Diego Jiménez. Murcia.- “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, “Estado laico, leyes laicas”, “Saquen los rosarios de nuestros ovarios” fueron algunas de las consignas coreadas insistentemente a lo largo de la noche del pasado jueves, 30 de enero, en la murciana plaza de Santo Domingo por las más de doscientas personas que secundaron el llamamiento a concentración por el derecho al aborto realizado por la Comisión 8 de Marzo, y que contó con el apoyo de organizaciones sociales y políticas de la Región. La diputada regional Rosa Peñalver y Ángeles Trujillo, entre otras personas, eran la representación del PSRM-PSOE, mientras que de Izquierda Unida (IURM) pudimos ver al candidato al Congreso Joaquín Dólera, al diputado regional y coordinador José Antonio Pujante, a Esther Herguedas, concejala del Ayuntamiento de Murcia y candidata al Senado, y a Elvira Ramos. La concentración fue apoyada, así mismo, por miembros del Foro Social, Foro Ciudadano, los colectivos Arcoiris y Liberación y la Asociación Pro Derechos Humanos, entre otras organizaciones.
Las personas asistentes portaban carteles con leyendas tales como “Saquen los rosarios de nuestros ovarios”, “El Estado garantiza, la sociedad respeta, las mujeres decidimos, la Iglesia se calla”, “La Iglesia y la derecha nos tienen hasta las tetas”, “Más educación sexual y menos moralinas”…mientras que la Comisión 8 de Marzo exhibía una pancarta con el texto “Nosotras parimos y decidimos”. La de las Juventudes Comunistas, que era portada por jóvenes con la cara cubierta (en alusión, según nos dijeron, al silencio que se trata de imponer a quienes quieren ejercer este derecho), rezaba “Fuera el aborto del Código Penal”.
LECTURA DEL COMUNICADO
En el comunicado final, cuya presentación realizó Alicia Poza y que fue leído por Mercedes Noval y Carmen Nicolás, se recordaba que “el aborto ha formado parte de las reivindicaciones del movimiento feminista desde que, a principios de los setenta, se iniciaron las primeras campañas de las mujeres por este derecho”, por lo que se reclamó el “derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo que no desean, sean cuales sean las causas que motiven su decisión, facilitándoles los medios sanitarios necesarios”. En la misma medida se reclamó que existan “recursos, con carácter universal, para las mujeres que decidan tener hijos e hijas, desde escuelas infantiles a políticas laborales que acaben con la discriminación en el trabajo asalariado”. Se exigió “el más estricto respeto a los motivos que una mujer tiene para decidir la interrupción del embarazo y el rechazo a cualquier tipo de tutelaje sobre su decisión”. Y como medidas concretas, se reclamaban, entre otras:
-La desaparición del aborto del Código Penal.
-Disposiciones administrativas y sanitarias que garanticen su realización como prestación sanitaria normalizada.
-Garantía de que en todos los centros públicos se atienda la demanda de interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres, por lo que se debe dotar a estos centros de los equipos profesionales necesarios.
-Establecimiento de protocolos sencillos que agilicen los trámites a realizar por una mujer para solicitar la atención en la red sanitaria pública.
-Garantía de que las interrupciones de menos de 12 semanas se realicen en los centros de atención primaria y/o especializada con los mismos protocolos con los que se rigen las clínicas privadas.
-Introducción del aborto en los estudios de la carrera de Medicina y Enfermería, por tratarse de una práctica médica.
-Inclusión, en la actual legislación educativa, de un artículo que permita incorporar la educación afectivo-sexual, para que se imparta en Primaria y Secundaria.
-Impedir que se realicen en los centros escolares actividades como las promovidas por las organizaciones anti-aborto.
-Inclusión de métodos anticonceptivos fiables, de última generación, en el Sistema Nacional de Salud, asegurando que esta prestación sea universal y accesible a todas las mujeres.
-Dispensación de la píldora postcoital en todos los centros sanitarios públicos y en las farmacias.
-Prestación sanitaria de calidad relativa a la salud sexual y reproductiva en todos los centros de atención primaria y en los de planificación familiar.
-Campañas informativas sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como de los servicios existentes, dirigidos a jóvenes e inmigrantes en todas las comunidades autónomas.
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