El diputado popular Andrés Ayala, portavoz de la Comisión de Fomento, pospone ‘sine die’ la llegada del AVE a Murcia y el soterramiento de las vías del ferrocarril

Dichas declaraciones las hizo en la reunión que mantuvo en el Congreso con vecinos y vecinas de la Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia, quienes también se reunieron con representantes del PSOE e IU.

A la salida, los vecinos fueron 'escoltados' por la policía hasta el autobús.

Diego Jiménez/Murcia.- Acompañamos el pasado martes, día 16, a un entusiasta grupo de vecinos y vecinas de los barrios del sur de Murcia al desplazamiento al Congreso de los Diputados.  A bordo del autobús, cuyas 56 plazas fletadas por la Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia iban completas, se respiraba un ambiente de solidaridad y alegría.  Viajaban vecinos y vecinas de los barrios del sur de Murcia y algunas personas ajenas a esos núcleo urbanos, pero solidarias con las reivindicaciones que viene manteniendo esta Plataforma durante estos últimos años, tendentes a que las vías del ferrocarril, a su paso por Murcia, no sean un obstáculo para el desarrollo de esos barrios y la ciudad en su conjunto. También, para que la llegada del AVE a Murcia se produzca en una remodelada y soterrada estación de El Carmen.  

En el autobús viajaban también  algunos miembros de los grupos políticos del ayuntamiento de Murcia, que habían hecho posible el acuerdo por unanimidad de la Corporación Municipal de 29 de octubre pasado: Esther Herguedas, concejala de IU-Los Verdes,  acompañada por Sergio  Ramos, responsable de Vivienda de esa formación política,  y Diego Jiménez. Por el PSOE,  Pedro López, José Zapata, Susana Hernández, Mar Rosa Martínez, y el diputado regional Alfonso Navarro.

Llegada al Congreso e inicio de las reuniones

A las 15:30 horas se produjo, previa rigurosa acreditación,  el acceso a las dependencias del Congreso. Esperaba el primer contacto con el grupo socialista. En la mesa, acompañando a la representación vecinal, con Joaquín Contreras como portavoz,  se dieron cita María González y  Pedro Saura, diputados por Murcia, Rafael Simancas, diputado por Madrid y Portavoz de la Comisión de Fomento,  Pedro López  y Alfonso Navarro, quienes se reafirmaron en su disponibilidad hacia las reivindicaciones ciudadanas de soterrar el trayecto urbano del tendido ferroviario, destacando –en identificación con la tesis de la Plataforma- que el Convenio de 2006 no debe entenderse como un compromiso del gobierno de aquella época, sino como un compromiso del Estado.

Reunión con IU

Con cierto retraso sobre el horario previsto, se produjo el contacto vecinal con la representación parlamentaria de IU, en concreto con Ascensión de las Heras Ladera, Portavoz en la Comisión de Fomento y Gaspar Llamazares Trigo, portavoz adjunto en dicha Comisión, a quienes acompañaban en la mesa Esther Herguedas, Sergio Ramos y representantes vecinales.

Llamazares se comprometió a trasladar al Gobierno preguntas orales sobre la situación en que se encuentra el tema. Afirmó que la prevista estación provisional en Los Dolores, para la llegada del AVE, no es la solución, pues lo provisional se convierte casi siempre en definitivo, como en el caso de la estación de León.  Advirtió, además, a los vecinos que Gijón viene esperando, al igual que Murcia, las obras del soterramiento del ferrocarril, sin resultado hasta la fecha, aunque se construyó en su día un túnel, que ahora está vacío, sin catenarias ni raíles.

Esther Herguedas recordó que ya se dio en su día una modificación parcial de la zona prevista para el soterramiento de las vías y la nueva estación de El Carmen,  y afirmó que aún se desconoce la ubicación precisa de la estación ‘provisional’ de Los Dolores.

Tomó la palabra, a continuación, Ascensión de las Heras, quien recordó que  el PEIT (el Plan de Infraestructuras de Transporte),  de la anterior etapa socialista, contemplaba la construcción de infraestructuras varias, con plusvalías generadas a partir de los soterramientos del ferrocarril. Sin embargo, el nuevo PITVI (Plan de infraestructuras de Transporte y Vivienda) del PP supone un parón en esas inversiones. Se comprometió a presentar en el Congreso una proposición no de ley que recoja el cumplimiento del Convenio de 2006.

Tras estas exposiciones de los diputados se produjeron intervenciones espontáneas de los asistentes, que reflejaban la inquietud que se respira en los barrios de Murcia, representados por vecinos y algunos comerciantes que, ese día, querían dejar patentes sus reivindicaciones al tiempo que su malestar.

Los parlamentarios de UPyD no comparecieron

El diputado Carlos Martínez Gorriarán, miembro de la Comisión de Fomento por UPyD, no llegó a entrevistarse con los vecinos porque, al parecer,  tenía que actuar en el Congreso en esas mismas horas. En su ausencia, Javier Sánchez, secretario de su oficina en el Congreso, compareció ante los vecinos y recogió el dossier que la representación vecinal fue entregando a cada uno de los grupos parlamentarios.

Andrés Ayala: tensión inicial y jarro de agua fría

A la hora acordada (18:30 h. de la tarde), se produjo la entrevista con Andrés Ayala, diputado murciano del PP y miembro de la Comisión de Fomento, que vino acompañado de las también diputadas por Murcia Ascensión Carreño Fernández, Lourdes Méndez Monasterio y Mª Dolores Bolarín Sánchez.

Dicho contacto se produjo en un tono bastante distinto a los anteriores. Para empezar, Ayala se quejó de actuar en último lugar, siendo su grupo el mayoritario en la Cámara. Llamó al orden a quien pretendía hacer fotografías, pensando que alguien había avisado a la prensa. Y la reunión se produjo en una mesa improvisada a ras del suelo, para, según él, estar al mismo nivel que los vecinos, por lo que los portavoces vecinales no compartieron mesa, sino que actuaron desde la sala.

Sus declaraciones ante los vecinos supusieron un ‘jarro de agua fría’, pues, aunque Ayala se presentó como portavoz del PP, grupo mayoritario en el Congreso y el que apoya al Gobierno, afirmó que no es el legislativo quien toma las decisiones del Ministerio de Fomento. Aun así, contradiciendo la versión de los medios oficiales y de los medios de comunicación, sus mensajes a la sala fueron éstos:

·         El PP no renuncia al soterramiento de las vías del ferrocarril, esa actuación es, para el PP, “irrenunciable”, pero para la misma no hay fechas concretas.

·         Tampoco hay fecha concreta para la llegada del AVE a Murcia.

·         El coste de la estación provisional de Los Dolores es menor del que se ha venido aireando. Supone un 10% del presupuesto anunciado para el soterramiento (es decir, unos 38 millones de euros).

·         El Corredor Mediterráneo no entrará, de momento, desde Andalucía. Sí está prevista la conexión Castellón-Cartagena a través de Alicante y pasando por Murcia.

·         Dicho Corredor tendrá su prolongación hasta Lorca únicamente cuando estén realizadas las obras del soterramiento de las vías y la nueva estación de El Carmen.

Inaudita e indignante "protección" policial

A la salida de la reunión, los vecinos y vecinas se vieron sorprendidos por la presencia de unidades policiales de la UIP (varios furgones se hallaban apostados en la calle)  que impidieron el acceso al autobús a la plaza de Neptuno bajando por la Carrera de San Jerónimo, en la que, como se sabe, se encuentra el palacio de las Cortes.  

Me entrevisté con un miembro de dicha unidad de intervención policial y, según él, eran órdenes recibidas, ignoro si de la Delegación del Gobierno o del Ministerio de Interior.

La representación vecinal, pues, hubo de acceder al autobús por la calle Prado, que desciende a plaza de Neptuno en paralelo a la Carrera de San Jerónimo, vigilada de cerca, en todo momento, por unidades de la UIP, que no abandonaron la zona hasta que el autobús inició el regreso hacia Murcia.

Al día de hoy, seguimos ignorando por qué se dio hacia unos vecinos y vecinas pacíficos dicho trato, aunque quizá este hecho tenga que ver con la contundente y perseverante actitud vecinal en defensa  de las reivindicaciones que les llevaron a Madrid. De cualquier modo, resulta inaudito e intolerable dicho tratamiento, y así lo expresaron varios vecinos,  cuyo disgusto era patente. Actuación, me decían, impropia de un Estado democrático. “Estado policial” era el calificativo más comúnmente oído en medio de la indignación vecinal, mientras que otras personas afirmaban no haber conocido algo igual ni en los peores tiempos del franquismo.