martes, 31 de diciembre de 2019

TRASVASE CERO, MAR MENOR Y MODELO AGRÍCOLA

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/12/31/trasvase-cero-mar-menor-modelo/1079661.html

En el comienzo de 2020 se nos anuncia el reinicio de la nunca cerrada 'guerra del agua' en la Región de Murcia y en las comunidades de regantes de las vecinas Alicante y Almería. En nuestra Región, la decisión del ministerio para la Transición Ecológica de decretar para este mes de diciembre un trasvase cero, con sólo 7,5 Hm3 para abastecimiento humano, a la vista de la situación terminal del Mar Menor, ha soliviantado a los partidos de la oposición de derechas, al Sindicato Central de Regantes (SCRATS) y a las organizaciones agrarias, que acusan al Gobierno central de querer liquidar la infraestructura del Trasvase Tajo-Segura.

En el ámbito político, el gran beneficiado por la polémica ha sido la formación ultraderechista Vox, que tiene bien atados a un partido devenido irrelevante en el conjunto del Estado, Ciudadanos, si bien es cierto que conserva la vicepresidencia regional, y a un PP cuyo presidente, López Miras, se nos muestra bastante infradotado e inmaduro políticamente.

El insostenible modelo de agricultutra intensiva se está extendiendo hacia las zonas de secano del interior de la Región de Murcia. En la foto, campo de hortalizas en Venta Cavila, Caravaca de la Cruz  ( Foto del autor)   


Empero, en política, todo vale, hasta la mentira y también la desmemoria, para atacar y ensañarse con el adversario. Empecemos por varias evidencias. Primera. Entre mayo de 2017 y marzo de 2018, o sea, casi durante once meses consecutivos, con el Gobierno de Mariano Rajoy y con García Tejerina en el ministerio, el Tajo estuvo cerrado al Trasvase, según nos recordaba en artículo reciente Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente y sobre el cual se carga toda la responsabilidad. La decisión de decretar el trasvase cero quizás no haya sido la más acertada políticamente, pero bien es cierto que, como recordaba Morán hace unos meses, el final del Trasvase Tajo-Segura va a venir dado por la meteorología. El pasado verano, las Cortes castellano-manchegas ya alertaban de que, de no mediar precipitaciones abundantes, en octubre sería imposible trasvasar agua hacia el Levante.

Segunda evidencia: la disponibilidad de agua a finales de año en los embalses cedentes, Entrepeñas y Buendía, excedía de los 400 Hm3, límite fijado por el Memorando del Tajo-Segura aprobado en 2014 por el Gobierno del PP y las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Madrid y Extremadura. Con fecha 26 de diciembre, según el portal www.embalses,net, esos pantanos embalsaban 528 Hm3, unos 82 Hm3 más que la semana anterior, pero de cuyo volumen de agua hay que descontar las cantidades destinadas a mantener el caudal ecológico del Tajo y las transferencias a la cuenca del Guadiana, para salvar, en no pocas ocasiones, el humedal de las Tablas de Daimiel.

Y tercera y no menos importante evidencia: lo que esta derecha cavernícola que tenemos la desgracia de soportar en esta Región y el lobby empresarial agrario (que, como indica su denominación, presiona y condiciona al poder político) quieren obviar y ocultar es que este modelo agrícola que, en contra de declaraciones demasiado optimistas del presidente regional, sólo contribuye a un 10% del PIB regional, es el responsable del certificado de defunción de nuestra albufera litoral del Mar Menor.
Modelo agrícola de regadío que, por desgracia, está siendo 'exportado' al interior de nuestra Región, como en los secanos de zonas de Lorca y Caravaca. Se impone implantar una agricultura sostenible y ecológica, que pase por revitalizar el secano (la almendra y el pistacho son dos ejemplos de productos con expectativas de buenos mercados) y unos regadíos adaptados a las posibilidades hídricas reales de esta Región, con recursos propios y de la desalación.

Porque la sequía estructural que padecemos y la dependencia de recursos hídricos foráneos es insostenible. Aun así, el pasado mes de junio LA OPINIÓN daba cuenta de que el volumen exportador de frutas y hortalizas creció en la Región un 43% desde 2008 a 2018, pasando de los 1,7 millones de toneladas a 2,5 millones entre esos años, frutas y hortalizas destinadas a proveer los mercados de Alemania, Reino Unido y Francia. Son datos de Proexport, que se ufana de que la Región de Murcia lidera la exportación española de lechuga, brócoli, apio, limón, melón y uva de mesa. Pero la voracidad del lobby empresarial agroexportador no tiene en cuenta el interés social y desprecia la contaminación difusa que las prácticas agrícolas, algunas ilegales, como esas casi dos mil hectáreas sin licencia de riego que todo el mundo parece ignorar, están afectando al Campo de Cartagena. En su subsuelo se acumulan hasta 300.000 toneladas de nitratos procedentes de la agricultura intensiva, que, sumados a un acuífero muy superficial, hacen que gran parte de esos nitratos vayan a parar al fondo de nuestra otrora bella albufera litoral.

Por eso la aprobación el pasado día 26 del decreto ley para el Mar Menor, con tibias medidas que a casi nadie satisfacen y sin contar con el necesario consenso social, parecen decirnos muy a las claras quién parte el bacalao en esta Región. Con las decisiones adoptadas y las carencias que abajo comento, está claro que se pretende salvar a lo más granado del gran empresariado agrícola, pero condenando al ostracismo al pequeño agricultor y a unos sectores turístico y pesquero que a nadie parecen importar.

Para terminar, tomo de los colectivos sociales y ecologistas las principales carencias del decreto ley citado, que el Gobierno regional ha decidido ignorar:

1. La creación de un cinturón verde de al menos dos kilómetros en torno al Mar Menor (el decreto habla de 500 metros), con la prohibición de todo tipo de fertilizantes alrededor de la albufera.
2. Reducir a tres años, y no a cinco, el plazo para elaborar el Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor, en el que debe estar incluida toda su cuenca.
3. Regular toda la explotación ganadera, con prohibición de nuevas explotaciones hasta que no esté redactado el Plan de Ordenación Territorial.
4. Así mismo, y hasta que no esté redactado ese Plan, impedir nuevos desarrollos urbanísticos fuera del suelo urbano y consolidado.
5. Garantizar la independencia y autonomía del comité científico y dotarlo de autonomía e iniciativa propias.
6. Suspender la construcción de nuevos invernaderos e impedir la ampliación de puertos deportivos.
7. Elaborar un programa de control y mejora de las redes de aguas pluviales, de saneamiento y depuradoras en un plazo de seis meses, para evitar vertidos al Mar Menor.
8. Garantizar dotación presupuestaria del decreto-ley para su cumplimiento.

martes, 17 de diciembre de 2019

LAICIDAD DEL ESTADO Y PROCESO CONSTITUYENTE




 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/12/17/laicidad-proceso-constituyente/1076630.html

El pasado día 9 se celebró el Día Internacional del Lacismo y de la Libertad de Conciencia, una
efeméride que conmemora hechos históricos de honda significación en relación con la laicidad del Estado. Así, recordemos que el 9 de diciembre de 1905 Francia aprobó la Ley de Separación de las Iglesias (sic, en plural) y el Estado; ese mismo día de 1931 las Cortes Constituyentes de la Segunda República aprueban una constitución inequívocamente laica; y un día posterior, pero de 1948, se proclama por la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que apela, entre otras cosas, a la libertad de conciencia.

En España, cuando se han cumplido ya los 41 años de entrada en vigor de nuestra Carta Magna, podemos afirmar que el Estado dista mucho de ser laico. La ambigüedad calculada del nuestra Constitución tiene mucho que ver con ello. El artículo 16.3 reza así: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Es decir: por un lado, se propugna una tibia declaración de aconfesionalidad, que no de laicidad, pero se reconoce por parte del legislador el enorme peso que tenía (y que aún sigue manteniendo) en esos momentos la Iglesia católica.

Esa no ruptura de ataduras del Estado respecto de una confesión, la católica, que, aun mayoritaria, dista mucho de ser representativa de la sociedad española del siglo XXI, se manifiesta en la actitud claramente confesional de muchos cargos públicos en el ejercicio de su función, desde la ostentación pública de fe por parte de la familia real, pasando por el juramento del cargo, ante una Biblia y con un crucifijo, por parte de algunos ministros y otros cargos públicos, y terminando por la celebración de funerales de Estado con el rito católico, obviando el carácter civil que debieran tener esas ceremonias.

Y es que, coincidente con el auge, en todo el mundo, de posiciones ultraconservadoras, cuando no claramente fascistoides, es fácilmente perceptible, así mismo, un renacer de un rancio catolicismo por parte de muchos de esos cargos públicos. Dos ejemplos referidos a Madrid y que tienen como protagonista al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. En días pasados, el Ayuntamiento que preside hizo un amplio despliegue de cartelería por plazas y calles de Madrid (por supuesto con dinero público), invitando a la población a la celebración de la Inmaculada. Por otro lado, la prensa dio cuenta de que el alcalde instalaría en la Puerta de Alcalá el belén que ordenó retirar Manuela Carmena, gastando, además, un 27% más en adornos navideños. La virgen María, san José y el niño Jesús vuelvan a estar, pues, en las seis entradas de la plaza Mayor, en la Puerta de Alcalá y en las de Toledo y San Vicente, y en el viaducto de la calle Segovia.

Nihil novum sub solem. Respecto al hecho religioso, hay un hilo de continuidad en la Historia contemporánea de España que hace que los periodos progresistas sean claramente minoritarios respecto a los conservadores, hecho que queda reflejado claramente en nuestros textos constitucionales. En un artículo anterior en LA OPINIÓN, ya les mostraba que la mayoría de leyes fundamentales han estado marcadas por el sesgo confesional católico, comenzando por el Estatuto de Bayona de 1808 y continuando por los textos constitucionales de 1812, 1837, 1845, 1876, la nonnata de 1856 y los textos fundamentales de la dictadura franquista.

Pocos fueron los momentos históricos de ruptura con esa confesionalidad católica: la Constitución de 1869 estipulaba claramente la libertad de cultos (si bien es cierto que el Estado se obligaba al sostenimiento de la Iglesia católica); la Constitución de 1873, que hacía una clara definición de laicidad del Estado pero que no llegó a estar en vigor, y la Constitución republicana de 1931, que consagraba la separación Iglesia-Estado, con una clara vocación de respeto a la libertad de conciencia.

Durante esos años de predominio confesional católico, el poder la de la Iglesia quedó reforzado con concesiones y prebendas tales como la supervisión de la enseñanza y la presencia de la religión en las aulas (que se mantiene con los Acuerdos con la Santa Sede de 1979) en virtud de los Concordatos de 1851y 1953, la dotación del impuesto de culto y clero, que con distinta denominación también existe hoy, y la exención tributaria, de la que aún disfruta la Iglesia. Si a ello le sumamos las inmatriculaciones, que han incrementado su patrimonio, puede colegirse que la posición de privilegio de la institución eclesiástica permanece inalterable en pleno siglo XXI.

La eventual conformación de un Gobierno de coalición debería ser el inicio del fin de tales privilegios eclesiásticos, con la derogación de los Acuerdos con el Vaticano; la nítida separación Estado-Iglesias; la eliminación de la asignatura de Religión del currículo escolar, y la redacción de un Ley de Libertad de Conciencia y una Ley de Muerte Digna, aspectos todos reivindicados por la Asociación Europa Laica.

La entrada en ese Gobierno de coalición de Unidas Podemos podría reforzar las posiciones de avance del proceso constituyente que está en curso y que arranca del 15M y tiene su continuidad actual en el vigor del movimiento feminista y en la pertinaz e incansable lucha de las personas jubiladas y pensionistas. En un contexto de retrocesos globales en todo el mundo, nuestro país, que nunca llegó a abrazar del todo la modernidad, tiene ahora una ocasión mollar para alumbrar un nuevo orden constitucional que supere viejos arquetipos; que condene definitivamente el franquismo e ilegalice sus fundaciones de apoyo; que camine por la senda de la justicia social, el progreso y la tolerancia; que destierre de nuestro solar peninsular las tensiones territoriales, reconociendo la riqueza plurinacional de España, etc.

Hemos tenido cuarenta años para superar viejos arcaísmos y madurar democráticamente. Por ello es preciso reforzar nuestro pluralismo territorial, político y también ideológico. Se impone caminar hacia un republicanismo de corte modernizador de un Estado, que, necesariamente, ha de ser laico.

jueves, 12 de diciembre de 2019

EN EL 89 ANIVERSARIO DE LA SUBLEVACIÓN DE JACA EN FAVOR DE LA REPÚBLICA


Los capitanes Fermín  Galán y Ángel García Hernández fueron considerados ‘mártires’ por la iconografía de la Segunda República.
Los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández. (Foto: publico.es)

Se cumplen hoy, 12 de diciembre, ochenta y nueve años de la sublevación en Jaca (Huesca) de los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández en favor de la República. Durante unas horas llegó a ondear la enseña tricolor en el Ayuntamiento de la capital. Pero esa sublevación fue un fracaso.
Un fallo de coordinación con el resto del país había motivado el adelantamiento de ese hecho militar, lo que condujo al fusilamiento fulminante de ambos y al encarcelamiento de los integrantes del Comité Revolucionario estatal, quienes, meses después, serían miembros destacados del Gobierno provisional de la II República.

miércoles, 11 de diciembre de 2019

AEROPUERTO DE CORVERA: INNECESARIO, INFRAUTILIZADO Y DEFICITARIO, A COSTA DEL PUEBLO MURCIANO


 https://www.elconfidencial.com/espana/2019-12-10/aeropuerto-murcia-aena-vuelos-46-millones_2365131/?fbclid=IwAR1X6R8sCeAjyCO8iKPsEtt1Bv56lHMTseqPB1uUCQU1S_D23Ovk0RB0g0o
(Foto: EFE)



Otra muestra más del despilfarro y la corrupción de los 25 años ininterrumpidos de los gobiernos del PP en la Región de Murcia.

Ramón Luis Valcárcel, 'El panocho', el inductor de tan megalómano proyecto del Aeropuerto de Corvera,  de rositas. 

La desaladora de Escombreras, que registra pérdidas, y  su  empeño en sacar adelante un rimbombante Aeropuerto Internacional de Murcia, claramente deficitario, innecesario -pues estaba plenamente operativo, con dos pistas, el de San Javier-  y, por lo que se ve, inoperante, merecerían algo más que la condena de su mentor al ostracismo político. Pero...ya se sabe: los tentáculos de los corruptos para amordazar al poder judicial son muy alargados y poderosos.

martes, 3 de diciembre de 2019

INJERENCIAS E INMOVILISMO DE LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/12/03/injerencias-e-inmovilismo-jerarquia-eclisiastica/1073032.html

Asamblea plenaria del Episcopado español


Las sesiones de la CXIV Asamblea Plenaria de los obispos españoles, celebrada entre los pasados días 18 y 22 de noviembre, en un contexto en que se debate la configuración del futuro Gobierno de España, no podían dejar de lado esa circunstancia. Con la expresión bíblica «por sus frutos los conoceréis» la Conferencia Episcopal Española (CEE) tomó clara postura sobre el posible Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, afirmando que «juzgaremos a ese Gobierno por sus hechos». Para no ser menos, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en la carta que publica cada semana en el semanario Paraula que edita el arzobispado, escribía: «Nos encontramos ante una grave emergencia, la emergencia de España», en referencia también a ese preacuerdo Sánchez-Iglesias.

En la apertura de las sesiones, Ricardo Blázquez, portavoz de la CEE, ya advirtió de que «la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución», sin duda aludiendo, aun sin citarlo, al posible concurso de ERC para conformar dicho Gobierno.
Por su parte, Luis Argüello reclamó un Gobierno que ponga el acento en un respeto a la Constitución, que supone un respeto a la libertad religiosa, de conciencia y al bien común. Señaló que la Constitución «está abierta a posibles reformas para las cuales la misma Constitución ha indicado el procedimiento», y finalizó, sentenciando que «la concordia de todos dentro de las legítimas diversidades es un bien inestimable. Que la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución».

Pero el temor de la jerarquía eclesiástica española ante la conformación de ese posible Gobierno de coalición llega más allá. Un obispo español, con la expresión «hemos jugado con fuego, y ahora podemos quemarnos» resumía la preocupación que se respira en la CEE ante el anuncio del preacuerdo y de un Gobierno que querrá aplicar una agenda social en las antípodas de una ultraderecha en ascenso.

Los obispos temen, además, que en pocos meses el nuevo Gobierno podría abordar el fin de algunos privilegios de la Iglesia, desde las inmatriculaciones (pese a que, hoy por hoy, el propio ministerio de Justicia ha recurrido la exigencia del Consejo de la Transparencia, dependiente del Gobierno, para saber en qué situación se encuentran), pasando por el pago del IBI por parte de la Iglesia, la famosa casilla en la declaración de la renta, el futuro de las clases de Religión o la regulación de los conciertos educativos. En la jerarquía eclesiástica han causado, sin duda, una seria preocupación las palabras de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, que en días pasados cuestionó en parte los convenios de la enseñanza concertada al declarar que la libre elección de centro, uno de los argumentos que esgrime la enseñanza concertada católica, no está amparada por el artículo 27 de la Constitución.

Otro de los asuntos con que los obispos siguen planteando beligerancia es sobre la eutanasia. Mario Iceta, presidente de la subcomisión episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, expuso en el pleno que «el debate actual sobre la eutanasia y el suicidio asistido no es planteado como una cuestión médica sino más bien ideológica».

Aunque es notorio y curioso que en la pasada campaña electoral los partidos apenas se refirieron a la Iglesia, desde el ámbito de la izquierda sí se apeló en parte a cuestiones como la siempre pendiente denuncia de los Acuerdos de enero de 1979 con el Vaticano. Después de décadas sin atreverse, parece que el nuevo Gobierno podría abordar esa cuestión, con la firma de un nuevo convenio de colaboración con el Estado Vaticano que regule las relaciones con la Iglesia desde una posición de menos privilegios. El modelo es el francés, aun teniendo en cuenta que nuestros vecinos llevan ya más de un siglo (desde 1905) con una Ley que consagra la laicidad del Estado (nuestra Constitución sólo cita una tibia aconfesionalidad) por la que incluso las iglesias y catedrales son propiedad del Estado.

Estas posibles actuaciones llevan a que un sector de la jerarquía eclesiástica abogue por mantener una actitud beligerante con el posible nuevo Gobierno de izquierdas. Eso, en román paladino, no es ni más ni menos que injerencia de la Iglesia en cuestiones políticas. Actitud que no es nada nueva. Porque, en relación con ella, parece que nada hubiera cambiado tras 88 años.

Cuando apenas llevaba tres semanas constituida la Segunda República Española, a primeros de mayo de 1931, el cardenal Primado de España, Pedro Segura, lanzó una extensa pastoral en cuyos párrafos, en relación con la postura de los católicos españoles ante las previstas elecciones a Cortes Constituyentes, decía cosas como éstas: «[?] Si permanecemos quietos y ociosos; si nos dejamos llevar por la apatía y timidez, si dejamos expedito el camino a los que se esfuerzan en destruir la religión [?] ni aún tendremos derecho a lamentarnos cuando la triste realidad nos demuestre que, habiendo tenido la victoria en nuestra mano, ni supimos luchar con denuedo ni sucumbir con gloria». Para seguir afirmando más adelante: «Es urgente que, en las actuales circunstancias, los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas, se unan de manera seria y eficaz para conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan plenas garantías de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social».

Aún hoy, en el Estado español, la Iglesia, una institución muy poco democrática en su estructura y funcionamiento internos, sigue aferrada a un rancio tradicionalismo que hunde sus raíces en concepciones políticas antidemocráticas en parte de la jerarquía. Hace unos días, la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia convocó un acto de protesta en la murciana Plaza de la Cruz para denunciar la inscripción existente en el muro de una de las puertas orientada al norte. La leyenda « José Antonio Primo de Rivera. Presente», que aún sigue ahí, pese a que las asociaciones memorialistas le han exigido al obispado por carta y en entrevista personal con el deán catedralicio que sea borrada, es una ignominia impropia de un Estado democrático.

Y su mantenimiento por parte de la jerarquía eclesiástica es indicativo de que, además de injerencista, un amplio sector de la Iglesia, pese a que estar perdiendo 'clientes' de manera acelerada (casi un tercio de la ciudadanía se declara atea o no practicante), se aferra a un anacrónico inmovilismo.