martes, 18 de marzo de 2014

CAMINANDO POR LA DIGNIDAD

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/03/18/caminando-dignidad/544364.html

Marchan con la frente bien alta, desdeñando el cansancio y las molestias físicas, desafiando al calor y al frío, con la convicción de que hay que luchar por conservar las conquistas que tanto costó conseguir. Por preservar la dignidad. Estos días las carreteras de todos los puntos cardinales de España registran la presencia de columnas de gentes procedentes de sus más remotos confines. Estudiantes, personas paradas, jubilados, autónomos… de  Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Aragón, Cataluña, Extremadura, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana caminan en estos momentos en dirección a Madrid. Son las Marchas por la Dignidad. La capital del Estado acogerá, el próximo día 22 de marzo, la que se anuncia como la mayor concentración popular de rechazo de los últimos tiempos a las políticas de recortes y ataques a los derechos sociales y laborales impuestas por la Troika con la complacencia del Gobierno del PP.


Por razones personales, no me ha sido posible acompañar al medio millar de personas que iniciaron la marcha hacia Madrid el pasado domingo, día 9, desde el barrio murciano de Santiago El Mayor. Pero las redes sociales, a falta de una mayor difusión mediática (es vergonzoso el silencio que mantienen las grandes cadenas de televisión y  radio sobre la incidencia de estas marchas), nos permiten seguir el día a día de la columna murciana. Así, me llegaron noticias del caluroso recibimiento que estas entusiastas personas tuvieron en los distintos puntos de la Región, en las etapas iniciales. Y de testimonios tan sentidos como el del joven que dice que marcha hacia Madrid porque “tenía que hacer algo, pues se ríen de nosotros”. O el del jubilado que, reivindicativo y orgulloso, exhibe ante la cámara una pancarta en la que puede leerse: ‘Por mis nietos’. 

Conocimos el emocionado recibimiento en Molina de Segura. Y de que en La Algaida se obsequió a las personas caminantes con chocolate y medio bollo (“quizá por aquello de los recortes”, nos contaban con ironía). A la llegada a  Archena, a los caminantes les sorprendió la presencia de un ‘ciego con mucha vista’ (en alusión al conocido personaje local de ‘El Ciego del Empalme’). Cálida recepción también en Cieza, en el Club Atalaya; en Jumilla –donde no faltó el gazpacho, hasta el extremo de que algunas personas confiesan que, pese a la caminata, esas comidas les están haciendo ganar peso-, y en Yecla, donde, de paso, la comitiva se solidarizó con una persona amenazada de desahucio por  el BBVA. Me llegan testimonios de que la emoción desbordada se incrusta en los corazones de los caminantes y en las personas de apoyo. Y de que la solidaridad y la ayuda mutua están presentes en todo el trayecto.
La columna murciana abandonó la Región por Yecla en dirección a la localidad de Caudete,  en donde se unió a la procedente de la Vega Baja, Elche y Alicante (Por cierto, al alcalde de ese municipio albaceteño, José Miguel  Mollá,  se encaró en la puerta del ayuntamiento con las personas participantes en la marcha). En Tarancón, la columna valenciana confluirá con la murciana y alicantina, para, juntas,  hacer su entrada en Madrid, por el barrio de Vallecas.




‘Pan, trabajo y techo’ es el eslogan de estas marchas. Porque las gentes que nutren esas columnas exteriorizan el hastío hacia un sistema político que permite que más de tres millones de personas vivan en España en pobreza severa, intentando sobrevivir –eso quienes lo perciben- con apenas 300 euros al mes, mientras que el paro afecta a seis millones de personas. Protestan ante el hecho de que las grandes fortunas y las grandes empresas concentren el 71% del total del fraude fiscal en el país, mientras que, en virtud de la reforma ‘express’ del artículo 135 de la Constitución (bendecida por el PP y el PSOE), se dé prioridad al pago de la Deuda s0bre la prestación de servicios sociales a la ciudadanía. Esas gentes de bien que ocupan estos días nuestras carreteras no entienden por qué han aumentado en estos años en un 30% las diferencias entre ricos y pobres, y que, cuando los desahucios están a la orden del día, se rescate con dinero público a las entidades financieras. Critican abiertamente las subastas amañadas que se traducen en subidas escandalosas en el recibo de la luz. Les repugnan los casos diarios de corrupción. Se rebelan contra el amordazamiento de los derechos de expresión y manifestación. No llegan a entender por qué miles de jóvenes, formados en España, han de buscar trabajo en otros países. Repudian la sangría diaria de 105 millones de euros para satisfacer el pago de intereses de una Deuda ilegítima…

Por eso, personalmente el próximo día 22 me he propuesto estar en Madrid. Porque yo también creo que, pese a tantos atropellos, no podrán arrebatarnos la dignidad.


lunes, 17 de marzo de 2014

El pasado lunes día 17 se expuso en Murcia “La Transición de la Dictadura a la Monarquía”, tercera charla de las Jornadas de Memoria Histórica.

Corrió a cargo de Pedro María Egea Bruno, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, en un Salón de Grados de la Facultad de Derecho que, como viene siendo habitual, se hallaba abarrotado de público.
                                                                                       
Diego Jiménez/Murcia.- En su exposición, muy bien documentada y con un soporte audiovisual que ‘enganchó’ desde el primer momento al auditorio, Egea Bruno comenzó afirmando que la monarquía supuso la continuidad del franquismo sin traumas, de manera que, como en el testamento de Franco, todo quedara “atado y bien atado”. Pasó revistas a los hechos más destacados de esa Transición, como los cambios económicos, el nacimiento del movimiento vecinal, la nueva estructura de clases sociales y, en paralelo, el auge de los grupos de la extrema izquierda, sin olvidar las referencias a los cambios en la Iglesia y en el Ejército. Analizó las etapas de los últimos momentos del régimen, con los gobiernos de Carrero Blanco y Arias Navarro, para destacar que, tras la caída del régimen de los coroneles en Grecia y el fin de la dictadura salazarista en Portugal, el franquismo era la única dictadura que se mantenía en el continente. 

Los iniciales cambios políticos del tardofranquismo vinieron de la mano de la Junta Democrática y del renacido PSOE. Pero es tras la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, cuando se inicia la transición a la monarquía, con la oposición de la izquierda social y política, que propugna la ruptura democrática y la lucha por las libertades y la amnistía. El régimen se resiste, con hechos tan lamentables como los sucesos de Vitoria y Montejurra, pero en abril de 1976 el nacimiento de la Platajunta supone la consolidación de una “ruptura pactada”, gracias, entre otras cosas, a las renuncias del PCE. Con el gobierno de Adolfo Suárez asistimos al proyecto de reforma política, presentada en las Cortes en noviembre de 1976 y votada en referéndum el 15 de diciembre.

El Congreso del PSOE, celebrado en España en diciembre de 1976 sin estar legalizado dicho partido, la posterior legalización del PCE en abril de 1977 y las elecciones legislativas de junio de ese año se producen en un contexto de la desaparición de la izquierda rupturista. Así, los grupos del franquismo residual aceptan la Transición a cambio de la amnistía. Otros retos del nuevo régimen son el diseño de las autonomías y la redacción de la Constitución.

Egea Bruno concluyó su intervención con una exhaustiva exposición sobre el desgaste del gobierno de Suárez, acosado por múltiples frentes, y con una referencia a la reunión de Lérida de finales de 1980, un precedente inmediato del golpe de Tejero de febrero de 1981, sobre el que se ha tendido un pacto de silencio que ha contribuido al fortalecimiento de la monarquía.

                

jueves, 13 de marzo de 2014

SI VALCÁRCEL SE VA, QUEREMOS VOTAR

Vídeo de la Campaña de Convocatoria por el Cambio de la Región de Murcia, exigiendo que la sucesión del dimisionario presidente Ramón L. Valcárcel se haga con transparencia, convocando un proceso electoral.

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martes, 11 de marzo de 2014

A PROPÓSITO DEL X ANIVERSARIO DEL 11M

CÓMO LO VIVÍ

La noticia de la horrenda matanza del 11M me llegó aquella mañana en la voz de Inaki Gabilondo, a la altura del Puerto de La Losilla, cuando me desplazaba, como cada día, al IES de Blanca. En un primer momento creí que fue ETA. Algunos aún lo siguen creyendo. Afortunadamente la dignidad de las víctimas y sus familias está por encima de esas miserias morales que algunos exhiben. Descansen en paz las personas fallecidas. Y que igual sentimiento acompañe a sus familias.

LA ¿HOMILÍA? DE ROUCO

Por cierto que el dimisionario obispo-cardenal-primado de España, Rouco Varela, se ha despachado a gusto esta mañana en la Almudena. Aprovechó su homilía para incidir en la que llaman 'teoría conspiranoica' sobre el 11M y, de paso, pretextando la defensa de la vida, lanzar un órdago antiabortista. Tengo ganas, de verdad, de que la jerarquía católica deje de mangonear nuestras conciencias.

(P.S. Y ganas también de que estos actos dejen de estar organizados bajo el paraguas de la Iglesia. Teniendo en cuenta que en la misa funeral de esta mañana había personas de otras confesiones religiosas y, con seguridad, no creyentes. ¿por qué se empeñan en hacer actos religiosos cuando lo más coherente, en un país cuya Constitución lo declara aconfesional, sería celebrar este triste aniversario del 11M con una ceremonia cívica?)

lunes, 10 de marzo de 2014

HOY LUNES, DÍA 10, SEGUNDA CHARLA DE LAS 'JORNADAS DE MEMORIA HISTÓRICA'


A las 7 de la tarde, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de Murcia, el investigador Antonio Martínez Ovejero, licenciado en Historia por la UAM, disertará sobre la represión franquista en la Región, dentro del ciclo que, sobre la Memoria Histórica de Murcia, se celebra durante todo este mes de marzo y primeros de abril en la ciudad de Murcia.

viernes, 7 de marzo de 2014

El grupo de personas mayores de STERM se acercó a Cieza para otra jornada de convivencia

El Museo del Esparto, el de Medina Siyasa y la contemplación de la floración de los árboles frutales de la huerta, objetivos destacados de la visita.



Diego Jiménez/Murcia.- Siempre es gratificante compartir buenos momentos con compañeros y compañeras con los que se ha coincidido a lo largo de nuestra etapa docente. En esta ocasión, un grupo de personas mayores de STERM, jubilados y jubiladas de la Enseñanza, pero a quien acompañaban personas simpatizantes e incluso otras que no pertenecían al ámbito docente,  se desplazó a Cieza el pasado jueves, día 6. 



El encuentro, planteado con una finalidad cultural pero también de sana convivencia, resultó muy interesante. En el Museo del Esparto, Pedro, un veterano trabajador de ese sector, nos informó detalladamente sobre una actividad hoy en desuso, pero que fue la seña de identidad del municipio de Cieza en fechas pretéritas, no tan lejanas.

















Juan, por otro lado, ejerció de cicerone en nuestra visita al muy bien montado Museo de Medina Siyasa. Un paseo por la huerta de Cieza, para contemplar in situ (aunque desde el coche) la explosión multicolor que supone la floración de los árboles frutales de su huerta (el colorido del melocotonero en flor es particularmente atrayente) precedió a una comida con viandas propias de la zona en un restaurante de las afueras, en la que no faltaron los canapés de pipirrana  y unos arroces exquisitos. En suma, una jornada inolvidable.

martes, 4 de marzo de 2014

SECUELAS DEL 23F

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/03/04/secuelas-23f/540422.html

La tarde del 23F regresaba en coche hacia Cartagena, después de cumplida mi jornada laboral en el colegio. La noticia del “tejerazo” me llegó a través de la radio del coche. Recién licenciado en Historia unos años antes, inmediatamente advertí que aquello era un golpe de Estado en toda regla. No era posible, pensé,  que en esa España en que habíamos empezado a idealizar los frutos de la llamada Transición democrática volviéramos a los tiempos de los pronunciamientos militares. Con distinto signo, progresista o reaccionario,  todos ellos supusieron la interrupción y/o reforma del orden político vigente durante los siglos XIX y XX. Sin ánimo de ser exhaustivo, enumeremos la cronología de los más significativos de aquéllos. 

En enero de 1820, la sublevación en Cabezas de San Juan del entonces teniente coronel Rafael de Riego obligó a Fernando VII a restablecer la Constitución de 1812, con aquella cínica alusión de “marchemos todos juntos, y yo el primero, por la senda constitucional”. En 1836, la rebelión de los sargentos de La Granja impuso a la regente María Cristina la vuelta a la Constitución de 1812. En 1854, el golpe militar de los generales Leopoldo O´Donnell y Domingo Dulce (la “Vicalvarada”) puso fin al gobierno moderado, accediendo al poder los progresistas. En septiembre de 1868, la sublevación de la escuadra en Cádiz al mando del almirante Topete (la “Gloriosa”) obligó  a la reina Isabel II a cruzar la frontera rumbo al exilio, inaugurándose la etapa del Sexenio Revolucionario. En enero de 1874, la entrada de Pavía en las Cortes, donde se votaba una moción de censura contra el presidente Emilio Castelar, condujo al final de la primera etapa republicana. A finales de ese año, la restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII vino precedida del pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto.

Los pronunciamientos militares tuvieron su continuidad el siglo XX. Así, en septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, da un golpe de mano e inaugura una dictadura de casi siete años, con la connivencia de Alfonso XIII. En diciembre de 1930 se produce la sublevación en Jaca, a favor de la República,  de los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández, condenados luego a muerte. En el verano de 1932, se subleva en Sevilla contra la II República el general Sanjurjo, contrario a las reformas militares impulsadas por Azaña y a la discusión en esos momentos en las Cortes  del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En julio de 1936, la sublevación del Ejército de África, al mando de Franco,  con apoyo en la península de los generales Mola, Saliquet, Goded, Queipo de Llano… iba a suponer, como sabemos, el inicio de la Guerra Civil.

Respecto al 23F de 1981, señalaré muy sucintamente las secuelas de esa asonada militar en un régimen, el de la Transición, que no había roto del todo amarras con el pasado franquista. Y me interesa destacar, sobre todo, la pasividad popular: durante esa tarde-noche, todo el mundo anduvimos pegados al televisor, esperando al rey ‘salvador’. Por lo que su comparecencia a primeras horas de la madrugada del día 24 sirvió para consolidar a la Corona. El ‘éxito’ del 23F, por otra parte, recogía los frutos de los primeros años de una Transición que defraudó muchas expectativas populares, entrándose en un proceso de desafección hacia la política, hoy más que evidente. Ese golpe militar legitimó, además, la entrada de España en la OTAN y produjo un vuelco hacia la derecha, con la LOAPA (Ley de armonización del proceso autonómico) como estandarte antinacionalista. A mayor abundamiento, la posterior ley de partidos políticos consolidó el bipartidismo que hoy sufrimos. Consecuencia directa de ese intento de golpe fue también el reforzamiento del Ejército como garante del orden constitucional y de la unidad de España, lo cual supuso la paralización del debate sobre la articulación del Estado en un sentido más federal. Y algo, cómo no, preocupante: la no revisión del pasado criminal del régimen franquista, esto es, la negación de la Memoria Histórica.


En la Región de Murcia, por ello,  han surgido iniciativas cívicas en este sentido. Los trabajos que, en este campo, viene realizando la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena se suman a los del Ateneo de la Villa de Archena y a otros colectivos que trabajan en Cieza, Calasparra… Hoy, martes, la conferencia sobre la Escuela en la República que imparte el profesor Antonio Viñao Frago en el paraninfo de Derecho es el inicio de un ciclo de charlas en Murcia, que, durante este mes de marzo y primero de abril, contará con la presencia del catedrático Pedro María Egea Bruno y los investigadores Floren Dimas Balsalobre y Antonio Martínez Ovejero. Se trata de dar impulso a la Asociación de la Memoria Histórica de Murcia. Porque hay que honrar a las víctimas del franquismo, ese régimen que comenzó con una más de las asonadas militares que han jalonado la Historia reciente de este país. 

lunes, 24 de febrero de 2014

EN MURCIA, JORNADAS SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA

ANTONIO VIÑAO FRAGO, Catedrático Emérito de Teoría e Historia de la Educación de la UMU, inaugura, el próximo martes 4 de marzo, las JORNADAS SOBRE MEMORIA HISTÓRICA. En dichas Jornadas participarán, así mismo, el Catedrático de Historia Contemporánea de la UMU, PEDRO MARÍA EGEA BRUNO, y los investigadores ANTONIO MARTÍNEZ OVEJERO y FLOREN DIMAS BALSALOBRE, cerrando los actos, el día 2 de abril, representantes de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena (MHC).



A más de 35 años del inicio de la Transición y a 33 del 23F, que supuso un punto de inflexión en el devenir de aquélla, queda pendiente que se conozca la Verdad, se haga Justicia y se conceda la Reparación a las víctimas del franquismo. En definitiva: que la Memoria Histórica ocupe un lugar destacado en la necesaria regeneración democrática que necesita el país. De ahí que varios colectivos, entre los que figura la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena (MHC) y STERM Intersindical, con la colaboración de la Asociación de Alumnos, han programado en Murcia-capital, para todo el mes de marzo y primeros de abril, las Jornadas cuyo calendario figura en el cartel de arriba. Os invito que apoyéis dichas Jornadas acudiendo a las charlas programadas.


viernes, 21 de febrero de 2014

Clamor ciudadano contra el cierre del Hospital del Rosell

Decenas de miles de personas reivindicaron, el pasado jueves  en las calles de Cartagena,  la continuidad de ese centro como segundo hospital de referencia de la ciudad.

Diego Jiménez/Murcia.- Convocadas por la Plataforma ‘En Defensa de la Sanidad Pública’ de Cartagena, decenas de miles de personas (cerca de 40.000, según los convocantes) recorrieron el pasado jueves, día 19, las principales calles de esta ciudad para reivindicar la continuidad del Hospital del Rosell. La manifestación ciudadana, la segunda marea humana convocada por este motivo, iba encabezada por pancartas con las leyendas ‘”Salvemos el Rosell. Por una Sanidad Pública y de calidad”, “La Sanidad no se vende, se defiende” y “El Rosell al cien por cien”,  tras las que se situaban miembros de las organizaciones convocantes y destacados políticos regionales.



Entre los manifestantes estaban, entre otras personas, el diputado regional de IU, José Antonio Pujante, el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, así como y las diputadas del PSOE en la Asamblea, Begoña García Retegui y Teresa Rosique. También pudimos ver a los secretarios comarcales de UGT y CC. OO, Fulgencio Andreu y Juan Pedro Martínez, así como al secretario regional de la UGT, Antonio Jiménez. Me comunicaron que estaban presentes, asimismo, todos los ediles de la oposición en el ayuntamiento de Cartagena, así como el secretario general del Partido Cantonal y colectivos como Democracia Real. Decenas de personas venidas de Murcia contribuyeron también a consolidar una auténtica marea humana que terminó por llenar el Paseo de Alfonso XIII, pues mucha gente se fue sumando a la comitiva.

La manifestación había arrancado de la plaza del Ayuntamiento de esta ciudad para enfilar las plazas de Castellini y Puertas de Murcia, en dirección, por las calles Santa Florentina y Ángel Bruna, hacia el Paseo de Alfonso XIII, en donde se ubica  ese hospital amenazado de cierre. Las personas manifestantes hicieron una parada, a la altura de la Asamblea Regional, lugar en que Ginés, megáfono en mano, tras afirmar que esa manifestación constituía el “repunte” sobre la reivindicación del hospital y congratularse por la presencia de varias cadenas de TV que cubrían el evento, dijo literalmente que “era el momento de hacerles ver a quienes nos gobiernan que aquí, en esta Asamblea, tanto en 2009 como en 2010, dijeron que iban a dejar el Rosell como un hospital independiente, cosa que no han cumplido”.

En el transcurso de la marcha se corearon eslóganes pidiendo la dimisión de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, del gerente del Servicio Murciano de Salud, José Antonio “Alarcón, y de la consejera de Sanidad, la cartagenera María Ángeles Palacios, así como otros tales como “Que no, que no… que no queremos pagar su deuda con la Salud y la Educación” y “El Rosell al cien por cien”.

Según nos informó Ángel Sánchez, miembro de la Plataforma y del colectivo Democracia Real (DRY), la intención de la Consejería de Sanidad es dejar en el Rosell sólo una unidad de cirugía mayor y otra de contusionados, además de una de pluripatológicos, trasladando las urgencias al hospital de Santa Lucía. Por su parte, Pepe Ros me confirmó el traslado de la unidad psiquiátrica el nuevo hospital de Santa Lucía y afirmó que la Consejería trata de guardar la apariencia del mantenimiento de ese hospital con el hecho de haber llenado una planta con enfermos del antiguo Hospital Naval de Tentegorra, hoy cerrado.

Al término de la manifestación, y en las escaleras de acceso a la puerta principal del hospital, María José Marín procedió a la lectura del manifiesto ante las miles de personas allí congregadas, entre gritos constantes de “El Rosell no se cierra”.  María José dijo, entre otras cosas, que “ahora nos quieren dejar sin un hospital que ha sido estandarte sanitario y patrimonio común de todos los cartageneros”. Continuó afirmando que “con engaños y subterfugios, la Consejería de Sanidad, dirigida paradójicamente por una cartagenera, ha ido desmantelando poco a poco este hospital, incumpliendo su promesa de convertirlo en el segundo de referencia de Cartagena”. Denunció que “hoy nos amenazan con quitarnos las urgencias, junto con otros servicios complementarios, sin tener en cuenta la gran densidad de población que atiende este hospital, pues acoge a enfermos de los municipios de La Unión, Mazarrón y Fuente Álamo, además del turismo de la zona”. Se preguntó: “¿Qué nos ofrece la Consejería a cambio?”, para pasar a exponer que tratan de vaciar de contenido ese centro para convertirlo en una residencia-ambulatorio deficiente, abierta sólo hasta media tarde. “Hoy estamos aquí muchas personas, trabajadores, vecinos, usuarios, con distintas ideologías, pero unidas en un propósito común: salvar el Rosell [gritos de el Rosell al cien por cien]”. Continuó afirmando que no se trata de una cuestión de enfrentamiento político, sino de la defensa de los derechos de las personas usuarias de este servicio, según estipula la Constitución española. “No más mentiras ni excusas baratas –dijo- . Debe cumplirse el compromiso adquirido en la Asamblea Regional en 2010 de que el Rosell sea el segundo hospital del Área de Salud de Cartagena, con los servicios básicos de un hospital integral”. Con el grito de “¡Salvemos el Rosell!” terminó su alocución, entre los aplausos de las personas asistentes.


martes, 18 de febrero de 2014

NUESTROS CUERPOS NOS PERTENECEN

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/02/18/cuerpos-pertenecen/536596.html

Ambos debates, la eutanasia y el aborto, en esta España en la que el peso de la Iglesia  católica es un lastre que arrastramos desde la primera Carta Magna de 1812, ponen  también de actualidad la necesidad de que, de una vez por todas, el Estado, cuyo artículO 13 de la Constitución lo define como aconfesional, asuma que existe una clara diferencia entre ética pública y moral privada.

"Quiero morir porque amo la vida". Con estas palabras se despidió de la vida, y de los suyos, José Luis Sagüer, madrileño de ascendencia vasco-navarra, tras hacerse unas fotos con la familia y tomarse una copa de vino. En entrevista que le realizó antes de su muerte Emilio Benito en El País, y que fue publicada el pasado día 9, José Luis declaró que empezó a sentirse mal a finales de 2012. Notaba que se ahogaba. Para descartar que fuera del corazón, hizo una prueba: fue a un asador de San Sebastián, lugar en que pasaba unos días de vacaciones de Navidad, y se tomó un buen chuletón con pimientos y regado con vino. «Si aquello no me sentaba mal es que no era del corazón», dijo. «Y aún me sentía bien, no como ahora, que con la morfina tengo la boca acartonada y no me sabe a nada». José Luis padecía un cáncer de pulmón en fase terminal. Este profesor de Filología alemana en la Universidad Complutense de Madrid logró cumplir su deseo con la ayuda de la asociación Derecho a morir dignamente (DMD). «No quiero que me ofusquen la morfina, ni [el obispo] Rouco Varela ni los cuidados paliativos», afirmó. Por eso, los médicos de DMD que certificaron su estado de angustia física y psicológica le aplicaron la sedación el pasado día 27 de enero. Falleció al día siguiente.
El caso de José Luis es uno más de los que, en los últimos años, ha reabierto el debate de la eutanasia activa (en España sigue siendo consentida, en general, la pasiva). En Europa, es legal sólo en los países del Benelux, es decir, Bélgica, Holanda y Luxemburgo (precisamente en Bélgica está estos días de actualidad el poder aplicarla a las personas menores de edad). En el resto del mundo, en algunos estados de EE UU y en Australia.
Este inconcluso y siempre complejo debate se superpone estos días a un tema que creíamos plenamente regulado y zanjado, el del aborto. En relación con este último, es claro que los sectores más retrógrados del PP, asumiendo las posiciones más recalcitrantes de la jerarquía católica, han empujado al Gobierno a la innecesaria reforma de una ley. Innecesaria en la medida en que sobre este tema el consenso social era la nota dominante, desde que se regulara este derecho en la Ley Orgánica 9/1985, con ampliación y mejora en la Ley Orgánica 2/2010. No había necesidad, pues, de este berenjenal en que se ha metido el PP (es notorio que muchos/as de sus militantes, diputados y cargos públicos dicen en privado lo que no se atreven a exponer abiertamente).
Ambos debates, en esta España en la que el peso de la Iglesia católica es un lastre que arrastramos desde la primera Carta Magna de 1812, ponen también de actualidad la necesidad de que, de una vez por todas, el Estado, cuyo artículo 13 de la Constitución lo define como aconfesional, asuma que existe una clara diferencia entre ética pública y moral privada.
Bajo la noción de ética pública se incluyen un conjunto de valores de un régimen democrático, cuyo contenido mínimo puede identificarse con los principios que emanan de nuestro ordenamiento constitucional, en sus artículos 1.1. (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político), 10.1 («la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás?»), así como en el capítulo de derechos fundamentales y libertades públicas del Título I.
Por el contrario, la moralidad privada expresa la concepción de la vida que cada cual alberga y la idea de la felicidad en cuanto aspiración última de cada cual. La moral privada, al contrario que la ética pública, consiste en una ética de máximos. Los valores de la moral privada que cada persona propugna o ejerce, pues, pueden ser aconsejados, pero nunca impuestos, pues ello lesionaría el derecho a la libertad personal, a la autodeterminación moral de cada individuo. Por ello, cuando el legislador se entromete en ámbitos que atañen a las normas morales de cada cual, el Estado comienza a deslizarse por ámbitos propios de países con graves carencias democráticas.
En nuestro país, pues, en los debates de la eutanasia y del aborto es claro percibir una indeseable intromisión del Estado, cuando su papel debiera reducirse a una legislación garantista que, como tal, en ningún caso puede constituirse en cortapisa para el ejercicio de derechos básicos. Y el de disponer de nuestro propio cuerpo es uno de ellos. Porque nuestros cuerpos nos pertenecen.

jueves, 6 de febrero de 2014

CAYO LARA: “Es hora de dar el paso de la democracia representativa a la participativa”

El coordinador general de Izquierda Unida, que intervino en un mitin en Lorca, afirmó además que “este Gobierno está preso de su propia trama de corrupción”


Diego Jiménez/Murcia.- El salón de actos del Centro Cultural de Lorca se quedó pequeño ante la expectación que despertó la charla que el coordinador general de IU, Cayo Lara, impartió en la tarde del pasado día 4 en esa localidad, en acto organizado por IU-Los Verdes.




La presentación corrió a cargo del concejal  de esa formación política en Lorca, José García Murcia, quien empezó afirmando que, ante la gravedad de la situación, debe producirse una “nítida respuesta popular”. García Murcia expuso un breve balance de la acción municipal de su formación política, al tiempo que reclamó la necesidad de un proyecto que “ilusione” a la ciudad de Lorca, con un programa que ha de basarse en tres pilares: participación ciudadana, avance cultural y educativo y desarrollo económico armónico y social.

Tras denunciar que la deuda de la corporación lorquina asciende a 65 millones de euros y que el pago anual de la misma se eleva a 12 millones, lo que supone una evidente mengua en la prestación de servicios públicos, García Murcia pasó a presentar a José A. Pujante y Cayo Lara.


José Antonio Pujante: “O sois vosotros los protagonistas del cambio, o no habrá cambio”

El coordinador y diputado regional de IU-Verdes de la Región de Murcia comenzó criticando el galardón concedido al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, por parte del Foro Nueva Murcia y calificó de “nefasta” su gestión, con hechos denunciables tales como una devaluación salarial en la Región de un 10%, el incremento de la pobreza y desigualdad, y el aumento en un 12% del número de suicidios en 2012, según datos del INE. “En la Región de Murcia se ha producido una estafa a la ciudadanía”, enfatizó, en un contexto de corrupción urbanística, fraude a la Hacienda Pública y la puesta en marcha de obras innecesarias (aeropuerto, autopista Cartagena-Vera…) auspiciadas por la presión de las empresas constructoras hacia el Gobierno regional. Tras citar cómo este modelo corrupto llevó, entre otras cosas, a la quiebra de la CAM, Pujante no dudó en achacar la cuota de responsabilidad que le cabe a la ciudadanía, pues “dio su voto al PP”. Por ello, dijo, “hemos de actuar, movilizándonos para consolidar la alternativa”.

En otro orden de cosas, exigió referendos revocatorios para trasladar el protagonismo político al pueblo. Afirmó que “es posible el cambio”, pues “hay que plantar cara a los ladrones y corruptos que medran en esta Región”, para lo que apeló al protagonismo ciudadano: “O sois vosotros los protagonistas del cambio, o éste no se producirá”, dijo. Y citando a Allende, concluyó: “La calle es vuestra”.


Cayo Lara: “Es hora de dar el paso de la democracia representativa a la participativa”

El coordinador general de Izquierda Unida y diputado en el Parlamento por esta formación política, al ver que  había personas mayores de pie, ocupando el fondo y los pasillos del salón de actos, tuvo el detalle de, antes de comenzar su alocución, pedir a los muchos y muchas jóvenes que se encontraban en el local que cedieran sus asientos a quienes, como él, notaban ya el paso de los años: “No sabéis –dijo- lo que cuesta estar de pie cuando se consumen años”.

Incumplimiento de las promesas hechas a Lorca
Tras denunciar el incumplimiento de las promesas hechas a la ciudad de Lorca, después de  los terremotos del 11 de mayo de 2011, expuso, de entrada, que es hora de dar el paso de la democracia representativa a la participativa.

La corrupción, una hipoteca
Centró gran parte de su intervención en la situación sociopolítica actual, poniendo especialmente el acento en cómo la consolidación de lo que llamó “capitalismo popular” trajo la corrupción a nuestro país, con cierta complicidad social. “Obviamos la corrupción, algo que hay que desterrar de la vida pública, porque hipoteca el futuro de nuestros hijos”. “El pueblo tiene el derecho a saber lo que ha pasado, porque está pagando los ‘agujeros’ de bancos y cajas”, por lo que afirmó que hay que crear en el Parlamento una comisión de investigación. Tras constatar que el 95% de la población es consciente de que vivimos en un país de corruptos, Cayo Lara hizo un repaso de algunos asuntos de plena actualidad. Así, la acusación de prevaricación que pesa sobre el juez Silva (el que mandó a la cárcel a Blesa), la trama Gürtel, con 187 imputados (entre ellos 74 cargos del PP), proceso que se alarga ya cinco años, el caso Pokemon, y la acusación sobre Álvarez Cascos. Ante la evidencia de tantos casos, Cayo Lara afirmó que “el Gobierno es prisionero de su propia trama de corrupción” y que se dispone a taparla.

Grave situación social
Pasó a continuación a exponer las preocupantes cifras del paro, afirmando que miente el Gobierno cuando habla de una recuperación del mismo, pues en la aparente disminución del desempleo no se contabiliza la gran cantidad de jóvenes que están emigrando al exterior. En estos momentos, dijo, “185.000 personas han dejado de cotizar a la Seguridad Social”, y "hay 113.ooo personas más en el paro con respecto al mes anterior". Denunció la precariedad del  empleo existente así como los despidos crecientes (Coca Cola).

Recortes en el sector público y desahucios
En su exposición arremetió también contra los recortes en el empleo público, con una tasa de reposición de sólo el 10%, y denunció la confluencia de intereses entre empresarios y Gobierno para destruir empleo. A continuación habló de los crecientes desahucios, a los que calificó de “crimen social”, al tiempo que se evidencia un aumento de la desigualdad social, lo que demuestra el dato de que sólo 20 familias españolas tienen la riqueza del 20% de la población.

Las contrarreformas del PP
Tras advertir, además, que, en lo relativo al paro juvenil, hemos superado ya a Grecia, Cayo Lara citó las seis reformas del PP, que han supuesto una auténtica contrarreforma política y social: la laboral, la financiera, la amnistía fiscal, la del sector eléctrico, la educativa y la de la administración local. Reformas todas pensadas para el trasvase de rentas y prebendas hacia los ricos. Citó a continuación cómo la gente empieza a estar harta de esta situación y se moviliza (Gamonal, las Mareas…) a lo que responde el PP con la criminalización de las protestas y la represión (Ley “mordaza”, Ley de Seguridad Privada…), una auténtica involución que se concreta también en la reforma de la ley del aborto.

Auditoría de la Deuda
Expuso la gravedad de la situación de la Deuda Pública del Estado (un billón de euros), advirtiendo que la Deuda privada (en manos de familias, empresas y bancos) duplica esa cifra. Denunció que el BCE europeo, que podría haber suscrito bonos de los Estados, no lo hizo, pero sí se apresuró a prestar a la banca privada al 1% para que ésta, a su vez, comprara bonos del Estado cobrando intereses mucho más altos. Por ello, propugnó la necesidad de una auditoría de la Deuda, para establecer qué porcentaje de la misma es “ilegítima” y que no habría que pagar. En este estado de cosas, responsabilizó al PP y PSOE, que se apresuraron a reformar el artículo 135 de la Constitución para dar prioridad al pago de la Deuda sobre otros gastos sociales. Y es que, afirmó, “hoy la socialdemocracia ha abrazado el neoliberalismo”.

Estado Federal
En relación con el contencioso con Cataluña, afirmó que “mi patria es la de los trabajadores; las banderas nunca trajeron pan”, razón por la que IU defiende un Estado Federal Solidario.

Mayor intervencionismo estatal
Afirmó que hay recursos del Estado para estar mejor, a menos que se atajara el fraude fiscal, que asciende a 90.000 millones de euros. “El problema –dijo- es que hay un 80% de inspectores de Hacienda para fiscalizar a la pequeña y mediana empresa”. Defendió, por tanto, la necesidad de una reforma fiscal con criterios de progresividad.
Cayo Lara cree en la necesidad de un fuerte sector público, con el Estado interviniendo en sectores estratégicos de la economía, como el de la energía. A ese respecto, reivindica una potente Banca pública que pueda dinamizar la economía.
Defendió la validez de la Constitución de 1978 que, pese a sus carencias, es suficientemente “garantista”, lo que ocurre es que se viola e incumple constantemente.

La honestidad por bandera
Cayo Lara, que afirmó que lleva 25 años participando en política guiado por una actitud de servicio, reivindicó el componente ético en la dedicación a lo público, pues hay que exhibir “la honestidad por bandera”.  Y el cambio ha de llegar contando con los sectores populares organizados. “De nada sirve –afirmó- tener el poder político si no existe un contrapoder popular que haga frente a los fuertes intereses económicos dominantes”. A este respecto formuló una pregunta al auditorio: “¿Os imagináis qué pasaría si a un Gobierno de izquierdas se le ocurriera nacionalizar el Banco de Santander?”

Elecciones europeas
Por último, reclamó un esfuerzo por llevar el máximo número de personas de izquierda al Parlamento europeo, pues aunque éste tenga pocas atribuciones (las grandes líneas de la política europea la marcan El Consejo y la Comisión Europea), hay que intentar cambiar esta Europa de los mercaderes, no democrática, en donde prima el capitalismo financiero, por una Europa de los ciudadanos.


martes, 4 de febrero de 2014

AVE y ferrocarril convencional

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/02/04/ave-ferrocarril-convencional/532940.html

El pasado día 30 de enero el pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó sendas mociones de los grupos municipales de oposición y del PP en el Gobierno en las que se pedía, respectivamente, apoyo vecinal para el soterramiento del ferrocarril en la capital e instar a Fomento a que renuncie a  la llegada del AVE en superficie. Pero no hay que echar las campanas al vuelo. Vayamos por partes.

De entrada, recordemos que, pese a la aparente sintonía del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, con las reivindicaciones vecinales, éste se apresuró a mostrar su satisfacción por el resultado de la entrevista del pasado martes en Madrid con el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, quien, con ánimo de echar ‘balones fuera’ y dilatar el proceso, transmitía a nuestro primer edil la conveniencia de iniciar, por parte de Fomento, los estudios previos para determinar el impacto medioambiental y la viabilidad de las obras del soterramiento (cosa que ya se contemplaba, por cierto, en el convenio a tres bandas suscrito por el Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Fomento en junio de 2006). ¿Cómo se explica, pues, ese súbito cambio de postura del alcalde tras la tibieza mostrada a su regreso de Madrid? (Incluso se ha anunciado la adhesión institucional del Ayuntamiento de Murcia a la manifestación convocada para el próximo día 15 de febrero). Tengo para mí que más que una súbita ‘conversión’ de Cámara,  lo que se ha producido, como en otras recientes luchas vecinales perseverantes y contundentes, es el triunfo – momentáneo- de la razón sobre la cerrazón y el hermetismo.

Pero hay otras cosas que conviene no obviar. No hay que olvidar que antes de este apoyo municipal a esas largas y reiteradas reivindicaciones de la Plataforma Pro-Soterramiento, que lleva en esta lucha más de 24 años, se produjeron actuaciones represivas por parte de la autoridad gubernativa hacia los vecinos y vecinas concentrados en las vías, junto al barrio de El Progreso -el día del Bando de la Huerta del pasado año-, que bordeaban claramente los límites de lo permisible en un Estado de Derecho. ¿De quién procedían las órdenes? Sorprende, por lo demás, el silencio del presidente de la Comunidad Autónoma a lo largo de este proceso, pese al apoyo del PP al soterramiento en la Asamblea Regional. Podría pensarse que la inminente dimisión voluntaria de Ramón L. Valcárcel para buscar nuevos aires en Estrasburgo y Bruselas le llevarían a no comprometer su más que segura posición de privilegio en las listas electorales para el Parlamento Europeo. Pero es que, además, creo que ese mismo ambiente preelectoral en el que estamos inmersos puede estar detrás de esa extraña sintonía del primer edil de Murcia con los planteamientos vecinales. Procede, pues, tomarse el reciente acuerdo municipal con toda la cautela precisa. Aún no hay nada en concreto. Y la capacidad de presión del Ayuntamiento capitalino hacia Fomento está por ver. Máxime cuando el grupo parlamentario del PP se ha venido desdiciendo de lo que ese grupo político venía apoyando hasta ahora en Murcia. Creo más en la perseverancia y contundencia de la lucha vecinal que en coyunturales apoyos institucionales. De todas formas, bienvenido sea este nuevo escenario político en la Región.  

Pero no acaba aquí la batalla. Si se consigue el anhelado soterramiento del tren desde Los Dolores a Nonduermas, creo que los vecinos de Alcantarilla tienen sobrados motivos para exigir la misma actuación en su municipio. Como también creo que, al margen del AVE, que lleva demasiado tiempo ‘planeando’ sobre nuestras tierras, hay que seguir reivindicando para nuestra Región lo que ya exponía en un artículo que publiqué en La Opinión en octubre de 1999, titulado ‘El AVE, ¿la panacea?’. “A pesar de ser un tren –decía Juan C. Rodríguez, en la revista El Ecologista- el AVE, por sus altas velocidades, requiere un consumo energético por pasajero próximo al del avión […]. Sin embargo, la tendencia en todo el mundo, y en particular en nuestro país, es la de favorecer los medios de transporte más ineficientes y de mayor impacto medioambiental (automóvil, avión y tren de alta velocidad), en detrimento de los demás” […] “Ese tren exige unas infraestructuras que producen un efecto barrera innegable sobre zonas pobladas y de cultivos, amén del impacto medioambiental sobre flora y fauna. Además, el radio de curva exigido, de unos 7 km., contribuye asimismo a la complejidad del trazado”. En mi artículo, apostaba, pues, por la apertura de la conexión ferroviaria con Andalucía, que nunca debió perderse (como tampoco el ferrocarril de Caravaca), la potenciación del ferrocarril convencional con el desdoblamiento y electrificación de las líneas con Chinchilla, Lorca, Alicante y Cartagena, y el transporte de mercancías por ferrocarril, detrayéndolas de la carretera.

Y es que creo que la llegada del AVE no debe hacernos perder la perspectiva de la defensa del ferrocarril convencional.

martes, 21 de enero de 2014

EL GAMONAL COMO PARADIGMA

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/01/21/gamonal-paradigma/529379.html

En mi último artículo concluía que sigue estando pendiente, desde los tiempos de la Transición, una auténtica democracia participativa en las instituciones más próximas a la ciudadanía, los ayuntamientos. Mi apreciación, que fue una de las señas de identidad del movimiento vecinal allá por los años setenta y ochenta del pasado siglo, coincide con la expresada por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), que, con ocasión de los sucesos acaecidos en el barrio burgalés de El Gamonal, aludía hace unos días precisamente a esa falta de participación social en los asuntos municipales como una de las causas del estallido de la protesta. Pero en los acontecimientos que han tenido y tienen como escenario la calle Vitoria de ese barrio burgalés hay otros factores que analizar. Vayamos por partes. 

En primer lugar, no es nada novedoso el recurso a criminalizar, de inmediato, las protestas con el fin de neutralizarlas. Es algo que históricamente viene repitiéndose desde siempre. El historiador británico, ya fallecido, Georges Rudé, desde su posición marxista, expone en su libro La multitud en la Historia cómo los revoltosos y perturbadores de la era preindustrial en Francia e Inglaterra eran tildados de banditti, 'desesperados', 'turba'... Incluso el muy revolucionario Robespierre se inclinaba a considerar a los revoltosos del hambre como 'agentes' de los ingleses y de la aristocracia. Para no irnos tan lejos, cuando se produjo en Madrid, en marzo de 1766, el Motín de Esquilache, que tenía como causa de fondo la liberalización del precio del trigo, lo que produjo la carestía del pan, y como motivo inmediato el decreto de este ministro napolitano de Carlos III que prohibía el uso de sombreros de ala ancha y de la capa española, las autoridades acusaron a los jesuitas de ser los inductores, lo que dio lugar a su expulsión de España y de los reinos hispánicos en 1767. Hoy, ciertos historiadores siguen atribuyendo a ese hecho histórico el carácter de movimiento popular espontáneo, pero con una motivación política evidente, en el contexto de la lucha por el poder entre dos facciones de la Corte. 

En los sucesos del barrio de El Gamonal, cómo no, las autoridades municipales se apresuraron a buscar inductores de la protesta. La calle Vitoria, según el primer edil de Burgos, se había poblado de provocadores antisistema de origen exógeno, afirmación desmentida inmediatamente por la realidad: la práctica totalidad de las personas detenidas eran del barrio. Más recientemente, se acusa a IU de estar detrás de las protestas. Lo extraño sería que no apoyase. Parece consustancial a un partido que se considera, sobre todo, movimiento político-social el combinar la práctica institucional con su presencia en la calle. 

En segundo lugar, otro recurso que viene siendo habitual en los últimos tiempos es el de la manipulación mediática. En este caso, protagonizada, sobre todo, por el Diario de Burgos, que descaradamente ha aireado los sucesos con portadas claramente tendenciosas destinadas a desnaturalizar el hastío ciudadano. Nada extraño en un medio informativo propiedad del cacique localAntonio M. Méndez Pozo, que es juez y parte. Su empresa es la adjudicataria de las obras del bulevar burgalés, a pesar de su turbio pasado, pues ingresó en prisión en 1994 con un condena de siete años por falsedad documental en el llamado 'caso de la construcción' de Burgos. 

En otro orden de cosas, en los hechos de El Gamonal, como en el caso del Motín de Esquilache antes citado, hay que buscar motivos inmediatos y causas de fondo. Está claro que la 'mecha' que hizo estallar el conflicto fue el empecinamiento del alcalde de Burgos, Javier Lacalle (PP), de seguir adelante con las obras sin contar con el vecindario. Pero, además, las protestas han exteriorizado el hastío de esos vecinos por una política de recortes sociales y cierre de escuelas y guarderías, cuando el Ayuntamiento está dispuesto a destinar ocho millones de euros a una obra no imprescindible. Y es que, además, la provincia de Burgos, sin llegar a los altos niveles que registra nuestra Región en lo relativo a paro, pobreza, etc., se sitúa muy por detrás de otras provincias de Castilla y León, como Valladolid, en bienestar social. 

Empero, hay aspectos positivos en esta protesta ciudadana, que aún continúa. Uno de ellos, la solidaridad del resto del país, en la calle y en las redes sociales. Sin desdeñar el alto grado de organización que exhibe esta asamblea vecinal de Gamonal, que impuso varias condiciones al alcalde para sentarse a negociar: libertad para las personas detenidas, la salida de la ciudad de las fuerzas antidisturbios y la paralización inmediata de las obras del bulevar. 

El Gamonal es, en definitiva, el ejemplo de cómo la movilización ciudadana puede reactivar un movimiento vecinal que debiera haberse constituido en un contrapeso al excesivo poder, sin control popular, de los cargos institucionales electos.

viernes, 17 de enero de 2014

MÁS DEMOCRACIA MUNICIPAL

Cuando, como en mi caso, ya se han consumido con creces los sesenta tacos del calendario, es inexcusable echar la vista atrás para recordar aciertos y errores pasados. Aciertos y errores se han dado, cómo no, en mi deambular por la participación política y social, que ha ido consumiendo etapas desde aquellos iniciales escarceos reivindicativos en la Universidad, allá por los años 70 del pasado siglo, hasta mi precoz participación, muy joven aún, en un movimiento asociativo vecinal incipiente, pero que mostraría su pujanza reivindicativa en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la Transición democrática. 

En los inicios del año 1983, tras mi activa participación en las asociaciones de vecinos de la barriadas de Vista Alegre y del Polígono del Ensanche de Cartagena de la que fui presidente, con tan sólo treinta años fui elegido, en asamblea vecinal de los barrios de la ciudad y su término, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, la que luego denominaríamos Fernando Garrido. Contaba esa junta directiva con valiosas personas, con o sin adscripción partidista, y pronto entendimos que había que darle a esa Federación vecinal un potente sesgo reivindicativo. Eran los tiempos en los que la exigencia de una democracia participativa constituía una de las señas de identidad del movimiento ciudadano. Y así lo entendimos en la Federación: había que reclamar del ayuntamiento de Cartagena el reconocimiento de la Federación como interlocutora vecinal y más cuotas de participación popular directa, pues así lo reconocía el artículo 23 de la Constitución. Tras varias reuniones de la junta directiva de la Federación, una potente asamblea de sus barrios integrantes nos mandató para hacer acto de presencia en el pleno del Ayuntamiento de 22 de junio de 1983. Presidía la Corporación el socialista Juan Martínez Simón, que revalidó la mayoría que, en 1979, había llevado a la alcaldía al también socialista (ya fallecido) Enrique Escudero de Castro. 

A ese pleno acudimos no menos de cincuenta vecinos y vecinas representantes de distintos barrios de la ciudad. Le pedíamos al alcalde que suspendiera, por unos instantes, el desarrollo del mismo para exponer nuestras peticiones, que consistían, básicamente, en dar voz a los vecinos en las comisiones informativas y en los plenos, cuando la situación así lo requiriera, al tiempo que exigíamos el reconocimiento de la Federación como interlocutora válida ante el Ayuntamiento. La negativa del primer edil municipal condujo, pues, a un encierro vecinal, que duró hasta las cuatro de la mañana del siguiente día, y que tuvo el salón de plenos como escenario. Estaban presentes algunos vecinos que eran trabajadores de empresas como la antigua Bazán (hoy Navantia) y que aguantaron estoicamente allí, a pesar de que debían de comparecer a primeras horas de la mañana en su trabajo. Podíamos abandonar el encierro, pero no salir. Por eso, allí acudieron para aportarnos agua, refrescos y algunos bocadillos varios concejales de la oposición cantonal, socialista y comunista (omito sus nombres porque no quiero dejarme ninguno en el tintero). 

La prensa regional recogía, al día siguiente, con el titular «Tras el encierro, sigue la tensión», la noticia del mismo, con mis propias declaraciones y las del alcalde. Con la perspectiva que da el paso del tiempo, y tras releer esa noticia con detenimiento (conservo aún la página del periódico), constato lo que entonces, con la bisoñez de mis treinta años y, en consecuencia, con mi falta de experiencia política, me era imposible de captar: que aquella Transición, tantas veces idealizada, nacía con serias carencias democráticas. También en lo referente al ámbito local. Miren lo que afirmaba en la prensa el alcalde Martínez Simón, tras el encierro: «Nos vamos a reunir para establecer criterios y fijar prioridades [para los barrios] con absolutamente todos los presidentes de las asociaciones de vecinos, y supongo que allí estarán los de la Federación». Más adelante decía: «Las pautas que haya de seguir [el Ayuntamiento] se harán en el barrio, que es donde está el movimiento ciudadano, que, por cierto, es mucho más importante y está muy por encima de todos estos 'tiquismiquis' de reconocimiento o no de un Federación». Para terminar afirmando, entre otras cosas: «Esto me suena a intento de hacer política, y para eso están las elecciones y las urnas». 

Unos años después se produjo la desnaturalización del movimiento vecinal, el paso de muchos de sus cuadros dirigentes a la política y la consolidación de la falta de control popular de la acción municipal. Por ello, hoy, aquellas reivindicaciones vecinales están más vigentes que nunca. Cuando la crisis ha sido un pretexto para acabar con las conquistas sociales y democráticas, es tiempo de reivindicar, también en ese ámbito municipal, una necesaria revolución democrática. Un proceso instituyente, al decir de Manolo Monereo (*) que, a través de un movimiento político y social, conduzca a la plena recuperación de la soberanía popular. La que exigíamos aquellos jóvenes utópicos de los años 80.

(*) Monereo, Manolo. De la crisis a la revolución democrática. Ediciones El Viejo Topo, Barcelona, 2013.