La Verdad, 19.04.10 - 01:07 -
SECUNDINO SERRANO HISTORIADOR
Setenta años después de finalizada la Guerra Civil, está afianzándose la opinión de que los dos bandos fueron responsables de lo ocurrido y en la misma medida. Un discurso paralelo, más radical, recupera el relato hegemónico durante la dictadura: responsabiliza a los republicanos de la guerra y presenta el golpe de Estado como inevitable, además de equiparar las represiones. La doble ola revisionista, surfeada por divulgadores tóxicos y jaleada por un aguerrido coro mediático, también la respaldan, en lo que respecta a las víctimas y su reparación, intelectuales antes progresistas reconvertidos en adalides de las tesis más conservadoras, así como conocidos historiadores que se muestran beligerantes contra las políticas de memoria. El objetivo es impedir el ajuste de cuentas democrático con el pasado y continuar con una memoria y una historia de plastilina, a la medida de los vencedores de la guerra.
La simetría nunca existió en el apartado de las víctimas y los verdugos, y tampoco puede aceptarse, en aras de la corrección política, que la violencia política durante la guerra fue análoga. La represión de los sublevados estaba planificada: un verdadero programa gubernamental de exterminio. La de los republicanos, una mezcla de organización y espontaneísmo, ajena al ejecutivo, resultado de la desaparición de los aparatos coactivos del Estado y de la ira popular ocasionada por la interrupción violenta de una experiencia democrática que hacía visibles a las clases menos favorecidas. Aparte de las declaraciones de unos políticos y otros, se omite que las autoridades republicanas, además de impedir las matanzas indiscriminadas cuando dominaron la situación, abrieron en 1937 una investigación sobre el 'terror caliente' de 1936: ni en la guerra ni durante la posguerra la dictadura hizo algo parecido. De otro lado, los franquistas llevaron a cabo una durísima represión en todas y cada una de las provincias; los republicanos, en la mitad más o menos. Es un dato que no puede cuestionarse: los republicanos no mataron, ni podían hacerlo, en la España donde triunfó el golpe de Estado.
Pero lo más grave no es que se quiera convencer a los españoles de que durante los turbulentos años de la guerra un bando y otro actuaron de manera parecida, sino que se pretenda trasladar ese paralelismo a la época de la dictadura, y para ello nada mejor que recurrir al maquis como antagonista del franquismo: una tesis claramente alucinógena. Más allá de la ignorancia interesada o de la manipulación, de todos es conocido que el franquismo administró el monopolio del terror durante cuarenta años. La contabilidad asienta más de cincuenta mil víctimas de la dictadura en la posguerra, amén de cientos de miles de prisioneros políticos, de presos esclavizados, de funcionarios depurados. ¿Dónde está la equidistancia? El procedimiento de anudar intencionadamente guerra y dictadura es una artimaña para enmascarar la naturaleza genocida del régimen, para destruir la caja negra del franquismo y formatear a la carta la mente de los españoles.
Las reparaciones de los muertos tampoco presentan semejanza alguna. Durante cuarenta años, las víctimas franquistas disfrutaron de reconocimientos públicos y de incontables lugares de memoria, sus nombres continúan en los atrios de las iglesias y sus familiares recibieron recompensas materiales y simbólicas. Por el contrario, numerosos muertos republicanos permanecen todavía abandonados en fosas comunes, tapias de cementerios y cunetas, y durante cuarenta años fueron cadáveres invisibles: sus lugares de memoria fueron borrados y el luto, prohibido. Y media España pretende que continúen así: invisibles e insepultos. Resulta difícil comprender que en un país democrático la derecha se deje representar, en lo que respecta a la memoria histórica, por un puñado de extremistas infectados por la tentación totalitaria y no asuma algo obvio: los familiares tienen derecho a saber de sus víctimas, y además no se puede pasar página sin registrar y enterrar al último cadáver de la guerra.
Tampoco resultó semejante el destino de los victimarios. Los verdugos franquistas no fueron castigados por sus tropelías, pese a que más del cincuenta por ciento de las víctimas republicanas de la guerra y la posguerra fueron el resultado de ejecuciones extrajudiciales. Al contrario, recibieron homenajes, ocuparon puestos en la Administración y algunos prestaron incluso sus nombres al callejero. El devenir de los verdugos republicanos fue un poco diferente: los detenidos fueron ejecutados, y los que consiguieron escapar expiaron sus responsabilidades en un exilio perpetuo. ¿Cómo se puede sostener que «todos, republicanos y franquistas, perdieron la guerra y pagaron por igual sus consecuencias»? El último documental importante sobre un verdugo de la guerra ('El honor de las injurias', de Carlos García-Alix, 2007) se refiere a un pistolero anarquista. ¿Quién se atrevería hoy realizar algo parecido sobre la vasta y representativa gavilla de verdugos franquistas? La respuesta deviene meridiana a la vista de los acontecimientos, y eso es así porque nos hemos reconciliado con el pasado por decreto-ley, al margen de la memoria y de la justicia. La historia del franquismo es sobre todo el relato de una impunidad.
La hegemonía narrativa de la responsabilidad compartida tuvo su correlato más sorprendente en un episodio difícil de metabolizar por estómagos democráticos. El 12 de octubre de 2004, José Bono, militante socialista y entonces ministro de Defensa, tuvo una ocurrencia que reflejaba una acusada insensibilidad histórica. En el desfile militar, la ofrenda a los caídos la efectuaron dos ancianos ex combatientes: uno había luchado voluntariamente en la División Azul, en defensa del totalitarismo de Hitler, y el otro, obligado por el exilio, en la División Leclerc, y a favor de la libertad. Un suceso improbable en una nación con pedigrí
democrático, pero posible en un país, España, donde al hecho de registrar a las víctimas se califica de 'reabrir heridas' y a reparar la injusticia de sus muertes, de 'revanchismo'. Donde lo natural y aceptado es repartir culpas en vez de buscar la verdad. El paraíso de las simetrías.
Setenta años después de finalizada la Guerra Civil, está afianzándose la opinión de que los dos bandos fueron responsables de lo ocurrido y en la misma medida. Un discurso paralelo, más radical, recupera el relato hegemónico durante la dictadura: responsabiliza a los republicanos de la guerra y presenta el golpe de Estado como inevitable, además de equiparar las represiones. La doble ola revisionista, surfeada por divulgadores tóxicos y jaleada por un aguerrido coro mediático, también la respaldan, en lo que respecta a las víctimas y su reparación, intelectuales antes progresistas reconvertidos en adalides de las tesis más conservadoras, así como conocidos historiadores que se muestran beligerantes contra las políticas de memoria. El objetivo es impedir el ajuste de cuentas democrático con el pasado y continuar con una memoria y una historia de plastilina, a la medida de los vencedores de la guerra.
La simetría nunca existió en el apartado de las víctimas y los verdugos, y tampoco puede aceptarse, en aras de la corrección política, que la violencia política durante la guerra fue análoga. La represión de los sublevados estaba planificada: un verdadero programa gubernamental de exterminio. La de los republicanos, una mezcla de organización y espontaneísmo, ajena al ejecutivo, resultado de la desaparición de los aparatos coactivos del Estado y de la ira popular ocasionada por la interrupción violenta de una experiencia democrática que hacía visibles a las clases menos favorecidas. Aparte de las declaraciones de unos políticos y otros, se omite que las autoridades republicanas, además de impedir las matanzas indiscriminadas cuando dominaron la situación, abrieron en 1937 una investigación sobre el 'terror caliente' de 1936: ni en la guerra ni durante la posguerra la dictadura hizo algo parecido. De otro lado, los franquistas llevaron a cabo una durísima represión en todas y cada una de las provincias; los republicanos, en la mitad más o menos. Es un dato que no puede cuestionarse: los republicanos no mataron, ni podían hacerlo, en la España donde triunfó el golpe de Estado.
Pero lo más grave no es que se quiera convencer a los españoles de que durante los turbulentos años de la guerra un bando y otro actuaron de manera parecida, sino que se pretenda trasladar ese paralelismo a la época de la dictadura, y para ello nada mejor que recurrir al maquis como antagonista del franquismo: una tesis claramente alucinógena. Más allá de la ignorancia interesada o de la manipulación, de todos es conocido que el franquismo administró el monopolio del terror durante cuarenta años. La contabilidad asienta más de cincuenta mil víctimas de la dictadura en la posguerra, amén de cientos de miles de prisioneros políticos, de presos esclavizados, de funcionarios depurados. ¿Dónde está la equidistancia? El procedimiento de anudar intencionadamente guerra y dictadura es una artimaña para enmascarar la naturaleza genocida del régimen, para destruir la caja negra del franquismo y formatear a la carta la mente de los españoles.
Las reparaciones de los muertos tampoco presentan semejanza alguna. Durante cuarenta años, las víctimas franquistas disfrutaron de reconocimientos públicos y de incontables lugares de memoria, sus nombres continúan en los atrios de las iglesias y sus familiares recibieron recompensas materiales y simbólicas. Por el contrario, numerosos muertos republicanos permanecen todavía abandonados en fosas comunes, tapias de cementerios y cunetas, y durante cuarenta años fueron cadáveres invisibles: sus lugares de memoria fueron borrados y el luto, prohibido. Y media España pretende que continúen así: invisibles e insepultos. Resulta difícil comprender que en un país democrático la derecha se deje representar, en lo que respecta a la memoria histórica, por un puñado de extremistas infectados por la tentación totalitaria y no asuma algo obvio: los familiares tienen derecho a saber de sus víctimas, y además no se puede pasar página sin registrar y enterrar al último cadáver de la guerra.
Tampoco resultó semejante el destino de los victimarios. Los verdugos franquistas no fueron castigados por sus tropelías, pese a que más del cincuenta por ciento de las víctimas republicanas de la guerra y la posguerra fueron el resultado de ejecuciones extrajudiciales. Al contrario, recibieron homenajes, ocuparon puestos en la Administración y algunos prestaron incluso sus nombres al callejero. El devenir de los verdugos republicanos fue un poco diferente: los detenidos fueron ejecutados, y los que consiguieron escapar expiaron sus responsabilidades en un exilio perpetuo. ¿Cómo se puede sostener que «todos, republicanos y franquistas, perdieron la guerra y pagaron por igual sus consecuencias»? El último documental importante sobre un verdugo de la guerra ('El honor de las injurias', de Carlos García-Alix, 2007) se refiere a un pistolero anarquista. ¿Quién se atrevería hoy realizar algo parecido sobre la vasta y representativa gavilla de verdugos franquistas? La respuesta deviene meridiana a la vista de los acontecimientos, y eso es así porque nos hemos reconciliado con el pasado por decreto-ley, al margen de la memoria y de la justicia. La historia del franquismo es sobre todo el relato de una impunidad.
La hegemonía narrativa de la responsabilidad compartida tuvo su correlato más sorprendente en un episodio difícil de metabolizar por estómagos democráticos. El 12 de octubre de 2004, José Bono, militante socialista y entonces ministro de Defensa, tuvo una ocurrencia que reflejaba una acusada insensibilidad histórica. En el desfile militar, la ofrenda a los caídos la efectuaron dos ancianos ex combatientes: uno había luchado voluntariamente en la División Azul, en defensa del totalitarismo de Hitler, y el otro, obligado por el exilio, en la División Leclerc, y a favor de la libertad. Un suceso improbable en una nación con pedigrí
democrático, pero posible en un país, España, donde al hecho de registrar a las víctimas se califica de 'reabrir heridas' y a reparar la injusticia de sus muertes, de 'revanchismo'. Donde lo natural y aceptado es repartir culpas en vez de buscar la verdad. El paraíso de las simetrías.
5 comentarios:
Estoy de acuerdo con usted en que debemos dedicarnos a buscar la verdad y no a repartir culpas. Pero eso no se puede hacer si se obliga a cada español a situarse en un bando, en una de las dos Españas que ha de helarte el corazón, como decía Machado. No se puede justificar una barbarie para condenar otra. No se puede decir que Paracuellos o el genocidio religioso eran estallidos de la justa ira popular y los asesinatos de Franco todos a sangre fría y sin motivo ninguno. El crimen es tal independientemente de las ideas del que lo ejecuta. A estas alturas, creo que ese juicio corresponde a la historia, no a la Audiencia Nacional. Aunque elaborar una historia sin prejuicios ideológicos también es tarea ardua; por ejemplo, muchos de los que luchaban por la República y contra el fascismo no lo hacían por la libertad, sino por una dictadura de corte estalinista. Luchar contra el fascismo no te convierte automáticamente en un demócrata. Y volver a sacar las banderas de 1936 es algo que los españoles no podemos - y no debemos- permitirnos.
Sr. D Javier Gil los que intentan decir que todos fueron iguales son los que tiene algo que ocultar, o las victimas desinformadas de más de 70 años de desinformación. Por un lado todas las victimas están contadas, requetecontadas, reconocidas y compensadas: estancos, loterias, puestos de funcionarios..y hasta canonizadas. Por el otro todavía hay 113000 desaparecidos, por no hablar de los esclavos, las violaciones y el rapto de niños.
A parte de eso se olvidan de que en Andalucía, Extremadura, Galicia y practicanmente en casi toda Castilla "La Vieja". NO HUBO GUERRA, sólo represión pura y dura.Toda esa parte de España que se llamo Nacional no sufrió la guerra, sólo los paseillos, las humillaciones: el rapado,la violación y como poco el ricino. LO QUE LOS ESPAÑOLES NO PODEMOS PERMITIRNOS ES OLVIDAR. POR DIGNIDAD Y HOMBRÍA DE BIEN, y que conste que no quiero encerrar, ni fusilar, ni siquiera quiero saber quien denunció a mi abuelo para nopagarle lo que le debía.
José Luis López Lillo
Estimado José Luis,
yo no he dicho que todos fueran iguales; pero sí que estar en un bando o en otro no es garantía per se de inocencia o de culpabilidad. Tampoco he dicho que a los desaparecidos se les olvide; es más, pienso que esta labor se debía haber realizado mucho antes. Pero estamos -todos- sacando las injusticias que se hicieron a los abuelos para poder atizarles con ellas a los vivos. No es este el camino, me temo.
Estimado José Luis, estando de acuerdo con muchas de las cosas que dice el artículo y que tu defiendes, permíteme decirte que cometes un error muy extendido actualmente: el de hablar en nombre de los españoles, creo que debes hablar en tu nombre, los demás ya olvidarán como crean oportuno.
Por cierto el hecho de que grites no significa que tienes mayores o mejores argumentos.
NO se trata de atizar, no se trata de entrar en el revanchismo sobre personas en muchos casos ya desaparecidas. Pero hay una cosa clara: las Leyes internaciones dicen que los crímenes no prescriben y aquí, en virtud de una Transición pactada bajo la presión y el peso de los poderes fácticos del franquismo, se echó tierra sobre el asunto. Como el autor, pienso que la violencia de ambos bandos (utilizo el término "bandos", aunque no considero, como tal, al republicano, pues el Gobierno de la República tenía la legitimida de las urnas) enfrentados en la guerra civil no es equiparable y que, además, mientras unos disfrutaron de reconocimiento otros pagaron con penas sumarísimas, ejecuciones extrajudiciales o el exilio su adscripción al gobierno legítimo de la República. Digo su adscripción porque no todos los represaliados republicanos tenían delitos de sangre. Muchos funcionarios, maestros y maestras, cargos públicos, intelectuales, etc. pagaron en su carnes la violencia y la represión ejercida por el bando vencedor.
Y respecto de las víctimas cuyos restos reposan en fosas comunes o en las cunetas de las carreteras, es simplemente un asunto humanitario exigir que los familiares de las mismas puedan recuperar sus restos para darles adecuada sepultura.
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