MRCOS ANA: POETA, COMUNISTA, TOLERANTE

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En la noche del pasado jueves se apagó la vida, que no la palabra, de Fernando Macarro Castillo, el preso político del franquismo con más años de estancia entre rejas y que adoptó el pseudónimo de Marcos Ana, nombre que tomara de sus progenitores. Tuve la suerte de conocerlo personalmente en Archena, en abril de 2009, en el contexto de las II Jornadas de Memoria Histórica organizadas por el Ateneo de esa localidad. Presentaba su libro autobiográfico Decidme cómo es un árbol. Nos dedicó un ejemplar a mi compañera y a mí, calificándonos  como “compañeros de lucha y esperanza”, con el deseo, además,  de que su libro pudiera contribuir a la “lucha por la dignidad humana”. La emoción nos embargó cuando terminó de estampar su firma bajo aquella bella dedicatoria.

Marcos Ana, fotografiado en la cárcel de Ocaña, en que estuvo preso (Foto de Luis Magán/El País).

Marcos Ana fue hijo de aquella España en la que los niños y niñas abandonaban precozmente la escuela. Nacido en enero de 1920 en el seno de una familia humilde de jornaleros del campo en el pueblo salmantino de Arconada, pasó a vivir en Ventosa del río Almar, una pequeña localidad de esa misma provincia. Su padre, analfabeto, murió al estallar la guerra, alcanzado por una bomba. Su madre, que dominaba la lectura y escritura, murió de pena al no soportar el encarcelamiento de su hijo.

Marcos, el menor de la familia,  dejó la escuela a los doce años para colocarse como mozo en una tienda. A los dieciséis, ingresó en las Juventudes Socialistas, que luego se unificarían con las comunistas, dando lugar a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Al estallar la guerra, quiso ir voluntario al frente, pero no se lo permitieron por su edad, lo que le llevó a ser instructor en el Palacio de El Pardo de los jóvenes socialistas. Allí estuvo hasta la rendición del Madrid (‘traición’ del coronel Casado) en marzo de 1939. Detenido en Alicante, pasó por el Campo de los Almendros, donde, según nos dijo, el hambre de los presos hizo que desaparecieran las hojas de estos árboles, y por el terrible campo de concentración de Albatera. Estuvo preso en  Porlier, en Ocaña, en Burgos… cárceles en las que pasó veintitrés años de su vida, estando en dos ocasiones al borde del pelotón de fusilamiento.

Su estancia en prisión le permitió entrar en contacto con los clásicos: Quevedo, Cervantes… aunque la lectura de El Quijote les estaba prohibida. Ahí se forjó el poeta que conocimos, un hombre sencillo y bueno, generoso, que nunca olvidó a sus compañeros encarcelados y asesinados. En su alocución de Archena nos emocionó vivamente y nos alentó a luchar por la justicia, que no por la venganza. En su libro de Memorias afirma: “Yo quiero el triunfo de la democracia para acabar con el odio y el fratricidio, para que todos los españoles podamos vivir pacíficamente, coincidir o discrepar en la defensa de nuestras ideas sin tener que degollarnos los unos a los otros. La única venganza a la que yo aspiro es a la de ver triunfantes un día los nobles ideales por los que he luchado y por los que miles de demócratas y antifranquistas perdieron su vida o su libertad”. Marcos Ana aseguró que lo sucedido en esa España de la intolerancia, en la posguerra, no ha de olvidarse y debería constituir una asignatura obligatoria para ser transmitida a los jóvenes.

Confesaba no guardar rencor por el periodo de su vida transcurrido en cárceles franquistas. Nos dijo que el encierro obligado en una celda de reducidas dimensiones agudiza la percepción sensorial, hasta el extremo de que era capaz de reconocer los sonidos diferenciados de las pisadas de los carceleros, según vinieran a aportarle el sustento diario o en busca de algún preso destinado al pelotón de fusilamiento. Sin embargo, sometido él personalmente a esta extrema experiencia en dos ocasiones,  aseguró no haber experimentado el miedo; antes al contrario, ejerció de ‘pedagogo del optimismo’ ante sus propios compañeros.

Hombre agnóstico, nos contó que en una iglesia de Vallecas no le importó tener la imagen de Cristo al lado mientras relataba sus experiencias vividas, en la medida, dijo, que se sentía cercano e identificado con la figura de Cristo, aunque no con la Iglesia-institución ni con la religión. Hombre tolerante, pensaba que en la derecha encontramos buenas personas, como aquella concejala de Burgos que le ofreció, en una de sus charlas, un ramo de flores con siete rosas rojas, por los siete años transcurridos bajo la pena de muerte,  y dieciséis blancas, por los restantes años que estuvo en prisión.

Pero más que por mis palabras, la personalidad de Marcos Ana queda reflejada en sus textos. He aquí una muestra, un poema extraído de su libro Poemas de la prisión y la vida:

AUTOBIOGRAFÍA

Mi pecado es terrible; / quise llenar de estrellas / el corazón del hombre. / Por eso aquí entre rejas / en diecinueve inviernos / perdí mis primaveras. / Preso desde mi  infancia / y a muerte mi condena / mis ojos van secando / su luz contra las piedras. / Más no hay sombra de arcángel / vengador en mis venas./ España es sólo el grito / de mi dolor que sueña...

MEMORIA HISTÓRICA: ABRIENDO BRECHAS

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La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es una mala noticia. Se inscribe en un contexto de crisis de la democracia burguesa y un evidente retroceso de las libertades en todo el mundo, del que son clara expresión el auge de las tendencias xenófobas, homófobas y racistas, la ruptura del contrato social surgido tras la II Guerra Mundial y el apoyo ciudadano y electoral a partidos de corte conservador, cuando no claramente prefascistas. Salvando las distancias y las necesarias cautelas, la situación tiene connotaciones evidentes con la crisis de los años 30 del pasado siglo, que, recordemos, tuvo una salida progresista y democrática (el New Deal, de Franklin D. Roosevelt, la II República Española€), pero también autoritaria, con la cristalización de los fascismos en Europa.

En nuestro país, en opinión del historiador Paul Preston, la democracia no terminó de consolidarse nunca tras la muerte de Franco, pues el control que la dictadura franquista ejerció sobre instituciones como la Iglesia, la prensa y la Educación ha permitido la pervivencia de lo que denomina franquismo sociológico, que ha de interpretarse, sensu strictu, no como un régimen político, sino en sentido amplio, como un modo de gobernar, del que el abuso de poder, el Gobierno a favor de intereses partidistas, el recorte de las libertades ciudadanas, las reformas laborales y, sobre todo, el fenómeno de la corrupción son sus manifestaciones más destacadas.

En este contexto, las actuaciones del Estado (con un Gobierno del PP que, recordemos, no ha condenado el franquismo) tendentes a saldar una deuda con quienes sufrieron la represión de ese ominoso régimen han sufrido una paralización sangrante, con todo tipo de impedimentos para la actuación de la Justicia y sin consignación presupuestaria para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. La llamada querella argentina es la única causa judicial en el mundo que investiga el franquismo, por crímenes de lesa humanidad y/o genocidio. Pero, a instancias de la Fiscalía del Estado, a Gerardo Iglesias, excoordinador general de Izquierda Unida, se le impidió declarar por las torturas recibidas en su etapa de trabajador minero en activo. La justificación fue que tanto la Ley de Amnistía de 1977 como la propia Transición sirvieron para sanar esas heridas.

Es, por tanto, la sociedad civil la que ha de actuar de altavoz para dignificar y no olvidar a las víctimas. El pasado día 3 la Asociación de Memoria Histórica de Murcia-Tenemos Memoria (MHMU) organizó en el Moneo una mesa redonda de debate sobre el destino de la antigua prisión provincial de Murcia, la llamada Cárcel Vieja, una vez decidido el Ayuntamiento de Murcia a convocar un concurso de anteproyectos para su rehabilitación. El acto contó con la presencia de Roque Ortiz, concejal de Fomento del ayuntamiento de Murcia, acompañado del decano del Colegio de Arquitectos, Rafael Pardo.

En la sala, concejales de los grupos de la oposición y en la mesa de debate, un panel de personas expertas muy representativo: Antonio Martínez Ovejero, doctor en Historia e investigador del franquismo en nuestra Región; Fuensanta Escudero, doctora en Historia y autora de libros sobre la propia cárcel y sobre la deportación de murcianos a los campos de exterminio nazi; Enrique de Andrés, arquitecto, urbanista y restaurador, y María Concepción Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias, inaugurado en 2010 y ubicado en la antigua Cárcel Modelo del Principado. Especialmente relevante fue la aportación de esta última, por cuanto el ejemplo de Asturias es algo muy a tener en cuenta para la remodelación del antiguo presidio murciano.

El convenio firmado a finales de este verano entre el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos establece que es en la segunda donde se considera la ubicación de un espacio memorialista. La petición de MHMU es que ello se aborde la primera y, además, teniendo en cuenta la sugerencia del arquitecto Enrique de Andrés: una obra de tal envergadura ha de contar necesariamente con la participación de la sociedad civil. Por ello, MHMU considera que debe estar presente en el jurado que ha de decidir el proyecto ganador.

En estos tiempos convulsos, con unas democracias renqueantes, es saludable que el movimiento memorialista esté abriendo otras brechas importantes. Por ejemplo, en la eliminación de los callejeros franquistas. Los ejemplos recientes de Ayuntamientos próximos como Totana, Cartagena y Alicante son ilustrativos en este sentido. Como es aleccionador que el consistorio murciano haya decidido abrir una comisión de estudio (en la que participa MHMU) para abordar el cambio de denominación de decenas de calles franquistas que aún quedan en la ciudad y sus pedanías.

Además, las actuaciones de los Gobiernos de varias autonomías (Cataluña, Euskadi, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana y próximamente Andalucía), con leyes que tratan de suplir la inhibición del Estado, aun con sus luces y sombras (la exhumación de fosas comunes no siempre se ajusta a las recomendaciones de la ONU, pues mal hechas pueden borrar vestigios), se inscriben en ese deseo de seguir ahondando la brecha que conduzca a enterrar definitivamente el franquismo latente en nuestro país.

LA ASOCIACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA DE MURCIA ORGANIZÓ UNA MESA REDONDA DE DEBATE SOBRE LA CÁRCEL VIEJA

La participación de la sociedad civil en el diseño del destino final del edificio, sujeto a remodelación,  fue una idea destacada por personas ponentes y público asistente


La participación de la sociedad civil y, consiguientemente, el diseño de políticas urbanística de abajo a arriba fue una de las conclusiones destacadas de la mesa redonda de anoche en el Moneo organizada por la Asociación de Memoria Histórica de Murcia. Con ella se pretendía aportar ideas a la propuesta municipal de rehabilitación de la antigua prisión provincial (Cárcel Vieja). El acto, con notable asistencia de público y que puso fin a las Jornadas de Memoria Histórica de este año 2016, contó con la asistencia de concejales de los grupos de oposición y, en representación del equipo de Gobierno municipal, con el concejal de Fomento, a quien acompañaba el decano de colegio de arquitectos.

En la mesa. de izquierda a derecha, se encontraban: María Jesús García, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica y moderadora del acto; Enrique de Andrés, arquitecto, urbanista y restaurador; Antonio Martínez Ovjero, doctor en Historia e investigador del franquismo en nuestra Región; Fuensanta Escudero, doctora en Historia y autora de libros sobre la cárcel de Murcia y sobre deportados a Mauthausen, y María Concepción Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias, inaugurado en 2010 y ubicado en la antigua Cárcel Modelo del Principado.

En los próximas días aportaré una amplia reseña del acto, que procedí a grabar en su integridad.

REVÁLIDAS: ¿POR QUÉ? ¿PARA QUIÉNES?

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/11/01/revalidas/779148.html

Junio de 1967. Días de bochorno en aquellas aulas de altos muros del único instituto entonces existente en Cartagena, el Isaac Peral. El mismo que en dos turnos de mañana y tarde acogiera durante el curso, respectivamente, a chicos y chicas por separado, como mandaban los cánones de aquella educación franquista elitista, segregadora y con sus correspondientes dosis de manipulación y adoctrinamiento ideológicos. Nos enfrentábamos a la reválida del bachiller elemental. En los pupitres, el lápiz, la goma de borrar, los útiles para resolver problemas de Geometría, los bolígrafos bic y el diccionario de latín, indispensable para la prueba en que la que se iba a evaluar nuestra capacidad para traducir aquellos textos de La Guerra de las Galias de Julio César, en los que lo fundamental era el dominio de la sintaxis latina, el ablativo absoluto, las conjugaciones verbales y las declinaciones, aunque el haber aprendido el contexto histórico y cultural de esa época histórica hubiera ocupado en las aulas un lugar irrelevante, por ausente.

Recuerdo el nivel de ansiedad y nerviosismo con el que afrontábamos esa reválida, con contenidos de los cuatro cursos de bachillerato. Como recuerdo que sólo la suerte determinó que, en el examen de Matemáticas, no nos exigieran resolver un ejercicio de la temida trigonometría, porque no la habíamos visto durante el curso. Aprobar la reválida era condición necesaria, e imprescindible, para continuar con los estudios. Por fortuna la superé y pude iniciar aquel bachiller superior que, tras otra reválida al acabar el sexto curso, daba paso al curso previo a la entrada en la Universidad, el 'Preu', al que, ¡cómo no! seguía otro examen de acceso a la misma: la llamada Prueba de Madurez. En ningún momento, por la situación económica familiar, pude disponer de ayuda externa, en forma de profesorado de apoyo o clases particulares. Antes al contrario, yo mismo impartía esas clases particulares en mi caso, de Lengua y Latín para obtener unas perras para mis gastos.Muchos y muchas (las menos) de mi generación sólo contábamos con nuestro esfuerzo personal y una restrictiva política de ayudas al estudio para seguir adelante.

Cuenten. Además de la necesidad de aprobar curso tras curso, habíamos de superar tres pruebas selectivas, tres 'zancadillas', si queríamos entrar en aquella universidad también elitista y segregadora. Cuando pisé las aulas de la Facultad de Letras, allá por el otoño de 1970, recuerdo que se decía que sólo un 5% de los hijos e hijas de la clase obrera nos enfrentábamos al reto de titular y superar las limitaciones de nuestra extracción social de origen.

Me van a perdonar que me haya deslizado en mi columna de hoy por estos vericuetos intimistas. Pero es que la situación actual me ha recordado a aquélla de mi infancia y adolescencia. Hoy, como ayer, el sistema educativo de estos últimos cinco años, con las políticas de privatizaciones y recortes, deja de ser igualitario cuando el futuro de quienes acceden a él depende de la capacidad económica de las familias y de la formación de éstas, lo que nos está abocando a una situación en que están agravándose peligrosamente las desigualdades en el alumnado. Porque, aunque Rajoy haya anunciado la suspensión temporal de la validez académica de las reválidas hasta que no se logre ese Pacto Educativo tantas veces anunciado y tan difícil de concretar, tengo para mí que, si no lo evitamos, la política educativa del futuro Gobierno no va a desviarse ni un ápice de lo que ha venido siendo una constante: su desprecio absoluto a una Educación pública, gratuita, universal y compensadora de desigualdades.

Sólo unas cifras para situar el problema en su contexto. Según datos de Eurostat, en los últimos cuatro años se han recortado 7.764 millones de euros en profesorado, aulas, apoyos o becas. El porcentaje del PIB destinado a Educación (un 4,3%) desciende y se aleja de la media europea (6,25%) y de los países de la OCDE (5,6%). Por si eso fuera poco, el próximo Gobierno del PP se ha comprometido con la Troika a situar el gasto educativo en 2017 en el 3,9%. Según Enrique J. Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León, ello supone que España esté en el puesto 25, de 35 países de la OCDE, en gasto educativo, aunque un reciente informe de este organismo concluya, de forma tajante, que «una educación de calidad necesita una financiación sostenible». Pero España destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año que la media de la OCDE.

Es clara, pues, la intencionalidad del Gobierno con la política educativa que ha venido imponiendo y con esas reválidas momentáneamente aplazadas: expulsar del sistema de educativo a un buen número de estudiantes, en un contexto de una visión mercantilista de la Educación. La comunidad educativa es consciente de ello. De ahí que la movilización del pasado día 26 parece anunciar el reinicio de un nuevo ciclo reivindicativo, que puede extenderse a otros ámbitos y sectores, en una legislatura que se intuye 'caliente'.

El Ateneo Villa de Archena inauguró las actividades de su X aniversario con una mesa redonda sobre la Ley de Memoria Histórica

"No se puede poner el punto final donde uno quiera” y “La Ley de Memoria Histórica es un producto tardío de la Transacción, que no Transición, del Régimen del 78” fueron algunas de las reflexiones destacadas por las personas ponentes.

Diego Jiménez/Murcia.- El pasado viernes, día 21, tuvo lugar una mesa redonda organizada por el Ateneo Villa de Archena, con la intervención de Diego Jiménez, en representación de la Asociación para la Recuperación y Defensa de la Memoria Histórica de Murcia (MHMU-Tenemos Memoria), y Pepa Martínez, de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, moderada por José Ángel Herrero, presidente de la Comisión Gestora de la Federación de asociaciones memorialistas de la Región de Murcia. Con este acto inicial, el Ateneo inauguraba las actividades del X aniversario de su constitución.

(Fotografía del blog de Pepa Martínez: enposidonia.blogspot.com)

Intervenciones

Abrió el turno Diego Jiménez quien, previamente, aportó unas cifras de lo que supuso, en los ámbito estatal y regional, la represión franquista: más de medio millón de personas exiliadas; igual número de víctimas de la Guerra Civil; casi 200.000 personas ejecutadas o muertas en las prisiones franquistas entre 1939 y 1944; más de 100.000 personas en fosas comunes… cifras que, en el ámbito regional, suponen 34.000 personas sometidas a  Consejos de Guerra sumarísimos, con cerca de 1.500 condenas a muerte de las cuales se ejecutaron 900; sin olvidar a las 420 personas murcianas en campos de exterminio nazis (Mauthausen, Gusen, Dachau…), de las cuales murieron 254, y a los esclavos del franquismo en campos de trabajo como Albatera, Totana, obras del Cenajo y restauración de las Adoratrices, en Cartagena.

Pasó, a continuación, a analizar algunos aspectos del articulado de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica, a la que comenzó calificando como “un producto tardío de la Transacción, que no Transición, del Régimen del 78”. Recordó que los artículos 2 y 3 de ese texto legal declaran injustas las sanciones, condenas y otras formas de violencia personal y declaran la ilegitimidad de tribunales y jurados constituidos durante la Guerra Civil, pero en ningún momento se citan los términos ilegalidad y anulación de esas sentencias.

Criticó que los artículos 11, 12, 13 y 14 dejan en manos de las personas particulares las tareas de localización y exhumación de los cuerpos, sin que, en ningún momento, actúe de oficio el Estado, que es la petición expresa de la ONU.

Igualmente crítico se mostró con la tibieza con que se insta a las administraciones públicas a la retirada de escudos, insignias, símbolos… de la sublevación militar y la Dictadura, dejando de lado, por otra parte, a la Iglesia católica. Y en cuanto a incumplimientos, citó lo estipulado en el artículo 17, en referencia a la elaboración de un catálogo de edificaciones y obras realizadas por miembros de los batallones disciplinarios, así como el impulso de políticas públicas destinadas a la conservación y fomento de la Memoria democrática.

Hizo alusión a los diez suspensos de la ONU a España en esta materia, citando las palabras de Pablo de Greif,  relator especial de la ONU para la Verdad, Justicia y Reparación, cuando afirmara, a primeros de 2014, que “España hace poco (y mal) para la búsqueda de la Justicia”.

Por último, concluyó con un recordatorio de la presencia del monarca Felipe VI, el pasado 3 de junio de 2015 en París, invitado por la alcaldesa de esa ciudad, Anne Hidalgo, en los actos de homenaje a los supervivientes de La 9, la compañía que, al mando del general Leclerc, liberó la capital francesa en el verano de 1944, criticando que un miembro de la familia de Borbón, Felipe VI,  que debe su “legitimidad” a la franquista Ley de Sucesión de 1947 y al posterior nombramiento por parte del dictador de Juan Carlos como su sucesor, a título de rey, en 1969, no tuviera reparos en reconocer que “París ha sido siempre ciudad de acogida para un buen número de compatriotas”, omitiendo citar los motivos que llevaron a medio millón de republicanos españoles a ese exilio forzoso al país vecino.

Por su parte, Pepa Martínez comenzó afirmando que “los grandes problemas que actualmente nos encontramos para llevar a buen término nuestra lucha por la consecución de la Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo no son paliados por la Ley de Memoria Histórica”, porque “ésta no proporciona VERDAD, no proporciona JUSTICIA, no proporciona REPARACIÓN”. Esa Ley “supuso para el Estado un paso atrás, al no asumir ninguna responsabilidad por los crímenes que se cometieron durante la guerra civil y el franquismo”. Denunció que “lo que nació fue una ley en la que no se daban pasos significativos para resarcir a las víctimas, ignorando el Convenio para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, y no estableciéndose la anulación de las condenas dictadas tras juicios injustos”.

Recordó las advertencias de Amnistía Internacional (AI) en este sentido e hizo alusión a un artículo de Celia Amorós: “Una deuda debe ser satisfecha para despertar entre deudores y acreedores la posibilidad de alianza";  así lo planteó, hace tres años, en su artículo "Perdón e inscripción", en el que afirma que el punto final no se puede poner donde uno quiera”.

Recordó que “quienes hoy ejercen el poder son los mismos que lo ejercitaron ayer, y están volviendo a pasos agigantados a su postura de implacables violadores de los derechos humanos, como autores de una legislación represiva, como artífices de un sistema económico injusto que condena a la miseria a la mayoría de la población, y de un sistema judicial que persigue a quienes se le oponen”. Recordó, así mismo, que “el gobierno socialista de Zapatero promulgó en 2007 una ley, la de la Memoria Histórica, que además de no reconocer la condición jurídica de las víctimas del franquismo, relega al ámbito familiar o grupal su memoria individual y colectiva, dejando en manos privadas -que borran las huellas judiciales de los crímenes al tratarse de exhumaciones extrajudiciales-  las exhumaciones de los asesinados, sirviendo de coartada para la vigencia de una ley de impunidad y de punto final, como es la ley de Amnistía de 1977, en pleno vigor en la actualidad”.

Culminó su intervención con un fragmento de un artículo del investigador Floren Dimas, que hablaba en este sentido: “Mientras el Gobierno del PP escucha y apoya a las víctimas del terrorismo y legisla y pergeña atenciones de todo tipo para acompañarlas en su dolor, las “otras víctimas”, las de Franco, son despreciadas y olvidadas social e institucionalmente, incurriendo, como lo hace la Justicia española, en un acto de prevaricación continuada, omitiendo el deber de socorrerlas con la misma entrega y servidumbre con que lo hace para con estas víctimas de lujo de la democracia española”.

Pensiones: Que no nos engañen. Son viables

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La sostenibilidad del sistema público de pensiones viene siendo un tema recurrente en estos tiempos de crisis, con la interesada contribución de toda una legión de medios de información-persuasión dispuestos a ser los voceros de la patronal. La CEOE, utilizando las cifras del INE, alerta del preocupante aumento de las personas inactivas. Unos ejemplos: si en 2002, por cada cien personas en edad de trabajar había veinticinco con más de 65 años, en 2015, la ratio se había elevado a veintiocho y en el horizonte de 2050 las personas mayores de 65 años serían 74, o lo que es lo mismo, por cada cuatro personas en edad de trabajar habrá tres fuera del mercado laboral. Cifras para sembrar la inquietud social y justificar los recortes, pero que no tienen en cuenta otros datos objetivos.

Lo primero que hay que aclarar es que el Pacto de Toledo estableció una distinción en el sistema público de pensiones español: las pensiones no contributivas serían financiadas vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), mientras que las contributivas lo harían mediante las cotizaciones sociales. Es claro colegir que, en ese caso, llegado el momento de crisis, la financiación de estas últimas se resentiría. Pese a ello, las agoreras previsiones que hablan de lo insostenible del modelo actual no tienen fundamento. Según datos de Eurostat, el gasto de pensiones en relación al PIB en España fue de un 11,4% en 2012 (en 2016, además, ese porcentaje descenderá al 10,4%), por debajo de trece países de la UE15, siendo Francia (14,9%) e Italia (16,1) los que dedican más presupuesto. Luego es falso que España gaste mucho en pensiones. Incluso a la altura de 2050, según Eurostat, el gasto del Estado español igualaría al actual de Francia (un 14%). 

Otro dato. Cuando se relaciona el problema de las pensiones con la baja natalidad de este país no se tiene en cuenta que: 1. España no tiene un problema de jóvenes dispuestos a trabajar y sostener el sistema; el problema es que tienen que emigrar fuera de nuestras fronteras. 2. Según los expertos, a la altura de 2050, el baby boom de los años 70 y 80 será ya historia pasada, y se notarán los efectos de la actual transición demográfica, de baja natalidad, que está originando un descenso poblacional, que llevaría también a menos personas perceptoras de pensiones. 3. En todo caso, se obvia interesadamente que ese descenso poblacional del país y de la población activa se verá compensado con un incremento de la productividad. 

No es el componente poblacional, pues, el más influyente. El mayor ataque a las pensiones han sido las políticas neoliberales impuestas por los Gobiernos del PSOE y PP, que han llevado a un deterioro enorme de las condiciones laborales, con altos niveles de paro, precariedad, bajos salarios y contratos 'basura'. A este respecto, LA OPINIÓN daba cuenta, hace unos días, de que uno de cada cuatro contratos de trabajo dura sólo siete días o menos. El problema, pues, no es el elevado número de pensionistas ni, por supuesto, la cuantía de las pensiones, de las más bajas de la UE15, sino la menor recaudación de la Seguridad Social. A este respecto, Vicenç Navarro afirmaba en un artículo reciente que si en España hubiera el mismo porcentaje de población (hombres y mujeres) que trabajan en Suecia, y con los mismos salarios y carga fiscal, no tendríamos problema alguno. 

Por último, un elemento a considerar, nada desdeñable, es la injusta política redistributiva de este país. En España, las rentas del capital han alcanzado, en este momento, casi la mitad de las totales del país, con una excesiva dependencia del Estado de las rentas del trabajo. Cuando desde Bruselas se insta al Gobierno español a corregir la desviación del déficit para situarlo en el 3,1% y cuando el Gobierno se apresta, pues, a recortar el gasto en 5.500 millones de euros, hay que oír a los expertos.Héctor Illueca, doctor en Derecho, inspector de trabajo y profesor de la Universidad de Valencia, afirmó hace unos días, en charla impartida en Murcia organizada por los yayoflautas, que si las cotizaciones sociales fueran más progresivas, eliminando las subvenciones a los empresarios y el techo de cotización para las rentas salariales más altas, y se aplicara una política de persecución del fraude en los contratos a tiempo parcial, los ingresos destinados a las pensiones podrían incrementarse en unos 10.000 millones euros/año. 

Las pensiones no son una limosna del Gobierno, sino un derecho constitucional consagrado en los artículos 41 y 50 de nuestra Carta Magna. Por eso, su defensa exige de todos nosotros y nosotras, actuales perceptores y futuros pensionistas, información y, sobre todo, movilización, porque hay toda una gigantesca operación orquestada para entregarlas a grupos financieros y siniestros fondos de inversión, de dudosa rentabilidad.

Hace unos días asistimos en Murcia a la primera manifestación convocada por los yayoflautas que pretendía concienciar de este hecho a la ciudadanía murciana. Que no nos engañen: las pensiones son viables.

Los yayoflautas de Murcia se manifiestan en defensa del sistema público de pensiones

Consideran  que la insistencia en su inviabilidad es una estrategia del Gobierno y de los grupos financieros y empresas aseguradoras

Diego Jiménez/Murcia.- Los yayoflautas de Murcia, ante la inquietud y alarma social motivadas por el vaciado sistemático por parte del Gobierno del PP de la ‘hucha’ de las pensiones,  llevan  todo lo que va de otoño inmersos en una campaña cuyo lema es ‘Defendiendo el sistema público de pensiones’. A la colocación de mesas informativas en varios puntos de la capital siguió el pasado viernes una charla informativa, impartida en el salón de actos del Centro Cultural del Carmen por Héctor Illueca, inspector de trabajo y profesor de la Universidad de Valencia, con el título ‘Qué pasa con las pensiones’, que despertó bastante interés, hasta el punto que el local se llenó por completo.

El pasado lunes, día 10, organizaron una concentración, y posterior manifestación, secundada por algo más de un centenar de personas, desde la puerta del INSS, en Alfonso X El Sabio, que recorrió la plaza de Santo Domingo, calle Trapería y plaza del Cardenal Belluga, hasta la Glorieta. Las personas manifestantes portaban pancartas criticando el ‘pensionazo’.  Se contó también con una representación de la Asociación de Exmigrantes Jubilados de Callosa de Segura (Alicante).

Lectura del comunicado

Al finalizar el acto, Juan Gómez dio lectura a un comunicado en el que, entre otras cosas, se critica la inseguridad y zozobra sobre el futuro de las pensiones, pues “intentan reiteradamente, por todos los medios, hacernos creer en la inviabilidad del sistema público de pensiones (…) y estamos convencidos de que ello es un burda estrategia manipuladora orquestada desde el Gobierno y muy hábilmente dirigida desde los grandes grupos financieros y aseguradoras”.  

Por ello consideran que “es urgente y necesaria la movilización de todas las personas que se sientan agredidas por esta situación”, pues “creemos que tenemos el derecho y el deber de hacernos oír, por el peligro que corren nuestras pensiones y las de nuestros hijos”. A ello obedecen estas movilizaciones, pues “defendiendo nuestro sistema público de pensiones también defendemos nuestra dignidad”, concluye el comunicado, apoyado por Yayoflautas de Murcia, Asociación de Jubilados y Pensionistas-La Intersindical, Área de Mayores de IU-Verdes de la Región de Murcia, PSRM, Círculo de Mayores de Podemos Región de Murcia, Asociación de Jubilados y Pensionistas-USO, Yayoflautas de Lorca, Cambiemos Murcia, Ahora Murcia, Asociación de Exemigrantes Jubilados, y Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia.

El Ayuntamiento de Murcia homenajea a la Sociedad Religiosa de los Amigos (cuáqueros), que actuaron durante la Guerra Civil

Al acto, consistente en la colocación de una placa en el antiguo Hospital infantil de la calle Puerta Nueva, asistieron ediles de la oposición, miembros de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia,  y José Castaño y José Fuentes.

Diego Jiménez/Murcia.- Presidido por el alcalde de Murcia, José Ballesta, el pasado jueves, día 6, tuvo lugar el acto de descubrimiento de una placa conmemorativa en el antiguo Hospital de Niños/as de la calle Puerta Nueva (hoy, sede de dependencias administrativas municipales) para recordar su fundación durante la Guerra Civil por la Sociedad Religiosa de los Amigos (cuáqueros). Por la parte institucional, asistieron, además, la concejal socialista Begoña García Retegui, impulsora de la iniciativa hace diez meses, su compañero de grupo, José Ignacio Gras, el concejal de Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, así como una persona contratada del grupo municipal de Ciudadanos. 

Las personas asistentes posan tras finalizar el acto

José Castaño y José Fuentes posan con representantes de los grupos municipales de oposición

Descubriendo la placa

  El emotivo acto contó también con la presencia de los veteranos y centenarios republicanos Juan José Fuentes y José Castaño, que fueron los encargados de descubrir la placa, así como una nutrida representación de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia (MHMU-Tenemos Memoria).

Quiénes fueron los cuáqueros

Francesca Wilson, de la asociación inglesa de los cuáqueros, es un ejemplo de la labor desarrollada por éstos en España en ambas zonas beligerantes. Entre 1936 y 1942, atendieron a unos 150.000 niños y niñas. Incluso siguieron unos años más en la España de Franco (en Murcia, hasta 1942). De las cartas e informes de la asociación se deduce que trabajaban más cómodamente en la zona republicana, aun no haciendo distinción alguna con los niños de una zona u otra.

Los cuáqueros tomaron dos ciudades como centro para su actuación: Barcelona y Murcia.  Francesca Wilson llegó a Murcia en febrero de 1937. Se encontró con una población de 60.000 habitantes entre los que se encontraban unos 20.000 refugiados, repartidos entre la ciudad y el resto de la provincia. Hubo de afrontar dificultades inmensas. En primer lugar, los refugiados desconfían de los extranjeros por creer que se van a llevar a sus niños fuera del país. Además, y ella lo expresa con claridad, Francesca encontró grandes diferencias de nivel político y cultural entre Barcelona, con una población de mentalidad civil republicana, y Murcia, en que no se daba esa situación. Es más, califica duramente a las muchachas y mujeres adultas de la burguesía y de la alta clase murciana al no encontrar colaboración ni ayuda de éstas para atender, cuidar, alimentar, curar… a esos niños/as “piojosos”, “rojos”, que llegan llenos de sarna, enfermedades, malnutridos… Por ello, Francesca se ve compelida a buscar ayuda fuera. En los años siguientes llegan más cuáqueras, que, al no encontrar mucha colaboración, hubieron de buscar personas capacitadas para la asistencia a esos niños. El apoyo lo encontraron, sobre todo, en el alcalde de Murcia, Fernando Piñuela.

Turno de intervenciones

Tras la apertura protocolaria del acto por parte del alcalde, tomó la palabra la concejala Begoña que recordó que, más que impulsora, fue el vehículo que hizo posible esta iniciativa. Hizo un reconocimiento a la labor solidaria de las personas que se desplazaron a Murcia durante la Guerra Civil, lamentando que no pudiera estar presente Elisa Smilg, que, junto con su hermana Clara, desarrolló un notable trabajo humanitario en las colonias infantiles. Recordó también la aportación de Juan José Fuentes y José Castaño, presentes en el acto. Terminó diciendo que hay muchos más edificios en el municipio que merecerían el mismo reconocimiento para completar la Memoria Histórica de la ciudad.

Por su parte, el alcalde Ballesta alabó la encomiable labor desarrollada en Murcia durante la Guerra Civil por esta asociación religiosa, con presencia en esta ciudad y en Barcelona, en donde atendieron a más de 150.000 niños y niñas. Tuvo también palabras de reconocimiento a la presencia de los dos veteranos republicanos presentes y a la labor desarrollada en Murcia en esas fechas por el último alcalde republicano de Murcia, Fernando Piñuela. (Como es sabido, detenido cuando regresaba de Elche a Murcia, fue internado en un campo de concentración y sometido a un Consejo de Guerra sumarísimo. Condenado a muerte el 1 de julio de 1939, fue ejecutado el 7 de noviembre de ese año).

La intervención más emotiva fue la del maestro José Castaño, próximo a cumplir la centena de años. Castaño, que, pese a su edad,  prefirió hacer su intervención de pie ante el micrófono, recordó los años de  su colaboración con las colonias infantiles, en compañía de personas como Clara Smilg y Encarnación Zorita,  primero en la Casa del Pino (casa de La Cierva),  y en otra segunda colonia en Buenavista, en La Paloma, con  Carmen Tapia, Clara Smilg y Pilar Barnés.  No se olvidó de citar al padre de Clara, chófer de los cuáqueros, razón por la que, después de la guerra, denunciado por unos vecinos, acabó en la cárcel.

Reivindicaciones de MHMU-Tenemos Memoria

El protocolo no previó que la Asociación de Memoria Histórica de Murcia (MHMU-Tenemos Memoria) pudiera tomar la palabra en el acto. No obstante, al final del mismo, la presidenta, María Jesús García, se dirigió al alcalde para hacerle entrega de un escrito reivindicativo. En el mismo, además de agradecer la iniciativa del grupo municipal socialista y a Begoña García su esfuerzo por llevarla a término, se recoge que, como adelantó esta concejala en su intervención, hay más edificios en Murcia merecedores de ser tenidos en cuenta como sitios de la Memoria. Uno de ellos es el edificio de los ‘Nueve Pisos’ que, a la llegada de Francesca Wilson, albergaba a 4.000 personas refugiadas, en unas duras condiciones de habitabilidad.

En el texto se recuerda que “identidad de los pueblos y también su prosperidad y desarrollo se forja a partir del conocimiento de la Historia y su reconocimiento y puesta en valor”, por lo que el Ayuntamiento de Murcia debe apoyar cualquier iniciativa en este sentido porque “forma parte del patrimonio de esta ciudad y de sus habitantes”.

Cárcel Vieja, ante todo, espacio de la Memoria

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/10/04/carcel-vieja/772007.html

Desde que en 1981 cerrara sus puertas y tras la firma de un acuerdo de permuta con la Agencia Tributaria, titular del inmueble, la Cárcel Vieja de Murcia, transferida al municipio en 2011, ha permanecido cerrada y en estado de semirruina. Inaugurada el domingo 26 de mayo de 1929, estaba ubicada entonces en las afueras del núcleo histórico de la ciudad, con acceso a través de un camino conocido como Portillo de San Antonio, cerca de otras instalaciones importantes de la capital murciana como la estación ferroviaria de Zaraiche, el manicomio y el asilo de ancianos, estos dos últimos ya desaparecidos, en terrenos rodeados de extensas zonas de huerta, según nos cuenta el joven profesor murciano de la Universidad de Valencia Francisco José Medina Albaladejo. La cárcel, con una capacidad para 400 presos, cobró protagonismo con la dictadura de Primo de Rivera, al absorber el aumento de detenidos por razones políticas «durante esos años en que no se permitió ni un respiro a la presencia de anarquistas o comunistas, severamente perseguidos», en opinión de este profesor. 

Durante la II República y Guerra Civil albergó, junto a los presos comunes, a un buen número de personas acusadas de rebelión. La llegada masiva a Murcia, ciudad de la retaguardia, de personas huidas de zonas de guerra, como la vecina Jaén, y la ira popular por las consecuencias de la rebelión militar de julio de 1936 están en el origen de los lamentables sucesos de 13 septiembre de 1936, día en que se produjo el asalto popular a las instalaciones carcelarias y el fusilamiento de diez condenados a la última pena (el Gobierno de la República estudiaba la concesión de un indulto), entre ellos el cura Sotero. 

Pero fue con la victoria del bando nacional cuando ese centro se significó como un lugar de represión, tortura y escarmiento. Las investigaciones de Carmen González, Fuensanta Escudero, Pedro María Egea Bruno, Floren Dimas, Antonio Martínez Ovejero... han documentado el alcance de esa represión en la Región. En lo que toca a la ciudad de Murcia, la Prisión Provincial se convirtió en uno de los principales centros de internamiento de republicanos y 'rojos', junto a otros habilitados para ello como los conventos de las Isabelas y las Agustinas. La situación de hacinamiento (el recinto, calculado para albergar a 400 personas, llegó a alojar a 3.000) era insostenible, por lo que las personas internas tenían que dormir literalmente pegadas e incluso de pie. Juicios sumarísimos y ejecuciones extrajudiciales estaban a la orden del día. Fuensanta Escudero data en 543 el número de ejecuciones habidas entre 1939-1942, cifra con seguridad mucho mayor hasta el fin del periodo álgido represivo, esto es, el año 1945, fecha de la derrota del fascismo en Europa. Además de esos fusilamientos, se produjeron violaciones, vejaciones y delaciones  por parte de los mismos presos, con una frecuencia tal que, según Isabel Marín Gómez, la prisión provincial de Murcia llegó a constituirse en «uno de los regímenes carcelarios más duros de toda la posguerra española». 

Con esos triste precedentes, como miembro de la Asociación de la Memoria Histórica de Murcia (MHMU-Tenemos Memoria), tenía interés en asistir el pasado miércoles, día 28, al acto celebrado en la Cárcel Vieja de Murcia, en el transcurso del cual el alcalde José Ballesta y el decano del Colegio de Arquitectos de la Región, Rafael Pardo, firmaron el convenio por el que se pone en marcha un concurso de anteproyectos para la rehabilitación y puesta en valor de ese antiguo centro penitenciario, hecho del que ha dado cumplida cuenta la prensa regional. 

La persistente reivindicación de MHMU-Tenemos Memoria, con el apoyo de los grupos municipales de Ahora Murcia, Cambiemos Murcia y PSOE, de que las obras de remodelación de ese edificio contemplen un espacio que recuerde a cuantas personas sufrieron abusos, torturas o incluso la muerte dentro del recinto ha sido recogida parcialmente en la redacción del convenio arriba citado. Y digo parcialmente porque queda relegada a la segunda fase de las obras, cuando, con los precedentes expuestos arriba, creemos que debería incluirse en la primera fase del proyecto. Pero es que, además, la pretensión de que esa primera fase contemple la creación de un espacio gastro-cultural en el que se combinen la gastronomía, el ocio y el arte nos parece una propuesta no sólo descabellada (por el aspecto gastronómico) sino una falta de respeto a las víctimas y sus familias. La Región de Murcia aún debe un tributo de admiración y recuerdo a quienes, por defender la legalidad republicana, sufrieron tras los muros de esa prisión, sin olvidar a los murcianos y murcianas asesinadas del otro bando, a las víctimas de Mauthausen, a los esclavos del franquismo que sufrieron penalidades sin cuento o perdieron la vida en los campos de concentración de Totana, Albatera, en las obras de El Cenajo...

MHMU-Tenemos Memoria no va a cejar en su empeño de que la Cárcel Vieja de Murcia sea, ante todo, un espacio para la Memoria Histórica.

Banqueros sin alma, jueces estrictos

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/09/20/banqueros-alma-jueces-estrictos/768537.html

A mediados del pasado mes de junio, varias personas integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Murcia (PAH) se manifestaron en la sucursal de Cajamar, en Bullas, en apoyo de una vecina a la que, después de desahuciarla de su casa, esa entidad la reclamaba una deuda pendiente de 70.000 euros, con lo que, a juicio de la PAH, se le condenaba a una vida de exclusión económica y social. Las personas activistas permanecieron en esa sede bancaria hasta las 15,30 horas, momento en que fueron desalojadas. Meses después, un juzgado de Mula, entendiendo que la acción reivindicativa había constituido un delito leve de usurpación, ha impuesto a dichos activistas una multa de tres euros diarios durante tres meses, en contra del criterio del fiscal que estimaba que deberían satisfacer esa sanción durante un mes.

El pasado jueves, día 15, la PAH celebró una rueda de prensa ante la sede de esa entidad bancaria, en la Plaza de Romea, denunciando el excesivo celo judicial. Afirmaron que, pese a las amenazas e intimidación que puedan suponer esas actuaciones judiciales, van a perseverar en esas acciones reivindicativas, por dignidad y en defensa del derecho constitucional a la vivienda. Derecho que, según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), viene conculcándose en todo el Estado y en la Región de Murcia. Desde 2011, se cuentan por miles las ejecuciones hipotecarias iniciadas en la Región. Concretamente, en 2014, de los 4.353 procedimientos de ejecución hipotecaria que se habían iniciado, 1.917 corresponden a lanzamientos efectivamente practicados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia. Y en el ámbito del alquiler, el número de lanzamientos practicados por el TSJ, como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de arrendamientos urbanos, es igualmente llamativo: unas 861 familias se vieron afectadas en el 2014. Frente a esta situación, el número de viviendas vacías en la Región de Murcia, según el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, es de 129.117.

El pasado junio la Asamblea Regional de Murcia aprobó, con los votos a favor de Ciudadanos, Podemos y PSOE, la Ley 10/2016, de 7 de junio, que reforma la Ley 6/2015, de 24 de marzo. Según se afirma en el Preámbulo, con la reforma de la Ley 6/2015, se pretende «responder, dentro de las competencias exclusivas atribuidas por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Murcia, a esta situación de emergencia social, atendiendo de forma global el grave problema de los desahucios», añadiendo, además, que se introducirían «nuevos principios rectores y la incorporación de medidas de adhesión voluntaria que establezcan obligaciones expresas a los llamados grandes tenedores de vivienda, esto es, las entidades financieras, filiales inmobiliarias, fondos de inversión y entidades de gestión de activos».. Pues, se dice, «estas entidades, poseedoras en estos momentos de miles de viviendas vacías no destinadas al fin social de la propiedad, deben seguir haciendo esfuerzos para tener en cuenta en su proceder la gravedad de las situaciones en que se encuentran miles de familias» por lo que «los grandes adquirentes de viviendas que se adhieran al Convenio Regional deberían ofrecer a las personas afectadas una propuesta de alquiler social». 

La Ley 10/2016, sin colmar todas las expectativas de la PAH, había supuesto un primer paso. Pero, según informaba LA OPINIÓN el pasado día 14, el Estado se propone tumbar esta Ley antidesahucios regional. A finales de julio, el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remitió una comunicación a la consejería de Presidencia instándole a crear cuanto antes una comisión bilateral entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma para tratar la posible inconstitucionalidad de aspectos referidos, sobre todo, a la mediación extrajudicial previa a la vía judicial en los casos de impago de la hipoteca, y la modificación de la ley que obliga al adquirente de una vivienda por ejecución de un préstamo hipotecario o dación en pago a ofrecer una vivienda en alquiler social a la persona que ha perdido la casa.

En el fondo, en este triste asunto estamos asistiendo a un maridaje entre la voracidad de los banqueros y la actuación con excesivo celo, y por tanto estricta, de ciertos sectores de la judicatura, a favor de aquéllos. Vicenç Navarro, en artículo publicado en Público, nos recuerda que el propio Banco de España reconoció que el sector bancario había recibido 51.303 millones de euros para su rescate y que, de éstos, nada menos que 26.300 millones de euros no serían recuperados por el Estado. Esta cantidad, que supera a la de los recortes en Sanidad y Educación, demuestra que éstos hubieran sido innecesarios. Además, advierte el profesor Navarro, la UE viene otorgando generosas ayudas públicas a la Banca, y ésta responde con malas prácticas, como en el caso de las preferentes. 

Por eso, el cura Joaquín, uno de los portavoces de la PAH, decía el jueves: «El Estado, que se supone ha de proteger a los ciudadanos de los abusos de los poderosos, protege a los poderosos en contra de los ciudadanos». 

Islamofobia no es libertad

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/09/06/islamofobia-libertad/765054.html

Como si no hubiera temas más importantes de que ocuparse, la caverna mediática ha andado ocupada estos días de verano con el asunto del burkini, prenda inventada por una avispada empresa australiana para permitir el acceso de la mujer musulmana a espacios públicos hasta entonces a ella vetados, y cuyo uso ha generado polémica en países como Italia, Alemania y, sobre todo, Francia. Los alcaldes de unas treinta localidades de la Costa Azul prohibieron esta prenda, amparándose para la adopción de tal medida en que su uso podría constituir una provocación tras el atentado yihadista que dejó 86 muertos el pasado 14 de julio en Niza. Recientemente, el Consejo de Estado francés suspendió la aplicación de esas ordenanzas municipales, no sin resistencias por parte de ciertos alcaldes que han mostrado sus reservas y exigido que se les comunique por escrito. Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llegó a afirmar que estas medidas de los ayuntamientos franceses no contribuyen a mejorar la seguridad, sino que tienden a incrementar la intolerancia religiosa y la estigmatización de las personas de confesión musulmana, en particular las mujeres. 

Les confieso que no tengo una opinión personal asentada y clara sobre este tema. Las posiciones sobre la prohibición o no de estas prendas usadas por la mujer musulmana (burka, niqab, chador, hiyab), van desde el repudio absoluto de alguna de ellas (caso del burka), hasta una cierta permisividad en el uso de otras (como el hiyab, típico velo de identidad cultural islámica que cubre la cabeza y el pecho de la mujer). Y es que no es fácil, a riesgo de entrometernos en un asunto que denota la enorme distancia existente entre identidades culturales tan dispares, opinar con rotundidad sobre estos temas. Pero también pienso que no es difícil detectar la pervivencia de un patriarcado que impone la invisibilidad de la mujer, para que ésta no constituya un objeto de deseo para otros hombres. En este sentido, un libro de una mujer iraní exiliada y residente en París, Chahdort Djavann, alude al daño psicológico que se inflige a las niñas por el uso del hiyab, pues se les hace responsables, desde muy tierna edad, de la excitación masculina [sic]. Por otro lado, Marieme-Hélie Lucas, destacada luchadora laicista argelina, en entrevista reciente en un medio digital, opinaba que el énfasis en la defensa del uso del velo desde posiciones progresistas debería ir parejo a la también defensa de las mujeres humilladas, anatemizadas y castigadas por no llevarlo. 

En el país de la polémica, Francia, las leyes laicistas de 1905 y 1906 sólo prohíben la exhibición de símbolos religiosos y políticos en los colegios de primaria y secundaria, pero no así en la universidad, donde las chicas musulmanas son libres de llevar el velo. El asunto fue removido por Sarkozy, con su nueva ley de 2004, buscando sin duda congraciarse con la extrema derecha xenófoba francesa, opina Marieme, para la que no había necesidad de esta nueva ley, bastaba con aplicar la de 1906. Las fuerzas de extrema derecha francesa en estos momentos han encontrado, como aliados, a los integrantes de la extrema derecha fundamentalista musulmana. Unos y otros desean desmantelar el laicismo. 

Las restricciones de derechos de las mujeres musulmanas son bien conocidas. Por citar sólo algunos ejemplos, en Indonesia es ilegal que lleven pantalones; en Afganistán el 80% de ellas son analfabetas; en zonas rurales de Marruecos son obligadas a casarse jóvenes, a veces incluso con sus violadores (recordemos el caso de Amina Filali, joven marroquí que terminó con su vida por este motivo); en Arabia Saudí no pueden siquiera conducir? Casos suficientes que nos advierten, como dice Marieme, que el mismo énfasis que se hace en la supuesta defensa de la integración de la mujer musulmana debiera ponerse, pues, en la lucha por los derechos plenos de ésta en sus países de origen. En el fondo, según la atinada observación de Armando B. Ginés, en un artículo de Rebelión, «lo que se pretende es satanizar la libertad de la mujer en general, tanto la occidental como la árabe, estableciendo dos formas contrapuestas de ser femenina, una supuestamente libre [?], el prototipo de la mujer occidental delgada, depilada y siempre pendiente de su belleza física, y otra oscura y medieval simbolizada en la imagen de una mujer árabe anulada bajo su indumentaria tradicional. Ambos iconos son producto del imaginario del hombre, de la cultura capitalista que quiere perpetuar los roles clásicos de dominación en sus espacios inveterados: arriba el hombre activo, abajo, la mujer pasiva y objeto de la pasión masculina».

Nadie duda de que las mujeres musulmanas han de recorrer un largo trecho en su lucha por sus derechos plenos, allí y aquí, pero no es con prohibiciones, anatemas y restricciones como ello pueda lograrse. Creo que la lucha por su igualdad plena debe partir de ellas mismas, con un empoderamiento propio, sin tutelaje por parte del hombre ni, por supuesto, del Estado. Algunas ya han empezado a recorrer el camino: en Berlín y Londres se sucedieron hace unos días varias manifestaciones de protesta en las que las manifestantes enarbolaban una pancarta que rezaba así: «Islamofobia no es libertad».