EN MURCIA, JORNADAS SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA

ANTONIO VIÑAO FRAGO, Catedrático Emérito de Teoría e Historia de la Educación de la UMU, inaugura, el próximo martes 4 de marzo, las JORNADAS SOBRE MEMORIA HISTÓRICA. En dichas Jornadas participarán, así mismo, el Catedrático de Historia Contemporánea de la UMU, PEDRO MARÍA EGEA BRUNO, y los investigadores ANTONIO MARTÍNEZ OVEJERO y FLOREN DIMAS BALSALOBRE, cerrando los actos, el día 2 de abril, representantes de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena (MHC).



A más de 35 años del inicio de la Transición y a 33 del 23F, que supuso un punto de inflexión en el devenir de aquélla, queda pendiente que se conozca la Verdad, se haga Justicia y se conceda la Reparación a las víctimas del franquismo. En definitiva: que la Memoria Histórica ocupe un lugar destacado en la necesaria regeneración democrática que necesita el país. De ahí que varios colectivos, entre los que figura la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena (MHC) y STERM Intersindical, con la colaboración de la Asociación de Alumnos, han programado en Murcia-capital, para todo el mes de marzo y primeros de abril, las Jornadas cuyo calendario figura en el cartel de arriba. Os invito que apoyéis dichas Jornadas acudiendo a las charlas programadas.

Clamor ciudadano contra el cierre del Hospital del Rosell

Decenas de miles de personas reivindicaron, el pasado jueves  en las calles de Cartagena,  la continuidad de ese centro como segundo hospital de referencia de la ciudad.

Diego Jiménez/Murcia.- Convocadas por la Plataforma ‘En Defensa de la Sanidad Pública’ de Cartagena, decenas de miles de personas (cerca de 40.000, según los convocantes) recorrieron el pasado jueves, día 19, las principales calles de esta ciudad para reivindicar la continuidad del Hospital del Rosell. La manifestación ciudadana, la segunda marea humana convocada por este motivo, iba encabezada por pancartas con las leyendas ‘”Salvemos el Rosell. Por una Sanidad Pública y de calidad”, “La Sanidad no se vende, se defiende” y “El Rosell al cien por cien”,  tras las que se situaban miembros de las organizaciones convocantes y destacados políticos regionales.

Entre los manifestantes estaban, entre otras personas, el diputado regional de IU, José Antonio Pujante, el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, así como y las diputadas del PSOE en la Asamblea, Begoña García Retegui y Teresa Rosique. También pudimos ver a los secretarios comarcales de UGT y CC. OO, Fulgencio Andreu y Juan Pedro Martínez, así como al secretario regional de la UGT, Antonio Jiménez. Me comunicaron que estaban presentes, asimismo, todos los ediles de la oposición en el ayuntamiento de Cartagena, así como el secretario general del Partido Cantonal y colectivos como Democracia Real. Decenas de personas venidas de Murcia contribuyeron también a consolidar una auténtica marea humana que terminó por llenar el Paseo de Alfonso XIII, pues mucha gente se fue sumando a la comitiva.

La manifestación había arrancado de la plaza del Ayuntamiento de esta ciudad para enfilar las plazas de Castellini y Puertas de Murcia, en dirección, por las calles Santa Florentina y Ángel Bruna, hacia el Paseo de Alfonso XIII, en donde se ubica  ese hospital amenazado de cierre. Las personas manifestantes hicieron una parada, a la altura de la Asamblea Regional, lugar en que Ginés, megáfono en mano, tras afirmar que esa manifestación constituía el “repunte” sobre la reivindicación del hospital y congratularse por la presencia de varias cadenas de TV que cubrían el evento, dijo literalmente que “era el momento de hacerles ver a quienes nos gobiernan que aquí, en esta Asamblea, tanto en 2009 como en 2010, dijeron que iban a dejar el Rosell como un hospital independiente, cosa que no han cumplido”.

En el transcurso de la marcha se corearon eslóganes pidiendo la dimisión de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, del gerente del Servicio Murciano de Salud, José Antonio “Alarcón, y de la consejera de Sanidad, la cartagenera María Ángeles Palacios, así como otros tales como “Que no, que no… que no queremos pagar su deuda con la Salud y la Educación” y “El Rosell al cien por cien”.

Según nos informó Ángel Sánchez, miembro de la Plataforma y del colectivo Democracia Real (DRY), la intención de la Consejería de Sanidad es dejar en el Rosell sólo una unidad de cirugía mayor y otra de contusionados, además de una de pluripatológicos, trasladando las urgencias al hospital de Santa Lucía. Por su parte, Pepe Ros me confirmó el traslado de la unidad psiquiátrica el nuevo hospital de Santa Lucía y afirmó que la Consejería trata de guardar la apariencia del mantenimiento de ese hospital con el hecho de haber llenado una planta con enfermos del antiguo Hospital Naval de Tentegorra, hoy cerrado.

Al término de la manifestación, y en las escaleras de acceso a la puerta principal del hospital, María José Marín procedió a la lectura del manifiesto ante las miles de personas allí congregadas, entre gritos constantes de “El Rosell no se cierra”.  María José dijo, entre otras cosas, que “ahora nos quieren dejar sin un hospital que ha sido estandarte sanitario y patrimonio común de todos los cartageneros”. Continuó afirmando que “con engaños y subterfugios, la Consejería de Sanidad, dirigida paradójicamente por una cartagenera, ha ido desmantelando poco a poco este hospital, incumpliendo su promesa de convertirlo en el segundo de referencia de Cartagena”. Denunció que “hoy nos amenazan con quitarnos las urgencias, junto con otros servicios complementarios, sin tener en cuenta la gran densidad de población que atiende este hospital, pues acoge a enfermos de los municipios de La Unión, Mazarrón y Fuente Álamo, además del turismo de la zona”. Se preguntó: “¿Qué nos ofrece la Consejería a cambio?”, para pasar a exponer que tratan de vaciar de contenido ese centro para convertirlo en una residencia-ambulatorio deficiente, abierta sólo hasta media tarde. “Hoy estamos aquí muchas personas, trabajadores, vecinos, usuarios, con distintas ideologías, pero unidas en un propósito común: salvar el Rosell [gritos de el Rosell al cien por cien]”. Continuó afirmando que no se trata de una cuestión de enfrentamiento político, sino de la defensa de los derechos de las personas usuarias de este servicio, según estipula la Constitución española. “No más mentiras ni excusas baratas –dijo- . Debe cumplirse el compromiso adquirido en la Asamblea Regional en 2010 de que el Rosell sea el segundo hospital del Área de Salud de Cartagena, con los servicios básicos de un hospital integral”. Con el grito de “¡Salvemos el Rosell!” terminó su alocución, entre los aplausos de las personas asistentes.

NUESTROS CUERPOS NOS PERTENECEN

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/02/18/cuerpos-pertenecen/536596.html

Ambos debates, la eutanasia y el aborto, en esta España en la que el peso de la Iglesia  católica es un lastre que arrastramos desde la primera Carta Magna de 1812, ponen  también de actualidad la necesidad de que, de una vez por todas, el Estado, cuyo artículO 13 de la Constitución lo define como aconfesional, asuma que existe una clara diferencia entre ética pública y moral privada.

DIEGO JIMÉNEZ "Quiero morir porque amo la vida". Con estas palabras se despidió de la vida, y de los suyos, José Luis Sagüer, madrileño de ascendencia vasco-navarra, tras hacerse unas fotos con la familia y tomarse una copa de vino. En entrevista que le realizó antes de su muerte Emilio Benito en El País, y que fue publicada el pasado día 9, José Luis declaró que empezó a sentirse mal a finales de 2012. Notaba que se ahogaba. Para descartar que fuera del corazón, hizo una prueba: fue a un asador de San Sebastián, lugar en que pasaba unos días de vacaciones de Navidad, y se tomó un buen chuletón con pimientos y regado con vino. «Si aquello no me sentaba mal es que no era del corazón», dijo. «Y aún me sentía bien, no como ahora, que con la morfina tengo la boca acartonada y no me sabe a nada». José Luis padecía un cáncer de pulmón en fase terminal. Este profesor de Filología alemana en la Universidad Complutense de Madrid logró cumplir su deseo con la ayuda de la asociación Derecho a morir dignamente (DMD). «No quiero que me ofusquen la morfina, ni [el obispo] Rouco Varela ni los cuidados paliativos», afirmó. Por eso, los médicos de DMD que certificaron su estado de angustia física y psicológica le aplicaron la sedación el pasado día 27 de enero. Falleció al día siguiente.

El caso de José Luis es uno más de los que, en los últimos años, ha reabierto el debate de la eutanasia activa (en España sigue siendo consentida, en general, la pasiva). En Europa, es legal sólo en los países del Benelux, es decir, Bélgica, Holanda y Luxemburgo (precisamente en Bélgica está estos días de actualidad el poder aplicarla a las personas menores de edad). En el resto del mundo, en algunos estados de EE UU y en Australia.

Este inconcluso y siempre complejo debate se superpone estos días a un tema que creíamos plenamente regulado y zanjado, el del aborto. En relación con este último, es claro que los sectores más retrógrados del PP, asumiendo las posiciones más recalcitrantes de la jerarquía católica, han empujado al Gobierno a la innecesaria reforma de una ley. Innecesaria en la medida en que sobre este tema el consenso social era la nota dominante, desde que se regulara este derecho en la Ley Orgánica 9/1985, con ampliación y mejora en la Ley Orgánica 2/2010. No había necesidad, pues, de este berenjenal en que se ha metido el PP (es notorio que muchos/as de sus militantes, diputados y cargos públicos dicen en privado lo que no se atreven a exponer abiertamente).

Ambos debates, en esta España en la que el peso de la Iglesia católica es un lastre que arrastramos desde la primera Carta Magna de 1812, ponen también de actualidad la necesidad de que, de una vez por todas, el Estado, cuyo artículo 13 de la Constitución lo define como aconfesional, asuma que existe una clara diferencia entre ética pública y moral privada.

Bajo la noción de ética pública se incluyen un conjunto de valores de un régimen democrático, cuyo contenido mínimo puede identificarse con los principios que emanan de nuestro ordenamiento constitucional, en sus artículos 1.1. (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político), 10.1 («la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás?»), así como en el capítulo de derechos fundamentales y libertades públicas del Título I.

Por el contrario, la moralidad privada expresa la concepción de la vida que cada cual alberga y la idea de la felicidad en cuanto aspiración última de cada cual. La moral privada, al contrario que la ética pública, consiste en una ética de máximos. Los valores de la moral privada que cada persona propugna o ejerce, pues, pueden ser aconsejados, pero nunca impuestos, pues ello lesionaría el derecho a la libertad personal, a la autodeterminación moral de cada individuo. Por ello, cuando el legislador se entromete en ámbitos que atañen a las normas morales de cada cual, el Estado comienza a deslizarse por ámbitos propios de países con graves carencias democráticas.

En nuestro país, pues, en los debates de la eutanasia y del aborto es claro percibir una indeseable intromisión del Estado, cuando su papel debiera reducirse a una legislación garantista que, como tal, en ningún caso puede constituirse en cortapisa para el ejercicio de derechos básicos. Y el de disponer de nuestro propio cuerpo es uno de ellos. Porque nuestros cuerpos nos pertenecen.

CAYO LARA: “Es hora de dar el paso de la democracia representativa a la participativa”

El coordinador general de Izquierda Unida, que intervino en un mitin en Lorca, afirmó además que “este Gobierno está preso de su propia trama de corrupción”

Diego Jiménez/Murcia.- El salón de actos del Centro Cultural de Lorca se quedó pequeño ante la expectación que despertó la charla que el coordinador general de IU, Cayo Lara, impartió en la tarde del pasado día 4 en esa localidad, en acto organizado por IU-Los Verdes.

La presentación corrió a cargo del concejal  de esa formación política en Lorca, José García Murcia, quien empezó afirmando que, ante la gravedad de la situación, debe producirse una “nítida respuesta popular”. García Murcia expuso un breve balance de la acción municipal de su formación política, al tiempo que reclamó la necesidad de un proyecto que “ilusione” a la ciudad de Lorca, con un programa que ha de basarse en tres pilares: participación ciudadana, avance cultural y educativo y desarrollo económico armónico y social.

Tras denunciar que la deuda de la corporación lorquina asciende a 65 millones de euros y que el pago anual de la misma se eleva a 12 millones, lo que supone una evidente mengua en la prestación de servicios públicos, García Murcia pasó a presentar a José A. Pujante y Cayo Lara.

José Antonio Pujante: “O sois vosotros los protagonistas del cambio, o no habrá cambio”

El coordinador y diputado regional de IU-Verdes de la Región de Murcia comenzó criticando el galardón concedido al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, por parte del Foro Nueva Murcia y calificó de “nefasta” su gestión, con hechos denunciables tales como una devaluación salarial en la Región de un 10%, el incremento de la pobreza y desigualdad, y el aumento en un 12% del número de suicidios en 2012, según datos del INE. “En la Región de Murcia se ha producido una estafa a la ciudadanía”, enfatizó, en un contexto de corrupción urbanística, fraude a la Hacienda Pública y la puesta en marcha de obras innecesarias (aeropuerto, autopista Cartagena-Vera…) auspiciadas por la presión de las empresas constructoras hacia el Gobierno regional. Tras citar cómo este modelo corrupto llevó, entre otras cosas, a la quiebra de la CAM, Pujante no dudó en achacar la cuota de responsabilidad que le cabe a la ciudadanía, pues “dio su voto al PP”. Por ello, dijo, “hemos de actuar, movilizándonos para consolidar la alternativa”.

En otro orden de cosas, exigió referendos revocatorios para trasladar el protagonismo político al pueblo. Afirmó que “es posible el cambio”, pues “hay que plantar cara a los ladrones y corruptos que medran en esta Región”, para lo que apeló al protagonismo ciudadano: “O sois vosotros los protagonistas del cambio, o éste no se producirá”, dijo. Y citando a Allende, concluyó: “La calle es vuestra”.

Cayo Lara: “Es hora de dar el paso de la democracia representativa a la participativa”

El coordinador general de Izquierda Unida y diputado en el Parlamento por esta formación política, al ver que  había personas mayores de pie, ocupando el fondo y los pasillos del salón de actos, tuvo el detalle de, antes de comenzar su alocución, pedir a los muchos y muchas jóvenes que se encontraban en el local que cedieran sus asientos a quienes, como él, notaban ya el paso de los años: “No sabéis –dijo- lo que cuesta estar de pie cuando se consumen años”.

Incumplimiento de las promesas hechas a Lorca

Tras denunciar el incumplimiento de las promesas hechas a la ciudad de Lorca, después de  los terremotos del 11 de mayo de 2011, expuso, de entrada, que es hora de dar el paso de la democracia representativa a la participativa.

La corrupción, una hipoteca

Centró gran parte de su intervención en la situación sociopolítica actual, poniendo especialmente el acento en cómo la consolidación de lo que llamó “capitalismo popular” trajo la corrupción a nuestro país, con cierta complicidad social. “Obviamos la corrupción, algo que hay que desterrar de la vida pública, porque hipoteca el futuro de nuestros hijos”. “El pueblo tiene el derecho a saber lo que ha pasado, porque está pagando los ‘agujeros’ de bancos y cajas”, por lo que afirmó que hay que crear en el Parlamento una comisión de investigación. Tras constatar que el 95% de la población es consciente de que vivimos en un país de corruptos, Cayo Lara hizo un repaso de algunos asuntos de plena actualidad. Así, la acusación de prevaricación que pesa sobre el juez Silva (el que mandó a la cárcel a Blesa), la trama Gürtel, con 187 imputados (entre ellos 74 cargos del PP), proceso que se alarga ya cinco años, el caso Pokemon, y la acusación sobre Álvarez Cascos. Ante la evidencia de tantos casos, Cayo Lara afirmó que “el Gobierno es prisionero de su propia trama de corrupción” y que se dispone a taparla.

Grave situación social

Pasó a continuación a exponer las preocupantes cifras del paro, afirmando que miente el Gobierno cuando habla de una recuperación del mismo, pues en la aparente disminución del desempleo no se contabiliza la gran cantidad de jóvenes que están emigrando al exterior. En estos momentos, dijo, “185.000 personas han dejado de cotizar a la Seguridad Social”, y "hay 113.ooo personas más en el paro con respecto al mes anterior". Denunció la precariedad del  empleo existente así como los despidos crecientes (Coca Cola).

Recortes en el sector público y desahucios

En su exposición arremetió también contra los recortes en el empleo público, con una tasa de reposición de sólo el 10%, y denunció la confluencia de intereses entre empresarios y Gobierno para destruir empleo. A continuación habló de los crecientes desahucios, a los que calificó de “crimen social”, al tiempo que se evidencia un aumento de la desigualdad social, lo que demuestra el dato de que sólo 20 familias españolas tienen la riqueza del 20% de la población.

Las contrarreformas del PP

Tras advertir, además, que, en lo relativo al paro juvenil, hemos superado ya a Grecia, Cayo Lara citó las seis reformas del PP, que han supuesto una auténtica contrarreforma política y social: la laboral, la financiera, la amnistía fiscal, la del sector eléctrico, la educativa y la de la administración local. Reformas todas pensadas para el trasvase de rentas y prebendas hacia los ricos. Citó a continuación cómo la gente empieza a estar harta de esta situación y se moviliza (Gamonal, las Mareas…) a lo que responde el PP con la criminalización de las protestas y la represión (Ley “mordaza”, Ley de Seguridad Privada…), una auténtica involución que se concreta también en la reforma de la ley del aborto.

Auditoría de la Deuda

Expuso la gravedad de la situación de la Deuda Pública del Estado (un billón de euros), advirtiendo que la Deuda privada (en manos de familias, empresas y bancos) duplica esa cifra. Denunció que el BCE europeo, que podría haber suscrito bonos de los Estados, no lo hizo, pero sí se apresuró a prestar a la banca privada al 1% para que ésta, a su vez, comprara bonos del Estado cobrando intereses mucho más altos. Por ello, propugnó la necesidad de una auditoría de la Deuda, para establecer qué porcentaje de la misma es “ilegítima” y que no habría que pagar. En este estado de cosas, responsabilizó al PP y PSOE, que se apresuraron a reformar el artículo 135 de la Constitución para dar prioridad al pago de la Deuda sobre otros gastos sociales. Y es que, afirmó, “hoy la socialdemocracia ha abrazado el neoliberalismo”.

Estado Federal

En relación con el contencioso con Cataluña, afirmó que “mi patria es la de los trabajadores; las banderas nunca trajeron pan”, razón por la que IU defiende un Estado Federal Solidario.

Mayor intervencionismo estatal

Afirmó que hay recursos del Estado para estar mejor, a menos que se atajara el fraude fiscal, que asciende a 90.000 millones de euros. “El problema –dijo- es que hay un 80% de inspectores de Hacienda para fiscalizar a la pequeña y mediana empresa”. Defendió, por tanto, la necesidad de una reforma fiscal con criterios de progresividad.

Cayo Lara cree en la necesidad de un fuerte sector público, con el Estado interviniendo en sectores estratégicos de la economía, como el de la energía. A ese respecto, reivindica una potente Banca pública que pueda dinamizar la economía.

Defendió la validez de la Constitución de 1978 que, pese a sus carencias, es suficientemente “garantista”, lo que ocurre es que se viola e incumple constantemente.

La honestidad por bandera

Cayo Lara, que afirmó que lleva 25 años participando en política guiado por una actitud de servicio, reivindicó el componente ético en la dedicación a lo público, pues hay que exhibir “la honestidad por bandera”.  Y el cambio ha de llegar contando con los sectores populares organizados. “De nada sirve –afirmó- tener el poder político si no existe un contrapoder popular que haga frente a los fuertes intereses económicos dominantes”. A este respecto formuló una pregunta al auditorio: “¿Os imagináis qué pasaría si a un Gobierno de izquierdas se le ocurriera nacionalizar el Banco de Santander?”

Elecciones europeas

Por último, reclamó un esfuerzo por llevar el máximo número de personas de izquierda al Parlamento europeo, pues aunque éste tenga pocas atribuciones (las grandes líneas de la política europea la marcan El Consejo y la Comisión Europea), hay que intentar cambiar esta Europa de los mercaderes, no democrática, en donde prima el capitalismo financiero, por una Europa de los ciudadanos.

AVE y ferrocarril convencional

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/02/04/ave-ferrocarril-convencional/532940.html

El pasado día 30 de enero el pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó sendas mociones de los grupos municipales de oposición y del PP en el Gobierno en las que se pedía, respectivamente, apoyo vecinal para el soterramiento del ferrocarril en la capital e instar a Fomento a que renuncie a  la llegada del AVE en superficie. Pero no hay que echar las campanas al vuelo. Vayamos por partes.

De entrada, recordemos que, pese a la aparente sintonía del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, con las reivindicaciones vecinales, éste se apresuró a mostrar su satisfacción por el resultado de la entrevista del pasado martes en Madrid con el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, quien, con ánimo de echar ‘balones fuera’ y dilatar el proceso, transmitía a nuestro primer edil la conveniencia de iniciar, por parte de Fomento, los estudios previos para determinar el impacto medioambiental y la viabilidad de las obras del soterramiento (cosa que ya se contemplaba, por cierto, en el convenio a tres bandas suscrito por el Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Fomento en junio de 2006). ¿Cómo se explica, pues, ese súbito cambio de postura del alcalde tras la tibieza mostrada a su regreso de Madrid? (Incluso se ha anunciado la adhesión institucional del Ayuntamiento de Murcia a la manifestación convocada para el próximo día 15 de febrero). Tengo para mí que más que una súbita ‘conversión’ de Cámara,  lo que se ha producido, como en otras recientes luchas vecinales perseverantes y contundentes, es el triunfo – momentáneo- de la razón sobre la cerrazón y el hermetismo.

Pero hay otras cosas que conviene no obviar. No hay que olvidar que antes de este apoyo municipal a esas largas y reiteradas reivindicaciones de la Plataforma Pro-Soterramiento, que lleva en esta lucha más de 24 años, se produjeron actuaciones represivas por parte de la autoridad gubernativa hacia los vecinos y vecinas concentrados en las vías, junto al barrio de El Progreso -el día del Bando de la Huerta del pasado año-, que bordeaban claramente los límites de lo permisible en un Estado de Derecho. ¿De quién procedían las órdenes? Sorprende, por lo demás, el silencio del presidente de la Comunidad Autónoma a lo largo de este proceso, pese al apoyo del PP al soterramiento en la Asamblea Regional. Podría pensarse que la inminente dimisión voluntaria de Ramón L. Valcárcel para buscar nuevos aires en Estrasburgo y Bruselas le llevarían a no comprometer su más que segura posición de privilegio en las listas electorales para el Parlamento Europeo. Pero es que, además, creo que ese mismo ambiente preelectoral en el que estamos inmersos puede estar detrás de esa extraña sintonía del primer edil de Murcia con los planteamientos vecinales. Procede, pues, tomarse el reciente acuerdo municipal con toda la cautela precisa. Aún no hay nada en concreto. Y la capacidad de presión del Ayuntamiento capitalino hacia Fomento está por ver. Máxime cuando el grupo parlamentario del PP se ha venido desdiciendo de lo que ese grupo político venía apoyando hasta ahora en Murcia. Creo más en la perseverancia y contundencia de la lucha vecinal que en coyunturales apoyos institucionales. De todas formas, bienvenido sea este nuevo escenario político en la Región.  

Pero no acaba aquí la batalla. Si se consigue el anhelado soterramiento del tren desde Los Dolores a Nonduermas, creo que los vecinos de Alcantarilla tienen sobrados motivos para exigir la misma actuación en su municipio. Como también creo que, al margen del AVE, que lleva demasiado tiempo ‘planeando’ sobre nuestras tierras, hay que seguir reivindicando para nuestra Región lo que ya exponía en un artículo que publiqué en La Opinión en octubre de 1999, titulado ‘El AVE, ¿la panacea?’. “A pesar de ser un tren –decía Juan C. Rodríguez, en la revista El Ecologista- el AVE, por sus altas velocidades, requiere un consumo energético por pasajero próximo al del avión […]. Sin embargo, la tendencia en todo el mundo, y en particular en nuestro país, es la de favorecer los medios de transporte más ineficientes y de mayor impacto medioambiental (automóvil, avión y tren de alta velocidad), en detrimento de los demás” […] “Ese tren exige unas infraestructuras que producen un efecto barrera innegable sobre zonas pobladas y de cultivos, amén del impacto medioambiental sobre flora y fauna. Además, el radio de curva exigido, de unos 7 km., contribuye asimismo a la complejidad del trazado”. En mi artículo, apostaba, pues, por la apertura de la conexión ferroviaria con Andalucía, que nunca debió perderse (como tampoco el ferrocarril de Caravaca), la potenciación del ferrocarril convencional con el desdoblamiento y electrificación de las líneas con Chinchilla, Lorca, Alicante y Cartagena, y el transporte de mercancías por ferrocarril, detrayéndolas de la carretera.

Y es que creo que la llegada del AVE no debe hacernos perder la perspectiva de la defensa del ferrocarril convencional.