“Ni social, ni política, ni moral, ni intelectualmente es comprensible que la Justicia trate peor a los ecologistas que a los corruptos”

Pedro Costa Morata, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, ecologista histórico y Premio Nacional de Medio Ambiente, presentó la campaña “Costa contra la corrupción”.

Diego Jiménez/Murcia.- Sólo la casualidad ha hecho posible que el apellido del promotor de una campaña coincida con el contenido que se atribuye a la misma, a saber, la defensa de la costa murciana, seriamente amenazada por la especulación y la corrupción urbanísticas. Bajo el título “Costa contra la corrupción”, el aguileño Pedro Costa Morata, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, ecologista histórico -que destacó en los años ’70 del pasado siglo por su oposición a la pretensión del gobierno franquista de entonces de ubicar una central nuclear en el entorno de Cabo Cope (Águilas)- y Premio Nacional de Medio Ambiente, presentó el pasado jueves, 8 de mayo, dicha campaña en rueda de prensa celebrada en el local de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Región de Murcia. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de personas a título particular y otros colectivos sociales, esta destinada a recabar fondos por un importe, al menos similar, a la cantidad que le reclama la Justicia, aunque el destino de los mismos tenga un fin social, como veremos más abajo.

Matar al mensajero

Como se recordará, el citado profesor fue condenado por la magistrada-jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de Lorca, Marta de Torres Moreno, a indemnizar con 18.000 euros al fiscal jefe de Lorca, José Martínez Blanco, por los supuestos perjuicios causados por un artículo titulado “Del trabajo, mejorable, de nuestros fiscales en la costa”, publicado en el diario La Verdad el día 10 de marzo de 2006, y que, según la citada magistrada, supuso “un atentado contra el honor de un funcionario”. En opinión de Pedro Costa, con dicha condena se intenta “matar al mensajero”, es decir, silenciar las voces discrepantes con el actual modelo urbanístico depredador de recursos naturales en nuestra Región. Por ello, Pedro Costa apeló a la importancia de la solidaridad, anunciando, no obstante, que, en estos momentos, ha interpuesto una apelación contra dicha sentencia en la Audiencia Provincial. De no prosperar dicho recurso en esta instancia judicial, Pedro piensa continuar sucesivamente, si fuera preciso, hasta el Tribunal Supremo, el Constitucional y, como último recurso, hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Contenido y fines de la campaña

La campaña se enmarca, según Pedro, en una “operación de solidaridad”, pretendiendo destinar los fondos recaudados a crear una bolsa de solidaridad con que atender el coste de futuras demandas interpuestas contra ecologistas y miembros de los movimientos sociales murcianos. Se pretende realizarla en un tiempo record, de aquí al verano. A preguntas de los periodistas, Pedro aclaró que dicha iniciativa no es una operación de la coordinadora “La Región de Murcia no se vende”, sino que la realiza a título particular y que, “para huir de toda tentativa de protagonismo, es compartida con cuatro amigos.” En efecto, en la rueda de prensa Pedro compareció junto al escritor y profesor de la UMU Pedro Guerrero, al que acompañaban también el líder de IURM José Antonio Pujante, el miembro de la Asociación de defensa de la Marina de Cope y Ramonete (AMACORA) Martín Rodríguez, y Jesús Sola, ecologista y, como el anterior, activo miembro de la coordinadora Murcia no se Vende.

Denuncias

Pedro Costa denunció que la nómina de personas denunciadas en el ámbito ecologista supera, con creces, a la de ediles corruptos. En concreto, desde el año 2004, se han contabilizado un total de 20 demandas contra personas vinculadas a estos colectivos ecologistas, lo que, en su opinión, es un auténtico “escándalo”, por lo que añadió que “ni social, ni política, ni moral ni intelectualmente se puede consentir que la Justicia trate peor a los ecologistas que a los corruptos”.

Por su parte, Pedro Guerrero, quien empezó su alocución haciendo una breve reseña biográfica de Pedro Costa, referida a los comienzos de su actividad ecologista en la Región, afirmó que esta bofetada es la muestra de un cierto corporativismo judicial, confiando, no obstante, que “al final aflorará la razón moral”.

Pasividad ante la corrupción

A una pregunta mía sobre si asumía mi percepción de que en los casos de corrupción existe cierta mordaza en la prensa, Pedro Costa se mostró confiado de que, como en el caso del ‘Watergate’, surja un periodismo comprometido que esclarezca la verdad, afirmando que, en temas medioambientales, de no haber mediado la presión de los ecologistas y la contribución desinteresada, en muchas ocasiones, de la prensa, no hubiera sido posible que afloraran, para conocimiento de la opinión pública, posibles desastres medioambientales. Respecto a la vinculación afectiva con sus alcaldes de los vecinos y vecinas de las localidades inmersas en casos de corrupción urbanística, Pedro, que calificó ese fenómeno como un “mal nacional”, dijo que tal pasividad social es “lamentable”, aunque siempre, como en el caso de Marbella, es posible que con el tiempo se invierta esa tendencia.