miércoles, 29 de octubre de 2014

Alejandro Ruiz-Huerta: “No se llegó a conocer a los inductores del múltiple asesinato, aunque parece claro que la mafia del sindicato vertical del Transporte estuvo detrás de aquellos crímenes”

Este superviviente de la matanza de Atocha de enero de 1977 intervino el pasado viernes, día 24 de octubre, en el ciclo “Escritores en Archena”, organizado por el Ateneo de esa localidad,  y nos expuso detalles de su libro “La Memoria incómoda”


Diego Jiménez. “A las 10:30 de la noche de ese día, 24 de enero [1977], los asesinos llamaron a la puerta. Enrique fue a abrir. Aún recuerdo la expresión del rostro de mi compañero al ver a uno de ellos, al mismo que había visto por la mañana en la sede del sindicato vertical del Transporte. Preguntaban por Joaquín Navarro, secretario general del Transporte de CCOO. Los acontecimientos transcurrieron después en medio de una gran tensión….” Así, con la emoción nada contenida, hasta el punto de que apenas podía articular palabras en esos momentos, dio cuenta del horrendo crimen de Atocha uno de los supervivientes, Alejandro Ruiz-Huerta, perteneciente, como el resto de víctimas,  a CCOO.  

Mesa inicial del acto: de izquierda a derecha, Dolores Abad, Alejandro Ruiz-Huerta, José Molina y Daniel Bueno
El que es hoy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, intervino el pasado viernes, día 24 de octubre, en el ciclo ‘Escritores en Archena’, en un acto precedido por las intervenciones de Dolores Abad, de la junta directiva del Ateneo, Daniel Bueno, secretario general de CCOO de la Región de Murcia, y el abogado, de origen archenero y afincado en Barcelona, José Molina.

Trabajo colectivo

Alejando Ruiz-Huerta, que presentó su libro “La Memoria Incómoda”, hoy agotado, comenzó afirmando que “recordar el atentado (se niega a calificar a aquellos hechos de “matanza”) es para mí duro”, pero lo ha venido haciendo en los cuatro puntos cardinales de España. “Fue un crimen espantoso”, añadió. En Atocha hacíamos un trabajo colectivo más de 20 abogados, no necesariamente laboralistas, pues “nos dedicábamos a asesorar a los trabajadores en asuntos varios; teníamos muchos clientes de toda condición social y trabajábamos en pequeños equipos”. Afirmó que CCOO ha mantenido la “luz encendida” de aquel atentado. Y que desde que en 1987 el Ayuntamiento de Madrid colocó una placa conmemorativa, a partir de ese momento se ha hablado más del tema en todo el país.  Así, en 2004, se creó la Fundación Abogados de Atocha.
 
Alejandro Ruiz-Huerta, el primero por la izquierda, en su disertación

Los precedentes

Alejando Ruiz-Huerta, que ubicó ese horrendo crimen en el marco de la Memoria Histórica del país, afirmó que hay serias carencias en este tema por parte del Estado; y, aun así, “no hemos de descansar hasta que una persona deba de hablar en silencio, atenazada aún por el miedo, o hasta que sea descubierto el último cadáver en las cunetas de las carreteras”. Y es que, a su juicio, “la Ley de Memoria Histórica ha fracasado”, no se ha cumplido en muchísimos ayuntamientos.

Pasó, a continuación, a exponer algunos detalles del periodo de la Transición política, recordando hechos como la pre-Transición (1969-1976), la Ley de Reforma Política de 1976, los secuestros de Oriol y Villaescusa, la detención y puesta en libertad de Santiago Carrillo y, para terminar, la huelga del transporte de Madrid, de enero de 1977, ganada por los trabajadores. Esa huelga, afirmó, “está claramente vinculada al atentado de Atocha”.

Recordó también el ambiente de tensión que se vivía en esos días, con acontecimientos como la muerte del estudiante Arturo Ruiz el 23 de enero. Días en los que se registraban contactos políticos entre grupos aperturistas y de izquierda. En ese contexto se desarrollaba el trabajo del grupo de abogados de la calle de Atocha, en tres claros frentes: en la Magistratura de Trabajo, en el Colegio de Abogados y en los barrios. Precisamente el grupo de personas asesinadas o heridas cubría este último frente de trabajo.


El atentado

“El día 24 teníamos una reunión de barrios; en principio nos íbamos a reunir en la calle Fuencarral, pero se realizó en Atocha-55”, afirmó Alejandro. A continuación, embargado por la emoción, y con un auditorio que escuchaba su relato en respetuoso silencio, pasó a exponer los detalles de ese horrendo crimen. Recordó los nombres de las víctimas, sus compañeros, nombres que, dijo, “hay que decirlos despacio”, según palabras de Miguel Sarabia, superviviente, fallecido a los 82 años. Las víctimas mortales:  Ángel Rodríguez, Enrique Valdevira, Francisco Javier Sauquillo, Luis Javier Benavides y  Serafín  Holgado. Quedaron gravemente heridas las siguientes personas: Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos Pardo y Dolores González.

Y recordó también los nombres de los asesinos. Los de los autores materiales de los hechos: José Fernández, Fernando Lerdo de Tejada y Carlos García Juliá. Y el del autor “intelectual” de la matanza, Francisco Albaladejo, el entonces secretario del Sindicato vertical franquista del Transporte.

“Se vivieron momentos de extrema tensión y dureza; los asesinos desconectaron los cables del teléfono”, dijo,  para recordarnos a continuación que, tal como se relata en la película de Bardem (Siete días de enero), no cesaban de repetir: “las manitas arriba”. Alejandro confesó que fue casual que hubiera supervivientes, él uno de ellos, y que la matanza hubiera sido mayor de haber estado en ese momento en el despacho otros ocho compañeros, que se habían retrasado. “Como pude, me arrastré hacia la puerta, en medio de un espectáculo dantesco. Y lo primero que dije al trabajador de la recogida de basuras que acudió a auxiliarnos fue que había estallado una bomba. Incapaz de percibir los detalles concretos por los momentos de extrema tensión vivida, confundí los disparos con un artefacto explosivo", nos recordó con la voz entrecortada. "Con varias heridas de bala en la pierna y una en el pecho, que afortunadamente no era muy grave, me acompañó hasta el final un policía armada; desde entonces, he de confesarlo, profeso bastante respeto a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado", afirmó.  


Alejandro terminó su intervención, que fue largamente aplaudida, recordando que “no se llegó a conocer a los inductores reales de los asesinatos de Atocha”. Aun así, en el juicio a los asesinos, por vez primera desde la dictadura franquista, se reconoció que existía la extrema derecha en España. Pero “nuestros abogados no pidieron nunca la pena de muerte para los asesinos, en un gesto acorde con el espíritu aperturista que vivía el país", concluyó.

martes, 28 de octubre de 2014

LA AMENAZA QUE NOS QUERÍAN OCULTAR



http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/10/28/amenaza-querian-ocultar/599707.html

Gracias a las informaciones de la Plataforma Fíltrala, WikiLeaks y algunos medios digitales, y pese al secretismo con que se ha llevado el asunto, hemos sabido que el pasado día 6 de mayo hubo un acuerdo en el Congreso de los Diputados por parte de PP, PSOE, UPyD y CiU tendente a dar su apoyo a las negociaciones clandestinas que se estaban desarrollando entre EE UU y la UE para desarrollar un Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés) entre estas dos zonas del planeta. Pese a ese acuerdo parlamentario, hay que recordar que el grupo de La Izquierda Plural intentó, sin éxito, paralizar esas conversaciones y planteó la necesidad de un referéndum sobre el tema, peticiones que fueron rechazadas por la mayor parte de los grupos del Congreso. Al día de hoy, pese al ocultismo con que se conducían esas negociaciones, la presión social y la crítica por la falta de transparencia han llevado a Bruselas a hacer público el contenido del borrador.
El TTIP trata de consolidar una amplia zona comercial de ochocientos millones de personas para hacer frente a la amenaza de economías emergentes, especialmente la de China. De aprobarse, tendría gravísimas consecuencias económicas, políticas y sociales. Porque, ¿qué es el TTIP? Con varios antecedentes, como el AMI, Acuerdo Multilateral de Inversiones, que no llegó a aprobarse, y el Tratado NAFTA entre EE UU y México, de 1994 -y al que el economista Josep Stiglitz en un artículo del New York Times, Las promesas incumplidas, responsabilizaba de la pérdida de hasta un millón de puestos de trabajo en México (cosa que podría reproducirse en Europa por la imposibilidad de competir las pequeñas y medianas empresas con las multinacionales)-. este nuevo tratado de libre comercio trata de eliminar las normas reguladoras y las barreras reglamentarias que pudieran, eventualmente, reducir los beneficios de las grandes corporaciones transnacionales. Si se crea ese mercado libre, éstas podrán situarse incluso por encima del poder de los Estados. Por eso, el temor a las respuestas sociales llevó a los negociadores, miembros de la Comisión Europea y del Departamento de Comercio de EE UU, a bloquear el acceso público a esos documentos.
En derechos laborales, con la excusa de armonizar las normas estadounidenses y las europeas, el TTIP pretende rebajar las que supongan una barrera a la libre inversión de las grandes empresas, lo que igualaría a la baja la situación laboral de los ciudadanos europeos con la de los trabajadores norteamericanos. A título de ejemplo, hay que saber que EE UU se niega a ratificar normas y convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre derecho a la sindicalización. En relación con el comercio y el consumo, este Tratado barrería de un plumazo el llamado principio de cautela y protección que rige en Europa, por el cual un producto, antes de llegar a la cadena de consumo, tiene que demostrar que no contiene ingredientes tóxicos o lesivos para la salud. Sin embargo, en EE UU la norma es la contraria: sólo si se demuestra que un producto es nocivo o tóxico puede el consumidor exigir responsabilidades. De aprobarse el TTIP podrían llegar a los supermercados europeos gran cantidad de productos conteniendo ingredientes genéticamente modificados. Además, este librecambio entre EE UU-UE va a afectar negativamente de lleno a los países de África y Latinoamérica, que no podrán exportar sus productos a estas dos áreas asociadas.
En lo que toca al medioambiente, la aprobación del TTIP supondrá trasladar a Europa las prácticas de extracción de hidrocarburos del subsuelo (fracking), hoy cuestionadas en muchos países europeos. Derechos como el de la libre circulación de las personas, a la información o el respeto a la privacidad se verán afectados. Y los servicios públicos, en el punto de mira de las grandes empresas, serían objeto de una feroz privatización.
Son sólo algunas de las consecuencias. Empero, pese a la gravedad que tiene todo lo hasta aquí expuesto, lo peor es la pretensión de instaurar el Mecanismo de Resolución de Conflictos (ISDS por sus siglas en inglés) entre inversores y Estados,  si consideran que las normativas que apliquen éstos afectan de alguna forma a sus inversiones. Las empresas recurrirán ante paneles arbitrales, y no ante los tribunales nacionales,  pudiendo exigir compensaciones millonarias. Aunque hay que decir que esta posibilidad de reclamación de las empresas no es nueva (existe desde hace años, con precedentes tales como el de la tabacalera Phillip Morris, que ha demandado a varios Estados reclamando indemnizaciones por normas estatales que perjudicaban sus intereses), está claro que, si prospera, el concepto de soberanía nacional estará enterrado definitivamente: los Estados sucumbirán ante el poder omnímodo de las empresas transnacionales y sus lobbies de presión.

Estas son sólo unas pinceladas de algo que se está orquestando con premeditación y alevosía. De la ciudadanía activa depende que pueda desterrarse de nuestras vidas el TTIP, una amenaza que nos pretendían ocultar y que, una vez conocida, afortunadamente ha recibido la inmediata respuesta de algunos movimientos ecologistas y sociales.

domingo, 26 de octubre de 2014

La Marcha por la Dignidad de la Costera Sur de Murcia hace un llamamiento a la unidad de las fuerzas progresistas

Dos columnas, procedentes de Los Ramos y Sangonera la Verde, respectivamente, confluyeron el pasado sábado en la pedanía de Algezares, donde se desarrolló una asamblea ciudadana y se dio lectura a un manifiesto.

Diego Jiménez/Murcia. 26.10.2014.- En la mañana del pasado sábado, día 25, y convocadas por la Asamblea por la Dignidad de la Costera Sur de Murcia, cientos de personas,  entre las que había miembros de asociaciones vecinales y colectivos como los Yayoflautas,  partieron a las nueve y media en dos columnas que salieron simultáneamente de Los Ramos y Sangonera La Verde para encontrarse en la Plaza de la Rosaleda de Algezares. 
Las dos columnas de la Marcha, en el momento de confluir en Algezares

Personalmente, participé desde el inicio en la columna procedente de Sangonera la Verde. Durante el trayecto, realizó dos paradas,  en El Palmar y Santo Ángel,  para descansar y dar cuenta de los motivos de la convocatoria.

Me acompaña José Luis López Mesas, de Ganemos RM

Las personas participantes, encabezadas por pancartas que rezaban “Pan, Trabajo, Techo y Dignidad”, exhibían otros carteles en los que destacaban algunas  peticiones y denuncias tales como el soterramiento del ferrocarril en Murcia, mejora del transporte público hacia esas pedanías del sur de Murcia, mejor educación pública, la lucha social no es un delito, corruptos a la cárcel…  Después de varios kilómetros de caminata, en los que los participantes eran animados por los transeúntes, las marchas terminaron con una asamblea ciudadana en la que se recordó que las pedanías del Sur de Murcia constituyen una de las zonas más degradadas y olvidadas tanto por la administración municipal como regional.



La columna procedente de Sangonera la Verde, a la salida de esa población
En las marchas participaron también miembros de formaciones como Izquierda Unida, Ganemos Región de Murcia, Equo, Juventudes Comunistas y Podemos. Según nota de prensa facilitada por la organización, Nacho Tornel, concejal por Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, comentó que su partido pretende que “haya un cambio realmente radical en los criterios que rigen la política y que esos criterios nunca se aparten de la vida de las personas”. Por su parte, Enrique,  del Círculo Podemos Costera Sur,  explicó que apoyan las marchas porque “ofrece a los ciudadanos de esta zona de Murcia la posibilidad de comenzar a empoderarse y tomar protagonismo en las reivindicaciones de nuevas políticas y servicios dignos que permitan mejorar su calidad de vida, lo cual se convierte en algo urgente ante la decadencia político-social en la que vivimos”.

Por su parte, Mariano Vera, representante de la Asamblea por la Dignidad de la Costera Sur, citó como un claro ejemplo de este abandono la política de transporte público, “fundamental para desempleados y personas mayores”. Coincidió en la reivindicación Mario Cánovas, de la Asociación de Vecinos de la Cresta del Gallo-Los Garres, quien explicó que apoyaron la marcha porque creen “en la necesidad de rescatar la economía y la vida política del secuestro a las que están siendo sometidas”.

La jornada reivindicativa concluyó con la lectura de un comunicado, a cargo de Victoria y Carmen, en el que destaca el llamamiento a todas las fuerzas progresistas, sindicatos, partidos políticos, asociaciones vecinales, movimientos sociales, agrupaciones de cualquier tipo para la convergencia ciudadana o presentación de una candidatura unitaria, capaz de desalojar al PP  del gobierno municipal y regional en las próximas elecciones de 2015.





Victoria y Carmen leyeron el comunicado

martes, 14 de octubre de 2014

LA ONU Y LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO



http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/10/14/onu-victimas-franquismo/596194.html


Próximo a cumplirse el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (en adelante, Ley de Memoria Histórica), hace unos días acaba de expirar el plazo de un año dado a España por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU para que nuestro país procediera a localizar a las personas desaparecidas durante la dictadura franquista. Como es notorio, el Estado español ha ignorado ese requerimiento.

En sus recomendaciones, la ONU pedía al Gobierno español que asignara recursos de personal, técnicos y financieros suficientes para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas, así como la puesta en marcha de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, particularmente las desapariciones forzosas. Pero la inactividad y falta de voluntad política mostradas en este tema por casi todos los Gobiernos desde el inicio de la Transición es más que evidente. A mayor abundamiento, las insuficiencias de la Ley de Memoria Histórica son también notorias. Recordemos que ese texto legal, que en su día no fue votado por el PP -lo cual explica la paralización de facto de su aplicación efectiva- no recogía la ilegalidad de los procesos sumarísimos y extrajudiciales que condenaron a miles de personas durante la Guerra Civil y el franquismo. La ley sólo habla de ilegitimidad de esos procesos, por lo que aquellas sentencias están plenamente vigentes, sin que los esfuerzos de las distintas asociaciones memorialistas hayan conducido a su anulación. Otra carencia: ese texto legal dejaba en manos de las familias afectadas y sus asociaciones de apoyo la responsabilidad de la búsqueda y exhumación de los cuerpos, cuando ello debiera ser la responsabilidad del Estado. Además, no se ha producido aún la reparación del buen nombre y el honor de aquellas víctimas inocentes. Un testimonio, esclarecedor, puede situarnos en el contexto en que estamos: «Para mí, el mejor monumento que se le puede hacer a mi abuelo, que fue asesinado por un grupo de pistoleros de Falange, es un libro de texto que cuente una historia como la que tuvo que padecer él sólo por crear una escuela pública y laica en su pueblo». Así se expresaba, hace unos meses, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), con ocasión de la visita a España, el pasado mes de febrero, de Pablo de Greiff, relator de la ONU encargado de advertir al Gobierno de la pasividad que mostraba para hacer efectivo el mandato de esa institución.
Pablo de Greiff puso en evidencia, pues, la enorme distancia existente en este tema entre las autoridades españolas y las víctimas del franquismo. Se sorprendía de que no se hubiera hecho nada, asegurando que esas actuaciones no son asuntos de política partidista, sino que se trata de principios y derechos generales que conciernen a todos. Además de recordar la indignación de las víctimas ante las placas conmemorativas e insignias de altos cargos de la dictadura franquista que aún permanecen en las calles españolas, con relación al Valle de los Caídos criticó que no hubiera algún tipo de información acerca de la forma en que fue construido. Además, entre sus recomendaciones al Gobierno insistió en cuestionar ciertos aspectos de Ley de Amnistía de 1977, abogó por facilitar el acceso a la Justicia a todas las víctimas e hizo notar la incompatibilidad entre los efectos de esa ley y los compromisos internacionales adquiridos por España.
Empero, al día de hoy, el Gobierno del PP sigue negándose sistemáticamente a considerar las citadas recomendaciones de la ONU, amparándose precisamente en esa Ley de Amnistía de 1977. Pero el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU asegura que se trata de una legislación pacificadora que treinta años después no puede constituir un obstáculo para la justicia. Advirtió que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Así mismo, los expertos de dicho Comité siguen preocupados por el incumplimiento por parte de España de la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas, en vigor desde finales de 2010, por lo que sigue insistiendo en la importancia de que los presuntos autores de tales crímenes sean enjuiciados y sancionados en caso de ser declarados culpables.
Al día de hoy, en la Audiencia Nacional hay abiertos 143.353 expedientes sobre desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, y  2.000 fosas comunes continúan sin abrir. España es el segundo país del mundo en número de desapariciones forzadas, solo por detrás de Camboya. Arduo trabajo nos queda por hacer a las distintas asociaciones memorialistas repartidas por todo el Estado. La de Murcia, cuyos Estatutos están ya en el registro, se dispone a trabajar, en la medida de sus fuerzas, para llegar al esclarecimiento de esos ominosos crímenes y lograr arrojar luz sobre tantas sombras.