PROTESTAN EN MURCIA CONTRA LAS DIRECTIVAS EUROPEAS SOBRE LOS INMIGRANTES Y EL AUMENTO DE LA JORNADA LABORAL A 65 HORAS

Se pide una Europa en que se respeten los derechos humanos, sociales y laborales.

Diego Jiménez/Murcia.- Pese a que a esa misma hora comenzaba el encuentro de fútbol España-Rusia de semifinales de la copa de Europa de naciones, cerca de doscientas personas se concentraron el pasado jueves, 26 de junio, a partir de las 20:30 horas en la plaza de Santo Domingo de Murcia, convocadas por Convivir sin racismo, Foro Social, Foro Ciudadano, Fundación Secretariado gitano y Murcia Acoge, en denuncia por la directiva de la UE, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo, que prevé la retención de la población inmigrante hasta un plazo de 18 meses en centros de internamiento, así como por la que está en tramitación, en estos momentos, que hace posible alargar la jornada laboral hasta las 65 horas semanales. En la medida en que ambas suponen un claro retroceso en las conquistas sociales y laborales de la UE, la pancarta que se exhibió en la concentración rezaba literalmente: “Por los derechos humanos, sociales y laborales” NO A LAS DIRECTIVAS EUROPEAS. Rechaza las 65 horas laborales y los 18 meses de retención”, pancarta que era portada en la concentración por personas ligadas a las organizaciones convocantes de la protesta.

Comunicado

Las personas concentradas permanecieron en el lugar cerca de una hora y pudieron oír el comunicado leído conjuntamente por Ahmed el Gharib y Jack, vicepresidente de la Asociación de ciudadanos marfileños en Murcia. El texto íntegro es el que sigue:

“Por los derechos humanos, sociales y laborales. No a las directivas europeas”
“En el mes de junio de 2008 se han escrito varias páginas lamentables en la historia de la Europa democrática. El Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de los Gobiernos de la UE conocida como Directiva del retorno, que es una serie de disposiciones legales destinadas a endurecer las condiciones de estancia e intentar expulsar a los más de ocho millones de personas que se encuentran irregularmente en Europa. Una directiva que eleva a dieciocho meses la reclusión en unos "Centros de Internamiento" cuyas deficiencias sanitarias, legales y humanitarias han sido puestas gravemente en cuestión por informes del propio Parlamento Europeo o del Defensor del Pueblo sobre los CIE españoles. Un internamiento que puede ser decretado por la autoridad administrativa, sin efectiva tutela judicial y con pocas posibilidades de defensa, según las normativas de cada país. Una directiva que pretende ser de aplicación a menores y personas en grave riesgo, incluyendo la expulsión a los países en tránsito aunque no sean el suyo. Una expulsión que lleva aparejada la prohibición de vuelta por al menos cinco años. Un cúmulo de despropósitos desde la óptica de los derechos humanos y por eso, no en vano, se conoce como "Directiva de la Vergüenza".

El gobierno socialista español apoyó esta Directiva en la Comisión Europea, y después los eurodiputados socialistas españoles, casi en su totalidad, la han apoyado junto a los diputados de la derecha y liberales europeos. Nos sorprende muy negativamente este giro en las políticas de inmigración del gobierno de Zapatero, que se suma a los anuncios de una reforma de la vigente Ley de Extranjería que va a servir, con el previsible acuerdo de la oposición popular, para restringir el derecho a la reagrupación familiar o ampliar el plazo de internamiento en los CIE a sesenta días, entre otros aspectos negativas. Con ello, el gobierno español se alinea con la política populista, represiva y nada integradora, como exigen Sarkozy o Berlusconi, que legitima la consideración social de la inmigración como un problema en estos tiempos de crisis.

La otra iniciativa de la Comisión Europea se refiere al aumento de las jornada laboral en la Unión Europea: de un tope legal de 48 horas de jornada, ahora se pretende autorizar una jornada de 60 horas semanales, ampliables a 65 para algunas profesiones (médicos, bomberos…), al tiempo que se legaliza la no vigencia de los convenios colectivos cuando los empresarios puedan imponer sus "acuerdos individuales" con los trabajadores. Parece un sarcasmo que la Europa que se pretende social y respetuosa con los derechos humanos, sociales y laborales, esté legislando bajo la presión de los gobiernos de derecha para acabar con preceptos legales y conquistas sociales como la jornada de ocho horas o la negociación colectiva, que tanto sufrimiento y lucha han costado a las personas trabajadoras.

Esta propuesta de directiva sobre la jornada laboral, fue aprobada por los ministros de trabajo de la UE, con la excepción de España (esta vez bien situada) Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría. Todavía tiene que ser discutida en el Parlamento Europeo, por lo que sería deseable articular un movimiento, de carácter europeo, que impida la aprobación de esta directiva que ataca directamente a los conceptos de negociación colectiva, descanso, ocio, conciliación y salud laboral. Se pretende igualar la legislación laboral, en toda Europa, a la de los países con menos derechos. Todo en nombre de la Competitividad, es decir, de los beneficios empresariales a cualquier precio.

Acabar con los derechos laborales, atentar contra los derechos humanos de los inmigrantes no es el camino para una Europa democrática y social. Al contrario, ese es el camino para destruir lo que tiene Europa de avance en condiciones de vida, para acercarnos a otros modelos, más propios de los países menos desarrollados, económica, social y políticamente. Se trata de agresiones que la ciudadanía y las organizaciones sociales y sindicales deben rechazar rotundamente, pues son una muestra más de la deriva neoliberal que pretende acabar con toda clase de derechos y regulaciones. Somos personas, no mercancías”.

Cierre del centro de internamiento de Murcia

A continuación, Manolo Lario, de Convivir sin racismo, leyó una información sobre los Centros de Internamiento de extranjeros (CIE) existentes en España y comunicó el cierre del ubicado en Murcia. En su intervención, Lario dijo que los CIE españoles forman parte de una red europea con “más de 174 centros de retención, en los que se hacinan más de 20.000 personas”, informando que en España funcionan diez, con una capacidad para 2.500 personas, y que uno de ellos se sitúa en Murcia. Lario dio cuenta de un Informe del Parlamento Europeo en el que se denunciaba en 2007 que las condiciones de retención son “similares a las de una cárcel, con poca asistencia sanitaria y psicológica, falta de ayuda jurídica y de traductores”, remarcando que las “violaciones de derechos humanos son evidentes”, como en los casos de Fuerteventura y Málaga, motivo por el que, en los últimos meses, se han producido movilizaciones ante los centros de Murcia, Málaga, Aluche y Barcelona. En el caso del CIE de Murcia, M. Lario dijo que se abrió en diciembre de 1993, diseñado para una capacidad de sesenta personas, y que ya en marzo de 1997 se produjo en el mismo un motín provocado por un grupo de internos “en protesta por las condiciones del centro y por su inminente expulsión”. Recordó que, según la legislación, los CIE han de contar con abogado, psicólogo, trabajador social y médico, y que el “CIE de Murcia carece de este personal y, cuando lo hay, suele ser insuficiente”, razón por la que un informe del Defensor del Pueblo denunciaba que el centro “no reúne las condiciones mínimas para que la privación de libertad se realice del modo menos aflictivo posible para los internos”. Ante la llegada de más inmigrantes indocumentados procedentes de Canarias, en 2005 se planificaron obras en el centro murciano para ampliar su capacidad, pero la empresa encargada de las mismas “se declaró en suspensión de pagos” en el verano de 2007, por lo que las obras se paralizaron y la capacidad del centro quedó reducida a 30 personas. En 2007 el Defensor del Pueblo evaluó los centros de Lanzarote, Tenerife y Murcia, tras lo que pidió el cierre temporal del CIE murciano. Lario comunicó que “hemos estado desde 2001 pidiendo el cierre de este centro, con denuncias y movilizaciones de diversas asociaciones”, por lo que, ante el anuncio del cierre del mismo que esa misma mañana había anunciado el Delegado del Gobierno en Murcia, dijo que “no podemos más que alegrarnos por que éste se produzca”, expresando su deseo de que sea el primero de los diez que han de clausurarse. Sin embargo, señaló, “por desgracia, las intenciones del Gobierno socialista no son ésas; al contrario, pretende aumentar el tiempo de retención de cuarenta a sesenta días y perfeccionar el dispositivo de expulsión”, por lo que afirmó que “seguiremos trabajando para que centros como éste no sigan funcionando como cárceles encubiertas que castigan el simple deseo de una vida mejor y más humana”.

Salutación final

La concentración concluyó con la lectura de una salutación a las personas presentes realizada por el murciano Fernando Bermúdez, que ha estado residiendo durante 30 años en Centroamérica y la zona de Chiapas, junto con su compañera Mari Carmen, donde, dijo, “trabajamos en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales de esos pueblos, en la promoción de una medicina alternativa”. Afirmó que, a nuestro regreso, constatamos que “la UE ha entrado plenamente en la dinámica neoliberal, impulsada por el Imperio norteamericano”, lo que se manifiesta en “la violación de los derechos laborales, culturales y ambientales”, razón por la que dijo rechazar enérgicamente las medidas origen de la protesta, haciendo un llamamiento a “fortalecer una red de resistencia y de búsqueda de alternativas que nos lleven a globalizar el derecho, la justicia y la solidaridad”. Fernando mostró su especial solidaridad con los inmigrantes latinoamericanos, magrebíes y del resto del continente africano residentes en la Región de Murcia, e hizo un llamamiento a las autoridades de la Comunidad Autónoma de Murcia para que “realmente demuestren su autonomía y desacaten estas medidas retrógradas y discriminatorias de la UE”.