martes, 18 de abril de 2017

El Mar Menor y modelos agrícolas

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/04/18/mar-menor-modelos-agricolas/822464.html



Han pasado los años, pero aún conservo frescos en la retina y en mi olfato los paisajes, colores y olores del Mar Menor en aquellas excursiones esporádicas, escasas, a esta laguna litoral única en el Mediterráneo. Tiempos difíciles en los que la economía familiar sólo permitía alguna que otra escapada para que nos diéramos un baño matinal, a la espera de la tortilla de patatas y el conejo frito con tomate y pimiento que mi madre, a la que no le gustaba el baño, custodiaba en la fiambrera, con la recomendación, eso sí, de no volver al agua hasta hacer la digestión. En aquella playa de Los Nietos aún nos era dado en aquellos tiempos disfrutar de aguas limpias en las que, a veces, detectábamos la presencia de ese simpático caballito de mar, hoy ausente. Han pasado los años y la presión demográfica sobre sus riberas, la actividad agrícola incontrolada, la apertura de la gola del Estacio y los desechos de metales pesados de la minería aportados por la rambla del Llano del Beal han amenazado de muerte a esta singular albufera mediterránea. Por eso, en la medida en que aún resuenan en nuestros oídos los ecos de la protesta de varias organizaciones agrícolas y colectivos sociales y vecinales en demanda de una agricultura sostenible en el Campo de Cartagena y en defensa del Mar Menor, merece la pena detenernos, siquiera someramente, en el análisis del contexto agrícola actual.

Para empezar, y con datos del INE, conviene no obviar que en los siete municipios del Campo de Cartagena la actividad agrícola es la predominante, hasta el punto de que el tercer mes de este año se ha cerrado con casi 16.000 nuevos contratos. El sector agrícola ha pasado en el periodo 2008-2016 del cuarto al segundo lugar de importancia respecto del total de actividad, pero este modelo de agricultura intensiva, en el que no faltan extensiones de regadío ilegales que nadie parece haber controlado e impedido, está condicionado por el sempiterno déficit de recursos hídricos. La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, en reunión celebrada el pasado 17 de febrero en su sede, adelantó las perspectivas de recursos para el año hidrológico 2016-2017, que cifra en 68,1 hectómetros cúbicos, con aguas procedentes de estaciones de depuración de las aguas residuales de los municipios ribereños del Mar Menor, de las desalobradoras y desaladoras, de los pozos del sinclinal de Calasparra… Sin embargo, algunos de esos aportes están en el aire. A título de ejemplo, los propios regantes admiten que la previsión de 30 hectómetros cúbicos del Trasvase Tajo-Segura está condicionada por las existencias de la cabecera, mientras que la aportación de la desaladora de San Pedro del Pinatar dependerá de las disponibilidades de agua para garantizar el consumo de la población.

Pienso que, con el modelo actual, si no se camina decididamente hacia uno más sostenible, parece un objetivo poco realista, por no decir imposible, hacer compatible la agricultura con la defensa del Mar Menor. Aporto un dato y unas cifras para intentar avalar mi aseveración. La Unión Europea apuesta fuerte por la actividad agrícola, si se tiene en cuenta que al sector primario se destina el 38% de los presupuestos de la Unión. Y pese al pesimismo y alarmismo por la falta de agua, lo cierto es que, con datos de Proexport, las exportaciones hortofrutícolas de la Región supusieron en 2016 el 20% del volumen nacional exportado, se incrementó un 6,5% el valor de las exportaciones de hortalizas, y desde esta tierra se comercializa el 71% de la lechuga exportada desde España. Centrándonos en el Campo de Cartagena, la producción de pimiento, que en ese año alcanzó las 84.608 toneladas, creció un 14,7% más que en 2015.

Por eso, evitando deslizarme  por una indeseada criminalización de una actividad agrícola que tanta riqueza y empleos (la calidad de los mismos es harina de otro costal) aporta a la Región, sintonizo con la posición mesurada de las organizaciones ecologistas con ocasión de la ‘tractorada’ del pasado día 5 en Murcia. Concretamente, ANSE defiende una superficie razonable de agricultura intensiva siempre y cuando se apliquen medidas adecuadas de producción limpia en origen y critica, a su vez, tanto una falta de coordinación administrativa entre el Ministerio de Medio Ambiente y la CARM para la solución de los problemas ambientales del Mar Menor y su entorno, como la abundancia de superficies de regadío sin dotación de agua y con malas prácticas de abonado y conservación de suelos…


El actual modelo agroexportador, consumidor de recursos hídricos cada vez más escasos y dependiente de agroquímicos, es el opuesto a una actividad agrícola más respetuosa con el medio y que hay que saber que tiene un importante nicho de mercado: la ecológica. En 2016, de las 40.000 hectáreas de superficie cultivada en el Campo de Cartagena, sólo un 7,1% es producción ecológica, si bien es cierto que en ese año se incrementó en un 34% en el caso de los cítricos y en un 39% en el caso de las hortalizas. Ése es el futuro.

jueves, 6 de abril de 2017

Murcia: Pedro Antonio Sánchez dimite...pero se queda

Diego Jiménez/Murcia.- Era cuestión de tiempo. La larga crisis institucional a que condujo el enrocamiento,  en su cargo,  del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (en adelante, PAS)  llegó a su fin en la mañana del pasado día 4, con el anuncio de su dimisión en reunión extraordinaria de la dirección regional del PP convocada con el requerimiento a sus componentes de “asistencia inexcusable”. El hecho de que a la citada reunión la dirección estatal desplazara a Murcia al coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, hacía suponer, como así fue,  que esa dimisión podría producirse.

En la foto, el dimitido presidente murciano Pedro Antonio Sánchez (PAS)  (Foto La Opinión de Murcia)

En rueda de prensa, PAS afirmó que dimitía por responsabilidad y para evitar la formación de un Gobierno tripartito (PSOE, Podemos y Ciudadanos), que, según él, sería nefasto para la Región de Murcia. En la misma anunció que la persona propuesta para sucederle era el joven Fernando López Miras, de 33 años de edad, actual coordinador general del PP murciano y secretario segundo de la Asamblea Regional, que para muchos analistas no es sino un ‘hombre de paja’ del presidente, que aspira a recuperar el poder, pues PAS no ha dimitido como parlamentario regional, cosa que sí estaba prevista en el pacto con Ciudadanos que le aupó al poder.


Fernando López Miras, el sucesor de PAS al frente del Ejecutivo murciano (Foto El Confidencial)

De no haber mediado esa dimisión, al día siguiente estaba previsto el debate de una moción de censura en la Asamblea Regional de Murcia, presentada por el grupo socialista y que contaba con el apoyo de Podemos. Ambos grupos habían consensuado un total de 25 puntos para un eventual cambio de Gobierno.  Podemos  aceptaba que la presidencia regional recayera en el socialista  Rafael González Tovar, por dos años, hasta agotar la actual legislatura. El apoyo de Ciudadanos, sin embargo, venía condicionado por que la presidencia socialista fuera al frente de un gobierno técnico, de seis meses de duración, que convocara elecciones, pero vetando expresamente la presencia de Podemos en ese Gobierno.

Recordemos que la composición actual de la Cámara legislativa murciana, con 22 diputados del PP;  13 del PSOE;  6 de Podemos, y 4 de Ciudadanos, situaba a la oposición con mayoría,  pero el veto especial de Ciudadanos a Podemos y su oposición a entregarle el Gobierno de la Comunidad Autónoma al PSOE por un largo periodo de tiempo hacían bastante inviable que esa moción de censura prosperara.  Ésta, y no otra, fue la razón por la que PAS, con el apoyo inicial (ahora sabemos que aparente) de la dirección estatal del PP, se mantuvo enrocado en el cargo, hasta que el anuncio de su imputación en la trama Púnica por parte del juez Velasco precipitó su salida, pues Génova no estaba dispuesta a perder Murcia, uno de sus bastiones electorales y, además, se temía que la crisis institucional murciana podría tener repercusiones en el ámbito estatal.


Un presidente doblemente imputado

La prensa estatal había venido haciéndose eco, en los dos últimos meses, del ‘culebrón’ murciano, provocado por la situación de imputado (ahora investigado) del presidente en el ‘caso Auditorio’ de Puerto Lumbreras, en su etapa de alcalde de ese municipio, y últimamente en la trama Púnica que instruye el juez Velasco.

En el primer caso, PAS había encargado las obras del auditorio al arquitecto Martín Lejarraga, pero no medió concurso de adjudicación y, además, firmó la recepción de esas obras sin terminar, después de destinar a las mismas la subvención de 6 millones de euros del Gobierno regional. Pese a ello, el presidente había venido insistiendo en su inocencia y alegaba que todo el dinero estaba en la obra, a la que se calcula que le faltaría un 35% para su conclusión,  descartando el desvío de fondos.  

El asunto, por la condición de aforado de PAS, estaba siendo sustanciado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia por el magistrado Pérez Templado, que, curiosamente, fue visto hace unos días tomándose unas cañas con un señalado dirigente del PP, razón por la que el PSOE había pedido su recusación. Esa circunstancia hubiera retrasado el eventual archivo del caso Auditorio por parte del TSJ, pedido por la defensa de PAS, y es una de las razones por las que desde Madrid se aceleró la dimisión, más bien destitución, del presidente murciano.

El segundo de los asuntos por el que PAS sigue imputado tiene que ver con su relación con uno de los individuos de la trama Púnica. En sus tiempos de consejero de Educación del Gobierno murciano, deseando postularse para suceder en la presidencia regional a Ramón Luis Valcárcel, ahora en Bruselas, PAS conectó con un uno de los imputados por esa trama para, con fondos de los cursos de Formación de la Consejería de Educación, mejorar su imagen, ya deteriorada por el ‘caso Auditorio’.


Consecuencias del largo ‘reinado’ del PP en Murcia

Los veintidós años ininterrumpidos en los que el PP ha venido gobernando, con mayoría absoluta (excepto en este último periodo legislativo) la Región de Murcia han sumido a este territorio en un desierto industrial y una crisis económica y social sólo mitigada en parte por la actividad agroexportadora. Pero, todo hay que decirlo, ha dejado secuelas, como lo demuestra la situación del Mar Menor, una laguna litoral única en el Mediterráneo, pero que acusa gravemente los efectos de una agricultura intensiva que ha dañado este singular espacio.

Por lo demás, la exposición de una serie de indicadores puede darnos una idea de la situación en que se encuentra la Región de Murcia.

La actividad especulativa del ladrillo y el final de la misma, ligada al estallido de la burbuja inmobiliaria, ha traído consecuencias. De los cuarenta y cinco municipios con que cuenta la Región de Murcia, en un total de 25 se dan casos de corrupción ligados a esa especulación urbanística, con el señuelo, muy deseado en su día, de la firma de convenios urbanísticos de difícil ejecución. El fin de la burbuja inmobiliaria ha llevado también a que, en una Región con casi 1,5 millones de habitantes, el presupuesto ha ido menguando año tras año, por la caída de la recaudación. El de 2016 es de 4.862 millones de euros, pero la Deuda actual asciende a 8.035 millones de euros, la décima por comunidades autónomas.

En lo social,  según la EPA de 2016, el  paro entre la población activa menor de 25 años es del 46,3%.  Además, un 44,9% de personas se encuentran en riesgo de pobreza y de exclusión social.  Con un Índice de Desarrollo Humano en 2.014 de  0,876, la Región se sitúa en el antepenúltimo lugar de todas las autonomías, sólo superada por Andalucía y Extremadura. Tal situación de pobreza motiva que un 56% de murcianos y murcianas confiese no poder salir de vacaciones al menos una semana al año...

Frente a estas cifras, la megalomanía y el despilfarro han dado lugar a proyectos inacabados o fracasados, de los que son ejemplos el Parque Tecnológico y la Paramount, de los que nada más se supo; urbanizaciones proyectadas para un turismo de élite no consolidadas por sentencias judiciales, tales como Novo Carthago, junto al Mar Menor, y las de la Zerrichera y Cabo Cope; autopistas sin coches, como la de Cartagena-Vera, que ha de rescatar Fomento; aeropuertos sin aviones, como el de Corvera, terminado pero sin funcionar, tras retirarle el Gobierno la concesión al anterior consorcio de empresas adjudicatario; una desaladora en el Valle de Escombreras, sin funcionar y en proceso de investigación en una Comisión del parlamento regional; el proyecto megalómano de un macropuerto en el paraje costero de El Gorguel, cuestionado por el movimiento ecologista por sus indudables repercusiones medioambientales sobre el hábitat mediterráneo costero, al pretender ubicarse junto a  la dársena de Escombreras, lugar especialmente contaminado; unas comunicaciones ferroviarias tercermundistas, volcadas ahora en un AVE que no llega y con el olvido de la línea tradicional con Albacete, mientras se anuncia la paralización del corredor Mediterráneo, a favor de Madrid…

Como se ve, la crisis institucional de Murcia coexiste con una Región situada en el furgón de cola de las autonomías. Un último dato: el Gobierno del PP se dispone a concertar la FP y el Bachillerato, enseñanzas, como se sabe, no obligatorias, en una Región en la que en los últimos años el incremento de las partidas destinadas a esos conciertos ha crecido un 24% de media, al tiempo que el deterioro de la Enseñanza Pública es evidente, lo que ha levantado la alarma de un sector de la sociedad murciana, sumida en gran parte en una anestesia que conduce a que el PP haya venido disfrutando, hasta hoy, de una cómoda mayoría, bien es cierto que ahora  con la complicidad de Ciudadanos. 

martes, 4 de abril de 2017

Atraco a la Enseñanza Pública


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/04/04/atraco-educacion-publica/819100.html

(El artículo que envié a La Opinión, unas horas antes de la publicación de la Orden de la Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia que daba vía al régimen de conciertos, ampliándolos a seis años y, por primera vez, haciéndolos posible en FP y Bachillerato, lo publico aquí corregido, consignando esa circunstancia, y con cambio de título).

Atraco a la Enseñanza Pública

Corría el tercer año de la primera legislatura del Gobierno socialista de Felipe González. El presidente y su ministro de Educación, José María Maravall, se enfrentaban a un hecho: había que dar respuesta a las demandas educativas de una sociedad que exigía una Educación a la altura de los nuevos tiempos.  Pero eran conscientes de que las estructuras educativas heredadas no eran suficientes para escolarizar a aquella numerosa generación procedente del ‘baby boom’ de los años 70. Y aquel Gobierno promulgó la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, la LODE, que, entre otros contenidos, estableció el sistema de conciertos educativos, con los que, a su vez, se trataba de dar carta de naturaleza a un pacto con la Iglesia católica para consolidar el statu quo existente.

Ese sistema de conciertos imposibilitaba teóricamente que las subvenciones o ayudas públicas pudieran destinarse a la creación de nuevos centros; excluía, a su vez, la posibilidad de ‘beneficio industrial’ en la gestión de un colegio, e insistía en que las actividades extraescolares o servicios complementarios no debían tener un carácter lucrativo. ¿Se cumplen hoy esos requisitos? Vayamos por partes.

Para empezar, en el Estado español el peso de la enseñanza concertada es significativamente superior a la media europea. Cuando en el continente los centros de titularidad pública suponen poco más del 80% del total, en España, con datos del propio MEC, en el curso 2015-2016 los centros públicos en los que se imparten enseñanzas del régimen general suponen el 67,8%. En nuestra Región de Murcia, un 71,3% son centros públicos; un 24,4%, concertados, y la privada no concertada supone el 4,2%. Pero esta situación regional cambiará a peor drásticamente. En el momento de redactar estas líneas, el BORM del 1 de abril, tras el dictamen favorable del Consejo Escolar Regional, acaba de publicar la Orden sobre conciertos educativos, que se amplían a seis años, quizás para blindarlos ante un eventual cambio de signo político en el Gobierno, y que anuncian la concertación del bachillerato y los ciclos formativos de FP, lo que ha levantado la alarma social.

Y todo esto ocurre en un contexto en el que el peso de la enseñanza concertada ha ido creciendo a la par que el gasto educativo público menguaba. Desde el 2008 al 2014, las partidas destinadas a conciertos educativos y subvenciones se han incrementado en el país un 6,5% en Infantil y Primaria y un 8% en Secundaria, pero en Murcia lo han hecho en un ¡ 24% de media ! en esos niveles. Situación tanto más sangrante cuando el mismo MEC,  en su publicación Datos y cifras escolares 2016-2017, nos informa de que el gasto educativo ha ido retrocediendo desde 2009 hasta 2014 en 9.000 millones de euros, un 16,8%, hasta el extremo de situarse en 2015-2016 en los mismos niveles del curso 2007-2008. Y,  en ese contexto, la Región de Murcia no sale muy bien parada: en el estudio Papeles de Economía Española de 2016, de Funcas, se sitúa en el furgón de cola de las autonomías en gasto/alumno-a, unos 6.000 euros por estudiante, la mitad que en el País Vasco.

Con estos precedentes, la clara intención de la titular de la Consejería de Educación de Murcia, María Isabel Sánchez-Mora, de incrementar el número de conciertos dando entrada a las enseñanzas no obligatorias ha conseguido enervar los ánimos de una comunidad educativa ya soliviantada. A título orientativo, si les interesa, el Portal de la Transparencia de la Región de Murcia da a conocer las cantidades por módulo educativo a percibir por los centros concertados en concepto de salarios del personal docente, gastos variables y otros gastos, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Digámoslo con claridad: la Consejería de Educación está poniendo en marcha, sin disimulo alguno, toda una política orientada al trasvase de fondos públicos para favorecer a empresas privadas de enseñanza, cuyo norte es el puro negocio. Un dato: los colegios confesionales Nelva y Monteagudo que, además, segregan a su alumnado por sexos, recibieron en 2016 un total de 4.064.44,22 €, cantidades a las que hay que añadir las percibidas en concepto de cuotas ‘voluntarias’ por parte de las familias. Eso sí,  a sus titulares se les llena la boca con el manido término ‘libertad de enseñanza’ -que no es otra cosa que la libertad de esas patronales para seleccionar alumnado (¿cuántos alumnos y alumnas del Polígono de la Paz hay en las aulas de esos colegios?)-.

La situación es grave. Por eso termino mi columna con un alegato dirigido a ti, compañero y compañera docente de la Pública: ¿Crees que esta situación no te va a afectar? Me dirijo también a ustedes, padres y madres. Estos últimos años se ha registrado una disminución de, al menos, 1.000 profesores y profesoras en la Enseñanza Pública a la par que un deterioro evidente de las infraestructuras de los centros, un aumento de las ratios y un empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado.  A la consejera, sin embargo, parece preocuparle sólo la estabilidad del profesorado de la concertada. Ante el atraco a la Enseñanza pública, son tiempos de movilizarse.