López Miras se contradice, miente y teme a la libertad

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/01/28/lopez-miras-contradice-miente-teme/1086442.html


La capacidad para hacer el ridículo de nuestro presidente regional Fernando López Miras (en adelante, para abreviar, Fer), el mismo que quería establecer vuelos directos entre el rimbombante Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y la localidad de Manchester United [sic], es asombrosa. Hace unos días, en una emisora de máxima audiencia nacional, a preguntas de su entrevistadora respecto de la polémica del llamado pin (en realidad, veto) parental, afirmaba sin ruborizarse: «No me consta ninguna denuncia. En ningún centro de la Región de Murcia, ni público ni privado, se está adoctrinando». Para afirmar más adelante: «La neutralidad ideológica de los maestros y profesores de la Región de Murcia es incuestionable». A lo largo de la entrevista, Fer incurrió en bastantes contradicciones como esta: si no hay problemas de denuncia y la neutralidad ideológica del profesorado es incuestionable, ¿a qué viene tanta insistencia en mantener el veto parental?

Y cuando, tras afirmar que la consulta a los padres para la realización de actividades complementarias por personal ajeno al centro otorga mayor libertad de decisión a las familias (la misma que se les ha restado quitando atribuciones democráticas en la toma de decisiones en los consejos escolares de los centros docentes), puso un burdo ejemplo para justificar esa medida, afirmando más o menos (¡agárrense!) lo que sigue: «Es sabido que Murcia ofrece al visitante una Semana Santa con tres o cuatro desfiles pasionales de alto interés turístico. Si, eventualmente, uno de los presidentes de cofradías quisiera acudir a un centro docente a impartir una charla sobre la Semana Santa, al igual que los padres deciden si sus hijos reciben o no enseñanza religiosa, podrían decidir sobre si esta charla es de su interés o no». ¡Acabáramos! Nuestro presidente manipula e intenta confundir al personal: no es comparable la asignatura de Religión, de oferta obligatoria por los centros en virtud de los Acuerdos del Estado con el Vaticano de enero de 1979, pero voluntaria para el alumnado por decisión de sus familias, que unas actividades complementarias que están integradas en el currículo escolar y que, en la medida en que son aceptadas y aprobadas por la comunidad educativa, son plenamente legales, evaluables y de obligado cumplimiento.

La denostada LOMCE, también llamada 'Ley Wert', en su preámbulo establece claramente que «uno de los principios en los que se inspira el sistema educativo español, es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación». Justamente lo que las actividades complementarias persiguen.
El Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), en su artículo 25 dedicado a la propuesta curricular, en el apartado 'f' relativo a las actividades complementarias, dice: «Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para los maestros, como para los alumnos».

A mayor abundamiento, el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la CARM, en su artículo 33, apartado '2e', incide en los mismos términos.

A lo largo de esa entrevista, Fer, además, mintió descaradamente. Afirmó que en la pasada campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales de 2019 ya plantearon la libertad de las familias para elegir centro, que sí figura en el programa electoral, y para decidir también sobre las actividades complementarias, cosa que es falsa. Lean el programa educativo del PP y verán que esa consulta a las familias no figura. Es, sin duda, una imposición posterior de Vox (las Instrucciones para el curso 2019-2020 son de finales de agosto) para condicionar, con ello, su apoyo a los presupuestos de la CARM.

Fer, atrapado sin duda por la habilidad dialéctica de su entrevistadora, siguió a lo largo de esa entrevista echando balones fuera. A preguntas de aquélla sobre si no hay en la Región de Murcia otras prioridades, respondió, de nuevo sin ruborizarse, con cosas alejadas de la temática de la entrevista, aferrándose a mantras como el Trasvase, la financiación autonómica, las infraestructuras, etc. Y echando la culpa de todo a Pedro Sánchez, acostumbrado, según él, a negociar incluso la ruptura de la unidad de España, afirmó: «Pero la libertad de los padres y madres es innegociable».

En el fondo, lo que ocurre es que la derecha española y la ultraderecha que le está empujando (y Murcia no tiene por qué ser una excepción, sino todo lo contrario) profesan lo que el sociólogo norteamericano Erich Fromm definió como miedo a la libertad, en una obra de igual título de 1941. Aunque, por la fecha, el texto hacía alusión al nazismo que estaba destrozando en aquellos momentos media Europa, sus reflexiones pueden encajar en el tema que nos ocupa. Con su concepto de 'libertad negativa', Fromm aludía al comportamiento autoritario con el que los gobernantes tratan de ganar el control sobre los demás para tratar de imponer algún tipo de orden. Comportamiento que viene, las más de las veces, acompañado de la destructividad, es decir, tratar de aniquilar lo que en el fondo no se puede controlar.

Por último, una duda me asalta. Si, como se ha publicado, es ilegal que una norma (las Instrucciones de principio de curso contenidas en el programa electoral del PP) se anteponga a toda una Ley, la LOMCE, ¿eso en la jerga jurídico-política al uso no es prevaricación? Recordemos la primera acepción de prevaricar en el diccionario de la RAE: «Delinquir los empleados públicos dictando o proponiendo, a sabiendas o por ignorancia inexcusable (faltaría añadir, 'por presiones de terceros', como es el caso de Vox), resolución de manifiesta injusticia». Nuestro presidente regional, ese 'chico majo' al decir del expresidente ahora notario en Santa Pola, con su proceder, a sabiendas que está saltándose a la torera nada menos que una Ley de rango estatal, ¿encajaría de lleno en esa definición? Pues eso.

BALLESTA, REFRACTARIO A LA MEMORIA HISTÓRICA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/01/14/ballesta-refractario-memoria-historica/1082532.html

Los tibios avances que en el tema de Memoria Histórica suponen las propuestas contenidas en el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos de cara a la investidura no ocultan el hecho de que, en estos cuarenta años de Transición, se ha echado tierra sobre esta materia, que afecta muy de lleno a los Derechos Humanos y otras convenciones y leyes suscritas en el ámbito internacional por España. Estamos aún muy lejos de asimilarnos a los países de nuestro entorno y no digamos nada a las democracias italiana y alemana, en las que, al contrario de España, los vestigios del fascismo y del nazismo han sido eliminados de las esferas política y social.

Calle General Yagüe (en la placa, falta la diéresis sobre la letra U) en el barrio murciano de Vistabella, en el muro oriental del hospital Reina Sofía de Murcia

En España, exhumados los restos del dictador, hay que dar pasos decididos para la resignificación del Valle de los Caídos, la eliminación de la Ley de Amnistía de 1977 y la declaración de ilegalidad del franquismo y sus procesos sumarísimos, sin garantías judiciales, que llevaron a la cárcel o a la muerte a miles de personas republicanas, por el mero hecho de serlo.

Pero, si hay un partido especialmente renuente a tratar estos temas ése es el PP, sin olvidar a sus compañeros de 'viaje' Cs y Vox. Conocida la postura de Rajoy, jactándose de haber dejado sin efecto la Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007 al no asignarle consignación presupuestaria alguna, es evidente, además, que en donde más se nota la pervivencia de la simbología franquista, hoy, es en el ámbito local. Y ahí muchos alcaldes del PP se 'retratan'. Como José Francisco Ballesta Germán, alcalde de Murcia desde 2015.

La comisión municipal creada ad hoc para la eliminación de la nomenclatura franquista de calles y plazas del municipio de Murcia está en stand by y el acuerdo de pleno de noviembre de 2018 para, al menos, cambiar los nombres franquistas más significados de las calles del amplio término municipal murciano sigue sin aplicarse en muchos casos. Voy a hablar de sólo tres denominaciones. Pero significativas.

Empecemos por la Calle General Yagüe, cuyo nombre está impreso en la fachada oriental del hospital Reina Sofía. Según nos refiere Juan Fernando Ramón Sánchez, entre la noche del 14 y la mañana del 15 de agosto de 1936, al menos 4.000 personas fueron masacradas en la capital pacense. Tal 'hazaña' fue orquestada por el entonces teniente coronel golpista, perpetrando un crimen contra la humanidad y siendo conocido posteriormente bajo el apodo de 'El Carnicero de Badajoz'. Aunque existe controversia en lo referente al número de víctimas, fue el propio Yagüe quien confesó al periodista americano John Thompson Whitaker que, en su avance hacia Madrid, no tenía intención de llevar a 4.000 rojos de prisioneros ni a permitir que continuara siendo Badajoz un enclave izquierdista en la retaguardia.

Nos recuerda también este articulista que, por aquellos días, un suboficial del Regimiento Castilla 16, Juan Blanco Domínguez, asistió a tan atroz espectáculo y pudo comprobar cómo quedaría grabado a fuego en la memoria de los supervivientes el sufrimiento generado a la población. Los prisioneros fueron encerrados en la plaza de toros, algunos fueron banderilleados y estoqueados, siendo la mayoría blanco de los nidos de ametralladoras. Estos hechos, sumados a los saqueos y violaciones, sumieron a Badajoz en el mismísimo infierno en aquel verano de 1936.

Hablemos ahora de un 'ilustre' murciano: el abogado golpista Federico Servet, cuyo nombre luce en una calle de la murciana pedanía de Santo Ángel. Merced al buen trabajo investigador del catedrático Pedro María Egea Bruno, colaborador de las asociaciones de Memoria Histórica de Murcia y Cartagena, sabemos mucho de sus 'andanzas'. Servet, jefe de la Falange de Murcia y pistolero, fue condenado a muerte por un delito de rebelión militar y, cuando estaba a punto de ser indultado por el ministro republicano Ruiz Funes, un motín popular, que rodeó la prisión provincial en septiembre de 1936, provocó su ejecución en el propio patio de la prisión, junto con otras nueve personas, entre ellas el cura Sotero. Pueden consultar más detalles en la Causa General 365. Expediente 140, Archivo General de la Región de Murcia, y ver otras reseñas en periódicos de la época como Línea y Nuestra Lucha.

Calle dedicada al jefe local de la Falange murciana Federico Servet,en la pedanía de Santo Ángel

Otra calle: una placa 'celebra' la caída de Murcia en manos franquistas, esta vez en la pedanía de Zeneta, la Calle 29 de Marzo, pese a haberse aprobado el cambio de denominación por la de Calle Tomás López García. El 29 de Marzo de 1939 hacía su entrada en Murcia la IV División de Navarra, al mando del general Camilo Alonso Vega, una vez que el ejército republicano se había rendido y entregado las armas, por lo que no encontraron ninguna oposición para entrar en la provincia y el uso de la fuerza no estaba justificado. Este cuerpo de Ejército había combatido en batallas célebres de la guerra como Belchite, Guadalajara, Teruel... y fue el artífice, con la llegada a Vinaroz en abril de 1938, de dejar partida en dos la zona republicana, al aislar Cataluña de Valencia.

El único papel de la IV División Navarra fue el ser una fuerza de ocupación represiva, sin ninguna garantía de defensa para las personas detenidas. El primer fusilamiento tuvo lugar el 12 de abril de 1939, el de Joaquín Sarabia Mulero, presidente de las Juventudes Libertarias y abogado. A sólo trece días de la fatídica fecha que aún se empeñan en homenajear.

A partir de ahí, los oficios ordenando fusilamientos se sucedieron. El mismo Camilo Alonso Vega firmó el que ordenaba el fusilamiento de los republicanos murcianos Miguel Aracil Gomariz, Pedro Palazón García y los hermanos Domingo y Blas Albarracín Clemente, ejecución que tuvo lugar en las primeras horas de la mañana del 29 de abril de 1939 en las proximidades del cementerio de Espinardo.

Son sólo tres ejemplos, hay muchos más, pero sus historiales delictivos, represivos y criminales no pueden seguir mancillando por más tiempo nuestras calles y nuestros ideales democráticos de paz, justicia, verdad y reparación para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. La pervivencia del callejero franquista en las calles del municipio de Murcia es achacable directamente a quienes, como Ballesta, siguen siendo refractarios a una Ley de Memoria Histórica en la que no creen pero que están obligados a cumplir.

TRASVASE CERO, MAR MENOR Y MODELO AGRÍCOLA

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/12/31/trasvase-cero-mar-menor-modelo/1079661.html

En el comienzo de 2020 se nos anuncia el reinicio de la nunca cerrada 'guerra del agua' en la Región de Murcia y en las comunidades de regantes de las vecinas Alicante y Almería. En nuestra Región, la decisión del ministerio para la Transición Ecológica de decretar para este mes de diciembre un trasvase cero, con sólo 7,5 Hm3 para abastecimiento humano, a la vista de la situación terminal del Mar Menor, ha soliviantado a los partidos de la oposición de derechas, al Sindicato Central de Regantes (SCRATS) y a las organizaciones agrarias, que acusan al Gobierno central de querer liquidar la infraestructura del Trasvase Tajo-Segura.

En el ámbito político, el gran beneficiado por la polémica ha sido la formación ultraderechista Vox, que tiene bien atados a un partido devenido irrelevante en el conjunto del Estado, Ciudadanos, si bien es cierto que conserva la vicepresidencia regional, y a un PP cuyo presidente, López Miras, se nos muestra bastante infradotado e inmaduro políticamente.

El insostenible modelo de agricultutra intensiva se está extendiendo hacia las zonas de secano del interior de la Región de Murcia. En la foto, campo de hortalizas en Venta Cavila, Caravaca de la Cruz  ( Foto del autor)

 

 

Empero, en política, todo vale, hasta la mentira y también la desmemoria, para atacar y ensañarse con el adversario. Empecemos por varias evidencias. Primera. Entre mayo de 2017 y marzo de 2018, o sea, casi durante once meses consecutivos, con el Gobierno de Mariano Rajoy y con García Tejerina en el ministerio, el Tajo estuvo cerrado al Trasvase, según nos recordaba en artículo reciente Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente y sobre el cual se carga toda la responsabilidad. La decisión de decretar el trasvase cero quizás no haya sido la más acertada políticamente, pero bien es cierto que, como recordaba Morán hace unos meses, el final del Trasvase Tajo-Segura va a venir dado por la meteorología. El pasado verano, las Cortes castellano-manchegas ya alertaban de que, de no mediar precipitaciones abundantes, en octubre sería imposible trasvasar agua hacia el Levante.

Segunda evidencia: la disponibilidad de agua a finales de año en los embalses cedentes, Entrepeñas y Buendía, excedía de los 400 Hm3, límite fijado por el Memorando del Tajo-Segura aprobado en 2014 por el Gobierno del PP y las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Madrid y Extremadura. Con fecha 26 de diciembre, según el portal www.embalses,net, esos pantanos embalsaban 528 Hm3, unos 82 Hm3 más que la semana anterior, pero de cuyo volumen de agua hay que descontar las cantidades destinadas a mantener el caudal ecológico del Tajo y las transferencias a la cuenca del Guadiana, para salvar, en no pocas ocasiones, el humedal de las Tablas de Daimiel.

Y tercera y no menos importante evidencia: lo que esta derecha cavernícola que tenemos la desgracia de soportar en esta Región y el lobby empresarial agrario (que, como indica su denominación, presiona y condiciona al poder político) quieren obviar y ocultar es que este modelo agrícola que, en contra de declaraciones demasiado optimistas del presidente regional, sólo contribuye a un 10% del PIB regional, es el responsable del certificado de defunción de nuestra albufera litoral del Mar Menor.
Modelo agrícola de regadío que, por desgracia, está siendo 'exportado' al interior de nuestra Región, como en los secanos de zonas de Lorca y Caravaca. Se impone implantar una agricultura sostenible y ecológica, que pase por revitalizar el secano (la almendra y el pistacho son dos ejemplos de productos con expectativas de buenos mercados) y unos regadíos adaptados a las posibilidades hídricas reales de esta Región, con recursos propios y de la desalación.

Porque la sequía estructural que padecemos y la dependencia de recursos hídricos foráneos es insostenible. Aun así, el pasado mes de junio LA OPINIÓN daba cuenta de que el volumen exportador de frutas y hortalizas creció en la Región un 43% desde 2008 a 2018, pasando de los 1,7 millones de toneladas a 2,5 millones entre esos años, frutas y hortalizas destinadas a proveer los mercados de Alemania, Reino Unido y Francia. Son datos de Proexport, que se ufana de que la Región de Murcia lidera la exportación española de lechuga, brócoli, apio, limón, melón y uva de mesa. Pero la voracidad del lobby empresarial agroexportador no tiene en cuenta el interés social y desprecia la contaminación difusa que las prácticas agrícolas, algunas ilegales, como esas casi dos mil hectáreas sin licencia de riego que todo el mundo parece ignorar, están afectando al Campo de Cartagena. En su subsuelo se acumulan hasta 300.000 toneladas de nitratos procedentes de la agricultura intensiva, que, sumados a un acuífero muy superficial, hacen que gran parte de esos nitratos vayan a parar al fondo de nuestra otrora bella albufera litoral.

Por eso la aprobación el pasado día 26 del decreto ley para el Mar Menor, con tibias medidas que a casi nadie satisfacen y sin contar con el necesario consenso social, parecen decirnos muy a las claras quién parte el bacalao en esta Región. Con las decisiones adoptadas y las carencias que abajo comento, está claro que se pretende salvar a lo más granado del gran empresariado agrícola, pero condenando al ostracismo al pequeño agricultor y a unos sectores turístico y pesquero que a nadie parecen importar.

Para terminar, tomo de los colectivos sociales y ecologistas las principales carencias del decreto ley citado, que el Gobierno regional ha decidido ignorar:

1. La creación de un cinturón verde de al menos dos kilómetros en torno al Mar Menor (el decreto habla de 500 metros), con la prohibición de todo tipo de fertilizantes alrededor de la albufera.
2. Reducir a tres años, y no a cinco, el plazo para elaborar el Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor, en el que debe estar incluida toda su cuenca.
3. Regular toda la explotación ganadera, con prohibición de nuevas explotaciones hasta que no esté redactado el Plan de Ordenación Territorial.
4. Así mismo, y hasta que no esté redactado ese Plan, impedir nuevos desarrollos urbanísticos fuera del suelo urbano y consolidado.
5. Garantizar la independencia y autonomía del comité científico y dotarlo de autonomía e iniciativa propias.
6. Suspender la construcción de nuevos invernaderos e impedir la ampliación de puertos deportivos.
7. Elaborar un programa de control y mejora de las redes de aguas pluviales, de saneamiento y depuradoras en un plazo de seis meses, para evitar vertidos al Mar Menor.
8. Garantizar dotación presupuestaria del decreto-ley para su cumplimiento.

LAICIDAD DEL ESTADO Y PROCESO CONSTITUYENTE

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/12/17/laicidad-proceso-constituyente/1076630.html

El pasado día 9 se celebró el Día Internacional del Lacismo y de la Libertad de Conciencia, una
efeméride que conmemora hechos históricos de honda significación en relación con la laicidad del Estado. Así, recordemos que el 9 de diciembre de 1905 Francia aprobó la Ley de Separación de las Iglesias (sic, en plural) y el Estado; ese mismo día de 1931 las Cortes Constituyentes de la Segunda República aprueban una constitución inequívocamente laica; y un día posterior, pero de 1948, se proclama por la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que apela, entre otras cosas, a la libertad de conciencia.

En España, cuando se han cumplido ya los 41 años de entrada en vigor de nuestra Carta Magna, podemos afirmar que el Estado dista mucho de ser laico. La ambigüedad calculada del nuestra Constitución tiene mucho que ver con ello. El artículo 16.3 reza así: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Es decir: por un lado, se propugna una tibia declaración de aconfesionalidad, que no de laicidad, pero se reconoce por parte del legislador el enorme peso que tenía (y que aún sigue manteniendo) en esos momentos la Iglesia católica.

Esa no ruptura de ataduras del Estado respecto de una confesión, la católica, que, aun mayoritaria, dista mucho de ser representativa de la sociedad española del siglo XXI, se manifiesta en la actitud claramente confesional de muchos cargos públicos en el ejercicio de su función, desde la ostentación pública de fe por parte de la familia real, pasando por el juramento del cargo, ante una Biblia y con un crucifijo, por parte de algunos ministros y otros cargos públicos, y terminando por la celebración de funerales de Estado con el rito católico, obviando el carácter civil que debieran tener esas ceremonias.

Y es que, coincidente con el auge, en todo el mundo, de posiciones ultraconservadoras, cuando no claramente fascistoides, es fácilmente perceptible, así mismo, un renacer de un rancio catolicismo por parte de muchos de esos cargos públicos. Dos ejemplos referidos a Madrid y que tienen como protagonista al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. En días pasados, el Ayuntamiento que preside hizo un amplio despliegue de cartelería por plazas y calles de Madrid (por supuesto con dinero público), invitando a la población a la celebración de la Inmaculada. Por otro lado, la prensa dio cuenta de que el alcalde instalaría en la Puerta de Alcalá el belén que ordenó retirar Manuela Carmena, gastando, además, un 27% más en adornos navideños. La virgen María, san José y el niño Jesús vuelvan a estar, pues, en las seis entradas de la plaza Mayor, en la Puerta de Alcalá y en las de Toledo y San Vicente, y en el viaducto de la calle Segovia.

Nihil novum sub solem. Respecto al hecho religioso, hay un hilo de continuidad en la Historia contemporánea de España que hace que los periodos progresistas sean claramente minoritarios respecto a los conservadores, hecho que queda reflejado claramente en nuestros textos constitucionales. En un artículo anterior en LA OPINIÓN, ya les mostraba que la mayoría de leyes fundamentales han estado marcadas por el sesgo confesional católico, comenzando por el Estatuto de Bayona de 1808 y continuando por los textos constitucionales de 1812, 1837, 1845, 1876, la nonnata de 1856 y los textos fundamentales de la dictadura franquista.

Pocos fueron los momentos históricos de ruptura con esa confesionalidad católica: la Constitución de 1869 estipulaba claramente la libertad de cultos (si bien es cierto que el Estado se obligaba al sostenimiento de la Iglesia católica); la Constitución de 1873, que hacía una clara definición de laicidad del Estado pero que no llegó a estar en vigor, y la Constitución republicana de 1931, que consagraba la separación Iglesia-Estado, con una clara vocación de respeto a la libertad de conciencia.

Durante esos años de predominio confesional católico, el poder la de la Iglesia quedó reforzado con concesiones y prebendas tales como la supervisión de la enseñanza y la presencia de la religión en las aulas (que se mantiene con los Acuerdos con la Santa Sede de 1979) en virtud de los Concordatos de 1851y 1953, la dotación del impuesto de culto y clero, que con distinta denominación también existe hoy, y la exención tributaria, de la que aún disfruta la Iglesia. Si a ello le sumamos las inmatriculaciones, que han incrementado su patrimonio, puede colegirse que la posición de privilegio de la institución eclesiástica permanece inalterable en pleno siglo XXI.

La eventual conformación de un Gobierno de coalición debería ser el inicio del fin de tales privilegios eclesiásticos, con la derogación de los Acuerdos con el Vaticano; la nítida separación Estado-Iglesias; la eliminación de la asignatura de Religión del currículo escolar, y la redacción de un Ley de Libertad de Conciencia y una Ley de Muerte Digna, aspectos todos reivindicados por la Asociación Europa Laica.

La entrada en ese Gobierno de coalición de Unidas Podemos podría reforzar las posiciones de avance del proceso constituyente que está en curso y que arranca del 15M y tiene su continuidad actual en el vigor del movimiento feminista y en la pertinaz e incansable lucha de las personas jubiladas y pensionistas. En un contexto de retrocesos globales en todo el mundo, nuestro país, que nunca llegó a abrazar del todo la modernidad, tiene ahora una ocasión mollar para alumbrar un nuevo orden constitucional que supere viejos arquetipos; que condene definitivamente el franquismo e ilegalice sus fundaciones de apoyo; que camine por la senda de la justicia social, el progreso y la tolerancia; que destierre de nuestro solar peninsular las tensiones territoriales, reconociendo la riqueza plurinacional de España, etc.

Hemos tenido cuarenta años para superar viejos arcaísmos y madurar democráticamente. Por ello es preciso reforzar nuestro pluralismo territorial, político y también ideológico. Se impone caminar hacia un republicanismo de corte modernizador de un Estado, que, necesariamente, ha de ser laico.

EN EL 89 ANIVERSARIO DE LA SUBLEVACIÓN DE JACA EN FAVOR DE LA REPÚBLICA

Los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández. (Foto: publico.es)

Se cumplen hoy, 12 de diciembre, ochenta y nueve años de la sublevación en Jaca (Huesca) de los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández en favor de la República. Durante unas horas llegó a ondear la enseña tricolor en el Ayuntamiento de la capital. Pero esa sublevación fue un fracaso.
Un fallo de coordinación con el resto del país había motivado el adelantamiento de ese hecho militar, lo que condujo al fusilamiento fulminante de ambos y al encarcelamiento de los integrantes del Comité Revolucionario estatal, quienes, meses después, serían miembros destacados del Gobierno provisional de la II República.

AEROPUERTO DE CORVERA: INNECESARIO, INFRAUTILIZADO Y DEFICITARIO, A COSTA DEL PUEBLO MURCIANO

 https://www.elconfidencial.com/espana/2019-12-10/aeropuerto-murcia-aena-vuelos-46-millones_2365131/?fbclid=IwAR1X6R8sCeAjyCO8iKPsEtt1Bv56lHMTseqPB1uUCQU1S_D23Ovk0RB0g0o

(Foto: EFE)

Otra muestra más del despilfarro y la corrupción de los 25 años ininterrumpidos de los gobiernos del PP en la Región de Murcia.

Ramón Luis Valcárcel, 'El panocho', el inductor de tan megalómano proyecto del Aeropuerto de Corvera,  de rositas. 

La desaladora de Escombreras, que registra pérdidas, y  su  empeño en sacar adelante un rimbombante Aeropuerto Internacional de Murcia, claramente deficitario, innecesario -pues estaba plenamente operativo, con dos pistas, el de San Javier-  y, por lo que se ve, inoperante, merecerían algo más que la condena de su mentor al ostracismo político. Pero...ya se sabe: los tentáculos de los corruptos para amordazar al poder judicial son muy alargados y poderosos.

INJERENCIAS E INMOVILISMO DE LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/12/03/injerencias-e-inmovilismo-jerarquia-eclisiastica/1073032.html

Asamblea plenaria del Episcopado español

Las sesiones de la CXIV Asamblea Plenaria de los obispos españoles, celebrada entre los pasados días 18 y 22 de noviembre, en un contexto en que se debate la configuración del futuro Gobierno de España, no podían dejar de lado esa circunstancia. Con la expresión bíblica «por sus frutos los conoceréis» la Conferencia Episcopal Española (CEE) tomó clara postura sobre el posible Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, afirmando que «juzgaremos a ese Gobierno por sus hechos». Para no ser menos, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en la carta que publica cada semana en el semanario Paraula que edita el arzobispado, escribía: «Nos encontramos ante una grave emergencia, la emergencia de España», en referencia también a ese preacuerdo Sánchez-Iglesias.

En la apertura de las sesiones, Ricardo Blázquez, portavoz de la CEE, ya advirtió de que «la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución», sin duda aludiendo, aun sin citarlo, al posible concurso de ERC para conformar dicho Gobierno.
Por su parte, Luis Argüello reclamó un Gobierno que ponga el acento en un respeto a la Constitución, que supone un respeto a la libertad religiosa, de conciencia y al bien común. Señaló que la Constitución «está abierta a posibles reformas para las cuales la misma Constitución ha indicado el procedimiento», y finalizó, sentenciando que «la concordia de todos dentro de las legítimas diversidades es un bien inestimable. Que la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución».

Pero el temor de la jerarquía eclesiástica española ante la conformación de ese posible Gobierno de coalición llega más allá. Un obispo español, con la expresión «hemos jugado con fuego, y ahora podemos quemarnos» resumía la preocupación que se respira en la CEE ante el anuncio del preacuerdo y de un Gobierno que querrá aplicar una agenda social en las antípodas de una ultraderecha en ascenso.

Los obispos temen, además, que en pocos meses el nuevo Gobierno podría abordar el fin de algunos privilegios de la Iglesia, desde las inmatriculaciones (pese a que, hoy por hoy, el propio ministerio de Justicia ha recurrido la exigencia del Consejo de la Transparencia, dependiente del Gobierno, para saber en qué situación se encuentran), pasando por el pago del IBI por parte de la Iglesia, la famosa casilla en la declaración de la renta, el futuro de las clases de Religión o la regulación de los conciertos educativos. En la jerarquía eclesiástica han causado, sin duda, una seria preocupación las palabras de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, que en días pasados cuestionó en parte los convenios de la enseñanza concertada al declarar que la libre elección de centro, uno de los argumentos que esgrime la enseñanza concertada católica, no está amparada por el artículo 27 de la Constitución.

Otro de los asuntos con que los obispos siguen planteando beligerancia es sobre la eutanasia. Mario Iceta, presidente de la subcomisión episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, expuso en el pleno que «el debate actual sobre la eutanasia y el suicidio asistido no es planteado como una cuestión médica sino más bien ideológica».

Aunque es notorio y curioso que en la pasada campaña electoral los partidos apenas se refirieron a la Iglesia, desde el ámbito de la izquierda sí se apeló en parte a cuestiones como la siempre pendiente denuncia de los Acuerdos de enero de 1979 con el Vaticano. Después de décadas sin atreverse, parece que el nuevo Gobierno podría abordar esa cuestión, con la firma de un nuevo convenio de colaboración con el Estado Vaticano que regule las relaciones con la Iglesia desde una posición de menos privilegios. El modelo es el francés, aun teniendo en cuenta que nuestros vecinos llevan ya más de un siglo (desde 1905) con una Ley que consagra la laicidad del Estado (nuestra Constitución sólo cita una tibia aconfesionalidad) por la que incluso las iglesias y catedrales son propiedad del Estado.

Estas posibles actuaciones llevan a que un sector de la jerarquía eclesiástica abogue por mantener una actitud beligerante con el posible nuevo Gobierno de izquierdas. Eso, en román paladino, no es ni más ni menos que injerencia de la Iglesia en cuestiones políticas. Actitud que no es nada nueva. Porque, en relación con ella, parece que nada hubiera cambiado tras 88 años.

Cuando apenas llevaba tres semanas constituida la Segunda República Española, a primeros de mayo de 1931, el cardenal Primado de España, Pedro Segura, lanzó una extensa pastoral en cuyos párrafos, en relación con la postura de los católicos españoles ante las previstas elecciones a Cortes Constituyentes, decía cosas como éstas: «[?] Si permanecemos quietos y ociosos; si nos dejamos llevar por la apatía y timidez, si dejamos expedito el camino a los que se esfuerzan en destruir la religión [?] ni aún tendremos derecho a lamentarnos cuando la triste realidad nos demuestre que, habiendo tenido la victoria en nuestra mano, ni supimos luchar con denuedo ni sucumbir con gloria». Para seguir afirmando más adelante: «Es urgente que, en las actuales circunstancias, los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas, se unan de manera seria y eficaz para conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan plenas garantías de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social».

Aún hoy, en el Estado español, la Iglesia, una institución muy poco democrática en su estructura y funcionamiento internos, sigue aferrada a un rancio tradicionalismo que hunde sus raíces en concepciones políticas antidemocráticas en parte de la jerarquía. Hace unos días, la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia convocó un acto de protesta en la murciana Plaza de la Cruz para denunciar la inscripción existente en el muro de una de las puertas orientada al norte. La leyenda « José Antonio Primo de Rivera. Presente», que aún sigue ahí, pese a que las asociaciones memorialistas le han exigido al obispado por carta y en entrevista personal con el deán catedralicio que sea borrada, es una ignominia impropia de un Estado democrático.

Y su mantenimiento por parte de la jerarquía eclesiástica es indicativo de que, además de injerencista, un amplio sector de la Iglesia, pese a que estar perdiendo 'clientes' de manera acelerada (casi un tercio de la ciudadanía se declara atea o no practicante), se aferra a un anacrónico inmovilismo.

CONTAMINACIÓN: NI LA HUERTA NOS SALVA

Hoy, en Murcia ciudad se masca la contaminación, con tal virulencia que ni la vecina huerta nos salva.

Foto: La Verdad

 He salido un rato a la calle, en mi barrio de Santa María de Gracia (vivo junto a Ronda Norte), y me han inundado, no sólo la pitutaria sino las mismas papilas gustativas, los efluvios procedentes del asfixiante tráfico rodado: dióxido de azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NO) se alían para hacernos la atmósfera irrespirable.

Dicen que tenemos memoria olfativa, algo que compruebo al asociar esos olores a los que podemos percibir, desde dentro de nuestro vehículo, cuando asomamos por la autovía de Cartagena a la altura del Cabezo Beaza y nos 'saludan', cuando sopla el viento del 'jaloque' (en Cartagena, brisa del sureste),  los gases del Valle de Escombreras. Mi pobre madre, que vivía en Vista Alegre, la barriada en la que crecí, cuando esa contaminación de Escombreras se cebaba sobre la barriada me decía que alguna vecina se habría dejado abierta la bombona del butano.

En esta nuestra ciudad de Murcia, la consigna de 'todos al centro en coche', que parece presidir la inactuación de quienes deberían velar por nuestra salud, es la responsable de que estemos como estamos. Las advertencias de las organizaciones ecologistas, que echan en falta actuaciones más contundentes contra la contaminación ambiental procedente del tráfico rodado, de la quema de rastrojos y demás, caen en saco roto.

Pero las autoridades se curan en salud, satisfechas de que la ciudad se adorne con la etiqueta verde y de que haya sido elegida capital gastronómica. Vivmos de la apariencia mientras morimos un poco más cada día casi, sin advertirlo.

¿MURCIANOS DE DINAMITA O DE BANDERITA?

 

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/11/23/murcianos-dinamita-o-banderita/1070454.html

En la Región de Murcia sigue habiendo cierta nostalgia por la 'época del ladrillo', cuando se registraba una huida de las aulas de jóvenes en busca de trabajo más o menos bien remunerado en la construcción, y con unos sectores auxiliares en los que se ganaba un buen dinerito

diego jiménez 22.11.2019 | 20:52

 

 

En su película Mientras dure la guerra, Amenábar describe magistralmente el bajísimo nivel intelectual y político del militar Millán-Astray, que, interpelado por Unamuno desde el atril del claustro de la Universidad de Salamanca, sólo supo, por toda respuesta, gritar un «¡Viva España!» rápidamente secundado por un auditorio tan entusiasta como igualmente iletrado. Tengo para mí, y es algo igualmente avalado por la opinión de personas expertas, que en el crecimiento espectacular de la extrema derecha en Europa y en el último proceso electoral en España hay un componente emocional, visceral, que se impone a lo racional, algo que la escena de la película antedicha nos muestra en toda su crudeza.

Empero, cabe achacar el crecimiento de la ultraderecha a otros muchos factores, como nos aclara con su lucidez habitual, en artículo reciente, el profesor Vicenç Navarro. En primer lugar, a partir de la crisis catalana, se ha producido un crecimiento espectacular de los nacionalismos españolista y catalán (encubridores de una estructura clasista y conservadora) que la sentencia del procés no ha hecho sino agravar, polarizando las posturas extremas.

En segundo lugar, está claro que la crisis económica que ha afectado a amplios sectores populares ha producido un notable empobrecimiento de las clases medias y asalariadas, generando un sentimiento 'anti clase política' (es conocida la expresión popular 'todos los políticos son iguales'), caldo de cultivo para que Vox, formación política heredera del franquismo residual, no extirpado de la sociedad, recogiera ese descontento.

Aunque en este partido ultraderechista hay rasgos que lo acercan a la ultraderecha europea (como esa apelación al patriotismo identitario y su crítica a la globalización como causante de todos los males), su patriotismo de bandera y su extremismo no ocultan su indisimulado apoyo a los sectores financieros y económicos y su interés, como ya hicieran el nazismo y el fascismo, en frenar y aniquilar a la izquierda. En efecto, Vox se ha decantado claramente por la privatización de los servicios públicos y por la desregulación de las normas que interfieren en el libre mercado; es partidario de limitar al máximo las transferencias públicas al sistema de pensiones; habla de la recentralización estatal de las competencias en Sanidad, Educación y Justicia; no esconde su interés por liquidar el Estado autonómico; habla de ilegalizar partidos, etc.

Y, sin embargo, ha recibido un amplio respaldo de sectores obreros golpeados por la crisis. Como en Murcia. Durante veinticinco años, el apoyo a la derecha en esta Región ha sido la norma. Para explicar esa hegemonía, pese a los indicadores negativos que sitúan a nuestra Comunidad autónoma, con Andalucía y Extremadura, entre las más atrasadas de España, centrémonos en algunas evidencias.
Sigue habiendo cierta nostalgia por la 'época del ladrillo', cuando se registraba una huida de las aulas de jóvenes en busca de trabajo más o menos bien remunerado en la construcción, y con unos sectores auxiliares en los que se ganaba un buen dinerito. Como anécdota, puedo referir que, en mi instituto de Blanca, un alumno de la ESO me dijo un día: «Maestro, dice mi padre que cuánto ganas». Yo, naturalmente, no le facilité ese dato. A lo que me contestó: «Es igual. Mi padre [era fontanero] dice que, por lo que tú ganas, él no se levantaría de la cama para ir a trabajar».

Hay en Murcia también una secular sumisión y adhesión de la población a los cacicatos de diversa índole que hunden sus raíces en el siglo XIX y que tan magistralmente documentara la fallecida catedrática María Teresa Pérez Picazo. Junto a ello, el PP ha sido capaz de tejer una amplia red clientelar en la Región, al tiempo que ha copado los principales entes asociativos: cofradías pasionales de Semana Santa, Federación de Peñas Huertanas, AMPAS, Agrupaciones Sardineras, etc.
No olvidemos tampoco el bajo nivel cultural de parte de la población. Según la EPA de 2016, en la Región de Murcia encabezamos el ranking de analfabetismo, tras Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Y aunque, paradójicamente, los murcianos figuramos entre los que más libros compramos en el país, ocupamos el sexto lugar, por la cola, de entre los que menos leemos: el 41,2% de la población de 14 años o más declara no hacerlo nunca, según el Barómetro de la Federación de Gremios de Editores de España.

El auge de Vox en esta Región hay que entenderlo, pues, en ese contexto. En Murcia, además, ha calado muy fuerte el individualismo que culpa a 'los otros' de todos nuestros males: el discurso del odio hacia el diferente y hacia las víctimas del sistema (inmigrantes, los 'menas'); la catalonofobia (fue un alivio comprobar, sin embargo, cómo en Cartagena, pese a la victoria electoral de Vox, se impuso el sentido común en la reciente visita al Cartagonova del FC Barcelona), que inundó de banderas españolas nuestras calles y balcones.

En su poema Vientos del pueblo, Miguel Hernández calificó como 'murcianos de dinamita' a quienes habitamos esta tierra. Yo más bien identificaría a una parte significativa de la población como 'murcianos de banderitas', vista la citada profusión de éstas como antídoto de todos los males que nos aquejan.

En definitiva, la prueba de que el mayor auge de la extrema derecha ha tenido que ver con la inmigración la dan los porcentajes de votos de Vox en aquellos municipios de nuestra Región que acogen mano de obra foránea (y, además, pobre, porque la llamada 'aporofobia'. odio al pobre, es uno de los rasgos que exhibe la ultraderecha). Relaciono aquí, de mayor a menor, los porcentajes de voto a Vox que se acercan o superan el 30% en algunos de nuestros municipios: Torre Pacheco (38,02%); San Pedro del Pinatar (33,9%); San Javier (31,77%); Mazarrón (31,64%); Cartagena (31,10%); Totana (30,6%), y Alcantarilla (29,45%).

Frente a este panorama, sólo cabe ejercer una labor pedagógica, desde las aulas, educando a nuestros adolescentes en valores como el respeto, la tolerancia, la empatía hacia el diferente, la solidaridad, etc. Y, desde el ámbito de la política, es preciso consolidar un amplio espacio de unidad, desde la izquierda, que, conjuntamente con el tejido asociativo, dé respuesta al auge de la ultraderecha para que, a corto plazo, como ha ocurrido con Amanecer Dorado, en Grecia, aquélla pase a ser un mal recuerdo histórico. 

EN EL 44 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL DICTADOR FRANCO

Imagen del exilio republicano

El revisionismo histórico y las fuerzas de derecha, muy crecidos en el país en los últimos tiempos, tratan de relativizar lo que supuso la dictadura de uno de los mayores genocidas de la Historia contemporánea. 

Cuando, desde esas fuerzas derechistas y revisionistas, se apela a la necesidad de cerrar heridas, hemos de recordar el balance de los casi cuarenta años de la dictadura de Franco, no por conocido, menos digno de mención:  más de 120.000 personas que yacen aún en cunetas y fosas comunes, en un país que, tras Camboya, es el segundo del mundo en desapariciones forzadas; más de 50.000 personas fusiladas, en  juicios sumarísimos sin garantías procesales; medio millón de personas exiliadas fuera de nuestras fronteras y miles de ellas asesinadas, en virtud de la propia actuación de las autoridades franquistas ante el mismo Hitler, en los campos de exterminio nazis; expropiaciones forzosas de bienes de republicanos; actos denigrantes sobre la mujer, con rapado del pelo, la ingesta de aceite de ricino y el escarnio público ante sus vecinas y vecinos, por el mero hecho de ser esposas de republicanos; depuración de miles de personas funcionarias y maestras y maestros, cuyo único delito fue ser también republicanos; existencia, probada, de bebés robados durante ese aciago régimen, hasta fechas recientes; pervivencia, aún, de torturadores como Billy el Niño y responsables de crímenes durante el posfranquismo reciente (Martín Villa), que pasean impunemente por nuestras calles y plazas…

No, no podemos olvidar. Cada aniversario de la muerte del dictador ha de constituir un motivo para reivindicar la total desaparición de los vestigios de la dictadura, según se contempla en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. Y cada día hemos de seguir luchando por que, de una vez por todas, el Estado se digne homenajear a las personas republicanas que lucharon por la libertad, exigiendo, a su vez, Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo.

TRAS LOS RESULTADOS DE AYER, NO DEMOS UNA TERCERA OPORTUNIDAD A LA ULTRADERECHA

Foto : La Opinión de Murcia

A la vista del imparable ascenso de la ultradercha en este país, que ha pasado de ser una formación extraparlamentaria a tercera fuerza política en el Parlamento, todas las alarmas se han encendido. 

Particularmente, me niego a respetar el resultado de las urnas en mi Región, Murcia, en donde VOX es la primera fuerza política. Y me niego porque no respeto a quienes votan a los que se enfundan en un bandera como solución a todos los males del país; a quienes predican la aporofobía, la xenofobia, el racismo, el rechazo a toda opción sexual libre, al aborto... Me niego a reconocer el derecho que asiste al votante a depositar su confianza en tipejos de esa calaña, que nos quieren hacer retroceder a la noche de los tiempos.

Visto el resultado, a Pedro Sánchez le toca mover ficha. Ha de sentarse, ya, a negociar un Gobierno de izquierdas que logre frenar en las instituciones a la extrema derecha. Y a  Pablo Iglesias hay que exigirle también responsabilidad. El enquistamiento de posturas de ambos dirigentes ya sabemos a qué nos ha conducido.  Hay que negociar: un acuerdo de investitudura, con condiciones; un acuerdo de legislatura, amplio, también con condiciones; o un acuerdo de Gobierno, con cesiones por ambas partes. Pero es preciso un Gobierno de izquierdas ya. Aun apoyándose, necesariamente, en el PNV, incluso en los restos de Ciudadanos y negociando la abstención, al menos, de ERC. Pero hay que hacer lo imposible por lograrlo. Porque las y los votantes no permitiríamos que se le concediera una tercera oportunidad a la extrema derecha para seguir en su ascenso parece que imparable.