https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2023/05/09/dos-asignaturas-pendientes-gobierno-87073043.html
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| Ilustración de Enrique Carmona |
Son indudables los avances sociales y políticos de este Gobierno de coalición. También es evidente la situación de acoso y derribo, acrecentada en estas fechas preelectorales, a que viene siendo sometido desde hace años por una oposición de derechas ávida de recuperar el poder. Por ello, confieso que me cuesta mostrarme crítico con asuntos siempre pendientes.
Empero, hoy voy a abordar
sucintamente dos de ellos: el de las relaciones del Estado con las religiones y
el siempre pendiente debate sobre la tauromaquia.
PRIVILEGIOS
FISCALES A CONFESIONES RELIGIOSAS. El Gobierno anunció, en días
pasados, que extiende los privilegios fiscales a budistas, ortodoxos, mormones
y Testigos de Jehová, en el contexto de la reforma de la Ley de Mecenazgo.
Dichos privilegios, consistentes básicamente en la exención del IBI para
lugares de culto, suponen, según la asociación Europa Laica, un paso atrás en la laicidad del Estado español, pues
los privilegios se combaten suprimiéndolos, no extendiéndolos.
La medida se enmarca en los Acuerdos
(pre)constitucionales del Estado con la Santa Sede, de enero de 1979 -pues se
firmaron tres días después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978-, ratificados
por el ambiguo artículo 16.3 de la misma, que reza así: “Los
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad
española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia
Católica y las demás confesiones”.
Parece
claro que, desde el punto de vista jurídico, hay una dejación de soberanía
estatal respecto a la Santa Sede, pues los Acuerdos de 1979 están ahormando la
soberanía estatal en temas relacionados con la financiación eclesial, los
privilegios fiscales y la presencia confesional en la enseñanza.
Hoy, en
el camino hacia la laicidad, que no aconfesionalidad como constitucionalmente
tenemos en España, se debería tomar el ejemplo de la II República española, en
donde esa laicidad del Estado fue plena y las confesiones religiosas fueron
consideradas asociaciones privadas de creyentes, aunque el Estado garantizaba
la libertad de conciencia y de cultos.
Europa Laica
califica de ‘cortina de humo’ el acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia
católica para que ésta empiece a pagar dos impuestos de los que hasta ahora
estaba exenta. En concreto, tras ese acuerdo con el Ministerio de la
Presidencia, la Iglesia ha renunciado a las exenciones impositivas sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y los que afectan a las
contribuciones especiales contempladas en el Concordato de la Santa Sede de
1979. En realidad, más que renuncia eclesial, hay que considerar ese acuerdo
como una simple aplicación legal impuesta por Bruselas. Acuerdo que, en
realidad, viene a ocultar las cuestiones más candentes a resolver en las
relaciones Iglesia-Estado, como el de las inmatriculaciones en manos de la
Iglesia, favorecidas por la hipotecaria ley franquista de 1947, y la exención
del pago del IBI.
Según
Europa Laica, la Iglesia católica recibió del Estado en 2020 la cantidad de
12.000 millones de euros, y a través del IRPF recaudó 320 millones en el
ejercicio fiscal de 2021. Creo firmemente que hemos de avanzar claramente hacia
la plena laicidad del Estado español. En el país vecino, Francia, la separación
entre el Estado y las religiones es real. El Estado es neutro desde un punto de
vista religioso, pero, a la vez, se garantiza la libertad de conciencia y de
cultos desde mucho tiempo atrás, en virtud de la ley de diciembre de 1905.
A VUELTAS CON LA TAUROMAQUIA.
El siempre inacabado debate sobre la celebración de festejos taurinos en España
-englobados en el término omnicompresivo tauromaquia- sobre todo en lo que
tiene que ver con la defensa de la dignidad de los toros y novillos, tan
sintientes como otros animales, tuvo el otro día un motivo más para
reactivarse: por las redes sociales pudimos ver cómo en los festejos de un
pueblo valenciano un novillo se precipitaba al río, desde una altura de 15
metros, fracturándose las patas, por lo que hubo de ser sacrificado.
Tras la
pandemia, y según la publicación Libremercado,
la temporada de 2022 se saldó con un 14% más de festejos respecto de 2019, con
un total de 436 corridas de toros y otros centenares de actos más, como novilladas
con y sin picadores, rejoneo, becerradas…
Ello no
implica, sin embargo, que la tauromaquia goce de buena salud. La Vanguardia nos aportaba, hace unos
días, el dato de que el 84% de la juventud entre los 16 y 24 años está “poco” o
“nada” orgullosa de vivir en un país con festejos taurinos, significando que el
60% de la población general se opone a la tauromaquia en sus distintas
manifestaciones, aunque el barómetro de La
Sexta rebajaba esa cantidad al 48,7%.
Hay que
saber que, pese a sus crecientes detractores, entre los que me incluyo, la
tauromaquia está declarada bien cultural a proteger, por sendas leyes: la Ley
18/2013, de 12 de noviembre, que regula esta actividad como patrimonio
cultural, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial, ambas firmadas por M.
Rajoy, lo que demuestra, a la vez, la querencia de la derecha por el mundo
del toro y la patrimonialización por su parte de dicha actividad, erigida en
una idealización simbólica de ‘lo español’ y en cuya aventura ha encontrado un
indeseable aliado, VOX.
Ignoro si
el actual Gobierno de coalición sintonizará con el contenido de las leyes
citadas, pero, como curiosidad, he aquí la ‘guinda’ con que nos obsequia el
preámbulo de la ley 18/2013: “La tauromaquia es una manifestación artística […]
en
la que se resaltan valores profundamente humanos como pueden ser la
inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de
control de la fuerza bruta…”
Si de
fuerza bruta animal hablamos, midamos la que exhibe el ser humano en ‘festejos’
como el ‘bou embolat’, el tirar a una cabra desde un campanario, alancear a un
toro hasta su muerte en Tordesillas o arrancar de cuajo el cuello a unos gansos
en Euskadi… ‘festejos’ afortunadamente modificados o suprimidos pero que,
mientras se han celebrado, demuestran el
grado de ‘civilización’ de nuestro país.
Añade el
preámbulo: “Existe un consenso en la aceptación mayoritara del carácter
cultural, histórico y tradicional de la tauromaquia como parte esencial del
Patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de España”. Los
porcentajes citados arriba en contra de la ‘fiesta’ parecen desmontar ese
optimismo del legislador.
Para
terminar, un tema no menor es el de la tragedia asociada a dichos festejos. En
2022 un total de 23 personas perdieron la vida en los festejos taurinos
celebrados en toda la geografía española. La Comunidad valenciana, con 9
muertes, fue la más afectada, hasta el extremo de que algunas aseguradoras han
retirado su cobertura de los ‘bous al carrer’ al menos en 18 municipios, algunos
de
los cuales han cancelado los festivales taurinos. Uno de ellos es Tavernes de
la Valldigna, que considera la medida como parte de su defensa de los derechos
de los animales.
El Gobierno progresista actual y
el que esté por venir seguirá teniendo en este tema una ‘patata caliente’, pues
estoy plenamente convencido de que no se puede considerar civilizado a un país
que, pese a haber legislado en contra del maltrato animal, hace oídos sordos,
por presiones y evidentes motivos económicos, a la necesidad de prescindir del
absurdo sufrimiento y muerte de un noble animal como el toro.
Diego Jiménez García @didacMur
