La consecución del bien común es el principio y el fin ético de la política. Por consiguiente, es deber de todo Estado orientar la acción política hacia ese noble fin. Para Platón el gobierno de la comunidad debiera estar reservado a los más capaces, los filósofos, es decir, aquellas personas investidas de la máxima sabiduría para procurar el bien común. Pero ya Aristóteles distinguía entre tiranía, oligarquía o demagogia cuando un tirano, una minoría o una mayoría gobiernan para sí mismos. En el Renacimiento, Maquiavelo, en su obra ‘El Príncipe’, atribuía al soberano la potestad de adecuar su actuación, sin mediatizaciones éticas o morales, a la consecución del máximo poder para el Estado. Kant, sin embargo, vino a exponer, con su tesis del imperativo categórico, que la actuación personal en el plano ético debía regirse por acciones que pudieran erigirse en normas de conducta universal. El racionalismo ilustrado y las ideas de la Revolución Francesa elevaron a categorías éticas las nociones de igualdad y libertad, desmontando las atribuciones omnímodas de los monarcas absolutos, con lo que empezaron a cobrar fuerza los derechos de la ciudadanía y el control democrático de la acción pública. Nacía la democracia liberal y burguesa que, desmontando la adscripción de los individuos a compartimentos estancos (los estamentos), sin embargo encasillaba a éstos en la escala social en función de sus capacidades y poder adquisitivo. La posesión de dinero vino, pues, a ocupar el lugar preferencial en la escala de valores de la sociedad. Y con la obsesión por la riqueza anidó en las esferas del Poder la posibilidad de la corrupción.
La corrupción urbanística en España no es sino una de las manifestaciones de esa tendencia a trocar el bien general por el particular. El insuficiente desarrollo legislativo de nuestra Carta Magna en un sentido plenamente democrático ha hecho posible que se deje en unas pocas manos el control de los recursos públicos. Para empezar, el artículo 128 de la Constitución Española advierte que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad está subordinada al interés general”, mientras que el 131 se refiere a la planificación estatal de la actividad económica. Y en cuanto al control democrático de la acción pública, el 105.a regula la “audiencia de los ciudadanos […] en el procedimiento y elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten”.
Pero vivimos en una sociedad de libre mercado, por lo que, ausente la intervención estatal y carente la sociedad de mecanismos de control, todo está servido para que unos pocos sinvergüenzas sin escrúpulos caigan en la tentación de incrementar su peculio particular a costa del patrimonio público. En la corrupción urbanística se dan, además, otras circunstancias, como la insuficiente dotación financiera de los ayuntamientos, la escasa sensibilidad social sobre el fenómeno, la propaganda que disfraza de bien común lo que son meras actuaciones especulativas, el mito del crecimiento urbano como fin último…Pero hay soluciones. En nuestra Región, hace unos días IURM ha lanzado a las fuerzas sociales y políticas la propuesta de un Acuerdo democrático contra la corrupción urbanística, con actuaciones en los ámbitos local, regional y estatal tales como el establecimiento de mecanismos de participación democrática y consulta popular; modificación de la ley electoral para apartar de las instituciones a personas procesadas por delitos de corrupción; el establecimiento de medidas que hagan inviable el transfuguismo político; potenciación de los recursos de la judicatura, la fiscalía y cuerpos de seguridad para la persecución de los delitos urbanísticos; creación de registros de recalificaciones urbanísticas y de personas poseedoras de billetes de 500 €; reforma de la ley de financiación de los partidos políticos; asunción por las comunidades autónomas de la ordenación del territorio, con planes supramunicipales elaborados con participación ciudadana… El reto está lanzado. A la sociedad civil y a los grupos políticos de nuestra Región les cabe ahora pronunciarse sobre el particular.
La corrupción urbanística en España no es sino una de las manifestaciones de esa tendencia a trocar el bien general por el particular. El insuficiente desarrollo legislativo de nuestra Carta Magna en un sentido plenamente democrático ha hecho posible que se deje en unas pocas manos el control de los recursos públicos. Para empezar, el artículo 128 de la Constitución Española advierte que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad está subordinada al interés general”, mientras que el 131 se refiere a la planificación estatal de la actividad económica. Y en cuanto al control democrático de la acción pública, el 105.a regula la “audiencia de los ciudadanos […] en el procedimiento y elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten”.
Pero vivimos en una sociedad de libre mercado, por lo que, ausente la intervención estatal y carente la sociedad de mecanismos de control, todo está servido para que unos pocos sinvergüenzas sin escrúpulos caigan en la tentación de incrementar su peculio particular a costa del patrimonio público. En la corrupción urbanística se dan, además, otras circunstancias, como la insuficiente dotación financiera de los ayuntamientos, la escasa sensibilidad social sobre el fenómeno, la propaganda que disfraza de bien común lo que son meras actuaciones especulativas, el mito del crecimiento urbano como fin último…Pero hay soluciones. En nuestra Región, hace unos días IURM ha lanzado a las fuerzas sociales y políticas la propuesta de un Acuerdo democrático contra la corrupción urbanística, con actuaciones en los ámbitos local, regional y estatal tales como el establecimiento de mecanismos de participación democrática y consulta popular; modificación de la ley electoral para apartar de las instituciones a personas procesadas por delitos de corrupción; el establecimiento de medidas que hagan inviable el transfuguismo político; potenciación de los recursos de la judicatura, la fiscalía y cuerpos de seguridad para la persecución de los delitos urbanísticos; creación de registros de recalificaciones urbanísticas y de personas poseedoras de billetes de 500 €; reforma de la ley de financiación de los partidos políticos; asunción por las comunidades autónomas de la ordenación del territorio, con planes supramunicipales elaborados con participación ciudadana… El reto está lanzado. A la sociedad civil y a los grupos políticos de nuestra Región les cabe ahora pronunciarse sobre el particular.
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