Andrea Bocelli - Adeste Fideles

Atraco a las pensiones

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/12/19/atraco-pensiones/883892.html

Hace unos días conmemorábamos el 39 aniversario de la Constitución de 1978, texto que en muchos de sus preceptos es hoy letra muerta. Como en el tema de las pensiones. Nuestra Carta Magna, en sus artículos 41 y 50, garantiza, respectivamente, el mantenimiento por el Estado del sistema de la Seguridad Social y el régimen de pensiones. En relación a éstas, para entender el debate abierto respecto de su viabilidad futura, lo primero que hay que aclarar es que el Pacto de Toledo estableció que las pensiones contributivas serían sostenidas mediante las cotizaciones sociales. Es claro colegir que, en ese caso, llegado un momento de crisis, la financiación de estas últimas se resentiría. Pese a ello, las agoreras previsiones que hablan de lo insostenible del modelo actual no tienen fundamento. Veamos.

El gasto en pensiones en 2017 fue un 3% más que en 2016, pero, según Eurostat, en relación al PIB en España, que fue de un 11,4% en 2012, había bajado al 10,4% en 2016, por debajo de trece países de la UE15. Sin embargo, no es menos cierto que la financiación del sistema se enfrenta a graves problemas difíciles de afrontar sin una reforma profunda, sobre todo de los ingresos.  Según Expansión, el gasto en pensiones ha ido incrementándose exponencialmente desde los 98.011 millones de euros en 2008, hasta los 135.448 millones en 2016. Pero también hay que decir que las reformas laborales del PSOE, en 2011, y del PP, en 2013, han ido mermando, en periodo de crisis, la recaudación del Estado, pues el empleo precario y los bajos salarios han hecho descender el montante de las cotizaciones. Por ello, para pagar las prestaciones de las y los pensionistas el Gobierno ha recurrido al Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones). Además, cuando nadie compraba deuda española, esa hucha de esas pensiones supuestamente insostenibles acudió en auxilio del Estado. En seis años de mandato el Gobierno de Rajoy la ha vaciado prácticamente: después de las últimas extracciones apenas quedan 8.000 millones de los 66.000 millones iniciales; el dinero necesario para una sola paga extra más. Después, habrá que recurrir a pagar pensiones con la emisión de deuda pública. 

El Gobierno responsable de tal situación, para meter aún más miedo, nos repite una y otra vez que el modelo actual es insostenible. Lo que es una mentira evidente: la cuantía media de las pensiones, que en 2013 era de 1.041 euros, hoy es de 1.062. Además, hay otros hechos objetivos que los detractores del sistema público no tienen en cuenta. Así, cuando se relaciona el problema de las pensiones con la baja natalidad se omite que España no tiene un problema de jóvenes dispuestos a trabajar y sostener el sistema; el problema es que tienen que emigrar fuera de nuestras fronteras. Además, a la altura de 2050, el baby boom de los años 70 y 80 será ya historia pasada, y se notarán los efectos de la actual transición demográfica, de baja natalidad, que conducirá a menos personas perceptoras de pensiones. Tampoco se tiene en cuenta el previsible incremento de la productividad.

En ese contexto, el atraco directo a las pensiones del futuro tiene también que ver con algo que se fijó en la reforma de éstas en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre 2013: el llamado factor de sostenibilidad. Dado que, como es sabido, la esperanza de vida tiende a aumentar, a partir de 2019 los derechos cotizados durante la etapa activa de los jubilados deberán repartirse durante un número mayor de años.  Según algunos expertos, será necesario esperar a la evolución definitiva de la esperanza de vida en 2019, pero se estima que en el primer año de aplicación, esta variable supondría un descuento en la pensión del 0,47%. Eso significa que un pensionista que se jubilara en 2018 y cobrara una pensión de 1.000 euros pasaría a cobrar 995,3 euros si lo hiciera en 2019. 

Está claro que el Sistema Público de Pensiones español necesita de una reforma que lo mejore a nivel de sostenibilidad presente y futura, para garantizar el derecho de todas y todos a unas prestaciones dignas, en el contexto actual de un sistema de reparto. Pero fuertes intereses privados presionan en sentido contrario, desacreditando ese sistema y pretendiendo garantizar sus cuotas de negocio con los planes privados de pensiones, tratando de convencernos de la bondad de un sistema mixto o de capitalización que, por lo que sabemos, no ha funcionado en los países en que se ha implantado. 

Ante esto nos podemos legítimamente plantear las siguientes cuestiones: 1. ¿Por qué no se aborda el tema de la recaudación mediante una política fiscal más redistributiva?. 2. ¿Por qué no se lucha contra el fraude y la evasión fiscal? 3. ¿Por qué no se eliminan los privilegios de los impuestos al Patrimonio? Porque, si el Estado ha usado la hucha de las pensiones para financiar otras actividades, ¿no es justo pedirle al Estado que financie ahora, vía impositiva, el déficit de la Seguridad Social?

El pasado miércoles tuvieron lugar en toda España concentraciones por la defensa del sistema público de pensiones y del gasto social (también en Murcia, ante San Esteban). Estoy totalmente de acuerdo con la tabla reivindicativa que se defendió en las mismas, a saber:

1.  Mantenimiento del actual sistema de reparto, con la inclusión de las pensiones en los PGE para hacer frente a los posibles déficits del sistema. Pensión mínima de 1.080 euros. 2. Revalorización automática con relación al IPC real.

3. Derogación del factor de sostenibilidad.

4. Recuperación económica de lo perdido por los pensionistas desde 2011.

 5. Jubilación a los 65 años, y sin penalización a los 40 años cotizados, recuperando el subsidio a los mayores de 52 años y la eliminación de la penalización que sufre la mujer en las pensiones, que alcanza el 37%, muy superior al 24% de la diferencia salarial entre hombres y mujeres. 

Diego Jiménez @didacMur

Piden que se retire la inscripción falangista de la catedral de Murcia

Una delegación de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia se entrevistó el pasado jueves, día 14, con el Deán de la catedral

Diego Jiménez (Murcia.- La catedral de Murcia exhibe en una de sus fachadas, la que da a la Plaza de la Cruz, una inscripción con la leyenda “José Antonio Primo de Rivera. Presente”, leyenda que fue impresa en la piedra en los años inmediatamente posteriores al final de la Guerra Civil y que contraviene el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.

Por ello, el pasado jueves, una delegación de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia-Tenemos Memoria (MHMU) visitó al Deán de la catedral, Juan Tudela, para pedirle que tanto el Cabildo catedralicio como el obispado den cumplimiento a la citada Ley y procedan al borrado de esa inscripción. El Deán se comprometió a llevar esta petición a la consideración del Cabildo.

El encuentro se produjo tras el envío por la Federación regional de Asociaciones de la Memoria Histórica y por MHMU de sendos escritos dirigidos al obispo de la diócesis, respectivamente, en fechas 4 de mayo y 6 de noviembre de este año, en los que se le planteaba dicha petición. 

MHMU espera que, al igual que ha ocurrido en otros municipios, como Letur, que  ha eliminado de su iglesia recientemente esa inscripción falgangista, y Cuenca, donde un auto judicial obliga al Cabildo catedralicio a retirar una inscripción similar, en Murcia tanto el Obispado como el Cabildo de  la catedral asuman la necesidad de retirar la simbología fascista de un lugar que, además de estar destinado al culto, es un elemento arquitectónico de indudable atractivo turístico, que no debe seguir estando contaminado con tal simbología.

El Proyecto La Bastida debe continuar

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/12/05/proyecto-bastida-debe-continuar/880563.html

El Proyecto La Bastida debe continuar

Réplica reciente de una Casa Argárica

Hace unos días, en compañía de un numeroso grupo de personas, giré mi segunda visita a La Bastida de Totana. Este poblado albergó en su día hasta un total de mil habitantes y fue la capital de El Argar, civilización que hace cuatro mil años ocupó el sureste de la Península y a la que muchos consideran uno de los primeros Estados de la Europa Occidental.

La Bastida, asimilable por su estructura de doble muralla de torres cuadrangulares macizas y de difícil acceso a la ciudad de Troya II, se ubica en un promontorio cercano a la rambla de Lébor. Las excavaciones practicadas han permitido determinar tres fases de ocupación de esa ciudad, desde el 2200 antes de nuestra Era (ane) hasta aproximadamente 1550 ane, fecha en la que, no se sabe por qué motivos, fue abandonada. En el mismo municipio se trabaja también en la Tira del Lienzo y el mismo equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que está a cargo de las excavaciones (coordinado por Vicente Lull, Rafael Micó, Cristina Rihuete y Roberto Risch) lleva a cabo asimismo otros trabajos de investigación en La Almoloya, en el municipio de Pliego, otro de los poblados de referencia de la civilización argárica, con fondos donados por CEFUSA. 

El Proyecto La Bastida, que inició su andadura en 2009 y llega hasta el 2013, supone una continuación de las excavaciones que arrancan desde 1869, con Rogelio de Inchaurrandieta, y que siguieron con otros muchos. Todo empezó cuando en 2007 Vicente Lull, catedrático de la UAB, vino a Totana y eligió este enclave argárico abandonado y saqueado –aunque desde 2005 tenía catalogación de BIC- y, descartando volcar sus esfuerzos en el núcleo original de Antas (Almería), se decantó por La Bastida. A los seis meses de su llegada ya arrancó un compromiso de colaboración de Pedro Alberto Cruz, consejero de de Cultura, con José Miguel Velasco Celdrán como director general de Bienes Culturales. Ese primer convenio 2009-2013 contó con algo más de tres millones de euros, de los que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) aportó 1,2 millones y 300.000 euros para el Ayuntamiento de Totana -para labores de mantenimiento de las instalaciones, vigilancia y el pago de luz y agua- y la UAB, el resto. 

Pero fuentes de este equipo de investigadores me confirman que, a partir de 2013-2014, la aportación de la CARM es nula, si se exceptúa una de 60.000 euros al Ayuntamiento de Totana en octubre de este año para, en una actuación de urgencia, consolidar la línea 2 de la muralla del poblado. En estos momentos, pues, sólo la UAB corre con los gastos del proyecto. La inhibición de la CARM ha hecho que el equipo de arqueólogos de La Bastida se haya visto obligado a buscar recursos en el exterior (Fundación Volkswagen) e incluso en la Consejería de Agricultura (Fondos europeos LEADER gestionados a nivel local por ‘Integral-Sociedad para el Desarrollo Rural’, de Bullas). Además, lamentan que, tras la firma de firma de un Convenio UAB-Ayuntamiento de Totana de marzo de este año, dotado con 31.000 euros, para la construcción de una réplica de Casa Argárica, desde finales del pasado año no se ha renovado, sin embargo, el ‘Convenio de buenas intenciones’ con ese Ayuntamiento, aunque esperan que se llegue a un entendimiento. 

El equipo de arqueólogos, que ha venido manifestando que así no podía continuar, confía en que el Gobierno regional recapacite y financie de nuevo parte de los trabajos. Entre los cuales, siempre se ha tenido presente la idea de la musealización. El primer paso para ello fue la consolidación de las estructuras alrededor de la balsa existente en el poblado. Además,  la UAB, por su cuenta y riesgo y a través de la Asociación de Amigos de la Bastida (ASBA), comenzó una labor de difusión, con visitas guiadas, conferencias, clases en los colegios… en un contexto de lo que denominaron “museo vivo”, con la idea de poner en valor el yacimiento, pues, afirman, “una difusión de calidad sólo puede estar basada en una investigación de calidad […] De lo contrario, el patrimonio se convierte, en el mejor de los casos, en un fetiche”. Por eso, muestran su malestar por la adjudicación por concurso del régimen de visitas al yacimiento a una empresa privada, pues aducen que ASBA no pudo superar el cánon exigido por el consistorio totanero pese a que –según dicen- superaba técnica y curricularmente a la empresa adjudicataria.

Esas mismas fuentes del equipo investigador me confirman que, lejos de las afirmaciones que se han venido haciendo de que financiar a la UAB sea ilegal, “la figura del convenio de cooperación entre entidades públicas es clave; permite aunar y optimizar esfuerzos para para la consecución de un objetivo común. Lo recoge la Ley. Además, la UAB siempre ha aportado tanto o más que lo que ha recibido de la otra parte”.

En el fondo, temen que se esté parcelando el proyecto y se esté entrando en un proceso de mercantilización, pues según me confiesan, “cuando el patrimonio se gestiona con mentalidad empresarial, la prioridad de su gestión pasa a ser el beneficio privado. Cuando el bien cultural deja de ser rentable, la empresa lo abandona”. Pese a ello, afirman que la voluntad de permanencia del equipo investigador del Proyecto La Bastida es total, aunque “todo dependerá del buen entendimiento institucional y de recuperar el marco de cofinanciación que se dio en los primeros años del proyecto”. 

Concluyo haciendo mía una afirmación de uno de los miembros del equipo: “No se apuesta por el patrimonio ni por la investigación en general”. Lo que resulta evidente. La Cultura es la gran olvidada del Gobierno regional. Esperemos que un cambio de ciclo político revierta esta situación. El Proyecto La Bastida, con un deseable buen entendimiento entre todas las partes, debe continuar.

Diego Jiménez @didacMur