martes, 27 de octubre de 2020

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y EL CINISMO DE PABLO MONTESINOS (PP)

 

Pablo Montesinos (PP) acaba de criticar en TVE1 la subida de impuestos en los PGE ( la subida de impuestos de la que habla afecta a un segmento especial 'pobre' de la sociedad,el de quienes ganan 'sólo' 200.000 euros/año) y, al mismo tiempo, ha dicho que hay 1,2 millones de familias con todos sus miembros sin empleo.

                                      (Foto:  Pablo Montesinos. SER)

Aparte de que este dato es exagerado, ¿me puede explicar Montesinos cómo se casa la disminución de ingresos que él propugna con atajar el paro y con la aplicación de otras políticas sociales? El PP, en politica fiscal, está muy a la derecha de instancias económicas internacionales, como el FMI, que propugnan, en esta época de pandemia, políticas económicas expansivas por parte de los Estados, para reactivar el consumo. Pero para gastar más, el Estado tiene que recaudar más. Algo a lo que el PP (que pretende debilitar el Estado social para, mediante privatizaciones, entregar la Sanidad, las pensiones, la Educación, la vivienda...a fondos buitre y a otros grupos empresariales) se opone. La postura del secretario de comunicación del PP tiene un nombre: cinismo.

domingo, 25 de octubre de 2020

Hace falta algo más que un estado de alarma

 

Diego Jiménez. Murcia, 25-10-20

El Gobierno acaba de decretar, excepto en Canarias, el cuarto estado de alarma de la democracia (si se incluye el de la Comunidad de Madrid) que, si la grave situación actual de la pandemia persiste, pretende alargar seis meses, hasta el mes de mayo. En esta ocasión, y a diferencia del decretado el pasado 14 de marzo, la medida no implica el confinamiento domiciliario y deja en manos de las distintas autonomías la aplicación de medidas más o menos restrictivas en función de la incidencia de la pandemia en los distintos territorios. Nos parece que este estado de alarma es una medida necesaria, pero insuficiente.

(Foto Mario Montes. SER)

                                                                                                             (Foto Mario Montes. SER)

Insuficiente porque, desde que se tuvo conciencia del alcance de esta enfermedad, ni por el Estado central ni por las autonomías se han implementado medidas homogéneas y adecuadas para enfrentarla, situación que se ha visto agravada por el enfrentamiento político entre muchas comunidades autónomas, encabezadas por Madrid, y el Gobierno.

Insuficiente porque no se ha efectuado un rastreo masivo de potenciales personas portadoras del virus, sobre todo en grupos de riesgo por patologías previas, y se han hecho pruebas limitadas, con un carácter aleatorio.

Insuficiente porque se ha despreciado el alto nivel de estrés de las plantillas de personal sanitario y no se han reforzado al nivel que la pandemia exigía, llevando al absurdo de la extinción precipitada de contratos temporales (como en Madrid), cuando era evidente que la situación tenía visos de alargarse temporalmente.

Insuficiente porque no se han reforzado tampoco suficientemente las plantillas de personal docente y no docente en los centros, ni se han dotado éstos de espacios alternativos para permitir desdobles y bajadas de ratios.

Insuficiente porque ha quedado demostrada la casi total ausencia de controles y la insuficiencia de material de autoprotección entre el personal jornalero de las faenas agrícolas, lo que, en zonas de alta incidencia de este sector, como en las comarcas del Guadalentín, Campo de Cartagena y el Altiplano, ha motivado el aumento de contagios. 

Insuficiente porque, acosado por el grupo de presión de la hostelería, el Gobierno ha permitido una notable ocupación del interior de bares y restaurantes, cuando, por el contrario, ha limitado los contactos sociales incluso en el seno de grupos familiares.

Insuficiente porque no se han reforzado los servicios de transporte público, con aumento del parque ni de las frecuencias de trenes y autobuses.

Insuficiente porque ha habido cierta permisividad en la proliferación del ocio nocturno, con las lamentables imágenes de botellones en zonas urbanas, lo que ha incrementado el riesgo del contagio comunitario.

Con este panorama, está bien apelar a la responsabilidad individual y social para atajar la pandemia, como vienen haciendo tanto el ministro de Sanidad como el propio presidente del Gobierno, pero es el Estado, en un país que encabeza las cifras de incidencia de la covid-19 en Europa, el que, constitucionalmente, está obligado a adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud de la ciudadanía y para luchar también contra las muertes evitables.

miércoles, 21 de octubre de 2020

LA DERECHA DEL ESPERPENTO Y FILONAZI

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/10/21/derecha-esperpento-filonazi/1155590.html


"Hoy en nuestro país los partidos que, como los que sostienen el Gobierno de coalición, desean consolidar la modernidad y el progreso se ven acosados y repudiados, como en tiempos no tan lejanos de la Segunda República, por las fuerzas de la reacción de la derecha extrema, a la que, aun disputándole su hegemonía (la moción de censura de Vox va en esa dirección), se une la extrema derecha"

Ahí lo dejo. No es mi intención ahondar en un tema complejo que daría para varios artículos. Sí lo es, sin embargo, citar, aun de pasada, un asunto sobre el que la mayoría de medios de comunicación y desde luego las televisiones más vistas en este país han pasado de largo. Me refiero a la difusión del resultado de la encuesta sobre la monarquía, que estratégicamente fue dada a conocer el mismo día de la Fiesta Nacional, cosa que, sin duda, 'molestaría' al monarca. La encuesta fue impulsada por una Plataforma de Medios Independientes (hasta 16) y desarrollada por 40db, Instituto de Opinión dirigido por Belén Barreiro, expresidenta del CIS, organismo que lleva más de cinco años sin preguntar sobre ese tema.

Los resultados, por sobradamente conocidos, no los voy a repetir aquí. Sí es preciso aclarar que la desafección ciudadana hacia la monarquía tiene mucho que ver, indudablemente, no sólo con la corrupción del rey emérito, corrupción que, como un cáncer, ha extendido su metástasis en instituciones y partidos, sino también (algo que queda claro en la encuesta) con la identificación de Felipe VI con una derecha que está haciendo todo lo posible para que la democracia zozobre en España.

Realmente, lo que está en cuestión en estos momentos es el modelo de democracia formal burguesa impuesto desde la Transición. Las clases dirigentes españolas renunciaron, desde el siglo XIX, a impulsar 'su' revolución burguesa (que llevó la modernidad y la ruptura con las ataduras del pasado a tantos y tantos países de Europa) y, por el contrario, asfixiaron esas ansias de modernidad de ciertos sectores sociales con políticas tendentes a mantener sus ancestrales privilegios. La derecha en España, hoy, se desliza por esas inercias y, lo que es peor, ha desenterrado su tufo autoritario.

Hoy en nuestro país los partidos que, como los que sostienen el Gobierno de coalición, desean consolidar la modernidad y el progreso se ven acosados y repudiados, como en tiempos no tan lejanos de la Segunda República, por las fuerzas de la reacción de la derecha extrema, a la que, aun disputándole su hegemonía (la moción de censura de Vox va en esa dirección), se une la extrema derecha. Unos y otros no tienen reparos en apelar al insulto, la violencia verbal (por ahora) y a un peligroso 'matonismo'. Digámoslo con rotundidad: las derechas no son democráticas. Incluyendo en ellas, por qué no, a un partido, Ciudadanos, que se ha constituido en sostén y valedor de aquéllas en muchos territorios.

Si tuvieran sensibilidad democrática, quienes se declaran tan constitucionalistas deberían admitir que la soberanía reside en el pueblo español, y del poder legislativo emanan todos los demás, de manera que el Gobierno, elegido democráticamente por el Parlamento, dista mucho de ser 'ilegítimo', como falsamente pregonan.

Si tuvieran sensibilidad democrática, antepondrían la salud de la población a la guerra abierta y declarada que, cual cruzada de liberación, ha emprendido contra el Gobierno central la presidenta madrileña, Isabel Ayuso (aleccionada, sin duda, por Pablo Casado).

Si tuvieran sensibilidad democrática, no sólo acatarían la sentencia de la Gürtel, como falsamente admiten, sino que no caerían en el ridículo, como el del expresidente M. Rajoy al declarar que la sentencia, que condena a trescientos años de cárcel a un montón de ex altos cargos y ministros, es una 'reparación moral' hacia su persona, pues se considera 'víctima' de la moción de censura que lo desalojó del Gobierno.

Si tuvieran sensibilidad democrática, admitirían la presencia en el Gobierno de Unidas Podemos (UP) en vez de utilizar todo tipo de argucias, como el acoso judicial ( lawfare) emprendido contra esa formación política, con múltiples denuncias que los tribunales vienen dejando sin efecto. La última disposición de la Fiscalía Anticorrupción de negar cargos contra Pablo Iglesias por el 'caso Dina' es paradigmática en este sentido.

Si tuvieran sensibilidad democrática, no seguirían bloqueando la renovación de los vocales del CGPJ pretextando la presencia de UP en el Gobierno, al que acusan de dictador. En este sentido, Manuel Muniz, secretario de Estado de España Global, considera que el Gobierno se ha encontrado con un dilema y ha optado por la vía más democrática, que es respetar la mayoría absoluta del Congreso, en lugar de tolerar que continúe el bloqueo de 89 diputados.

Si tuvieran sensibilidad democrática, dejarían de protagonizar los más que bochornosos actos de protesta en el Congreso, con pataleos, gritos, insultos y una evidente falta de respeto a la presidenta de la Cámara, que se esfuerza, sin conseguirlo, en que sus 'señorías' de la bancada de la derecha respeten los turnos de palabra.

Si tuvieran sensibilidad democrática, habrían condenado ya el franquismo, dignificando a las víctimas de aquel aciago régimen. Por el contrario, herederos ideológicos de aquella dictadura, tratan de convertir a las víctimas en verdugos. El último episodio, lamentable, cuando se cumplen ahora ochenta años de los fusilamientos del socialista Julián Zugazagoitia y del expresident de la Generalitat Lluis Companys, ha sido la orden dada por el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, de destrozar la placa de la casa de Madrid en la que nació Largo Caballero, quizá el mejor ministro de Trabajo que haya tenido este país. Acción cuyo mérito hay que atribuir a Javier Ortega Smith (de casta le viene al galgo), nieto del abogado Víctor Manuel Ortega Pérez, el mismo que mantuvo una estrecha relación con el alcalde de Madrid José Finat y Escrivá de Romaní, 'conde de Mayalde', colaborador con la Alemania nazi y que solicitó a Pétain, sin éxito, la extradición a España de ese ministro republicano.

La derecha extrema y la extrema derecha están inmersas en una indisimulada operación de distorsión de la realidad. Han conseguido con ello elevar el esperpento valleinclanesco a categoría (por calificarla de algún modo) política. Con seguridad, si don Ramón María del Valle Inclán levantara la cabeza pensaría que en España nada había cambiado. O quizás sí: quienes deforman y falsean la realidad, hoy, sienten una tremenda nostalgia por las 'conquistas' del nazismo.

miércoles, 7 de octubre de 2020

ALGO MÁS QUE UNA CRISIS INSTITUCIONAL

 

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/10/07/crisis-institucional/1151624.html

A estas alturas de la legislatura, cuando aún no se ha cumplido un año de las elecciones del 10 de noviembre pasado que dieron origen al primer Gobierno de coalición de izquierdas desde la II República, ya nadie duda de que la crisis de la Covid-19 se está solapando con (y restando protagonismo a) una durísima campaña de acoso y derribo al Gobierno, que tuvo su corolario en el último debate de control al Ejecutivo del miércoles de la pasada semana. Haciendo uso del sostenido mantra sobre la ilegitimidad del mismo, las derechas, que luchan denodadamente por disputarse su hegemonía (moción de censura de Vox), están aprovechando la emergencia sanitaria actual para la interposición de querellas contra la gestión gubernamental, a la que se hace responsable del alto número de muertes ocasionadas por la pandemia. Al PP no le interesan las muertes, sino derribar al Gobierno. Por lo mismo resulta indignante, para quienes vemos cada vez más clara una salida en clave republicana a la grave situación política y social actual, la clara incorporación del monarca  Felipe VI a esa operación de zapa, acoso y derribo.

El constitucionalista Javier Pérez Royo, que cree que el conflicto constitucional entre el Gobierno de la nación y el de la Comunidad autónoma de Madrid «puede poner al sistema político español en una situación límite», ve igualmente grave esa injerencia de la Corona en la acción de Gobierno, por la llamada del rey al presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para expresar su disconformidad por su ausencia del acto, celebrado en Barcelona, de entrega de despachos a los nuevos magistrados.

Pérez Royo hablaba, hace unos días, de la necesidad de que el Gobierno ejerza una labor 'pedagógica' sobre el rey, recordándole su papel constitucional. Y es que la situación no es nueva: el monarca ha tomado partido, en varias ocasiones, en situaciones en que debiera haber observado la más estricta neutralidad. Recordemos su incendiario discurso, con autoría indudablemente procedente de la Zarzuela, del 3 de octubre de 2017, contra una parte del pueblo catalán, y su 'disgusto' por la celebración de una ceremonia civil, y no religiosa, de homenaje a las víctimas de la pandemia, entre otras.

Felipe VI parece haber olvidado que, según el artículo 1.3 de la Constitución de 1978 (CE 78), España es hoy una monarquía parlamentaria, en la que el rey reina pero no gobierna (sus actos necesitan el refrendo del Gobierno, según el artículo 64 de la CE 78), a diferencia de la monarquía constitucional que estuvo vigente durante 47 años a partir de la Constitución canovista de 1876, con soberanía compartida del Rey con las Cortes y en la que el Gobierno debía contar con la confianza regia y parlamentaria.

La monarquía actual, al ser una magistratura hereditaria, no tiene legitimación democrática (Pérez Royo). Es más, para abundar en esa ausencia de legitimidad de origen de la monarquía española, añadiríamos que habría que recordar que todo el 'edificio' de la Transición se construyó pese a que la Disposición Derogatoria de la CE 78 dejó sin efecto la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 26 de junio de 1947, que constituía a España en un Reino (sin rey) y que tuvo su concreción en la designación por Franco del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor, a título de rey, en 1969. Estos actos del franquismo, a mi juicio, refuerzan la falta de legitimidad de la monarquía actual, aunque fuese 'bendecida' por los padres constituyentes a la hora de redactar nuestra Carta Magna.

La injerencia de Felipe VI (que, indudablemente, se muestra más cómodo con la derecha y próximo a ella) en los actos del Ejecutivo suena a añoranza de aquellos periodos de nuestra Historia en que la Corona (con Fernando VII, Isabel II, Alfonso XIII), aunque con actos más que reprobables, ejercía un papel preeminente en la política española.

Pero si grave es la injerencia del monarca en las acciones del Gobierno, no menos grave es el frente que la tercera magistratura del Estado, el Poder Judicial, ha abierto contra aquél. La filtración de la conversación de Carlos Lesmes con el rey hay que enmarcarla en ese sentido. El presidente del CGPJ y del Supremo ha usado la Corona como un ariete para erosionar más al Gobierno. Recordemos que Moncloa intentó, para blindar al monarca, retrasar la entrega de despachos a los nuevos magistrados, para alejarla de la fecha en que se conocería la inhabilitación de Torra y el aniversario del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Lesmes amenazó precisamente con hacer coincidir el fallo con esta última fecha. Lo que ocurrió después es sabido.

Estas acciones desestabilizadoras del tercer poder del Estado, calificadas por algún analista como el 'enemigo interior', son el resultado de la no depuración, en su día, de la judicatura, como sí se hizo durante la gestión de Narcis Serra con las Fuerzas Armadas. Perviven elementos conservadores en aquélla y en una institución, el CGPJ, cuyo presidente tiene mucho poder. En opinión del magistrado Joaquim Bosch, autor junto a Ignacio Escolar de El secuestro de la Justicia, el CGPJ adopta decisiones importantísimas como el nombramiento de los magistrados de todas las salas del Tribunal Supremo (recientemente ha habido seis); la elección de los magistrados de las salas Civil y Penal de los Tribunales de Justicia de cada comunidad autónoma, y la designación del presidente de la Audiencia Nacional y de los presidentes de las salas que la integran.

Otra cuestión tiene que ver con la composición del CGPJ. El artículo 122.3 de la CE 78 estipuló que, de los 20 miembros que lo integran, 12 serían elegidos por jueces y magistrados; 4, a propuesta del Congreso, y 4 a, propuesta del Senado, por 3/5 de los votos. No obstante, en aquellos primeros años de nuestra democracia nuestra judicatura era especialmente conservadora. Por ello, en 1985 se reformó la ley, de forma que los magistrados no fueran elegidos por el conjunto de la judicatura, sino atendiendo a las cuotas de poder de los partidos políticos, lo que acentuó el deterioro progresivo de la separación de poderes.

Hace unos días, la mayoría absoluta del Congreso (187 votos) exigió la renovación del CGPJ, frenada una y otra vez por los intereses partidistas de la derecha pese a que Carlos Lesmes ejerce en funciones desde hace dos años. Esa mayoría absoluta podría decidir modificar la legislación para que no sea necesaria una mayoría reforzada para renovar una parte (hasta doce vocales) de ese órgano judicial, dejando los ocho restantes a elegir por 3/5 de las Cámaras legislativas (CE 78).

En plena crisis sanitaria, económica, social y territorial, la virulenta campaña de las derechas para derribar al Gobierno con la indisimulada colaboración de la Corona y de sectores de la judicatura evidencia que nos hallamos ante una severa crisis institucional que amenaza a aquella Transición pactada bajo el ruido de sables y de la que se apropian con un sentido excluyente las derechas.

En ese contexto, las predicciones de quienes otean cercano un horizonte republicano no son nada desdeñables.