpi un nuevo acuerdo con Italo Balbo y Mussolini para recibir más ayuda militar, con la firma de Goicoechea, Calvo Sotelo y el conde de Rodezno.

Según refiere Ángel Viñas, mientras se ponían de acuerdo sobre quién debería reinar en España una vez derribada la República (unos optaban por la vuelta de Alfonso XIII, otros por su hijo, Juan de Borbón), los conspiradores pensaban que, de manera interina, Sanjurjo asumiera todos los poderes del Estado, como en la dictadura primorriverista, con un comité cívico-militar y, a la cabeza de ese directorio, Calvo Sotelo. Como es sabido, su asesinato y el del teniente Castillo precipitaron los acontecimientos. A partir del 18 de julio, el país se sumergió en un baño de sangre.

El profesor Pablo Sánchez de León, en un artículo en Bajo Palabra-Revista de Filosofía. UAM, afirma que el significado de la guerra española de 1936 «no termina de aquilatarse de manera adecuada a su singularidad histórica sin incorporar una última dimensión consustancial al levantamiento contra la República democrática de 1931: la de guerra santa», pues matiza que «fue de hecho un imaginario de guerra santa lo que funcionó como un sustrato común y amalgama de todas las justificaciones para la represión franquista [...]

"El combate en nombre del integrismo religioso no se detenía en la estigmatización del vencido». «Es obvio», dice Sánchez de León, «que en esta radical exclusión del otro conviene subrayar un atributo añadido que redimensiona el caso: la definición de Carl Schmitt de lo político como la distinción radical entre amigo y enemigo se inspira muy frecuentemente en la tradición del catolicismo político"
.
En definitiva, entra en juego un concepto que Sánchez de León define como la tanatopolítica (de tánatos, muerte, en griego clásico), entendida como un "contingente de ciudadanos formado por todos aquellos susceptibles de ser acusados de no cumplir con los preceptos de la religión católica».
Para este autor, el conflicto que acabó en 1939 con la República democrática fue «una guerra civil, pero también una conquista de 'racionalidad civilizadora' que concibió al enemigo como un sujeto colonial, y, en primer término, una guerra santa en nombre de un integrismo católico más ideológico que estrictamente religioso».

martes, 2 de abril de 2019

MÁS DE 107.000 HABITANTES SIN FERROCARIL

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/04/02/107000-habitantes-ferrocarril/1010199.html

Si el sentido común no remedia la situación actual, tras la apertura de la variante ferroviaria de Camarillas y si se consuma el cierre de la estación de Calasparra, más de 107.000 habitantes de Murcia, parte de Granada y de Jaén van a verse privados del acceso al ferrocarril, pues a las 94.456 personas que habitan el Noroeste murciano y la Comarca del Río Mula habría que añadir los 12.718 habitantes de las poblaciones de Huéscar, Puebla de Don Fadrique y Santiago de la Espada-Pontones (INE, enero de 2019). Por ello, en la medida en que cada vez me siento más vinculado a esas tierras que otrora constituyeran el dominio de la Orden Militar de Santiago, quiero con estas líneas poner en evidencia el indudable desinterés de todas las Administraciones por evitar el despoblamiento al que les conduce una situación de marginalidad que la desaparición del ferrocarril no hará sino acrecentar.

Para redactar este artículo, me he puesto en contacto con una serie de personas de esa extensa comarca que me han dado sus impresiones sobre el declive del servicio ferroviario en la zona, en general, y sobre el cierre de la estación de Calasparra, en particular, así como sus soluciones.
Juani Marín, arqueóloga, librera y concejala de Ganar Caravaca, me refiere que cuando el economista Eduardo Garzón recaló en la localidad le contó que había buscado en Internet cómo acceder a esa ciudad y se sorprendió de que había que llegar hasta Murcia para viajar a Caravaca. Su sorpresa no fue menor cuando comprobó que, para regresar hacia Madrid, había de desplazarse hasta Calasparra por una carretera lenta y peligrosa en muchos de sus tramos.

Por eso, Pepe Ortega, vecino de Bullas, donde fue concejal de IU durante doce años, y actualmente residente en Cehegín, nos recuerda, además, que el cierre de la línea férrea Murcia-Caravaca en 1971, debido a su falta de rentabilidad, supuso en su día una falta de consideración de los gobernantes de la época hacia una comarca con dificultades de comunicación. Y ahora, con la apertura de la variante de Camarillas, el abandono de la estación de Calasparra, que podría haber quedado abierta como ramal de un 'puerto seco' para mercancías, deja a la comarca del Noroeste en evidente desventaja respecto a otras zonas de la Región.

Angelita Trujillo, maestra calasparreña jubilada y exdirectora de un colegio de la localidad, nos refiere que la estación fue abierta al servicio el 27 de abril de 1865. Y, con datos del historiador local Juan José Moya, nos recuerda que se ubicó en un punto estratégico, pues la localidad fue siempre un punto de confluencia de las comunicaciones con la comarca de los Vélez. La estación estuvo también muy ligada al transporte del mineral de hierro que se extraía de las Minas de Gilico, situadas en el término municipal de Cehegín. Desde las minas se colocó un sistema de vagonetas por cable hasta la estación, a finales del XIX y principios del XX, coincidiendo con la crisis del hierro que se produjo a finales de la I Guerra Mundial.

Pese a su importancia estratégica en la línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla, las razones alegadas para su supresión, a juicio de Angelita Trujillo, son, entre otras, los problemas de circulación por la presa de Camarillas; el bajo uso del tren; el indudable incremento del transporte de mercancías por carretera, y, sobre todo, el haber volcado esfuerzos en una línea de alta velocidad que han situado al AVE, el aeropuerto y el agua en el centro de la propaganda política.

Por su parte, José Luis Vergara Giménez, concejal ciezano de CCCI y miembro de la Comisión regional 'Más tren por Camarillas', de la que fue portavoz el recientemente fallecido José Antonio Pujante, nos recuerda que siempre han apostado por no abandonar del todo la conexión ferroviaria Cieza-Calasparra; y, entendiendo que no podía mantenerse el tramo norte Calasparra-Agramón, afirma que la línea ha de continuarse desde Calasparra hasta un punto intermedio o cercano a Caravaca y Cehegín, con el doble objetivo de nutrirlas de un servicio de lanzadera para líneas de larga distancia, a través de la estación de Cieza, con horario compatible con los trenes más rápidos 'Alvia', y de cercanías, con horario útil universitario.

Radiografiado el problema, se aportan algunas soluciones. Pepe Ortega cree que lo deseable sería que los habitantes del Noroeste tuvieran un acceso rápido a la estación de Cieza, dificultado en estos momentos por la mala calidad de la carretera que une la Venta del Olivo con Caravaca y Puebla de Don Fadrique. Por ello, Ortega coincide en ese punto con Angelita Trujillo en que, además de otras medidas, que pasan por mantener la infraestructura ferroviaria actual, sería conveniente la conexión por autovía Jumilla-Caravaca-Puebla de Don Fadrique. Angelita, además, apela a la movilización ciudadana, a reclamar compensaciones y a poner en marcha un plan a corto, medio y largo plazo a través de un proceso participativo.

Por su parte, José Luis Vergara apuesta por la profundización de los servicios de cercanías de las distintas comarcas murcianas, articulados en su relación con la capital y las comarcas de Cartagena-Mar Menor y Lorca-Aguilas. En ese aspecto, su reivindicación de la extensión del ramal de Calasparra con al menos otra población del Noroeste murciano (Cehegín, Caravaca o un punto intermedio entre ambas) la considera de gran interés para la vertebración de las cercanías regionales. A su juicio, deben establecerse, además, con frecuencias y costes reducidos, servicios de transporte público por carretera desde varias localidades hasta Cieza, llamada a ser la estación de conexión de estas comarcas del Noroeste con Castilla-La Mancha y Madrid.

Estas ricas y diversas opiniones nos demuestran lo importante que es contar con las voces de la sociedad civil, cosa que está siempre ausente a la hora de planificar asuntos y tomar decisiones que tienen que ver con el interés general.

martes, 19 de marzo de 2019

UNA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI




Hay una lógica preocupación entre familias y colectivos docentes y sindicales que no han cesado de luchar durante estos años por revertir la situación, defendiendo una Escuela pública de calidad con un modelo educativo que propicie la inclusión social


 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/03/19/educacion-siglo-xxi/1006018.html

Cualquier persona que, con un mínimo de objetividad, analice la realidad de la Sanidad y la Educación en Murcia tras más de dos décadas de Gobierno monocolor del PP en la Región observará el deterioro de estos servicios esenciales para la comunidad por las políticas de recortes. Hoy voy a hablarles de Educación.

Un estudio, nada sospechoso de parcialidad, de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) refleja que el sistema educativo de la Región de Murcia, con 340.000 alumnos/as y con 28.000 profesoras/es en 800 centros parte de unas condiciones de entorno y recursos muy poco favorables que afectan a su desarrollo. Sin pretender abrumar con datos, unos pocos indicadores nos resultan imprescindibles para entender esa conclusión.



El gasto en Educación por habitante entre la población menor de 25 años se sitúa en la Región en 4.347 euros (media estatal, 5.180 euros); el porcentaje de alumnado que cursa la educación postobligatoria supone un 69,5% (media estatal, 76,8%); y la escolarización de la población infantil hasta los dos años es del 17,5%, frente al 33,6% de media del Estado.

Pero quizá sea en el incremento de los conciertos educativos, tras incluir en los mismos a los niveles no obligatorios, donde más nítidamente se perciban las políticas neoliberales que el PP ha venido aplicando en Educación. El estudio arriba citado concluye que un 17% del gasto educativo en educación no universitaria ha ido destinado a esos conciertos con la enseñanza privada. A su vez, el Portal de la Transparencia de la Región de Murcia, que publica una exhaustiva información sobre la cuantía de los módulos de esos conciertos, eleva a más de 232 millones de euros en el año 2016 la cantidad destinada a financiar los mismos. Y ello en un contexto de progresiva disminución del gasto total en Educación. La Fundación BBVA y el IVIE cifran en 1.339,9 millones de euros el presupuesto educativo regional en ese año (cuando en 2010 era de 1.476,7 millones). Y si excluimos los gastos financieros, ese presupuesto asciende a sólo 1.077,5 millones de euros.

Y ello, recordemos, en un contexto de incremento gradual de las partidas destinadas a los conciertos educativos. Con cifras del propio ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y tomando como base 100 el año 2004, el incremento de esas partidas en la Región ha pasado del 108% en 2005 a no bajar del 140% de incremento entre los años 2009 y 2014.

Ante esta realidad educativa, hay una lógica preocupación entre familias y colectivos docentes y sindicales que no han cesado de luchar durante estos años por revertir la situación, defendiendo una Escuela pública de calidad con un modelo educativo que propicie la inclusión social, la lucha contra las desigualdades, el respeto a la Naturaleza y valores de convivencia democrática.

Entre esos colectivos citados, hay un grupo de personas que, desde hace cinco años, se han empeñado en hacer de la lucha por la Escuela Pública su norte de actuación, tras la fructífera etapa de su paso por las aulas. Integran la comisión organizadora de las Jornadas Una Educación para el siglo XXI. Miradas desde las Ciencias y las Artes, que este año han alcanzado su quinta edición. Esa comisión está compuesta por personas mayoritariamente jubiladas de las asociaciones sindicales progresistas de esta Región que cuentan con la colaboración de instituciones privadas, de Ayuntamientos, de las universidades públicas, de la consejería de Educación, etc., y viene desarrollando, desde hace cinco años, una serie de actividades que en este curso se han extendido desde el 17 de enero hasta el 19 de marzo.

Convencidas de que hay que luchar por extender «un modelo educativo que favorezca la atención a la diversidad y que eduque en la formación de personas críticas, cultas y solidarias», estas personas entusiastas han ofrecido en estas V Jornadas educativas todo un abanico de actividades que se han extendido por un total de dieciséis municipios de la Región.

La conferencia inaugural del profesor Antonio Viñao fue seguida por otras que abordaron aspectos como la Educación en Murcia y su realidad socioeducativa, la evaluación, qué Historia enseñar en el siglo XXI, el cambio climático, la educación medioambiental, el feminismo, la educación afectivo-sexual, etc. El catedrático Paco Jarauta cerró el pasado viernes ese ciclo de conferencias.

También se han desarrollado talleres y otras actividades en Las Norias de Abarán y en el Museo de la Ciencia y el Agua, mientras que en Molina de Segura las jornadas de diversidad han debatido sobre alternativas para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Las artes plásticas no podían estar ausentes de estas jornadas. Un ciclo denominado Narrativas de la imagen nos ofreció en la Filmoteca Regional las proyecciones de Amanece que no es poco y Tiempo después, de José Luis Cuerda. Y cuando estas líneas vean la luz, estaremos a punto de poner el cierre de las jornadas el martes 19 por lo noche con un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dirigida por Virginia Martínez, que interpretará piezas para piano y orquesta de Mozart y Beethoven en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

En suma, como vienen diciendo año tras año las autoridades civiles y académicas, invitadas al acto de inauguración de las jornadas, sorprende la vitalidad y el empuje de este grupo de personas jubiladas que, con la puesta en marcha de estas actividades en defensa de la Escuela Pública (un ejemplo para el resto de comunidades autónomas del resto del Estado), demuestran que el fin del ciclo docente no es sino un paréntesis. Es loable el empeño que ponen para que, año tras año, el debate sobre la necesidad de luchar por una educación de calidad ocupe un lugar destacado en la agenda política y social de esta Región.

miércoles, 6 de marzo de 2019

Tibieza de Pedro Sánchez ante la Memoria Histórica

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/03/06/tibieza-pedro-sanchez-memoria-historica/1002287.html

 Sigue pendiente ese homenaje institucional por el Estado español a la diáspora republicana en el exterior


Hace unos días fallecía en París Ramiro Santisteban, uno de los últimos republicanos españoles supervivientes del campo de exterminio de Mauthausen. En junio del pasado año nos dejaba nuestro paisano Paco Griéguez, también superviviente de ese campo del horror. Ni ellos ni sus miles de compañeros en campos nazis han merecido un homenaje institucional por parte del Estado español, homenaje que, como en el caso de nuestra Comunidad Autónoma de Murcia, afortunadamente sí han hecho más de una decena de Ayuntamientos. Los actos simbólicos de reconocimiento por el Estado a esas víctimas (más de 5.000 republicanos españoles, sobre 7.000 encerrados en Mauthausen, murieron en aquel campo de la muerte o en su subcampo de Gusen), así como a otras del exilio republicano, han sido en el exterior. Veamos.

En 2010, en el 65 aniversario de la liberación por los aliados del campo de Mauthausen, ocurrida el 5 de mayo de 1945, la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acudió allí. En su alocución dijo que «sólo el silencio engendra el olvido, y el olvido de quienes tanto dieron es la peor, la más insoportable de las mentiras». Pero hemos de recordar que el primer monolito republicano se colocó en ese lugar en 1962 y que la asociación de víctimas españolas, la Amical de Mauthausen, no fue reconocida por el Estado español hasta 1978.

El 28 de abril de 2015, en el 70 aniversario de la liberación, el Congreso instó al Gobierno, mediante una proposición no de ley aprobada por unanimidad, a honrar a los españoles prisioneros en esos campos. El 10 de mayo, el entonces ministro de Exteriores del Gobierno del PP, José Manuel García Margallo, acudió a Mauthausen y destacó la importancia de «honrar y renovar un deber universal de memoria ante la barbarie». En la foto de la agencia Efe, una bandera republicana desplegada tras el ministro recordaba la condición republicana de aquellos héroes, condición que, por supuesto, García Margallo omitió.

Unos mes después, el 3 de junio de 2015, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en presencia de Felipe VI y Letizia, inauguró, junto al ayuntamiento de París, el jardín de los combatientes de la Nueve, en homenaje a los hombres de esa compañía casi totalmente española (146 de los 160 soldados que la componían eran españoles o de origen hispano) que, al mando del general Leclerc, liberaron París el 24 de agosto de 1944.

El pasado día 24 de febrero, en el 80 aniversario del éxodo republicano, Pedro Sánchez pidió perdón al exilio español ante las tumbas de Manuel Azaña y Antonio Machado en las localidades francesas de Montauban y Collioure, respectivamente, y acudió también a la playa de Argelès-sur-Mer, en donde una placa recuerda que ese fue uno de los improvisados campos de refugiados españoles que huían de la represión franquista tras la caída de Cataluña a finales de enero de 1939. En todos esos actos, la bandera republicana estuvo ausente. Tibia e irreverente actitud de las autoridades españolas si se tiene en cuenta que, ante la negativa del gobierno de Vichy a que se enterrara a Manuel Azaña con la bandera republicana, el embajador de México, Rodríguez Taboada, informó a ese Gobierno que muy gustosamente la tumba del estadista español la cubriría la bandera de su país.

Las citas de arriba demuestran que los homenajes a los héroes republicanos españoles que dieron su vida por la libertad, la democracia y la justicia se dan en el exterior, pero que, tras más de cuarenta años de democracia, están ausentes en nuestro país. En julio de 2017, en mi breve periplo francés, visité la localidad de Argelès-sur-Mer, en donde se está llevando a cabo un encomiable trabajo de recuperación de la memoria republicana. Se ha creado la asociación 'Fils et filles de républicains espagnols et enfants de léxode' (Hijos e hijas de republicanos españoles y niños del éxodo) y se ha abierto el Centro de Interpretación y Documentación sobre el exilio y la retirada (CIDER), con vídeos e información lamentablemente sólo en francés. Ese Memorial recuerda que en 1939 había más de 264.000 republicanos españoles en los campos de concentración de los Pirineos Orientales.
Y en la bella localidad de Toulouse, ciudad en la que el 10% de la población es de origen español, además de rastrear la huella de los cátaros, nos es dado acercarnos a multitud de datos e información sobre el exilio republicano español.

Sigue pendiente, pues, ese homenaje institucional por el Estado español a la diáspora republicana en el exterior. Y en el interior. Unos datos para recordar el alcance del genocidio franquista tras la Guerra de España (me niego a denominarla 'civil', en línea con las últimas tendencias historiográficas): unas 500.000 personas exiliadas tras la guerra; más de 115.000 víctimas enterradas en fosas comunes, de las que más de 2.000 están aún por exhumar, pese a los reiterados requerimientos de la ONU al Estado español; unas 50.000 personas fusiladas, en su mayor parte en supuestos procesos sin garantías jurídicas; casi medio millón de presos convertidos en trabajadores forzosos en los casi doscientos campos de trabajo que funcionaron en el país; atroces represalias sobre las mujeres republicanas; expropiación de bienes a familias republicanas por el franquismo; más de 30.000 bebés robados durante la guerra y la posguerra, etc.

Con estos precedentes, habrá que 'agradecer' el gesto de Pedro Sánchez de acudir a honrar la memoria de esos ilustres republicanos, como también su perseverancia en lograr exhumar de Cuelgamuros la momia del dictador. Pero estos tibios gestos, estos actos simbólicos, no ocultan que la mayoría que lograra para la moción de censura en el Congreso hubiera debido aprovecharla, para, con carácter legal, condenar el franquismo como un régimen genocida que fue, anular todas las causas penales, ilegalizar las distintas fundaciones franquistas y derogar la Ley de Amnistía de 1977.

lunes, 25 de febrero de 2019

Una pieza teatral se sumerge en la esclavitud laboral en el Campo de Cartagena


--De esta obra, que aborda también aspectos como la xenofobia, el racismo y la inmigración, se exhibió una Muestra a finales del pasado año en el Centro Párraga.

---El estreno está previsto para el próximo mes de mayo 



Diego Jiménez.


José Antonio Fuentes y Eva Libertad son dos jóvenes creadores que, con su grupo Sabotaje Teatro, se han empeñado en llevar al escenario, con muestras de teatro experimental, obras que despierten las conciencias dormidas. 

Las personas componentes del grupo teatral, con José Antonio Fuentes, autor y uno de los directores(a la izquierda de la foto) y Eva Libertad, directora también de la pieza (la segunda por la derecha).



En estos meses, se encuentran inmersos en la puesta en escena de una obra, cuyo título en alemán, ‘Was soll ich tun’ (Qué debo hacer), trata de golpear esas conciencias aletargadas sobre un hecho de plena actualidad en estas fechas de inicios de un siglo XXI que se prevé convulso: la coexistencia del fenómeno de la inmigración con el despertar de instintos primarios como la xenofobia y  el racismo, combinados con adecuadas dosis de explotación laboral.




La obra, que tiene como marco referencial el Campo de Cartagena, cuenta con un elenco de personas no profesionales de la escena, es decir, sin experiencia teatral (si se exceptúa al propio actor/director J. Antonio Fuentes), entre las cuales me encuentro, y está previsto su estreno para primeros de mayo. 

Mi libro, ‘La Casa de la Loma’, mereció la atención de los creadores de esta pieza teatral, y de él leo unos párrafos durante su desarrollo.



Para promocionar la misma, el pasado domingo se desarrolló un maratón fotográfico por distintos enclaves agrícolas del Campo de Cartagena, al que siguió una grata comida de convivencia en un restaurante de La Palma.