Vanesa, Gema y Santi expusieron detalles de la iniciativa en rueda de prensa celebrada el pasado
viernes, 9 de mayo, ante la Consejería de Fomento y de Ordenación del
Territorio.
Diego
Jiménez/Murcia. 9 de
mayo de 2014. Gema, casada y con tres hijos a su cargo, lleva un mes
ocupando una vivienda en Murcia en poder
de una entidad bancaria. “Para que esté
vacía –afirmó-, es mejor ocuparla, pues así se deteriora menos”. Gema vivía en
casa de su madre, en el seno de una familia con un total de siete miembros, con
poco espacio y “ninguna intimidad”, razón por la que adoptó esta decisión.
Vanesa, casada y con tres hijos, y que vivía en casa de su abuelo,
junto a sus dos tíos, en una vivienda de unos escasos 45 metros cuadrados, optó
también por ocupar una vivienda vacía de otra entidad bancaria, en la que lleva
tres semanas.
Gema y Vanesa, que hablaban en su nombre y en de otras familias que en Murcia han decidido dar este paso, no tienen miedo a
las consecuencias de su acción. Afirmaron que cuentan con la comprensión de los
presidentes de las comunidades de propietarios de los inmuebles en que ahora
residen y piden lo mismo de quienes ven con malos ojos ese proceso de ocupación.
Exigen al menos el acceso a una vivienda con un alquiler razonable, cansadas
del silencio de la Administración ante su requerimiento de ayudas. Gema y
Vanesa comparecieron el pasado día 9 de mayo en rueda de prensa, ante la
Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio de Murcia, arropadas por
varias decenas de personas.
El acto, con el que se inicia
el Murcia la campaña ‘Obra Social de la PAH’ fue presentado por Santi Gracia, que denunció que hay
muchas familias en una situación crítica, así como la insuficiente política de
alquileres sociales, cuyo coste se fija en función de la deuda hipotecaria
pendiente. Respecto de la Ley 1/2013, que obvió los contenidos de una ILP con
casi millón y medio de firmas en todo el Estado, criticó de la misma su ‘Código
de Buenas Prácticas’, que “no ha solucionado nada”. Según Santi, “esta ley no garantiza
el derecho a una vivienda y, además, viola los Derechos Humanos”. Denunció,
además, la inoperancia de la Oficina de Intermediación, lo que conduce a un
total desamparo a miles de familias. Aludió a términos como “terrorismo
financiero” y “desobediencia civil” con los que justificó su apelación a las
personas afectadas por desahucios a unirse a las PAH para recibir apoyo y
asesoramiento en estos difíciles trances.
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