PENSIONES Y REFORMA FISCAL

(Artículo publicado en LA OPINIÓN de Murcia / 12-05-2009)

A cualquier observador sagaz debería sorprenderle que, en épocas de crisis económica como la actual, las salidas que economistas y expertos propugnan para superar la misma pasen por el cuestionamiento de los costes salariales, olvidándose de los beneficios que empresas y bancos obtienen incluso en épocas de recesión, beneficios sujetos a la ley de la intangibilidad. Pero, además, en los últimos días se alzan voces interesadas que cuestionan, asimismo, la viabilidad del sistema público de pensiones, una de las conquistas más logradas y señeras del magro Estado del bienestar de que disfrutamos en este, hasta ahora, Occidente rico.

La economista Carmen Alcaide reflexionaba sobre este tema hace unos días en las páginas de Negocios de El País. En su artículo, para desmentir en parte las agoreras previsiones que sobre el sistema público de pensiones hacía el gobernador del Banco de España, afirmaba que “no hay que confundir los resultados anuales en término de superávit o déficit de la Seguridad Social con el tema parcial de la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema de pensiones. Dicha sostenibilidad dependerá del comportamiento de variables tan difíciles de predecir ahora como el crecimiento de la población, la actividad, la variación positiva o negativa del empleo, el paro y la productividad”, para postular, a continuación, soluciones similares a las adoptadas por los países europeos de nuestro entorno, y con las que no estoy en absoluto de acuerdo, tales como incrementar los ingresos y/o reducir los gastos; el posible aumento de las cotizaciones; el retraso de la edad de jubilación, que podría hacerse gradualmente en dos meses por año hasta los 67 años de edad (caso de Alemania); alargar el periodo de cómputo de años de cotización para alcanzar la pensión máxima (ya se pasó de 10 a 15 años, y en Francia se ha aumentado hasta 25); actualización de las pensiones por debajo del IPC…

Pero Carmen Alcaide omitía citar, consciente o inconscientemente, una cosa: la viabilidad del sistema de pensiones no es algo que deba de depender, como ahora, de la financiación exclusiva de aquéllas por parte de las cotizaciones. En épocas de crisis como la actual cabe al Estado el papel, sobre todo, de redistribuir más equitativamente la riqueza. Este aspecto lo menciona con claridad el también economista Martín Seco, al afirmar que “paradójicamente, el mayor peligro que se cierne sobre el sistema público de pensiones no proviene de ninguna evolución demográfica, como se dice habitualmente, sino del Pacto de Toledo y del esquema en él diseñado, teóricamente con la finalidad de fortalecer el sistema, pero que en la práctica lo debilita, porque en lugar de ligar las pensiones, igual que el resto de prestaciones y servicios públicos, a la totalidad de ingresos del Estado, lo hace de forma exclusiva a las cotizaciones”. Y continúa: “El Estado tiene margen no sólo para mantener el poder adquisitivo de aquéllas [las pensiones], sino también para que se incrementen (y no únicamente las mínimas) por encima del porcentaje de aumento del coste de la vida, participando así del crecimiento económico”.

Pero incrementar sustancialmente el fondo de reserva estatal dedicado a las pensiones sólo puede hacerse con reformas fiscales. Reformas que no se ceben, como hasta ahora, sobre las rentas más bajas, aumentado la tributación directa o indirecta de éstas y/o las cotizaciones derivadas de las rentas del trabajo, sino considerando las inmensas posibilidades que al sistema se le abren si se empieza a abordar la reforma impositiva, necesaria y urgente, sobre las rentas del capital. Afirma Martín Seco: “Debemos exigir que sea el Estado el garante de nuestras pensiones […]. Si la capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal se deteriora y se exime de imposición a las rentas del capital y a las empresariales, difícil va a ser no sólo sostener las pensiones sino todo nuestro precario Estado del bienestar”.