Por mi edad, fui de los educados en aquel bachillerato franquista anterior a la Ley ‘Villar Palasí’ de 1970. El de las tres ‘Marías’, la Religión, la Educación Física y la Formación del Espíritu Nacional, asignaturas destinadas a forjar espíritus juveniles adictos al franquismo. A adoctrinar, en una palabra. Y aquí me tienen. Pese a los intentos de aquellos supuestos ‘profesores’ seleccionados y aleccionados por el régimen para templar los espíritus juveniles en la más pura ortodoxia de los principios del Movimiento Nacional, hoy tengo a gala ser un ‘rojo’ irreductible. Por vivencias, por mi experiencia histórica, por vicisitudes varias he podido escapar de aquellos férreos e inútiles moldes franquistas que me intentaron inculcar.
Nada tiene que ver aquella clara manipulación ideológica con la polvareda que ha levantado la próxima implantación en el primer ciclo de la ESO de la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’. He echado un vistazo al preámbulo, los objetivos y los contenidos del currículo de la nueva asignatura. Y, la verdad, no es para tanto. Porque ¿creen, de verdad, que supone adoctrinamiento el que nuestros alumnos y alumnas reconozcan la condición humana en su dimensión individual y social, sepan de la declaración de los Derechos Humanos, su historia, los problemas a los que se enfrenta su implantación y su valor como proyecto moral, de los derechos de las mujeres, la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechacen los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación, conozcan y aprecien los principios en que se fundamentan los sistemas democráticos y las instituciones y el funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, valoren la Constitución española y la importancia de la participación en la vida política y social, y se empapen de las principales normas de circulación y de la seguridad vial...? ¿Son estos valores equiparables a los que nos inculcaba aquella nefasta asignatura a la que llamábamos ‘Política’ (la Formación del Espíritu Nacional franquista)?
Por eso, cuando oigo a los portavoces del PP y, sobre todo, la especial virulencia de la Conferencia Episcopal, me indigno. Porque la jerarquía eclesiástica no ha digerido todavía aquel viejo optimismo pedagógico de Rousseau, que concebía la Educación como instrumento para lograr personas libres y felices. Voy a expresarlo con claridad: la caduca institución eclesial, estructura nada democrática por cierto y que siempre fue renuente a la democracia liberal que, al menos en nuestro país, tantos perjuicios le ocasionó, no quiere admitir que junto a una moral privada existe una moral pública que alguien tiene que inculcar en nuestros alumnos y alumnas. Y cuando todos recurren al aparato escolar como institución donde, amén de contenidos, se imparta Educación la Iglesia sigue creyéndose la única depositaria de esa moral universal (católica, por supuesto) y la única destinada a transmitirla. El problema, pues, no es que los contenidos de la nueva materia sean abominables, aunque algunos como el del aborto y el respeto a las tendencias sexuales de cada cual rocen los límites de lo permitido por la moral católica. El auténtico problema es la supuesta usurpación por el Estado de las funciones que, desde siempre, han sido patrimonio de la Iglesia. Y el fundamental: la tremenda repugnancia de la jerarquía eclesiástica a que surjan ciudadanos y ciudadanas con espíritu crítico, laico, libres para ser y pensar, que lleguen a cuestionar los privilegios, como los que sigue ostentando la Iglesia Católica en virtud de los sucesivos Concordatos que ha ido imponiéndole al Estado, desde Isabel II (1851), pasando por el franquista (1953) y los de 1976 y 1979, acuerdos que le garantizaban tanto la supervisión de la Educación como su propia financiación.
Pese a ello, hoy es fácilmente detectable una gradual pérdida de peso e influencia social de la Iglesia. Y la jerarquía lo sabe. Por eso, por mera reacción ofensiva-defensiva, ante los nuevos tiempos sigue recurriendo a los viejos anatemas de siempre.
Nada tiene que ver aquella clara manipulación ideológica con la polvareda que ha levantado la próxima implantación en el primer ciclo de la ESO de la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’. He echado un vistazo al preámbulo, los objetivos y los contenidos del currículo de la nueva asignatura. Y, la verdad, no es para tanto. Porque ¿creen, de verdad, que supone adoctrinamiento el que nuestros alumnos y alumnas reconozcan la condición humana en su dimensión individual y social, sepan de la declaración de los Derechos Humanos, su historia, los problemas a los que se enfrenta su implantación y su valor como proyecto moral, de los derechos de las mujeres, la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechacen los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación, conozcan y aprecien los principios en que se fundamentan los sistemas democráticos y las instituciones y el funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, valoren la Constitución española y la importancia de la participación en la vida política y social, y se empapen de las principales normas de circulación y de la seguridad vial...? ¿Son estos valores equiparables a los que nos inculcaba aquella nefasta asignatura a la que llamábamos ‘Política’ (la Formación del Espíritu Nacional franquista)?
Por eso, cuando oigo a los portavoces del PP y, sobre todo, la especial virulencia de la Conferencia Episcopal, me indigno. Porque la jerarquía eclesiástica no ha digerido todavía aquel viejo optimismo pedagógico de Rousseau, que concebía la Educación como instrumento para lograr personas libres y felices. Voy a expresarlo con claridad: la caduca institución eclesial, estructura nada democrática por cierto y que siempre fue renuente a la democracia liberal que, al menos en nuestro país, tantos perjuicios le ocasionó, no quiere admitir que junto a una moral privada existe una moral pública que alguien tiene que inculcar en nuestros alumnos y alumnas. Y cuando todos recurren al aparato escolar como institución donde, amén de contenidos, se imparta Educación la Iglesia sigue creyéndose la única depositaria de esa moral universal (católica, por supuesto) y la única destinada a transmitirla. El problema, pues, no es que los contenidos de la nueva materia sean abominables, aunque algunos como el del aborto y el respeto a las tendencias sexuales de cada cual rocen los límites de lo permitido por la moral católica. El auténtico problema es la supuesta usurpación por el Estado de las funciones que, desde siempre, han sido patrimonio de la Iglesia. Y el fundamental: la tremenda repugnancia de la jerarquía eclesiástica a que surjan ciudadanos y ciudadanas con espíritu crítico, laico, libres para ser y pensar, que lleguen a cuestionar los privilegios, como los que sigue ostentando la Iglesia Católica en virtud de los sucesivos Concordatos que ha ido imponiéndole al Estado, desde Isabel II (1851), pasando por el franquista (1953) y los de 1976 y 1979, acuerdos que le garantizaban tanto la supervisión de la Educación como su propia financiación.
Pese a ello, hoy es fácilmente detectable una gradual pérdida de peso e influencia social de la Iglesia. Y la jerarquía lo sabe. Por eso, por mera reacción ofensiva-defensiva, ante los nuevos tiempos sigue recurriendo a los viejos anatemas de siempre.
