La
afectada, una vecina con una hija de once años a su cargo, ya ha recibido en
ocasiones anteriores la misma notificación judicial.
Diego Jiménez/Murcia, 28 de abril de 2014.- Ana
Fernández, vecina del murciano barrio de Santa María de Gracia con una
niña menor de once años a su cargo, ha podido comprobar en la mañana de hoy la
fuerza de la solidaridad humana. El desahucio de su vivienda, previsto para su
realización en la mañana de hoy, ha sido paralizado, según la notificación
telefónica recibida por la PAH de Murcia. Un
notable grupo de personas de apoyo de esta Asociación se hallaban concentradas
en la puerta de la vivienda desde primeras horas de la mañana y han recibido
con satisfacción y alivio, al igual que la afectada, la notificación.
La situación que
atraviesa esta mujer está enquistada. Según fuentes de la Plataforma, después de más de un año de luchas continuadas tanto con la
Administración Pública como con la entidad financiera SUMA
INVESTMENT, hasta la fecha no ha sido posible encontrar una solución
satisfactoria.
Inicialmente, se intentó contactar con esa entidad
financiera, sin embargo, afirman “nos encontramos con una oficina cerrada y una
empresa que se negó rotundamente a cualquier tipo de negociación, y cuyo único
objetivo era quedarse con la vivienda; una vivienda –situada en el centro de
Murcia- que SUMA INVESTMENT reclama a raíz del impago de un
préstamo personal concedido a Ana hace cuatro años aproximadamente, y cuya suma
ascendía a 30.000 €”. Por ello, “no quedó otra opción que recurrir a la
Administración Pública, en esta caso la Consejería de Vivienda, a la que se le
solicitó una casa del parque público para que Ana y su hija tuviesen una
alternativa habitacional tras el desahucio y pudiera continuar con su vida con
unas condiciones mínimas”, pero –denuncian- “la Administración Pública
encargada de proteger los intereses y necesidades de los ciudadanos, ha demostrado una vez más su ineficacia e
incapacidad de respuesta ante una situación de emergencia, sobre todo
teniendo en cuenta que hace ya más de medio año que comenzaron los primeros
contactos con la Consejería de Vivienda, cuando señalaron el lanzamiento por
quinta vez”. Se intentó también la actuación del Servicio de Mediación
Intrajudicial, pero encontraron una “rotunda negativa” al uso de este servicio,
pues está condicionado a la “adhesión voluntaria” por parte de la entidad
financiera.
La PAH denuncia, además, el “nulo control” que ejerce la Consejería de
Vivienda sobre el parque de viviendas existente (o inexistente) en la Región. Y
en el caso de Ana, tras conseguir un
principio de acuerdo en el que la Administración iba a conseguir una vivienda
para la familia, “nos encontramos con una demora de seis meses durante los que
se suceden tres señalamientos de lanzamiento, a pesar de los contactos
existentes entre el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Murcia y la
Consejería de Vivienda”, afirman.
Finalmente, tras el
último señalamiento del día 24 de marzo de 2014, la Administración se
comprometió a entregar a la afectada antes de esta fecha una vivienda situada en el
Barrio de la Paz . Toda esta espera se
debía, según la Consejería y el Ayuntamiento, al
acondicionamiento de una segunda vivienda en Los Ramos, donde se iba a
trasladar a la familia que habitaba en la vivienda concedida a Ana. Sin
embargo, surge un nuevo problema, y es que a día de hoy “ninguno de estos dos organismos han cumplido
con su trabajo: Ana sigue sin tener alternativa habitacional”.
La PAH de Murcia concluye que esta
sangrante situación responde a “la ineficacia y
falta de compromiso por parte de las personas que ocupan los cargos de
responsabilidad de la Administración, ignorando una vez más su
verdadera función, que es administrar y tratar de gestionar de una manera
efectiva los problemas que acucian a la ciudadanía”.
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