Todo ha sido salir a la luz el acuerdo del Gobierno de dar vía libre a la Ley de Vivienda, que establece, sobre todo, medidas para facilitar el alquiler interviniendo en ese mercado, en especial respecto de los tenedores de más de diez viviendas, para que, una vez más, la derecha cavernícola y reaccionaria estalle contra esa medida social: Martínez Almeida, Ayuso, López Miras...anuncian que harán todo lo posible por boicotear ese texto legal en sus respectivos territorios, amparándose en que las competencias de vivienda están en manos de las autonomías y de los ayuntamientos.
Esos supuestos 'constitucionalistas' ignoran conscientemente el texto constitucional, en sus artículos 47, que alude al derecho a una vivienda digna, y 128, que subordina toda la riqueza del país al interés general.
Alegan, de manera absurda, que lo que hay que hacer es liberalizar suelo para poder construir vivienda pública. Olvidan, o pretenden ignorar, el efecto que tuvo la ley del suelo de Aznar, que favoreció la especulación sin freno y condujo a la burbuja inmobiliaria. Sin olvidar la venta de viviendas sociales a fondos buitre durante la etapa de Ana Botella al frente del Ayuntamiento de Madrid, anulada recientemente por sentencia judicial.
A estos supuestos liberales de tres al cuarto se les ve el plumero. Obsesionados con la caída del Gobierno de coalición, se apropian del patriotismo y de la rojigualda, pero, en el fondo, sólo defienden los intereses de los de siempre e ignoran a la gente necesitada.
Hay que frenarlos en las urnas. Y en la calle.
