DIEGO JIMÉNEZ
La última encuesta del CIS revela tal estado de desasosiego general en ámbitos tan sensibles para la percepción ciudadana como la gravedad de la crisis económica y el descrédito de la política que no se entiende cómo, al día de hoy, no se ha producido el tan temido por algunos (sobre todo por quienes más tienen que perder) estallido social. No hay que ser un analista demasiado sagaz para advertir que bajo la crisis económica subyace una crisis moral y una preocupante crisis política.
A veces, los árboles no nos dejan ver el bosque. Porque, si bien es cierto que la crisis económica, en la medida en que golpea cruelmente y con saña a amplios sectores de la población, es percibida hoy por más de un 90% de la ciudadanía de este país como el principal problema, no es menor el evidente retroceso en la calidad democrática.
El amplio respaldo electoral al actual partido gobernante ha propiciado que éste, aliado con otras fuerzas conservadoras, esté desnaturalizando la función de fiscalización y de control parlamentario que cabe atribuir a las fuerzas de oposición. El Gobierno actual parece gobernar empeñado en propalar el miedo y, al tiempo, echar tierra sobre asuntos varios, para preservar privilegios corporativos de viejo cuño. Así, se puede afirmar que, al día de hoy, todas las instancias de un Estado nacido de una Transición en parte secuestrada por los elementos residuales de un franquismo que se resistía a morir, están fuertemente aquejadas de cierta esclerosis. Y, para muestra, un botón. El caso de Carlos Dívar, a la sazón presidente del Consejo General del Poder Judicial y, además, de la Audiencia Nacional, de haber ocurrido en otro país de nuestro entorno, habría levantado ampollas. Sin embargo, la Mesa del Congreso ha vetado la necesaria comisión de investigación. De sobra son conocidos los múltiples casos de corrupción existentes en España sin que, al día de hoy, ninguno de los importantes personajes imputados haya dado con sus huesos en la cárcel. Al respecto, por la autoridad de quien lo pronunció, fue muy elocuente el discurso del pasado día 25 de mayo del economista Vicenç Navarro en los actos de graduación de licenciatura de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. En el mismo, el profesor Navarro arremete contra el inmovilismo y el conservadurismo de instancias judiciales salidas de una débil Transición. A título de ejemplo, aludía al Tribunal Supremo. Pero, además, afirmó que el sistema judicial es de los servicios menos valorados por la población. Y no sólo por su enorme lentitud sino por su sesgo casi siempre favorable a las estructuras de poder, a costa del ciudadano normal y corriente, que financia ese sistema jurídico.
De juzgado de guardia hay que calificar, por otro lado, la negativa de la Mesa del Congreso a abrir una investigación sobre el omnímodo e intocable poder financiero español. Y de grotesca, la decisión gubernamental de encargar una auditoría sobre la situación financiera de Bankia a dos empresas extranjeras. Como si el Banco de España, que debiera haber ejercido su auténtico papel, no fuera el responsable del desaguisado y el llamado a enmendar, en parte, el entuerto.
Hay más síntomas de debilidad democrática. El pasado martes, la Mesa del Congreso actuó como se esperaba, vetando cualquier nuevo intento de indagación sobre el viaje privado del rey a Bostwana. Esta vez se trataba de la comisión de investigación solicitada en días pasados por la Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) y ERC y BNG. El grupo parlamentario socialista no veía oportuna tampoco esa propuesta. Lamentable –y preocupante– que en pleno siglo XXI la institución monárquica siga detentando tantos privilegios.
Más datos. De ser cierta la propuesta –publicada en un diario de difusión nacional– de Rajoy de que la política económica la imponga la UE, dicha petición, además de grotesca y humillante, supone una claudicación en toda regla de nuestro Gobierno ante los requerimientos de los mercados. Particularmente grave es la situación a que el Gobierno ha abocado a la Corporación RTVE, rescatada de la neutralidad multidireccional del Estatuto de 2006 para reforzar el sesgo progubernamental de sus contenidos informativos. Y sin calificativos, la decisión de amnistiar fiscalmente a quienes no sólo han defraudado al fisco sino que han acrecentado su patrimonio por medios ilícitos
Es evidente que nuestra débil democracia se encuentra hoy en estado de hibernación.
La última encuesta del CIS revela tal estado de desasosiego general en ámbitos tan sensibles para la percepción ciudadana como la gravedad de la crisis económica y el descrédito de la política que no se entiende cómo, al día de hoy, no se ha producido el tan temido por algunos (sobre todo por quienes más tienen que perder) estallido social. No hay que ser un analista demasiado sagaz para advertir que bajo la crisis económica subyace una crisis moral y una preocupante crisis política.
A veces, los árboles no nos dejan ver el bosque. Porque, si bien es cierto que la crisis económica, en la medida en que golpea cruelmente y con saña a amplios sectores de la población, es percibida hoy por más de un 90% de la ciudadanía de este país como el principal problema, no es menor el evidente retroceso en la calidad democrática.
El amplio respaldo electoral al actual partido gobernante ha propiciado que éste, aliado con otras fuerzas conservadoras, esté desnaturalizando la función de fiscalización y de control parlamentario que cabe atribuir a las fuerzas de oposición. El Gobierno actual parece gobernar empeñado en propalar el miedo y, al tiempo, echar tierra sobre asuntos varios, para preservar privilegios corporativos de viejo cuño. Así, se puede afirmar que, al día de hoy, todas las instancias de un Estado nacido de una Transición en parte secuestrada por los elementos residuales de un franquismo que se resistía a morir, están fuertemente aquejadas de cierta esclerosis. Y, para muestra, un botón. El caso de Carlos Dívar, a la sazón presidente del Consejo General del Poder Judicial y, además, de la Audiencia Nacional, de haber ocurrido en otro país de nuestro entorno, habría levantado ampollas. Sin embargo, la Mesa del Congreso ha vetado la necesaria comisión de investigación. De sobra son conocidos los múltiples casos de corrupción existentes en España sin que, al día de hoy, ninguno de los importantes personajes imputados haya dado con sus huesos en la cárcel. Al respecto, por la autoridad de quien lo pronunció, fue muy elocuente el discurso del pasado día 25 de mayo del economista Vicenç Navarro en los actos de graduación de licenciatura de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. En el mismo, el profesor Navarro arremete contra el inmovilismo y el conservadurismo de instancias judiciales salidas de una débil Transición. A título de ejemplo, aludía al Tribunal Supremo. Pero, además, afirmó que el sistema judicial es de los servicios menos valorados por la población. Y no sólo por su enorme lentitud sino por su sesgo casi siempre favorable a las estructuras de poder, a costa del ciudadano normal y corriente, que financia ese sistema jurídico.
De juzgado de guardia hay que calificar, por otro lado, la negativa de la Mesa del Congreso a abrir una investigación sobre el omnímodo e intocable poder financiero español. Y de grotesca, la decisión gubernamental de encargar una auditoría sobre la situación financiera de Bankia a dos empresas extranjeras. Como si el Banco de España, que debiera haber ejercido su auténtico papel, no fuera el responsable del desaguisado y el llamado a enmendar, en parte, el entuerto.
Hay más síntomas de debilidad democrática. El pasado martes, la Mesa del Congreso actuó como se esperaba, vetando cualquier nuevo intento de indagación sobre el viaje privado del rey a Bostwana. Esta vez se trataba de la comisión de investigación solicitada en días pasados por la Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) y ERC y BNG. El grupo parlamentario socialista no veía oportuna tampoco esa propuesta. Lamentable –y preocupante– que en pleno siglo XXI la institución monárquica siga detentando tantos privilegios.
Más datos. De ser cierta la propuesta –publicada en un diario de difusión nacional– de Rajoy de que la política económica la imponga la UE, dicha petición, además de grotesca y humillante, supone una claudicación en toda regla de nuestro Gobierno ante los requerimientos de los mercados. Particularmente grave es la situación a que el Gobierno ha abocado a la Corporación RTVE, rescatada de la neutralidad multidireccional del Estatuto de 2006 para reforzar el sesgo progubernamental de sus contenidos informativos. Y sin calificativos, la decisión de amnistiar fiscalmente a quienes no sólo han defraudado al fisco sino que han acrecentado su patrimonio por medios ilícitos
Es evidente que nuestra débil democracia se encuentra hoy en estado de hibernación.
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