José María Marín, del PSRM-PSOE, Floren Dimas, de la Asociación de Amigos de los Caídos por la Libertad, y Diego Jiménez, de IU de la Región de Murcia (IURM), ponentes de la mesa redonda celebrada en la Universidad de Murcia.
Diego Jiménez. Murcia.- El acto, ante un nutrido grupo de estudiantes que llenaban el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UMU, así como ante miembros de la Unidad Cívica de la República, veteranos luchadores antifranquistas, supervivientes de la Guerra Civil y algunos familiares de represaliados y víctimas del franquismo, estuvo moderado por Javier Sánchez, miembro de la Unión Cívica por la República, entidad organizadora del acto, al que no pudo acudir José Manuel Bastida, de Izquierda Republicana, que excusó su asistencia.
Abrió el turno José María Marín, quien se lamentó de que el debate estaba “cojo”, en la medida que faltaba el PP, que niega a las víctimas del franquismo su derecho a ver reparados los excesos de la dictadura. Respecto de la Ley, dijo que a nadie satisface al 100 %, pues todos han de dejar algo en beneficio de todos. Como antecedentes del texto sujeto a discusión, aludió al Informe del Congreso de los Diputados sobre represaliados en la Dictadura, así como la necesidad de poner en valor los archivos del periodo 1939-1975. Reconoció que algo se ha hecho en 30 años de democracia, pero que faltaban cosas, para resarcir a las víctimas y familias de lo ocurrido desde 1968 a 1977 (asesinato de Puig Antich, los muertos de Elda, los sucesos de Basauri, Vitoria, Montejurra, los militares de la UMD…).
Reconoció que la elaboración de la Ley ha contado con un consenso muy laborioso, pues el Gobierno ha querido concitar el mayor número de voluntades. En cuanto a los objetivos que persigue la Ley, destacó: ampliar los derechos ciudadanos de las víctimas de esta dolorosa etapa; mirar hacia delante; reconocer los derechos de unos sin mermar los de otros; ahondar en el espíritu de concordia y de reconciliación de la Constitución de 1978; reparar y reconocer moralmente, con carácter general, a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; dotar de prestaciones económicas a quienes aún no las percibían, en virtud de la Ley de Amnistía; cubrir el vacío de las víctimas no reconocidas en el periodo 1968-1977, esto es, en los estertores de la Dictadura; retirar la simbología, insignias y placas que recuerden a aquel régimen fascista; destinar el Valle de los Caídos a lugar conmemorativo de todas las personas fallecidas en la guerra y en la dictadura posterior, y poner en valor y acercar los archivos y documentos a todas las personas, con carácter universal.
Floren Dimas se mostró muy crítico con el texto y con las organizaciones firmantes. “Necesitábamos una ley, pero no esta ley”, enfatizó. Tras exponer los motivos por los que se creó su asociación, recordó que la Comisión Interministerial creada al efecto decidió, en su día, la redacción de un texto consensuado. Pero, en los momentos claves, han faltado dos instituciones necesarias, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, por lo que pocas medidas jurídicas cabía esperar del texto, y sí muchas de tipo administrativo y moral. La Ley ya nació con carencias.
Recalcó que sí existe una Ley de la Memoria Histórica democrática. Recordó que, en Normandía, todos los años se recuerda el desembarco de 1944 y nadie se rasga las vestiduras; incluso acuden los perdedores, los alemanes. Y es que, dijo, Francia, Alemania e Inglaterra han asumido su memoria histórica como un elemento didáctico. En esos países, esas leyes no escritas existen, sin embargo, a partir de la derogación de las leyes del Estado nazi y fascista en Alemania e Italia, respectivamente, cosa que, a su juicio, no se ha hecho en España con esta Ley. Este texto no vale porque, aunque lleno de buenas intenciones, no ilegaliza, sino que ilegitima, al franquismo, y está consensuada con el PP, el partido que representa la herencia de ese régimen.
Para Floren Dimas, el Gobierno incurre en una prevaricación permanente al no cumplir la legislación internacional vigente en materia de Derechos Humanos, para los casos de reparaciones tras los conflictos civiles. Una de las trampas de la ley reside en crear falsas esperanzas entre las víctimas supervivientes y los familiares de los asesinados, prometiendo que con la ilegitimación de las sentencias podrían apelar ante los tribunales la nulidad de las mismas, cosa, que, a su parecer, no va a ser posible.
Floren rebatió las posturas del PSOE e IU en su aceptación del "techo" conseguido con la Ley, acusando al gobierno de falta de convicción y de valentía política, e igualmente a quienes se habían plegado finalmente a pactar la ley “tomando la devolución del patrimonio histórico inmobiliario como moneda de cambio”, afirmación que el representante de IU pidió, con fuerza, que retirara en su intervención posterior.
Diego Jiménez, de IURM, cerró el turno de intervenciones. En un auditorio repleto de jóvenes estudiantes que no vivieron de cerca el franquismo y la Transición, Jiménez recordó sus años de estudiante antifranquista y advirtió que percibe, en la actual situación de crispación política de la derecha, con una extrema derecha incrustada en su seno, signos que recuerdan las sonoras diatribas parlamentarias del líder del Bloque Nacional, Calvo Sotelo, en los meses previos a la Guerra Civil.
Jiménez aludió a la declaración de Joan Herrera, diputado de IU-ICV, cuando, en su intervención parlamentaria del 31.10.2007, dijo que "la ley no obedece a nuestros sueños, pero está hecha de nuestros sueños". Diego expuso que, dada la situación de acoso de la derecha, la Ley es un texto posibilista, recordando que IU-ICV ha llegado bastante lejos, pese a su escasa representación parlamentaria, forzando mejoras en el texto original de la ley presentado por el PSOE. A este respecto, recordó los siguientes avances:
-Supresión en todo el texto de la ley a la referencia a los “dos bandos”, en la medida en que hubo un bando alzado en armas, pero frente a un gobierno legítimo republicano.
-Condena expresa del régimen franquista, manifestada por unanimidad en la Sesión del Congreso de los Diputados de 20 de noviembre de 2002 y en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006.
-Inclusión, en la exposición de motivos, del reconocimiento al Cuerpo de Carabineros, a los Guerrilleros, a los Brigadistas internacionales y a los miembros de la UMD.
-Establecimiento de un marco constitucional que impulse políticas relativas a la conservación y fomento de la Memoria Democrática.
-Elaboración, por parte del Gobierno, de un Protocolo de actuación científica y multidisplicinar que asegure, tanto la adecuada intervención en las exhumaciones, como la colaboración institucional.
-Habilitación al Gobierno para el reconocimiento de indemnizaciones extraordinarias a favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes en defensa de la democracia durante el periodo 1968-1977…
Jiménez citó las declaraciones del magistrado del Supremo, Martín Pallín, de que “gracias a la ley habrá juicios nulos”, pero se mostró, sin embargo, a nivel personal, no conforme del todo con el contenido de la misma, e hizo suyas las críticas contenidas en el Informe de Amnistía Internacional, sobre todo las referidas a que la Ley deja al margen a víctimas de graves crímenes contra el derecho internacional como las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas; que no exista una Comisión nacional de investigación de las violaciones de derechos humanos en el franquismo, y que se privaticen las tareas de localización y exhumación de los restos de las víctimas.
Tras las intervenciones de la mesa, se abrió paso un animado coloquio, en el que se evidenció la postura crítica hacia la ley de la casi totalidad de las personas asistentes, aun reconociendo que es un paso mínimo, y necesario.
Abrió el turno José María Marín, quien se lamentó de que el debate estaba “cojo”, en la medida que faltaba el PP, que niega a las víctimas del franquismo su derecho a ver reparados los excesos de la dictadura. Respecto de la Ley, dijo que a nadie satisface al 100 %, pues todos han de dejar algo en beneficio de todos. Como antecedentes del texto sujeto a discusión, aludió al Informe del Congreso de los Diputados sobre represaliados en la Dictadura, así como la necesidad de poner en valor los archivos del periodo 1939-1975. Reconoció que algo se ha hecho en 30 años de democracia, pero que faltaban cosas, para resarcir a las víctimas y familias de lo ocurrido desde 1968 a 1977 (asesinato de Puig Antich, los muertos de Elda, los sucesos de Basauri, Vitoria, Montejurra, los militares de la UMD…).
Reconoció que la elaboración de la Ley ha contado con un consenso muy laborioso, pues el Gobierno ha querido concitar el mayor número de voluntades. En cuanto a los objetivos que persigue la Ley, destacó: ampliar los derechos ciudadanos de las víctimas de esta dolorosa etapa; mirar hacia delante; reconocer los derechos de unos sin mermar los de otros; ahondar en el espíritu de concordia y de reconciliación de la Constitución de 1978; reparar y reconocer moralmente, con carácter general, a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; dotar de prestaciones económicas a quienes aún no las percibían, en virtud de la Ley de Amnistía; cubrir el vacío de las víctimas no reconocidas en el periodo 1968-1977, esto es, en los estertores de la Dictadura; retirar la simbología, insignias y placas que recuerden a aquel régimen fascista; destinar el Valle de los Caídos a lugar conmemorativo de todas las personas fallecidas en la guerra y en la dictadura posterior, y poner en valor y acercar los archivos y documentos a todas las personas, con carácter universal.
Floren Dimas se mostró muy crítico con el texto y con las organizaciones firmantes. “Necesitábamos una ley, pero no esta ley”, enfatizó. Tras exponer los motivos por los que se creó su asociación, recordó que la Comisión Interministerial creada al efecto decidió, en su día, la redacción de un texto consensuado. Pero, en los momentos claves, han faltado dos instituciones necesarias, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, por lo que pocas medidas jurídicas cabía esperar del texto, y sí muchas de tipo administrativo y moral. La Ley ya nació con carencias.
Recalcó que sí existe una Ley de la Memoria Histórica democrática. Recordó que, en Normandía, todos los años se recuerda el desembarco de 1944 y nadie se rasga las vestiduras; incluso acuden los perdedores, los alemanes. Y es que, dijo, Francia, Alemania e Inglaterra han asumido su memoria histórica como un elemento didáctico. En esos países, esas leyes no escritas existen, sin embargo, a partir de la derogación de las leyes del Estado nazi y fascista en Alemania e Italia, respectivamente, cosa que, a su juicio, no se ha hecho en España con esta Ley. Este texto no vale porque, aunque lleno de buenas intenciones, no ilegaliza, sino que ilegitima, al franquismo, y está consensuada con el PP, el partido que representa la herencia de ese régimen.
Para Floren Dimas, el Gobierno incurre en una prevaricación permanente al no cumplir la legislación internacional vigente en materia de Derechos Humanos, para los casos de reparaciones tras los conflictos civiles. Una de las trampas de la ley reside en crear falsas esperanzas entre las víctimas supervivientes y los familiares de los asesinados, prometiendo que con la ilegitimación de las sentencias podrían apelar ante los tribunales la nulidad de las mismas, cosa, que, a su parecer, no va a ser posible.
Floren rebatió las posturas del PSOE e IU en su aceptación del "techo" conseguido con la Ley, acusando al gobierno de falta de convicción y de valentía política, e igualmente a quienes se habían plegado finalmente a pactar la ley “tomando la devolución del patrimonio histórico inmobiliario como moneda de cambio”, afirmación que el representante de IU pidió, con fuerza, que retirara en su intervención posterior.
Diego Jiménez, de IURM, cerró el turno de intervenciones. En un auditorio repleto de jóvenes estudiantes que no vivieron de cerca el franquismo y la Transición, Jiménez recordó sus años de estudiante antifranquista y advirtió que percibe, en la actual situación de crispación política de la derecha, con una extrema derecha incrustada en su seno, signos que recuerdan las sonoras diatribas parlamentarias del líder del Bloque Nacional, Calvo Sotelo, en los meses previos a la Guerra Civil.
Jiménez aludió a la declaración de Joan Herrera, diputado de IU-ICV, cuando, en su intervención parlamentaria del 31.10.2007, dijo que "la ley no obedece a nuestros sueños, pero está hecha de nuestros sueños". Diego expuso que, dada la situación de acoso de la derecha, la Ley es un texto posibilista, recordando que IU-ICV ha llegado bastante lejos, pese a su escasa representación parlamentaria, forzando mejoras en el texto original de la ley presentado por el PSOE. A este respecto, recordó los siguientes avances:
-Supresión en todo el texto de la ley a la referencia a los “dos bandos”, en la medida en que hubo un bando alzado en armas, pero frente a un gobierno legítimo republicano.
-Condena expresa del régimen franquista, manifestada por unanimidad en la Sesión del Congreso de los Diputados de 20 de noviembre de 2002 y en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006.
-Inclusión, en la exposición de motivos, del reconocimiento al Cuerpo de Carabineros, a los Guerrilleros, a los Brigadistas internacionales y a los miembros de la UMD.
-Establecimiento de un marco constitucional que impulse políticas relativas a la conservación y fomento de la Memoria Democrática.
-Elaboración, por parte del Gobierno, de un Protocolo de actuación científica y multidisplicinar que asegure, tanto la adecuada intervención en las exhumaciones, como la colaboración institucional.
-Habilitación al Gobierno para el reconocimiento de indemnizaciones extraordinarias a favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes en defensa de la democracia durante el periodo 1968-1977…
Jiménez citó las declaraciones del magistrado del Supremo, Martín Pallín, de que “gracias a la ley habrá juicios nulos”, pero se mostró, sin embargo, a nivel personal, no conforme del todo con el contenido de la misma, e hizo suyas las críticas contenidas en el Informe de Amnistía Internacional, sobre todo las referidas a que la Ley deja al margen a víctimas de graves crímenes contra el derecho internacional como las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas; que no exista una Comisión nacional de investigación de las violaciones de derechos humanos en el franquismo, y que se privaticen las tareas de localización y exhumación de los restos de las víctimas.
Tras las intervenciones de la mesa, se abrió paso un animado coloquio, en el que se evidenció la postura crítica hacia la ley de la casi totalidad de las personas asistentes, aun reconociendo que es un paso mínimo, y necesario.
