En toda Europa empieza a hacer aguas la fórmula de la democracia burguesa pues, como ocurriera en los años treinta del pasado siglo, la brutal crisis económica empuja a las sociedades europeas hacia tendencias xenófobas, racistas y filofascistas, de las que Italia es el modelo más visible. El triunfo electoral en las regionales de Italia de la Liga Norte de Umberto Bossi en la Padania italiana, desde el Véneto al Piamonte, pasando por Lombardía, regiones tradicionalmente feudo de la izquierda, y la huída masiva de las urnas registrada también en las recientes elecciones regionales francesas, con un abstención que ha rozado el 50% en algunos departamentos, son casos paradigmáticos en ese sentido.
En España, a casi treinta y cinco años del final del franquismo y del inicio de una Transición pactada, por la actitud siempre amenazante del Ejército y de otros poderes fácticos, la también creciente desafección electoral y el visible desinterés ciudadano por la política pueden tener como causas, a mi parecer, entre otras, la clara connivencia política ante el fenómeno de la corrupción, un sistema judicial heredado del franquismo y una ley electoral perniciosa, que condena casi al ostracismo y al silencio a las formaciones políticas minoritarias. Vayamos por partes.
Sorprende constatar la aparente impunidad de que gozan quienes cometen delitos de corrupción, pues pueden eludir la prisión en virtud del pago de fianzas multimillonarias. El caso Gürtel, el proceso contra el ex presidente balear, Jaume Matas, y tantos otros son paradigmáticos en este sentido, y sobre ellos planea un evidente pacto de silencio de las formaciones políticas mayoritarias tendente a que el fenómeno de la corrupción no constituya un ‘casus belli’, vista la proximidad de las elecciones locales y autonómicas. La sociedad reacciona ante los casos de corrupción con una aparente dualidad contradictoria: por un lado, los interioriza como algo propio de la condición humana, por lo que sus actores siguen disfrutando del favor electoral en las zonas en que este fenómeno se produce, pero, por otro, las prácticas corruptas conducen gradualmente a un alejamiento de la ciudadanía de los políticos y de la política.
Por otra parte, el proceso iniciado por ‘Manos Limpias’ y Falange Española contra el juez Baltasar Garzón (el mismo que destapara la trama Gürtel) y la admisión a trámite de esas denuncias por el Tribunal Supremo denotan que permanecen incrustados en lo más alto del Poder Judicial los residuos de un franquismo que se niega a plegarse a los dictados de una sociedad democrática, plural y abierta. Y eso admitiendo que el denominado ‘juez estrella’ de la Audiencia Nacional -heredera, según algunos, de aquel denostado Tribunal de Orden Público franquista- está sufriendo en sus propias carnes el mismo ensañamiento que él demostrara recientemente con la izquierda radical vasca, condenando al silencio a muchos de sus medios de comunicación, y a la cárcel a dirigentes que, en muchos casos, propugnaban vías pacíficas de salida y negociación para la resolución del conflicto vasco.
Por último, la ley electoral. Es sabido que la fallida revolución liberal burguesa se produjo a lo largo del siglo XIX en España en un contexto de restricción evidente del derecho al voto de la ciudadanía, en virtud del sufragio censitario y de la manipulación electoral en la etapa de la Restauración. A título de ejemplo, en el reinado de Isabel II (década moderada) podían votar no más de 99.000 personas, mientras que la Ley Electoral de 1876, con Cánovas del Castillo, atribuía ese derecho a sólo el ¡5% de la población! La II República consolidó el sufragio universal –dándose, por primera vez, el voto femenino- así como la Constitución de 1978, pero, como muy bien analizaba José Haro hace unos días en su columna de LA OPINIÓN, la ley electoral pactada por los partidos políticos en 1985, ratificada recientemente por PSOE, PP, CiU y PNV, pese al informe favorable del Consejo de Estado propugnando su cambio, deja prácticamente fuera a formaciones políticas minoritarias, excepto en los llamados territorios históricos, lo que fomenta el deseado bipartidismo.
Con estos precedentes no es extraño que nuestra democracia se muestre cada vez más endeble y la desafección electoral, creciente.
(*) Artículo publicado en LA OPINIÓN de Murcia el 06/04/10
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