VÍCTIMAS DE LA CODICIA

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/07/10/victimas-codicia/414665.html

DIEGO JIMÉNEZ

Hace unos años, los políticos alardeaban de que nuestra tierra, la Región de Murcia, la nueva Arcadia feliz, crecía por encima de la media estatal. Los créditos extranjeros, sobre todo de la rica Alemania, nutrían la avidez de nuestro sistema bancario para financiar aventuras inmobiliarias de dudosa rentabilidad. Se construían viviendas y más viviendas destinadas, se decía, a ser ocupadas por los jubilados del norte de Europa. Multitud de resorts y campos de golf se enseñoreaban de nuestra geografía regional. El sector de la construcción, boyante y pujante, multiplicaba la oferta de puestos de trabajo en subsectores subordinados (cemento, fontanería, electricidad, carpintería....). Nuestras carreteras se poblaban de coches de alta cilindrada. Éramos la envidia de España. Pero? en éstas llegó la crisis. Los signos de alarma llegaron desde el otro lado del Atlántico. La quiebra de Lehman Brothers y la crisis de las subprime arrastró tras de sí a todo un sistema financiero español que se había basado en la especulación irresponsable.

Y las primeras en caer fueron las cajas de ahorrro. Diseñadas en su día para ser entidades sin ánimo de lucro, herederas de aquellos Montes de Piedad con finalidad, sobre todo, social, el señuelo del dinero fácil procedente de la financiación de actividades inmobiliarias, casi siempre de dudosa rentabilidad —aunque entonces nadie parecía advertir esa situación—, nubló la vista de sus directivos.  La especial vinculación de éstos con lo más granado de la clase política, e incluso la clara identificación entre intereses políticos y económicos en el seno de esas Cajas, propició que empezara a aflorar en la mente de sus dirigentes la avaricia sin límites. Las Cajas se habían lanzado a la aventura del ladrillo, y cuando estalló la burbuja inmobiliaria se descapitalizaron a marchas forzadas. La morosidad creció a un ritmo exponencial y la necesidad de capitales era una evidencia. En ese contexto, en 2004, bajo el mandato de Rodrigo Rato, se lanzaron al mercado las cuotas participativas. Concebidas como activos financieros que no permitían a sus tenedores ostentar derechos políticos (pues no eran acciones), fueron depositadas en manos, mayoritariamente, de pequeños impositores. En realidad, ahora se ha sabido que eran productos de escasa rentabilidad, poco atractivos, por tanto, a los poderosos grupos inversores extranjeros.

Igual suerte corrieron quienes, en su día, suscribieron participaciones preferentes de la CAM —la única entidad de ahorro estatal en emitir dichos títulos—, pues creían que eran depósitos a plazo fijo. Para entendernos, un pequeño ahorrador fue persuadido en su día para suscribir dichas participaciones, con una información tendenciosa y falsa, en la medida en que eran suscritas a perpetuidad: si hay un comprador, se puede vender el producto y recuperar el dinero; si no, la suscripción está ahí, depositada a perpetuidad, sin que el ahorrador pueda recuperar su inversión.
En nuestra Región de Murcia, miles de familias están, al día de hoy, en esa situación, con los ahorros de toda su vida blindados para siempre. A menos que canjeen dichos títulos basura por acciones del nuevo propietario de la CAM, el Banco de Sabadell, que se hizo con aquélla a precio de saldo (un euro simbólico) y, además, obtuvo del Estado la nada desdeñable cifra de 5.000 millones de euros para su recapitalización.

Para entender la situación de las personas tenedoras de esos títulos basura (las preferentes), hay que decir que el Sabadell ofrece a aquéllas el canje de sus participaciones preferentes por acciones a un precio de compra de 2,30 euros, cuando en Bolsa estos días los títulos de ese banco andan por los 1,50 euros, lo que supone perder, grosso modo, un 40% de la inversión. Eso sí, la entidad dice que compensa esa pérdida con una rentabilidad del 6% sobre el 24% restante del valor nominal de esas acciones, y emplaza a sus tenedores a venderlas cuando el mercado sea más propicio.

En éste como en otros tantos temas, queda patente la absoluta indefensión de la ciudadanía ante las arbitrariedades del poder. En connivencia, desde luego, con los grandes grupos financieros, nacionales e internacionales, que están por encima de la mayoría de la población. Los impositores engañados por la CAM han sido víctimas de las codicia de sus antiguos directivos. ¿Responsables? Además de esos directivos de la CAM, que en su día aleccionaron a sus empleados para la distribución de estos activos tóxicos entre modestos impositores, hay que citar, cómo no, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que debieran haber supervisado estos productos, y que, sin embargo, permitieron que se comercializaran. Es hora de exigir responsabilidades políticas, y por qué no penales, a los responsables de tal desfalco. Sin olvidar la cuota de culpa que cabe atribuir a los Gobiernos que permitieron tal estafa.