martes, 8 de febrero de 2011

CLAUDICACIÓN

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2011/02/08/claudicacion/301625.html

"El Gobierno y los agentes sociales han dado muestra de una lacerante claudicación ante la Banca, que espera con los brazos abiertos aumentar la ración del pastel, en virtud del previsible incremento de los fondos privados de pensiones"



DIEGO JIMÉNEZ

Hace unos días, Felipe González, expresidente del Gobierno socialista, se despachaba a gusto en un programa de TVE afirmando que hay que gobernar para los ´mercados´. Es decir, para garantizar los negocios y las cuentas de resultados de los banqueros y especuladores que nos han llevado a la actual situación económica. Por si quedaba alguna sombra de duda de que Zapatero lleva haciéndolo así, las felicitaciones recibidas estos días de Sarkozy y Angela Merkel, en su pasada visita a España, por la puesta en práctica de las drásticas medidas de ajuste impuestas desde el FMI, el BM y Bruselas, demuestran que la política económica española es producto de una claudicación ante el gran poder financiero mundial. Sirvan dos ejemplos para demostrar lo dicho.

Es deprimente comprobar la satisfacción de Zapatero ante el acuerdo social recientemente suscrito con los sindicatos, pues, sin duda —junto con la reforma laboral aprobada hace unos meses—, constituye el mayor ataque al Estado del Bienestar que se ha dado en España en los últimos años, colocándolo en estado de coma. Porque, dígase lo que se diga, nada permite justificar la reforma de las pensiones, habida cuenta de que, según la opinión de varios expertos, las cuentas de la Seguridad Social arrojan, al día de hoy, un saldo positivo. Cuando las cifras del desempleo juvenil se sitúan en el 40%, cuando el paro afecta a casi cinco millones de españoles, cuando la pobreza atenaza a tantos y tantos hogares, sólo una política expansiva del gasto público —con una reforma fiscal incluida—, el incremento del empleo y el consumo privado podrían haber invertido la tendencia. Pero no. El Gobierno ha golpeado en el flanco más débil de la sociedad. ¿Cómo podemos pedirle a un joven, cuya incorporación a un mercado de trabajo cada vez más precario se dilata también cada vez más, que asuma que para tener garantizada la pensión máxima a los 65 años ha de trabajar 38 años y seis meses? ¿Cómo hacerle entender que el periodo de cómputo se alargará de los quince a los veinticinco años, lo que, inevitablemente, llevará a la pérdida de la cuantía de su pensión? El Gobierno y los agentes sociales han dado muestra, con ello, de una lacerante claudicación ante la Banca, que espera con los brazos abiertos aumentar la ración del pastel, en virtud del previsible incremento de los fondos privados de pensiones.

Como de claudicación ante el inmenso poder de esa oligarquía financiera hay que entender que la intangible ley hipotecaria española condene a miles de familias a perder su vivienda, en virtud del impago de los plazos mensuales de unos préstamos a los que no pueden hacer frente. El artículo 47 de la Constitución, el que garantiza a todos los españoles el derecho a una vivienda digna, es hoy, como el del derecho al trabajo, papel mojado. Países europeos de nuestro entorno han puesto en marcha medidas menos dramáticas en esos supuestos, como la denominada ´dación en pago´, por la que, ante la imposibilidad de la persona hipotecada de poder hacer frente a las cuotas del préstamo, la entidad bancaria se queda con la vivienda, pero condona la deuda pendiente. En nuestro país, también en eso somos diferentes. Cayo Lara, coordinador general de IU, recordó, en su pasada visita a Murcia, que cerca de 300.000 personas —el equivalente, decía, a la capacidad de tres estadios como el Santiago Bernabéu— están hoy afectadas por la pérdida de este bien básico. Ante ello, el Gobierno se ha venido negando a legislar una solución que elimine la incertidumbre, la zozobra y el drama de tantos y tantos hogares españoles.

En nuestra Región estamos asistiendo estos días a un auge de la contestación social. La sorprendente respuesta de miles de empleados públicos —pero también de otros sectores de la ciudadanía— ante la versión regional de esos planes de ajuste (la Ley 5/2010, de 27 de diciembre), podría constituir un ejemplo, extrapolable a otras zonas del Estado, de cómo encarar la resistencia ante políticas económicas impopulares. Esperemos que este gran movimiento ciudadano no decaiga pronto, lo que constituiría una claudicación más.

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