viernes, 9 de mayo de 2014

Con ocupación de viviendas, nace la ‘Obra Social de la PAH’ (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) de Murcia.

Vanesa, Gema y Santi  expusieron detalles de la iniciativa en rueda de prensa celebrada el pasado viernes, 9 de mayo, ante la Consejería de Fomento y de Ordenación del Territorio.


Diego Jiménez/Murcia.  9 de mayo de 2014.   Gema, casada y con tres hijos a su cargo, lleva un mes ocupando una vivienda en Murcia  en poder de una entidad bancaria.  “Para que esté vacía –afirmó-, es mejor ocuparla, pues así se deteriora menos”. Gema vivía en casa de su madre, en el seno de una familia con un total de siete miembros, con poco espacio y “ninguna intimidad”, razón por la que adoptó esta decisión.

Vanesa, casada y con tres hijos, y que vivía en casa de su abuelo, junto a sus dos tíos, en una vivienda de unos escasos 45 metros cuadrados, optó también por ocupar una vivienda vacía de otra entidad bancaria, en la que lleva tres semanas.





Gema y Vanesa, que hablaban en su nombre y en de otras  familias que en Murcia han decidido dar este paso, no tienen miedo a las consecuencias de su acción. Afirmaron que cuentan con la comprensión de los presidentes de las comunidades de propietarios de los inmuebles en que ahora residen y piden lo mismo de quienes ven con malos ojos ese proceso de ocupación. Exigen al menos el acceso a una vivienda con un alquiler razonable, cansadas del silencio de la Administración ante su requerimiento de ayudas. Gema y Vanesa comparecieron el pasado día 9 de mayo en rueda de prensa, ante la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio de Murcia, arropadas por varias decenas de personas.

El acto, con el que se inicia el Murcia la campaña ‘Obra Social de la PAH’ fue presentado por Santi Gracia, que denunció que hay muchas familias en una situación crítica, así como la insuficiente política de alquileres sociales, cuyo coste se fija en función de la deuda hipotecaria pendiente. Respecto de la Ley 1/2013, que obvió los contenidos de una ILP con casi millón y medio de firmas en todo el Estado, criticó de la misma su ‘Código de Buenas Prácticas’, que “no ha solucionado nada”. Según Santi, “esta ley no garantiza el derecho a una vivienda y, además, viola los Derechos Humanos”. Denunció, además, la inoperancia de la Oficina de Intermediación, lo que conduce a un total desamparo a miles de familias. Aludió a términos como “terrorismo financiero” y “desobediencia civil” con los que justificó su apelación a las personas afectadas por desahucios a unirse a las PAH para recibir apoyo y asesoramiento en estos difíciles trances.


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