Corría el año 1948. El mundo acababa de salir de la horrible pesadilla de una guerra mundial destructiva. Sensibilizados por el Holocausto, los países miembros de la ONU suscribieron la ‘Declaración Universal de los Derechos Humanos’. Pero el planeta empezaba, de nuevo, a ser inseguro. El fin del nazismo condujo a un mundo bipolar, en el que comenzaba a atisbarse el enfrentamiento entre bloques. Stalin, que había contribuido a la derrota del régimen nazi, era ahora el enemigo a vigilar.
George Orwell escribió en 1948 y editó un año después la n
ovela de ficción titulada ‘1984’, el relato de un estado policial que mediante el ‘Gran Hermano’ (personificación de Stalin), el supremo dirigente, y la ‘telepantalla’ vigilaba los movimientos de la ciudadanía. Muchos analistas coinciden en que aquella ficción se ha hecho hoy realidad. Recientemente, la ‘Comisión de Venecia’, órgano asesor del Consejo de Europa en materia constitucional, ha prevenido de que la instalación de cámaras de vídeo para la vigilancia en lugares públicos supone una amenaza para los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de la libertad de movimientos. Por ello, aunque admite que pueden existir “imperativos de seguridad”, insta a los Estados miembros a indicar en qué zonas se está procediendo a grabar los movimientos de la ciudadanía y a la creación, en cada Estado, de un organismo independiente que garantice la legalidad de dichas instalaciones, de acuerdo con la Convención Europea de Derechos Humanos y otros documentos internacionales. La Comisión recomienda, además, que quien se vea sometido a algún tipo de vigilancia pueda acceder a sus datos personales retenidos y a la información sobre su uso.Por otra parte, una resolución del Parlamento europeo, del pasado día 12 de julio, advierte de las consecuencias del nuevo acuerdo de la Unión Europea con EE UU para la transferencia de datos personales de ciudadanos europeos que viajen a ese país. En virtud de ese acuerdo, EE UU conocería aspectos tales como el origen racial o étnico, la ideología política, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical y la salud o la vida sexual de las personas que lleguen a su territorio. Y, lo que es peor: podría facilitar el acceso de terceros países a esa información reservada, con un periodo activo de siete años y un periodo latente de ocho años. Los diputados reconocen la ventaja que supone tener un único acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, en lugar de 27 acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y aquel país, y se muestran a favor de la disposición que establece que la Ley sobre la intimidad de EE UU se hace extensible, desde el punto de vista administrativo, a los ciudadanos de la UE, pero creen que todavía hay mucho por hacer en otras áreas, tales como el uso de la información, el periodo de retención y los datos sensibles. Además, la Eurocámara lamenta que el periodo de conservación de datos se prorrogue de 3,5 a 15 años. Por ello, la Eurocámara exige a la Comisión Europea que exponga la situación actual derivada de los resultados de ese acuerdo, al tiempo que pide a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros que lo examinen con detención.
Parece claro que, acabada la ‘Guerra Fría’, la potencia hegemónica mundial nos quiere persuadir, a toda costa, de que este mundo sigue siendo inseguro. Los atentados del 11-S han legitimado en Occidente el trocar libertades por seguridad, con el terrorismo como pretexto. Sarkozy ganó las elecciones presidenciales francesas con el ‘discurso del miedo’. La ciudadanía mundial asiste, al parecer impasible, al recorte de sus derechos cívicos, en aras de que alguien le garantice una supuesta invulnerabilidad.
Supongo que Orwell no pronosticó que su novela de ficción, pensada como un furibundo ataque al estalinismo, pudiera tener su concreción en el Occidente rico, cuna de las libertades burguesas. Nos vigila, de nuevo, el ‘Gran Hermano’.
