En un país de súbito culto a
la enseña patria, el mismo que se rinde entusiasmado a una letrilla zafia para
nutrir un himno nacional hasta ahora sin estrofas; en un país que eleva a
manifestación cultural el maltrato animal y que, por el contrario, calla ante
el recorte de libertades y siente aversión por la Cultura con mayúscula; en un
país connivente con la corrupción y tolerante con las lacerantes diferencias
sociales pero que desprecia al diferente…, la honestidad, la perseverancia, la
lucha por la justicia no son precisamente valores en alza.
El pasado martes, LA OPINIÓN
publicaba un artículo de una persona honesta, perseverante y justa, Joaquín Contreras. En un país normal,
en una región normal, su referencia a que, como portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento,
había sido distinguido en la final del certamen Hay Derecho, en reconocimiento a su impecable trayectoria de lucha
por la no segregación de los barrios del sur de Murcia del resto de la ciudad,
habría merecido titulares de prensa previos a la publicación de su artículo.
Pero no fue así. La honestidad y la coherencia no se valoran en un país que -como
en la novela cervantina El patio de
Monipodio- eleva a categoría casi
mítica la picaresca. Tengo para mí que, de no haber sido referenciada por la
propia persona distinguida, dicha distinción habría pasado desapercibida. Sin
embargo, ese reconocimiento a Joaquín Contreras, aun silenciado mediáticamente,
tiene una alta carga simbólica. Es la constatación palmaria de que, en este
desierto surestino –geográfico y de ideas-, aún hay instituciones y fundaciones
que reconocen y premian la lucha por la justicia. Contreras es el portavoz de
muchas y muchas voces que se niegan a plegarse ante la injusticia, hartas de
tantas y tantas promesas incumplidas. Hartas, por qué no decirlo sin
eufemismos, de tantos engaños y ninguneos. Por parte de unos y de otros.
No de otra forma hay que
calificar el desprecio por el gobierno municipal del PP de la moción aprobada
por el pleno del Ayuntamiento de Murcia en que se instaba al cumplimiento del
Acuerdo a tres bandas suscrito en 2006 por la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y el
Ministerio de Fomento para la llegada del AVE soterrado a la estación de El
Carmen. Sabemos que las mociones se aprueban para incumplirlas. Y en eso el
alcalde de Murcia es maestro. Lo que no es de recibo es la ‘comprensión’ que,
ante las obras de la pasarela peatonal en Santiago el Mayor, ha expresado el
nuevo secretario general del PSRM-PSOE. Desdiciéndose de la aparente ‘firmeza’
del grupo municipal socialista en dicho pleno, dio por buena la instalación de
esa pasarela provisional pues, en su opinión, “garantiza la permeabilidad entre
los barrios mientras se acomete el soterramiento y llega el AVE en superficie”,
según nos recordaba Rosa Roda en su
artículo de LA OPINIÓN del pasado martes.
Ante tantos incumplimientos y
engaños, la ‘guerra de las vías’, como alguien ha calificado la larga lucha vecinal
que ha superado los 150 días de protestas y está siendo un referente en todo el
país, tiene de violenta lo que las calenturientas mentes de algunos, instalados
en la mentira permanente, quieran otorgarle. Porque, cuando la razón y la
justicia exhibida por el vecindario molestan, es fácil caer en la criminalización
fácil y falsa y en las graves acusaciones que se han ido vertiendo contra unas
vecinas y vecinas que luchan por algo de lo que carecen sus acusadores: la
dignidad frente a los indignos.
Indigno ese diputado que se
aprestó a amenazar a los vecinos, diciendo “que se preparen, que aquí ha
llegado el nuevo delegado del Gobierno”. Indigno quien no sólo criminaliza las
protestas verbalmente, acusando a Pro Soterramiento de ejercer la violencia en
las mismas, sino que con despliegues policiales desorbitados y acciones
punitivas en forma de detenciones y multas trata de desactivarlas. Indignos
quienes acusan de terrorismo a unas vecinas y vecinos pacíficos. Indigno ese
asesor del Gobierno regional que, por ello, solicitó para éstos (¡qué
barbaridad!) la aplicación de la Ley antiterrorista.
En esta Región, si quienes nos
gobiernan orientaran sus actuaciones hacia el bien común, y no al personal o de
su partido, no caerían en saco roto reivindicaciones tan razonables como la
adecuación de las infraestructuras ferroviarias a las auténticas necesidades de
la ciudadanía del siglo XXI. Dispondríamos de unos buenos trenes de cercanías;
se habría potenciado el eje Chinchilla-Cartagena, con vía desdoblada y
electrificada; los trenes de mercancías y los del futuro Corredor mediterráneo no
atravesarían los cascos urbanos de Alcantarilla y Murcia, y el AVE, ese tren realmente
elitista e innecesario, llegaría a una estación moderna e intermodal, que
debería haber sido diseñada para la zona norte de la ciudad. No ha sido así.
Como alternativa, la opción de Beniel era lo razonable. Pero ello implica
admitir que quienes gobiernan están guiados por la razón. Dudoso cuando, según
decía arriba, sus comportamientos se orientan más hacia el enfrentamiento con
sus gobernados y hacia la criminalización de sus conductas.
Las imágenes de la represión
de la protesta vecinal de las vías responden, pues, en última instancia a
quienes entienden que el ejercicio del poder consiste en un ‘dispongo, ordeno y
mando…y atizo’. Y esta última palabra en su genuina –me imagino que saben cuál-
acepción.
Diego
Jiménez @didacMur
