CORRUPCIÓN EN LA MURCIA DEL PP

Más de un tercio de los 45 ayuntamientos de la Región, investigados por irregularidades urbanísticas.

Más de un tercio de los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia están investigados por irregularidades urbanísticas. Los ayuntamientos de la Región, inmersos en una crisis financiera que propicia el actual modelo descentralizador, que ha beneficiado sobre todo a los gobiernos regionales en detrimento de las haciendas locales, se lanzaron de lleno, sin distinción de colores políticos, a la 'carrera' de los convenios urbanísticos, muchos de ellos irracionales, que en algunas localidades, como Totana, Lorca, Jumilla, Ulea…prevén multiplicar hasta por diez la población actual. Ésta es una de las causas. No menos importante ha sido el marco jurídico actual, una Ley del Suelo del PP que declaraba urbanizable prácticamente la totalidad del territorio, el que no estuviera sujeto a figuras de protección. La Ley regional del suelo del PP del año 2001 reproducía esa sangrante desprotección, y así la disposición adicional octava dejaba libres a la voracidad de ayuntamientos y constructoras un total de 15.000 hectáreas antes protegidas. Ello, junto a unas Directrices y Planes de Ordenación del Litoral muy permisivas, que han venido siendo denunciadas por grupos sociales y políticos de oposición, constituyó el marco adecuado para que afloraran, de inmediato, las prácticas de la corrupción.

Diego Jiménez (*) / marzo 2o08

La Región de Murcia, con una economía basada hasta hace unas décadas en el modelo agroexportador, en virtud de una agricultura intensiva que inundaba de frutas y verduras los mercados europeos, dio un giro a su actividad económica. La sequía que padece la Cuenca del Segura (el déficit estructural se cifra en 450 hm3) hizo que la actividad agrícola tocara techo. Por ello, entró de lleno en la dinámica del 'boom' inmobiliario, con el recurso a los resort y campos de golf como supuesto atractivo turístico. Las autoridades regionales se aprestaban a explotar este nuevo maná, renunciando a diversificar la economía regional y despreciando corregir los fuertes desequilibrios que ofrecía la actividad económica, en un contexto de atraso educativo, bajas prestaciones sociales y una economía basada, sobre todo, en una mano de obra barata, contratos en precario, de escasa calificación laboral y con unas cifras de siniestralidad por encima de la media estatal.

Monocultivo del ladrillo

Paralizado por el Gobierno del PSOE el trasvase del Ebro previsto en el PHN, la insistente y machacona campaña del 'Agua para todos' emprendida, con fondos públicos, por el Gobierno del presidente murciano Ramón Luís Valcárcel, logró concitar la adhesión de amplias capas sociales y tuvo la virtud de convencer incluso a las comunidades de regantes, que creían de buena fe que el agua prometida sería destinada a sus sedientos campos de regadío. Pronto, sin embargo, la proliferación de convenios urbanísticos en la Región que incluían resort y campos de golf según modelo norteamericano, la prometida construcción de un aeropuerto regional en Corvera, hoy ya adjudicado, que competiría con el actual de San Javier, de uso conjunto militar y civil, y la puesta en marcha de la autopista de peaje Cartagena-Vera (que uniría el aeropuerto y la capital con los complejos turísticos previstos en las costas aún vírgenes de Águilas y Mazarrón) desenmascaró, ante buena parte de la sociedad civil, los auténticos usos que se preveían para el agua que llegara del Ebro, que no eran otros que los turísticos y residenciales. Y he dicho bien una buena parte, porque la inmensa mayoría de la población de la Región se ha sentido y se siente (los resultados electorales que obtiene el PP así lo confirman) identificada con ese modelo económico. Modelo que las plataformas ciudadanas, -la más activa de las cuales es 'La Región de Murcia no se Vende'- han calificado como de 'monocultivo del ladrillo'.

Y llegó la corrupción urbanística

Los ayuntamientos de la Región, inmersos en una crisis financiera que propicia el actual modelo descentralizador, que ha beneficiado sobre todo a los gobiernos regionales en detrimento de las haciendas locales, se lanzaron de lleno, sin distinción de colores políticos, a la 'carrera' de los convenios urbanísticos, muchos de ellos irracionales, que en algunas localidades, como Totana, Lorca, Jumilla, Ulea…prevén multiplicar hasta por diez la población actual. Ésta es una de las causas. No menos importante ha sido el marco jurídico actual, una Ley del Suelo del PP que declaraba urbanizable prácticamente la totalidad del territorio, el que no estuviera sujeto a figuras de protección. La Ley regional del suelo del PP del año 2001 reproducía esa sangrante desprotección, y así la disposición adicional octava dejaba libres a la voracidad de ayuntamientos y constructoras un total de 15.000 hectáreas antes protegidas. Ello, junto a unas Directrices y Planes de Ordenación del Litoral muy permisivas, que han venido siendo denunciadas por grupos sociales y políticos de oposición, constituyó el marco adecuado para que afloraran, de inmediato, las prácticas de la corrupción. Los casos más sangrantesComo dije arriba, casi un tercio de los ayuntamientos de la Región están inmersos, con casos de mayor o menor gravedad, en asuntos de corrupción.

Ante la imposibilidad de reseñar todos, he aquí los casos más destacados.

MURCIA .- La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha decidido admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, contra el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, en la actualidad en excedencia. Bernal denunciaba que Peñalver habría favorecido a varias constructoras en la valoración del suelo. Además, el Colegio de Arquitectos abrió un expediente al arquitecto municipal hace más de un año, por presunta incompatibilidad entre su puesto en la Gerencia de Urbanismo y la actividad profesional del estudio de su familia. Esta presunta incompatibilidad fue denunciada por seis estudios de arquitectos. Según un informe hecho público por el PSOE en marzo y elaborado por los colegios de arquitectos, tras hacer una valoración de la edificabilidad de uno de los convenios de la zona norte suscrito por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, que el Ayuntamiento de Murcia dejará de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros.

ÁGUILAS - El juzgado de instrucción número tres de Murcia, que admitió a trámite la querella presentada por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia inicialmente contra siete personas en el caso La Zerrichera, ha decidido imputar también al promotor del proyecto de la urbanización de Águilas, Trinitario Casanova Abadía, quien con anterioridad se había personado en el juzgado de Murcia como interesado por una denuncia de soborno. De esta forma ya son nueve las personas imputadas por el caso de La Zerrichera, entre las que también están, al igual que Trinitario Casanova y Pedro Gil, los ex directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero, respectivamente; la también ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y el jefe del servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert, por parte del Gobierno regional. Relacionados con el ayuntamiento de Águilas están imputados el alcalde, Juan Ramírez, y el ex concejal de Agricultura, Pesca, Parques y Jardines, José López Díaz.

SAN JAVIER - Se investiga por un presunto trato de favor en adjudicaciones públicas al alcalde, José Hernández Sánchez (PP), socio de Santiago Martínez Esparza y Juan Gracia Jiménez -dos de los principales promotores en la zona del Mar Menor- en la empresa Nueva Valencia al Mar, S.L. Además, el proyecto Puerto Mayor (un puerto deportivo con 1.000 puntos de amarre en La Manga del Mar Menor, más de 800 viviendas, un hotel, palacio de exposiciones y un campo de golf de 500.000 metros cuadrados ganados al mar) está paralizado. Antonio Sánchez Carrillo, alto cargo del PP de Murcia, figuraba como consejero en la promotora. Antonio Alvarado (director general del Medio Natural) y Marcos Ortuño (director general de Transportes y Puertos) también están imputados.

CIEZA - El alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros. En este municipio, Greenpeace denuncia la recalificación de 20 millones de metros cuadrados para su urbanización. El alcalde, Antonio Tamayo declaró además en el Juzgado número 3 de Cieza por el denominado caso Cláufer, por la presunta concesión irregular de una licencia de ampliación a una granja porcina ilegal propiedad del jefe de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma, tras observar indicios de una supuesta prevaricación y tráfico de influencias. También están citados a declarar la responsable de Urbanismo y dos técnicos municipales.

TOTANA - La titular el Juzgado número uno de Totana, María Asunción Navarro, decretó prisión provisional sin fianza (hoy, en libertad, tras pagar una fianza de 10.000 euros) para el alcalde de Totana, el 'popular' José Martínez Andreo, en el marco de la Operación Tótem que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad. La decisión de la juez se produjo después de la toma de declaración del primer edil, cuando Martínez Andreo fue puesto a disposición judicial. Quedaron en libertad provisional bajo fianza de 20.000 euros la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida, y al empresario y ex edil Juan Francisco Casanova. Ambos tienen también la obligación de comparecer ante el juzgado. El ex alcalde, Juan Morales, hoy diputado regional del PP, está igualmente imputado, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le tome declaración. Sobre él pesa la sospecha de haber aceptado comisiones millonarias (3 millones de euros) de la mercantil gallega "Nuaria" a cambio de la recalificación de 2 millones de metros cuadrados para construir 5.000 viviendas en la localidad.

Acuerdo democrático contra la corrupción

Ante la situación descrita, Izquierda Unida de la Región de Murcia (IURM) lanzó a las fuerzas políticas y sociales de la Región la propuesta de un Acuerdo democrático contra la corrupción que incluye actuaciones en los ámbitos estatal, regional y local, que, hasta la fecha, no ha recibido sino el apoyo de algunas fuerzas sociales. El PSRM-PSOE no ha respondido al requerimiento. (*)

(*) Responsable relaciones con los MM.SS en la dirección de IURM.

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