Como no podía ser de otro modo, han causado revuelo y malestar entre sectores de la izquierda y, sobre todo, del mundo memorialista, las declaraciones de Pablo Iglesias en la pasada entrevista del periodista Gonzo en La Sexta, en la que igualaba la legitimidad de Puigdemont para marchar al exilio con la de los republicanos que hubieron de hacer lo propio en el primer trimestre de 1939, cruzando los Pirineos hacia Francia, tras la caída de Cataluña. Al mismo tiempo, P. Iglesias, diferenciaba entre 'huída' del rey emérito y 'exilio' del mandatario catalán.
(El Stanbrook fondeado en el Puerto de Alicante, a finales de marzo de 1939 -Foto: El País-)
Está claro que no puede compararse, ni por asomo, el tremendo drama humano que supuso el exilio forzoso de casi medio millón de republicanas y republicanos, cruzando, en condiciones inhumanas, los Pirineos, con el 'acomodo' del huido president en una casona de Waterloo, cerca de Bruselas, de la que disfruta el hoy parlamentario europeo.
Y en ese contexto, resulta cuanto menos paradójico que sea Ciudadanos -partido que, en el Ayuntamiento de Madrid, apoyó la retirada de nombres de las personas fusiladas en La Almudena, así como la eliminción de los de Largo Caballero e Indalecio Prieto del callejero madrileño- quien, a través de Inés Arrimadas, se erija ahora en el partido defensor de ese exilio republicano. El cinismo en política, como se ve, no tiene límites.
Dicho esto, también hay que hacer otras consideraciones. Desde el acceso al poder de Unidas Podemos, es claro que hay en marcha toda una operación mediática tendente a romper la coalición de Gobierno con el PSOE, para lo que se ha hecho uso por parte de la derecha de toda una serie de recursos (escraches, denuncias judiciales, fake news...). Por ello, la torpeza de Pablo Iglesias no ha hecho sino dar alas a esos sectores, encabezados por el ¿diario? OK de E. Inda, deseosos de desalojarlo del poder.
Otra cuestión tiene que ver con las garantías procesales existentes en España. Sin tratar, por esto, de justificar la torpe e ilegal decisión de los autores del Procés, está claro que la contundencia que han exhibido con ellos los tribunales españoles dista mucho de las garantías procesales de que hubieran disfrutado en los países de nuestro entorno, en los que los delitos de rebelión y sedición o están ausentes o exigen actuaciones de más gravedad para ser considerados. La pertinaz negativa de los tribunales españoles a reconsiderar la posición penal de los presos lleva a Puigdemont, pese a ser requerido por la Justicia española, a continuar bajo el amparo de la Justicia europea.
Sin que ello suponga por mi parte apoyar su posición, parece claro que Puigdemont, como los demás presos del Procés, es víctima de la politización de un proceso en el que la Justicia española, en cuanto a ecuanimidad, deja mucho que desear (la permisividad o el silencio que muestra el sistema judicial con las amenazas de la extrema derecha contrasta con el celo, a veces desmedido, contra actos y expresiones de la izquierda).
Para concluir, diría que todos estos considerandos en modo alguno justifican que Pablo Iglesias, líder de la coalición de izquierdas y además vicepresidente del Gobierno, tenga esos graves deslices que, como decía arriba, son aprovechados por las derechas, dispuestas, cual aves carroñeras, a liquidar los despojos de la izquierda.
