(Artículo publicado en LA OPINIÓN de Murcia.// 26-05-2009)
La huída masiva de las urnas que viene registrándose en varios países de Europa en los distintos procesos electorales, y que, con seguridad, va a exteriorizarse con motivo de los próximas elecciones al Parlamento Europeo, debiera dar que pensar a quienes se empeñan en calificar la actual estructura democrática occidental como el “mejor de los sistemas” posible. Pero, además, en los últimos tiempos esta fórmula democrática burguesa está aquejada de varios males que ponen en entredicho su solidez. Empecemos por la corrupción enquistada en las prácticas políticas, un hecho que debería despertar más alarma social.
En lo que toca a nuestro país, la percepción social de la misma dista mucho de pasar factura a sus autores. El caso reciente, y más paradigmático, es el de Francisco Camps -presidente de la Generalitat valenciana, imputado por su posible implicación en la trama Gürtel-, al que, tras declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad, el juez mantiene los cargos, aunque Rajoy, el presidente de su partido, declarara sorprendentemente a los medios de comunicación que había quedado libre de sospecha (¿?). Y aquí no pasa nada. En el Reino Unido, al menos, se ha producido la dimisión de Michael Martin, presidente de la Cámara de los Comunes, tras detectarse que varios diputados se apropiaron de recursos públicos para gastos particulares.
Por otra parte, el fallo del juicio por el accidente del Yak-42 producido bajo la etapa de Aznar ha conducido al envío a la cárcel de tres militares responsables de la identificación de los restos de las víctimas de aquel accidente. Y aunque la Justicia ha descartado toda responsabilidad del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, todos sospechamos que en la identificación apresurada de esas víctimas, motivo de la querella de los familiares, pueden intuirse las órdenes concretas de este ex ministro de acelerar los trámites de identificación previos a los funerales de Estado que, a toda prisa, se estaban organizando. Como mínimo, se atisba una responsabilidad política del ex ministro, si no penal. Pero Rajoy mantiene a este diputado al frente, nada menos, que del Área de Justicia e Interior del PP.
Pero si hay un caso, para mí, particularmente alarmante es el de la inicial anulación por el Supremo de la lista de Iniciativa Internacionalista, encabezada por el dramaturgo A
lfonso Sastre, para las elecciones al Parlamento Europeo, decisión de extrema gravedad porque, amparándose en la cuestionada ‘Ley de Partidos’, Fiscalía y Gobierno han sentado un precedente para silenciar, para siempre, no las actuaciones políticas sino las ideas. Y eso es sumamente preocupante. Como lo es que, a más de treinta años de la Transición democrática, la justificación para la adopción de esa medida se haya basado en la negativa a condenar la violencia de los integrantes de esa lista y, además, en la presencia en esa candidatura de personas (¡pásmense!) a las que se les ha visto en manifestaciones ciudadanas varias, en varios puntos de España, en apoyo a ciertas expresiones públicas de la izquierda abertzale. El Estado se está deslizando, peligrosamente, por la senda de criminalizar las ideas. Pero lo más grave es que parece intuirse la pervivencia de los aparatos represivos de la dictadura, la antigua Brigada Político Social del franquismo, disfrazada con otro nombre y fines, pero con los mismos métodos. Si esto es así, todos estamos bajo sospecha. Cualquier comparecencia pública de cualquier ciudadano en manifestaciones contra la guerra de Irak, contra la agresión israelí a Gaza, contra el hambre…puede ser ‘almacenada’ para ser esgrimida contra él en el futuro. Menos mal que la sentencia del Tribunal Constitucional, permitiendo a esa candidatura concurrir a los comicios europeos, ha puesto las cosas en su sitio
Son evidentes los escasos mecanismos de participación de la ciudadanía en esta endeble democracia representativa. Pero, además, lo que no es de recibo es que se nos hurten derechos como el de revocar a un cargo público cuando se demuestre que éste ha incurrido en prácticas corruptas, o expresar y manifestar públicamente nuestras ideas sin ser objeto, por ello, de vigilancia, clasificación y control. Por mal camino vamos.
La huída masiva de las urnas que viene registrándose en varios países de Europa en los distintos procesos electorales, y que, con seguridad, va a exteriorizarse con motivo de los próximas elecciones al Parlamento Europeo, debiera dar que pensar a quienes se empeñan en calificar la actual estructura democrática occidental como el “mejor de los sistemas” posible. Pero, además, en los últimos tiempos esta fórmula democrática burguesa está aquejada de varios males que ponen en entredicho su solidez. Empecemos por la corrupción enquistada en las prácticas políticas, un hecho que debería despertar más alarma social.
En lo que toca a nuestro país, la percepción social de la misma dista mucho de pasar factura a sus autores. El caso reciente, y más paradigmático, es el de Francisco Camps -presidente de la Generalitat valenciana, imputado por su posible implicación en la trama Gürtel-, al que, tras declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad, el juez mantiene los cargos, aunque Rajoy, el presidente de su partido, declarara sorprendentemente a los medios de comunicación que había quedado libre de sospecha (¿?). Y aquí no pasa nada. En el Reino Unido, al menos, se ha producido la dimisión de Michael Martin, presidente de la Cámara de los Comunes, tras detectarse que varios diputados se apropiaron de recursos públicos para gastos particulares.
Por otra parte, el fallo del juicio por el accidente del Yak-42 producido bajo la etapa de Aznar ha conducido al envío a la cárcel de tres militares responsables de la identificación de los restos de las víctimas de aquel accidente. Y aunque la Justicia ha descartado toda responsabilidad del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, todos sospechamos que en la identificación apresurada de esas víctimas, motivo de la querella de los familiares, pueden intuirse las órdenes concretas de este ex ministro de acelerar los trámites de identificación previos a los funerales de Estado que, a toda prisa, se estaban organizando. Como mínimo, se atisba una responsabilidad política del ex ministro, si no penal. Pero Rajoy mantiene a este diputado al frente, nada menos, que del Área de Justicia e Interior del PP.
Pero si hay un caso, para mí, particularmente alarmante es el de la inicial anulación por el Supremo de la lista de Iniciativa Internacionalista, encabezada por el dramaturgo A
lfonso Sastre, para las elecciones al Parlamento Europeo, decisión de extrema gravedad porque, amparándose en la cuestionada ‘Ley de Partidos’, Fiscalía y Gobierno han sentado un precedente para silenciar, para siempre, no las actuaciones políticas sino las ideas. Y eso es sumamente preocupante. Como lo es que, a más de treinta años de la Transición democrática, la justificación para la adopción de esa medida se haya basado en la negativa a condenar la violencia de los integrantes de esa lista y, además, en la presencia en esa candidatura de personas (¡pásmense!) a las que se les ha visto en manifestaciones ciudadanas varias, en varios puntos de España, en apoyo a ciertas expresiones públicas de la izquierda abertzale. El Estado se está deslizando, peligrosamente, por la senda de criminalizar las ideas. Pero lo más grave es que parece intuirse la pervivencia de los aparatos represivos de la dictadura, la antigua Brigada Político Social del franquismo, disfrazada con otro nombre y fines, pero con los mismos métodos. Si esto es así, todos estamos bajo sospecha. Cualquier comparecencia pública de cualquier ciudadano en manifestaciones contra la guerra de Irak, contra la agresión israelí a Gaza, contra el hambre…puede ser ‘almacenada’ para ser esgrimida contra él en el futuro. Menos mal que la sentencia del Tribunal Constitucional, permitiendo a esa candidatura concurrir a los comicios europeos, ha puesto las cosas en su sitioSon evidentes los escasos mecanismos de participación de la ciudadanía en esta endeble democracia representativa. Pero, además, lo que no es de recibo es que se nos hurten derechos como el de revocar a un cargo público cuando se demuestre que éste ha incurrido en prácticas corruptas, o expresar y manifestar públicamente nuestras ideas sin ser objeto, por ello, de vigilancia, clasificación y control. Por mal camino vamos.
3 comentarios:
¿Es que a esto se le puede llamar democracia?
¿Y el día que se quiera ilegalizar el partido de la morcilla porque la cebolla es muy mala? Esto es de traca.
En efecto, dejo claro que esta fórmula democrático-burguesa es todo menos una democracia. Democracia, etimológicamente del griego "demos" (pueblo) y "kratos" (gobierno), debería ser eso, el Poder del Pueblo. Pero no lo es.
Saludos, compañero
Yo creo, y a lo mejor me equivoco, que a estos les han dejado ir porque era a las europeas, y quizás en Europa les hubieran echado un buen rapapolvo. No sé qué hubiera pasado si hubieran sido legislativas. Entiendo que lo que dices es en verdad un peligro, y serio. Ya sabes, todos terroristas, todos sospechosos. Menuda coartada se han buscado desde el poder para silenciar a quien ellos quieran. Da miedo, amigo Diego. Y lo de la corrupción es ya de vergüenza, y que nadie pague por ello, sino al contrario, que tengan el apoyo de la gente. Increíble, pero cierto.
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