¿SERÁ IRREVERSIBLE EL COLAPSO CIVILIZATORIO?

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2023/09/05/sera-irreversible-colapso-civilizatorio-91702281.html

Un año más, este verano nos ha demostrado, en contra de la opinión de los negacionistas recalcitrantes -e interesados-, que la crisis climática es una evidencia. Dicha crisis se ha manifestado en nuestra península y en los dos archipiélagos con: olas de calor sin fin; la irrupción del desierto, que se hace cada vez más presente con la invasión de polvo sahariano; los sempiternos incendios, como el que ha devastado miles de hectáreas en Tenerife… y la pertinaz sequía (según AEMET, en España llueve hoy un 12% menos de media con respecto a 1950), acompañada, paradójica y cíclicamente, de lluvias torrenciales de una Dana que en el momento de aparecer este artículo, se habrá enseñoreado ya del Mediterráneo y de amplias zonas del país. Consecuencia directa de la sequía es la disminución del agua embalsada. A fecha 28 de agosto pasado, los embalses españoles, con 21.083 hm³, estaban al 37,68% de su capacidad, cuando en la misma semana, en la media de los últimos años disponían de casi 30.000 hm³. En la fecha citada arriba, la Cuenca del Segura embalsaba 307 hm³, solo un 26,93% de su capacidad, pese a las precipitaciones habidas en la pasada primavera, anormalmente húmeda. Datos que nos deben cuestionar que la mayor parte del agua de nuestros pantanos, hasta un 80%, se destine al regadío, sobre todo intensivo, y a la industria. Si trascendemos el ámbito más local, a escala global los síntomas no son menos preocupantes: al voraz e incontrolado incendio de Canadá hay que sumar las graves inundaciones de China, que se han cobrado, como suele ser habitual, vidas humanas, los huracanes destructivos… El planeta lleva años pidiendo auxilio a gritos. Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro Colapso. Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo, nos advierte de que en un planeta con recursos limitados, no podemos crecer indefinidamente. Concretamente, y en el caso español, sitúa la ‘huella ecológica’ en el 3.0, esto significa que necesitaríamos los recursos de tres países como el nuestro para mantener el actual nivel de consumo. Para este profesor, las eventuales causas del colapso están claras: añade al cambio climático y el agotamiento de materias primas otros factores que anticiparían el fin del modo de producción capitalista, como la crisis demográfica, el incremento de las desigualdades de renta, la extensión de pandemias conocidas y por venir, las frecuentes crisis financieras, las guerras sin fin por la apropiación de las materias primas del planeta… Como otros muchos analistas, Taibo anticipa el colapso inevitable de la civilización industrial. Afirma, sin ambages, que el modo de producción capitalista es el principal responsable, desde su irrupción con la Revolución Industrial casi trescientos años atrás; e incluso se atreve a afirmar que la modificación antropogénica de sus hábitats por los habitantes del planeta desde hace 4.000 años puede tener algo que ver en el proceso. Hay antecedentes históricos. El bloguero Rafael Poch de Feliu publica un artículo de Michael T. Klare (USA, profesor emérito de estudios sobre la paz y la seguridad mundial) que reseña y comenta el contenido del bestseller de 2005 Colapso: How Societies Choose to Fail or Succeed (Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, Ediciones De Bolsillo), obra del geógrafo Jared Diamond, en la que este se refería a civilizaciones del pasado que se enfrentaron a graves crisis climáticas, adaptándose y sobreviviendo, o fracasando y desintegrándose. Entre ellas, el pueblo del Cañón del Chaco (Nuevo México), la antigua civilización maya de Mesoamérica y los colonos vikingos de Groenlandia. Estas sociedades, que habían alcanzado un gran éxito, implosionaron cuando sus élites gobernantes no adoptaron nuevos mecanismos de supervivencia para hacer frente a unas condiciones climáticas radicalmente cambiantes. En todos estos casos, el clima cambió bruscamente, provocando sequías persistentes o, en el caso de Groenlandia, temperaturas más frías, con la pasividad de las élites gobernantes (¿les recuerda esta situación a la actual?). Para J. Diamond, hoy, el proceso del colapso civilizatorio ya parece estar en marcha. Carlos Taibo, amparándose en la opinión de varios estudiosos y científicos, afirma que el colapso se produciría gradualmente entre los años 2020-2050, con una sociedad ‘postcolapsista’, ciertamente apocalítica: 1. Reducción drástica de la oferta de energía, lo que afectaría al comercio mundial; 2. Cierre de empresas, aumento del paro, quiebra del sistema financiero; 3. Disminución de la población planetaria; 4. Debilitamiento o desaparición de las instituciones estatales y locales; 5. Desurbanización acelerada y huida de la población al ámbito rural; 6. Quiebra de los sistemas sanitarios y educativos… Precursores del colapso. Por su parte, Diamond refirió tres indicadores claves, o precursores de una disolución inminente: un patrón persistente de cambio medioambiental a peor; signos de que los modelos agrícolas están agravando la crisis; y la incapacidad de las élites para abandonar prácticas perjudiciales y adoptar nuevos medios de producción. A la cabeza de cualquier lista estaría la continua dependencia del petróleo, el carbón y el gas natural, las principales fuentes de los gases de efecto invernadero. Mención especial merece la multinacional ExxonMobil Corporation, que sigue bombeando petróleo y gas, pese a que ya en la década de 1970 sus propios científicos predijeron que los combustibles fósiles podrían provocar un calentamiento global con dramáticos efectos medioambientales antes del año 2050. Por otra parte, el consumo de carbón, aunque se prevé que disminuya después de 2030, sigue aumentando en algunas zonas del mundo. Hay muchas otras formas en las que las sociedades están perpetuando comportamientos que pondrán en peligro la civilización, como la dedicación de cada vez más recursos a la producción de vacuno a escala industrial, y el crecimiento de cultivos intensivos despilfarradores de agua y con nitrificación de las tierras (¿les suena algo de esto en Murcia?). Ante estas evidencias, la obligación de los gestores políticos sería la adopción de medidas para proteger a la población. ¿Pero es ello posible en un marco de producción y consumo capitalista? Acciones positivas, pero no suficientes. Michael T. Klare nos dice en su artículo que, hace media docena de años, cuando comentó el libro de Jared Diamond con su alumnado, les hablaba de las formas en que el colapso de la civilización aún podría evitarse mediante la acción concertada de las naciones y los pueblos del mundo. Sin embargo, poco imaginábamos algo parecido al verano del 2023. Aun así, reconoce que se ha avanzado mucho en los años transcurridos; por ejemplo, el porcentaje de electricidad suministrada por fuentes renovables en todo el mundo ha aumentado considerablemente; muchas naciones han tomado medidas significativas para reducir las emisiones de carbono… pero las élites mundiales siguen aplicando estrategias que no harán sino amplificar el cambio climático, garantizando que, en los próximos años, la humanidad se deslice cada vez más cerca del colapso mundial. ¿Un proceso irreversible? Carlos Taibo piensa que sí, que el daño infligido al planeta es enorme. Considera que el capitalismo hoy está cavando su propia tumba. Por ello, plantea opciones para sobrevivir en una sociedad poscolapsista: recuperar lo social y elementos de la sabiduría popular de nuestros antepasados; potenciar el consumo de productos de proximidad; ‘destecnologizar’, es decir, analizar críticamente lo negativo que ha supuesto la proliferación de las tecnologías… Como aspecto positivo a destacar, Taibo cree que el colapso civilizatorio brindará oportunidades inéditas para la articulación de sociedades más justas, solidarias y sostenibles. Es posible otro mundo, la esperanza es el camino, pero habría que transmitirla con realismo: a título de ejemplo, cree que propugnar que las energías renovables son la solución a la crisis climática, sin cambiar a fondo nuestro orden socioeconómico, es una falacia.

PUIGDEMONT, DECISIVO

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2023/07/28/puigdemont-decisivo-90406051.html

Quienes, también desde el ámbito de cierta izquierda, han venido dudando de la ‘españolidad’ de catalanes y vascos, tras el resultado electoral del pasado 23 tendrán que hacérselo mirar. Cataluña y Euskadi han salvado al resto de país de la irrupción de la derecha extrema y de la extrema derecha. El voto útil al PSOE las ha frenado en esos territorios históricos y, junto al notable resultado electoral de Sumar en el resto del Estado, van a imposibilitar la investidura de Feijóo, que, desconocedor consciente o inconscientemente de lo estipulado en el artículo 99 de la Constitución y en el fragor de la impostada euforia de la noche electoral, no dudó en ofrecerse dispuesto a formar Gobierno. España, se ha visto, es plural y diversa. Las derechas nacionalistas catalana y vasca, junto con la predisposición clara de ERC y EH Bildu a apoyar un Gobierno de coalición progresista, ya manifestada en la misma noche electoral, tienen de nuevo la ocasión de permitir que el país en su conjunto se deslice hacia la modernidad, el avance social y el progreso o, por el contrario, que retroceda hacia aciagos periodos históricos recientes. Puigdemont tiene la palabra. Diego Jiménez García

LAICIDAD Y SUPRESIÓN DE LA TAUROMAQUIA, ASIGNATURAS PENDIENTES DEL GOBIERNO

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2023/05/09/dos-asignaturas-pendientes-gobierno-87073043.html

Ilustración de Enrique Carmona

 Son indudables los avances sociales y políticos de este Gobierno de coalición. También es evidente la situación de acoso y derribo, acrecentada en estas fechas preelectorales, a que viene siendo sometido desde hace años por una oposición de derechas ávida de recuperar el poder. Por ello, confieso que me cuesta mostrarme crítico con asuntos siempre pendientes.

Empero, hoy voy a abordar sucintamente dos de ellos: el de las relaciones del Estado con las religiones y el siempre pendiente debate sobre la tauromaquia.

PRIVILEGIOS FISCALES A CONFESIONES RELIGIOSAS. El Gobierno anunció, en días pasados, que extiende los privilegios fiscales a budistas, ortodoxos, mormones y Testigos de Jehová, en el contexto de la reforma de la Ley de Mecenazgo. Dichos privilegios, consistentes básicamente en la exención del IBI para lugares de culto, suponen, según la asociación Europa Laica, un paso atrás en la laicidad del Estado español, pues los privilegios se combaten suprimiéndolos, no extendiéndolos.

La medida se enmarca en los Acuerdos (pre)constitucionales del Estado con la Santa Sede, de enero de 1979 -pues se firmaron tres días después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978-, ratificados por el ambiguo artículo 16.3 de la misma, que reza así: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Parece claro que, desde el punto de vista jurídico, hay una dejación de soberanía estatal respecto a la Santa Sede, pues los Acuerdos de 1979 están ahormando la soberanía estatal en temas relacionados con la financiación eclesial, los privilegios fiscales y la presencia confesional en la enseñanza.

Hoy, en el camino hacia la laicidad, que no aconfesionalidad como constitucionalmente tenemos en España, se debería tomar el ejemplo de la II República española, en donde esa laicidad del Estado fue plena y las confesiones religiosas fueron consideradas asociaciones privadas de creyentes, aunque el Estado garantizaba la libertad de conciencia y de cultos.

Europa Laica califica de ‘cortina de humo’ el acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia católica para que ésta empiece a pagar dos impuestos de los que hasta ahora estaba exenta. En concreto, tras ese acuerdo con el Ministerio de la Presidencia, la Iglesia ha renunciado a las exenciones impositivas sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y los que afectan a las contribuciones especiales contempladas en el Concordato de la Santa Sede de 1979. En realidad, más que renuncia eclesial, hay que considerar ese acuerdo como una simple aplicación legal impuesta por Bruselas. Acuerdo que, en realidad, viene a ocultar las cuestiones más candentes a resolver en las relaciones Iglesia-Estado, como el de las inmatriculaciones en manos de la Iglesia, favorecidas por la hipotecaria ley franquista de 1947, y la exención del pago del IBI.

Según Europa Laica, la Iglesia católica recibió del Estado en 2020 la cantidad de 12.000 millones de euros, y a través del IRPF recaudó 320 millones en el ejercicio fiscal de 2021. Creo firmemente que hemos de avanzar claramente hacia la plena laicidad del Estado español. En el país vecino, Francia, la separación entre el Estado y las religiones es real. El Estado es neutro desde un punto de vista religioso, pero, a la vez, se garantiza la libertad de conciencia y de cultos desde mucho tiempo atrás, en virtud de la ley de diciembre de 1905.

A VUELTAS CON LA TAUROMAQUIA. El siempre inacabado debate sobre la celebración de festejos taurinos en España -englobados en el término omnicompresivo tauromaquia- sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa de la dignidad de los toros y novillos, tan sintientes como otros animales, tuvo el otro día un motivo más para reactivarse: por las redes sociales pudimos ver cómo en los festejos de un pueblo valenciano un novillo se precipitaba al río, desde una altura de 15 metros, fracturándose las patas, por lo que hubo de ser sacrificado.

Tras la pandemia, y según la publicación Libremercado, la temporada de 2022 se saldó con un 14% más de festejos respecto de 2019, con un total de 436 corridas de toros y otros centenares de actos más, como novilladas con y sin picadores, rejoneo, becerradas…

Ello no implica, sin embargo, que la tauromaquia goce de buena salud. La Vanguardia nos aportaba, hace unos días, el dato de que el 84% de la juventud entre los 16 y 24 años está “poco” o “nada” orgullosa de vivir en un país con festejos taurinos, significando que el 60% de la población general se opone a la tauromaquia en sus distintas manifestaciones, aunque el barómetro de La Sexta rebajaba esa cantidad al 48,7%.

Hay que saber que, pese a sus crecientes detractores, entre los que me incluyo, la tauromaquia está declarada bien cultural a proteger, por sendas leyes: la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, que regula esta actividad como patrimonio cultural, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, ambas firmadas por M. Rajoy, lo que demuestra, a la vez, la querencia de la derecha por el mundo del toro y la patrimonialización por su parte de dicha actividad, erigida en una idealización simbólica de ‘lo español’ y en cuya aventura ha encontrado un indeseable aliado, VOX.

Ignoro si el actual Gobierno de coalición sintonizará con el contenido de las leyes citadas, pero, como curiosidad, he aquí la ‘guinda’ con que nos obsequia el preámbulo de la ley 18/2013: “La tauromaquia es una manifestación artística […] en la que se resaltan valores profundamente humanos como pueden ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta…”

Si de fuerza bruta animal hablamos, midamos la que exhibe el ser humano en ‘festejos’ como el ‘bou embolat’, el tirar a una cabra desde un campanario, alancear a un toro hasta su muerte en Tordesillas o arrancar de cuajo el cuello a unos gansos en Euskadi… ‘festejos’ afortunadamente modificados o suprimidos pero que, mientras se han celebrado,  demuestran el grado de ‘civilización’ de nuestro país.

Añade el preámbulo: “Existe un consenso en la aceptación mayoritara del carácter cultural, histórico y tradicional de la tauromaquia como parte esencial del Patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de España”. Los porcentajes citados arriba en contra de la ‘fiesta’ parecen desmontar ese optimismo del legislador.

Para terminar, un tema no menor es el de la tragedia asociada a dichos festejos. En 2022 un total de 23 personas perdieron la vida en los festejos taurinos celebrados en toda la geografía española. La Comunidad valenciana, con 9 muertes, fue la más afectada, hasta el extremo de que algunas aseguradoras han retirado su cobertura de los ‘bous al carrer’ al menos en 18 municipios, algunos de los cuales han cancelado los festivales taurinos. Uno de ellos es Tavernes de la Valldigna, que considera la medida como parte de su defensa de los derechos de los animales.

El Gobierno progresista actual y el que esté por venir seguirá teniendo en este tema una ‘patata caliente’, pues estoy plenamente convencido de que no se puede considerar civilizado a un país que, pese a haber legislado en contra del maltrato animal, hace oídos sordos, por presiones y evidentes motivos económicos, a la necesidad de prescindir del absurdo sufrimiento y muerte de un noble animal como el toro.

 

Diego Jiménez García   @didacMur      

REVITALIZAR EL MUNICIPALISMO

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Desde mi picoesquina

 

REVITALIZAR EL MUNICIPALISMO

 

Afirmaba hace unos días en su columna mi amigo José Haro, también colaborador de La Opinión, que para que Sumar, el proyecto que impulsa Yolanda Díaz, segunda vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, echara raíces habría tenido que estar presente en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Y no le faltaba razón.

Voy a centrar mi columna de hoy en aportar unos breves apuntes sobre una de las instituciones más próximas a la ciudadanía, el municipio, con una visión mínimamente retrospectiva para calibrar su importancia en la vida política del país.

HITOS DEL MUNICIPALISMO DECIMONÓNICO. En 1808, con el secuestro por Napoleón de la familia real española en Bayona, y ante el vacío del poder central, surgen las Juntas (locales, provinciales y la Junta Suprema Central) que, además, controlaron y canalizaron las revueltas populares, preservando el orden social vigente. A partir de 1808, cualquier revolución triunfante o derrotada se iniciaba con levantamientos locales y provinciales. Así sucedió en 1820, inaugurando el Trienio liberal, pero ese fenómeno juntero se repetiría también a lo largo del siglo XIX en 1835-36, 1840, 1843, 1854-56 y 1868.

De 1835 a 1868, pues, según la autorizada opinión de Walter L. Bernecker (Universidad de Berna), asistimos a una etapa de luchas populares, protagonizadas también por la clase media y pequeña burguesía, ligadas al liberalismo democrático, al socialismo utópico y al federalismo.

De especial interés es el bienio progresista (1854-56), durante el cual el malestar social de las capas menos favorecidas nutrió las barricadas en un improvisado proceso de participación popular: las juntas se constituían en autoridades que cubrían el vacío del poder local. Existía un paralelismo entre esas juntas y la Milicia Nacional; ambas fueron instrumentalizadas por la burguesía, por lo que fueron dejadas de lado cuando su carácter tendencialmente democrático iba más allá de lo que esa burguesía estaba dispuesta a asumir.

Tras la caída de Isabel II (Revolución La Gloriosa, septiembre de 1868), los nuevos poderes locales (y también provinciales) asumieron la fórmula popular de juntas revolucionarias, con un programa basado en el sufragio universal, la libertad de enseñanza, de cultos y de industria, abolición de la pena de muerte y de las quintas…. Es el mismo programa que defenderían los federalistas intransigentes durante la Revolución cantonal de Cartagena (julio 1873-enero de 1874). Pero en ese año 1868, volvía a repetirse el fenómeno conocido: las juntas provinciales hubieron de someterse al general Prim.

Hay que insistir en que, desde los inicios del siglo XIX y hasta el final de la Primera República en diciembre de 1874, progresistas, demócratas y republicanos federalistas unieron sus propios proyectos a las libertadas urbanas de origen medieval en Castilla, en clara oposición al centralismo de los moderados: “El árbol genealógico de la apuesta municipalista comienza con el primer juntismo, en 1808, e incluye el Federalismo de la I República y el municipio libre del movimiento anarquista”, en opinión de Pamela Radcliff, Universidad de California. Para los progresistas, los demócratas y los republicanos, los municipios eran la base de la libertad y la participación: sobre esos poderes locales debería construirse el Estado-Nación.

Pi i Margall, segundo presidente de la efímera I República y que había bebido en las fuentes de Proudhon, concibió un orden político de municipalidades autónomas unidas mediante pactos federales; lo local era uno de los elementos sobre lo que construir (si bien, desde arriba) la Federación, con una amplia base social formada por las clases urbanas, pequeña y mediana burguesía y los jornaleros. Para este brillante político (según Xabier Domènech, Un haz de Naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España), la forma de llegar a la República pasaba por la consolidación del proceso revolucionario juntista.

Más a su izquierda, los republicanos federales intransigentes, que nutrieron las revoluciones cantonales (como la de Cartagena antes citada), defendían que la República debía ser construida desde la base, mediante un comunalismo municipalista.

El colapso de esa I República inauguró un periodo en el que las ideas municipalistas quedaron desplazadas, pues el turbulento periodo del Sexenio condujo, por el ‘miedo escénico’ de las clases dirigentes, al estatalismo centralizador de los liberales de la Restauración.

SIGLOS XX Y XXI. En plena I Guerra Mundial, conflicto en el que España se declaró neutral, surgen en 1917 las Juntas Militares de Defensa, que nada tenían que ver con el juntismo civil anterior, situándose por encima del mismo, sin duda debido al peso histórico de los militares. De hecho, la decisión del Gobierno de declarar facciosa a la Asamblea de Parlamentarios llevó a esas Junta Militares a la salvación del orden oligárquico que denostaban inicialmente.

Por lo que se refiere al periodo de la II República, y en opinión de Pamela Radcliff,  “aunque la Constitución de 1931 reconocía el estatus autónomo de los municipios (así como el de las regiones) la formulación de una ley de gobierno local no se incluyó en la ambiciosa lista de prioridades de los republicanos de izquierdas y socialistas del primer bienio […] Los principales portadores del estandarte de la defensa de las libertades locales democráticas durante este periodo fueron los anarquistas […] Si bien no todos los anarquistas incorporaron el gobierno municipal en sus programas, sí atribuyeron un lugar privilegiado a la organización y las estructuras políticas autónomas de base local como fuente de libertad y participación popular”.

El largo paréntesis de la dictadura franquista, con alcaldes elegidos a capricho de los jerarcas del régimen, supuso, como es sabido, una postergación de la larga tradición democrática del municipalismo del país. En cualquier caso, en los últimos años de la década de los setenta del pasado siglo, el potente movimiento ciudadano vecinal se constituía en una poderosa herramienta que incluía las ideas municipalistas clásicas de autonomía local y participación ciudadana directa, desde la que iniciar la democratización del resto de instituciones del Estado. El objetivo de ese movimiento vecinal era la transformación de los barrios en beneficio de intereses colectivos, propugnando la municipalización de servicios, la planificación urbana (participando en la génesis de los Planes de Ordenación –PGOU-), el derecho social a la vivienda, espacios verdes, el transporte colectivo… Movimiento vecinal nutrido, como es sabido, por el esfuerzo de militantes de organizaciones de izquierda, con notable influencia del PCE en pugna, las más de las veces, con ORT y otras organizaciones de izquierda por protagonizar, dinamizar y, en ocasiones, dirigir ese movimiento vecinal, situaciones que vivió en persona quien estas líneas les escribe.

Por último, no podemos obviar la experiencia de los llamados ‘ayuntamientos del cambio’. Según nos recordaba hace unas fechas El País, las marcas locales asociadas a Podemos llegaron a gobernar en 2015 en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Santiago de Compostela y Cádiz, pero las divisiones internas y problemas de gestión hicieron que casi todo ese poder municipal se fuera diluyendo, durando tan sólo una legislatura. Y es que, aunque el artículo 140 de nuestra Constitución otorga a los municipios una autonomía y descentralización respecto de los poderes autonómicos y estatales, el problema de los municipios sigue siendo, en muchos casos, el de la asunción de competencias impropias y la infrafinanciación: los ayuntamientos absorben sólo el 15% del gasto público, cuando el Estado autonómico recibe el 35% y el Estado Central, el 50%.

En ese contexto, y según decíamos al inicio del artículo, la decisión de Yolanda Díaz de no concurrir con su proyecto Sumar a las elecciones municipales y autonómicas puede ser otro factor que dificulte el fortalecimiento y crecimiento del espacio a la izquierda del PSOE en los municipios.

Hay que revitalizar el municipalismo, pues una potente democracia local vigoriza, sin duda, la democracia en todas sus esferas.

Diego Jiménez García. Profesor de Historia

@didacMur

 

LA DERECHA NO CREE EN LA DEMOCRACIA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2023/01/17/derecha-cree-democracia-81267952.html

 

(Ilustración de El Roto)

La intentona golpista de hace unos días en Brasil, dos años después del asalto al Capitolio por las ‘huestes trumpistas’, es una señal inequívoca de que a la derecha se le atraganta la democracia, como quedó sobradamente demostrado con la conspiración y golpe de Estado contra la Segunda República española en julio de 1936.

Particularmente en Latinoamérica, hay una línea de continuidad histórica de golpes de Estado de las derechas cuando éstas han visto peligrar sus intereses de clase. Por citar sólo unos ejemplos conocidos, las dictaduras del general Barrientos (1964) y Hugo Banzer (1971) en Bolivia, precedieron, como es sabido, a la del general Pinochet (1973) en Chile, que, también como es sabido, gozó de la ‘comprensión’ de la Democracia Cristiana, liderada por Eduardo Frei, hasta el año 1975, si bien es cierto que éste se mostró luego opositor al Gobierno de Pinochet. Recordemos que Frei fue presidente de Chile entre el 3 de noviembre de 1964 y la misma fecha de 1970, en la que la presidencia pasó a Salvador Allende. Sin olvidar la dictadura argentina y por citar acontecimientos más recientes, la intentona golpista contra Hugo Chávez en 2002 y, en Brasil, la destitución de Dilma Roussef y la falsa acusación contra Lula demuestran cómo se las gastan las derechas.

Las dictaduras latinoamericanas fueron el ‘laboratorio’ en que experimentar las recetas neoliberales de los ‘Chicago boys’, los discípulos de Milton Friedman. Esas mismas recetas fueron luego puestas en práctica por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, lo que suponía un cuestionamiento del Estado del Bienestar implantado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir: desaparecido el peligro comunista tras la caída del Muro de Berlín, las derechas, con la lamentable complicidad de la socialdemocracia europea, se aprestaron a políticas de recortes de derechos sociales y de la propia esencia de la democracia. Ya no era preciso recurrir a sanguinarias e impopulares dictaduras; se pusieron en marcha nuevos métodos.Aun así, el peligro de involución democrática sigue presente, porque, en mi opinión, está incrustado en el ADN de las derechas. Como botón de muestra, los pasados días 18 y 19 de noviembre tuvo lugar en México la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) contra la expansión del socialismo. A ese encuentro acudieron Eduardo Verástegui, amigo y admirador de Trump; el anticomunista polaco Lech Walesa; Steve Banon, exasesor de Trump; Bolsonaro…y, por supuesto, Santiago Abascal.

Preocupados por la expansión del socialismo en Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil… todos apostaron por el derrocamiento y eliminación de los Gobiernos progresistas, Nótese que, para legitimar sus intentonas desestabilizadoras, los reunidos en México se atreven a calificar de socialistas a Gobiernos que, en muchos casos, no pasan de aplicar tibias medidas sociales contra las crisis cíclicas que soportan sus países.

ECOS DE ESA MAREA CONSERVADORA EN NUESTRO PAÍS. Preocupados también por esa marea trumpista, fuertemente populista y contrarreformista que se extiende por el planeta, y que sin necesitar la presencia del brazo armado militar está recurriendo a la movilización de las masas para ocupar las instituciones de poder, en nuestro país los grupos del Congreso apelan a la responsabilidad del PP para evitar un eventual asalto a las instituciones democráticas, como ha ocurrido en Washington y en Brasilia.

Recordemos que la ‘condena’ de Feijóo de los sucesos de Brasil fue muy tibia. Si en España viene negando la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez, algo similar debe pensar de Lula, pues no salió en bloque a defender tampoco la legitimidad de su Gobierno. Es más, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, manipulando una vez más, se atrevió a decir que, tras la reforma del delito de sedición, los sucesos de Brasilia no pasarían aquí de ser considerados ‘desórdenes públicos’.

Las derechas en España han venido dirigiendo, desde hace meses, sus ataques al Gobierno por la vía de la deslegitimación. Recordemos que Feijóo se atrevió a calificar a Pedro Sánchez como el presidente más ‘autoritario’ de la democracia. Isabel Díaz Ayuso, que considera a Sánchez un ‘tirano’, cree que España se encamina hacia una dictadura. Y Santiago Abascal, sin duda reforzado por las conclusiones de la reunión de México antes citada, se muestra dispuesto a asaltar las instituciones y a triturarlo todo. Incluso se atreve a acusar a Sánchez de perpetrar un golpe a la Constitución.

A partir de lo arriba expuesto, parece claro que las derechas de nuestro país vienen utilizando a sus peones de brega en las instituciones estatales y su poder económico, del que son sus portavoces, para erosionar las instituciones, desgastar al Gobierno y, a corto plazo, llegar al poder. Para ello cuentan con poderosos resortes mediáticos; periódicos, radios y televisiones que han normalizado la mentira con las fake news (falsas noticias) como instrumentos privilegiados de la acción política y con el lawfare (guerra jurídica). Actividades que cuentan con una sociedad anestesiada, acrítica y presa de un discurso ‘cultural’, sobre todo televisivo, en que prima lo chabacano y vulgar.

Parece claro que acontecimientos como el 15M, la eclosión de Podemos y el auge del independentismo en Cataluña provocaron, además del reforzamiento de un sentimiento españolista por parte de las derechas, apropiándose de simbología patria como como la bandera, la apelación a lo que históricamente ha sido una de sus señas de identidad: la defensa del orden. Por encima incluso, como es claramente perceptible, de los resultados de las urnas.

Además de lo expuesto, si hay una institución que aparece como un elemento de cohesión ideológica para las derechas esa es sin duda la monarquía. La función reservada al monarca como el garante de la unidad de España, en contra de las pulsiones autonomistas y republicanas de algunas nacionalidades del país, el hecho de que la Corona ostente el mando supremo de las Fuerzas Armadas y los evidentes lazos familiares e históricos de esa institución con las clases conservadoras del país me llevan a pensar que, en un momento dado (precedentes históricos los hay, recordemos el apoyo de Alfonso XIII a la dictadura de Primo de Rivera), la monarquía podría avalar un cierto golpismo institucional.

El problema para la izquierda, amén de sus difíciles relaciones para conformar un bloque político alternativo y unido, es que se muestra incapaz de conformar un discurso cultural capaz de superar la hegemonía que, en ese campo, ostenta la derecha.

Es evidente que hay un peligro de avance, si no del fascismo, sí del populismo derechista en nuestro país. Por ello esas tendencias retrógradas hay que combatirlas, además de por vía penal, con actuaciones políticas que favorezcan a las mayorías y con unas herramientas ideológicas y culturales que contrarresten esa hegemonía de las derechas. Hay que defender las conquistas democráticas. Porque he llegado a la conclusión que la derecha no cree en la democracia.

EL FERROCARRIL CONVENCIONAL SÍ VERTEBRA LA REGIÓN DE MURCIA

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2022/12/19/ferrocarril-convencional-vertebra-region-80191348.html

                                                    (Imagen: Wikipedia)

Desde mi picoesquina

 

El ferrocarril convencional sí vertebra la Región

Cuando estas líneas vean la luz, se habrá producido ya, con todo boato, la inauguración oficial de la llegada del AVE a Murcia. Un AVE que despierta reticencias por parte de una derecha crítica con la excesiva duración del viaje a Madrid, obviando que ello es consecuencia directa de ese absurdo itinerario por Alicante, ‘gracias’ al Pacto del AVE de Murcia suscrito el 8 de enero de 2001 en el palacio de San Esteban entre Francisco Álvarez-Cascos y los presidentes autonómicos Ramón Luis Valcárcel, Eduardo Zaplana, Alberto Ruiz-Gallardón y José Bono, pacto que condenó al ostracismo a la línea tradicional Cartagena-Chinchilla y nos hizo depender de la zona ferroviaria de Valencia, según nos ha recordado una y otra vez Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Prosoterramiento.

Nuestra Región de Murcia es, hoy, un desierto ferroviario. La obsesión por volcar el flujo de mercancías y personas por carretera y por la potenciación del AVE ha llevado al desprecio del ferrocarril como elemento vertebrador de nuestras comarcas. El cierre de la línea de ancho ibérico Murcia-Caravaca, que estuvo operativa hasta 1971, se justificó por razones de escasa rentabilidad. Por idénticos motivos, el ferrocarril Almendricos-Baza-Guadix dejó de prestar servicio el 1 de enero de 1985.  Esas líneas clausuradas sentaron el precedente para la nefasta suspensión actual de los trenes Cartagena-Chinchilla, justificada, dice ADIF, por las obras del soterramiento en Barriomar, olvidando que siempre estuvo abierta la posibilidad de utilizar provisionalmente la estación de Nonduermas, que hubiera evitado el flujo de pasajeros hasta Albacete por carretera.

LA LÍNEA CARTAGENA-ALBACETE HA DE SEGUIR SIENDO PRIORITARIA. Por razones de utilidad social, por economía y por sentido común, se impone recuperar el servicio ferroviario entre Cartagena y Albacete, con vías desdobladas y electrificadas. Esa línea sí que vertebra el territorio regional.

En fecha 30 de enero de este año, Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, afirmaba en una nota de prensa que la línea Cartagena-Chinchilla pasa a la primera división de la Red Europea de Transportes. A este respecto, Antonio del Campo, responsable del Gabinete Técnico de Infraestructuras en CCOO, nos recuerda que el pasado 11 de noviembre concluyó el plazo de presentación de enmiendas para la Red Básica Europea de Ferrocarriles y mantiene, así mismo, que se da prioridad al eje Cartagena-Albacete, actuación que, en todo caso, no va a ser inmediata. Nos recuerda que las inversiones europeas en materia ferroviaria contemplan tres variables: la Red Básica Prioritaria, con horizonte temporal en el 2030 y en la que entraría esa línea; la General, prevista para el 2040, y la Ampliada, para el 2050. En todo caso, a la hora de considerar el trazado de esta nueva línea Cartagena-Albacete hay que tener en cuenta que debe hacerse el Estudio de Detalle y la Declaración de Impacto Ambiental durante al menos tres años.

Respecto de esa futura línea mejorada, Joaquín Contreras, que también sigue apostando por que sea prioritaria, me hizo una observación importante: el ferrocarril Cartagena-Murcia-Albacete sería la salida natural de Almería y Granada (si se consolida la recuperación del ferrocarril Baza-Lorca, del que luego hablaremos) hacia Madrid, mucho más ventajosa que por Despeñaperros.

Empero, si de vertebración regional ferroviaria hablamos, hemos de considerar otras actuaciones.

EL CORREDOR MEDITERRÁNEO.  Consiste en una plataforma de ancho internacional y de alta velocidad, que discurre desde la frontera francesa hasta Algeciras. Infraestructura necesaria que impulsará la economía, el turismo y el empleo pero que está pensada sobre todo para el transporte de mercancías. De hecho, en la página web ‘Quiero corredor’, de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), citada por Ángel Martínez (El ferrocarril en la Región de Murcia 1 y 2), denuncian el retraso de más de 25 años que acumulan las obras de este corredor y exigen al Ministerio una línea exclusiva de mercancías desde Monforte del Cid hasta Murcia. La redacción del estudio de la misma se publicó en el BOE el 8 de noviembre de 2011, sin que llegara a adjudicarse. La novedad es que esa línea de mercancías, según esta asociación, no debería atravesar Murcia, sino que habría de ir en paralelo a la autovía A7 para conectar, a la altura de Santomera, con los corredores de Cartagena y Albacete y continuar hasta Lorca y Andalucía.

A este respecto, Contreras nos recuerda que, efectivamente, el Corredor Mediterráneo llega hoy sólo hasta Monforte, con doble vía de ancho internacional, y que, por ahora, está previsto que las mercancías pasen por Murcia por el túnel soterrado, un peligro por el tránsito de graneles, productos tóxicos, etc., en caso de accidente.  Opina, además, que las vías para mercancías deberían ser diferenciadas de las de viajeros.

EL ACCESO A CARTAGENA Y EL FERROCARRIL A BAZA. Varios barrios cartageneros afectados por el trazado propuesto por ADIF para la entrada del AVE a la ciudad vienen oponiéndose al mismo, por el efecto barrera de las vías, y apuestan por la propuesta número 5, es decir, la entrada a la estación ‘Víctor Beltrí’ -convertida en una estación intermodal que acogería el FEVE Cartagena-Los Nietos- con un trazado paralelo a la carretera de La Unión.

A este respecto, Fulgencio Sánchez, portavoz de la plataforma ‘Tren a Cartagena’ y presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación, denuncia que, en estos momentos, pese a que hay tramos del AVE en obras en el sector de Riquelme-Torre Pacheco, no hay proyecto claro para la entrada del tren a Cartagena y, además, se produce una preocupante dilación de las reuniones. La prevista para noviembre, no se ha celebrado. Este portavoz aclara que la reivindicación vecinal actual no es tanto sobre la llegada del AVE sino sobre la exigencia de una línea moderna, electrificada y con el trazado antes citado, que, además, es más barato que el propuesto por ADIF.

En relación con la antigua reivindicación de la reapertura del ferrocarril Almendricos-Baza-Guadix, Antonio Francisco Martínez, de la Asociación ‘Amigos del Ferrrocarril de Baza’, nos dice que nadie daba un duro por la reapertura de esa línea, pero en marzo de 2021, en Almería, se consiguió del ministro Ábalos el compromiso del inicio de un estudio informativo de viabilidad, que llevan a cabo dos empresas adjudicatarias con un plazo de 24 meses.

Nos dice que el coste de las obras, unos 800 ó 900 millones de euros, entre Guadix y Lorca no es un obstáculo; es cuestión de voluntad política. La situación actual es de parálisis desde los meses del pasado verano, pero el Ministerio afirma que se va a compensar la situación en 2023, de modo que en 2024 pueda remitirse el estudio informativo a la Unión Europea para la financiación de las obras.

Y LAS CERCANÍAS. La vertebración regional propuesta sería incompleta si no se considerara la situación de los trenes de cercanías en la Región. A este respecto, hay que mantener y mejorar el eje este-oeste (Alicante, Murcia, Lorca, Águilas), potenciar el eje sur-norte (Cartagena-Murcia-Cieza-Hellín) y recuperar la clausurada conexión Calasparra-Cieza (hoy, vía verde), con un tren lanzadera para unir ambas poblaciones, pues el cierre de la estación de Calasparra y el levantamiento de las vías, algo que lamenta José María Rodríguez, de IU Cieza,  ha dejado incomunicadas a más de 110.000 personas del Noroeste murciano e incluso del Altiplano granadino, según expuse en mi artículo de LA OPINIÓN de 2 de abril de 2019.

Hay que potenciar también el intercity Cartagena-Albacete y considerar la posible conexión del Altiplano con Murcia, con una línea que uniría la capital con Fortuna, Abanilla, Jumilla y Yecla, propuestas de mi amigo Juan Antonio Conesa, de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, que también advierte de la desaparición de la conexión con Alcázar de San Juan, por el nuevo trazado del AVE. Para terminar, no podemos olvidar la prolongación del FEVE Cartagena-Los Nietos hasta Cabo de Palos, La Manga y, por qué no, hacia localidades ribereñas del Mar Menor.

 

Diego Jiménez García. Profesor de Geografía e Historia

@didacMur