HAY HOMBRES QUE LUCHAN UN DÍA Y SON BUENOS. HAY HOMBRES QUE LUCHAN UN AÑO Y SON MEJORES. HAY HOMBRES QUE LUCHAN MUCHOS AÑOS Y SON MUY BUENOS. PERO HAY QUIEN LUCHA TODA LA VIDA, ÉSOS SON LOS IMPRESCINDIBLES. (Bertold Brecht).
Diego Jiménez García, LA OPINIÓN de Murcia, 31/03/2022
(Foto: La Opinión de Murcia)
En efecto. De nueva traición hay que calificar el viraje dado por Pedro Sánchez, que sin consultar su decisión con su propio Gobierno (excepto, al parecer, con su ministro de Exteriores) y, por supuesto, con el Parlamento español (es notoria la oposición en bloque de todo el arco parlamentario) decidió, en días pasados, en carta remitida a Mohamed VI, asumir la posición del año 2007 del Reino de Marruecos sobre el Sahara Occidental, lo que, contraviniendo las resoluciones de Naciones Unidas (ONU), supone la negativa a celebrar un referéndum de autodeterminación en la que fue antigua provincia española hasta 1976 y, por consiguiente, el mantenimiento de la ilegal soberanía marroquí sobre el territorio.
Recordemos que el Sahara Occidental, de casi 270.000 kilómetros cuadrados, fue colonizado por España en 1884, cuando en la Conferencia de Berlín las potencias europeas se repartieron África. Cincuenta años después, España lo integraría como la provincia número 53, hasta que en 1965 la ONU exigió su descolonización. Tras la Marcha Verde de finales de 1975 y los vergonzosos Acuerdos de Madrid, con un Franco agonizante, España cedió el Sahara Español a Marruecos y Mauritania, que poco después renunció a su parte.
Son conocidas las presiones de la CIA norteamericana en la entrevista de Juan Carlos I, entonces jefe de Estado accidental por la enfermedad terminal del dictador, con Vernon A. Walters, director adjunto de esa central de Inteligencia. En pleno escenario de Guerra Fría, EE UU no deseaba mantener un foco de tensión en la zona, acrecentado por el alineamiento de la vecina Argelia con la URSS. Por lo que, en dicho encuentro, al parecer Walters le garantizó a Juan Carlos su apoyo para el acceso al trono a cambio de la cesión a Marruecos del Sahara Español. Desde ese momento, la monarquía alauita siguió considerando como propio ese territorio y mantuvo una guerra con el Frente Polisario, que proclamó el 27 de febrero de 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y exigía la independencia.
Dicha guerra duró hasta 1991. En abril de ese año, la resolución 690 de la ONU reconoció el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, con un periodo transitorio en el que tendría que elegir entre su independencia o la integración en Marruecos, considerando al Sahara uno de los 17 territorios que está pendiente de descolonización y a España potencia administradora. Para la realización de la consulta, se tendría en cuenta el censo realizado por España en 1974. En 1999, la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) determinó que unas 86.000 personas tenían derecho al voto. Sin embargo, Marruecos, que había inflado ese censo con personas del propio país, alegó que habría que incluir unos 240.000 votantes más. La realidad es que, como es sabido, ese referéndum nunca se ha celebrado ni tiene visos de que se vaya a celebrar.
Hoy, la población saharaui ha pasado a ser minoritaria en la zona, mientras miles de refugiados viven en los campamentos de Tinduf, en Argelia. En 2007 Marruecos presentó ante la ONU un plan de autonomía para el Sáhara Occidental, en el que se le niega cualquier posibilidad de independencia. El mismo plan que, como decíamos arriba, ha sido apoyado por Pedro Sánchez. Al parecer, Marruecos cedería competencias ejecutivas, legislativas, económicas, de infraestructuras y otras, pero se reservaría materias claves como la Defensa, las relaciones exteriores o la religión, supervisada, por supuesto, por Mohamed VI. Hasta aquí, una relación sucinta de los hechos. Además, en el paso dado por Pedro Sánchez, que cada día que pasa se muestra más pusilánime ante la emersión de problemáticas varias en su acción de Gobierno, hay que tener en cuenta otras consideraciones.
LA POBLACIÓN SAHARAUI SIGUE RECLAMANDO LIBERTAD. El presidente del Gobierno, influido sin duda por la incesante presión marroquí, y de la que las protestas de la diplomacia alauita por la asistencia sanitaria prestada en España a Brahim Gali, secretario general del Frante Polisario, son sólo una muestra, avala su apoyo al plan marroquí en la razón de Estado. Pero ignora el presidente la odiosa represión que ejerce Marruecos, tanto en la región del Rif, como en el Sahara. Aminetu Haidar, una activista saharaui perseguida por el sátrapa marroquí, denunció en su día que la comunidad internacional y la ONU no habían hecho nada y que la Minurso es «un testigo internacional con los ojos vendados». Añadiendo, además: «Hassan II cometió crímenes de lesa humanidad, pero no había testigos internacionales; ahora Mohamed VI hace lo mismo, pero ante la ONU». En los territorios del Sahara Occidental se han venido cometiendo por parte del Ejército ocupante detenciones arbitrarias, asesinatos en masa, simplemente porque sus habitantes no repitieran en su día ¡Viva el rey Hassan II de Marruecos! (el mismo al que Juan Carlos I definió como un hermano), bombardeos con bombas de napalm…c omo relató unos años después de la Marcha Verde una joven saharaui, Mariam Mohamed Salem, testigo de los hechos.
EL PUEBLO SAHARUI, VÍCTIMA DE LA GEOPOLÍTICA. Antes de exponer unas conclusiones finales, tenemos que recordar que el pueblo saharaui hablaba nuestro idioma y tenía nuestra nacionalidad, por lo que el sentimiento de abandono durante estos años no ha desaparecido.
Unas consideraciones:
1. Una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, solicitada por la Asamblea General de la ONU de octubre de 1975, negaba a Marruecos vínculo de soberanía territorial del Sahara, por lo que dicha ocupación es ilegal.
2. El Frente Polisario afirma que la situación legal del Estado saharaui es auténtica, y que fue ratificada por la integración de la RASD en la Organización para la Unidad Africana (OUA) en 1984.
3. Es notorio que la posible existencia inicial de un nuevo Estado en el Norte de África, en momentos álgidos de la Guerra Fría, había que evitarla, por los contactos entre el Frente Polisario con Argelia y la URSS. Hoy, 47 años después, las ambiciones y conveniencias magrebíes, estadounidenses y europeas en esa región del Sur del Mediterráneo están dificultando esa pretensión.
4. Los mayores valedores del sátrapa marroquí siguen siendo la UE, particularmente Francia, que no abandona su presencia en los antiguos territorios de su influencia, El Reino Unido y últimamente, Alemania. Por su parte, EE UU, amén de sus intereses comerciales en la zona, pretende consolidar a Marruecos como un bastión más de la seguridad preventiva en el eje estratégico Canarias-Estrecho-Baleares, ante la emergencia del fundamentalismo islámico,
5. No hay que olvidar tampoco la presencia de un ‘actor’ rival de Marruecos, Argelia, que mantiene unas relaciones privilegiadas con China, inversora neta en el país, como en el resto de África. En mayo de 1996, el entonces presidente chino, Jiang Zemin, visitó el continente. Desde ese momento y hasta 2017, el comercio chino con los países africanos se incrementó más de 200 veces, sus inversiones se elevaron a 100.000 millones de dólares y alrededor de 3.100 empresas del gigante asiático se han instalado en el continente.
6. En cuanto a España, antigua metrópoli, es notorio que su diplomacia ha sido superada por la marroquí, que mantiene intactas sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla (desconocemos si la ‘rajada’ de Pedro Sánchez habrá garantizado su estatus) y los territorios de soberanía españoles: Peñón de Vélez de la Gomera, islas de Alhucemas y Chafarinas, islote de Perejil, e incluso las Canarias. España, además, debe mantener buenas relaciones políticas con Francia y EE UU al tiempo que debe cuidar su relación con Argelia, por nuestra dependencia energética de ese país, que en cualquier momento podría cerrarnos el ‘grifo del gas, aunque no parece un escenario probable.
7. Se dice que con el Acuerdo con Marruecos hemos ganado en tranquilidad, pero a cambio de perder peso geopolítico. Ganamos también el ser partícipes de futuros negocios energéticos y que Marruecos frene con más ahínco (cosa que está por ver y cuáles serán los nuevos chantajes) a los emigrantes subsaharianos.
Todas estas consideraciones geopolíticas refuerzan mi convicción de que la palabra ‘traición’ respecto de nuestro pueblo hermano saharaui no es exagerada. De nuevo, y una vez más, la CIA y también la OTAN han dictado sus designios.
| Cementerio de Santa Florentina. La Palma, Cartagena (foto LA OPINIÓN) |
En nuestro país, supuestamente aconfesional, pero con un gran peso todavía de lo confesional católico, la Iglesia vive hoy uno de sus momentos más delicados. A los numerosos casos de pederastia en el seno de esta secular institución hay que añadir el conflicto desatado a raíz de las inmatriculaciones.
Pero lo más llamativo es que la Iglesia no tenía por qué hacer pública la adquisición de esos bienes y, por supuesto, aquéllos estaban exentos de impuestos. Como es de suponer, todo esto ha generado un enorme conflicto de intereses y agravios que no está resuelto y que parece que va para largo, en opinión del Movimiento por el Celibato Opcional (MOCEOP). Lo último salió a la luz en días pasados, cuando el episcopado reconoció que la Iglesia puso a su nombre cerca de un millar de bienes que no le corresponden (965), lo que habla a las claras que detrás de las inmatriculaciones hay bastantes trapos sucios que destapar.
La Iglesia Católica, que en su momento digirió muy mal que el artículo 27 de la Constitución republicana de 1931 decretase la jurisdicción civil de los cementerios, es propietaria de un buen número de camposantos, a veces, con la oposición vecinal. Como en el caso de los vecinos y vecinas del Paretón, pedanía de Totana: en acuerdo que se adoptó por unanimidad en la junta local vecinal del pasado 26 de abril de 2021, piden que el cementerio pase a ser de titularidad municipal.
En la diputación cartagenera de La Palma, la apropiación de tumbas, nichos y panteones del cementerio por parte de la Iglesia y su posterior inmatriculación se ha producido con unos métodos que ponen en entredicho la credibilidad de una institución que predica el ‘no mentirás’ (octavo mandamiento), pues ha procedido dolosamente con propietarios y propietarias, unas 129 personas, pero incidiendo en unas 1.500. Por ello, el vecindario de ese pueblo del Campo de Cartagena anda litigando con el obispado de la Diócesis Cartagena-Murcia para recuperar sus propiedades en ese cementerio. Además, constituidos en asociación, los vecinos han recurrido al papa Francisco enviándole un dossier, que también ha sido entregado al nuncio apostólico en España, y contemplan interponer una demanda por la vía civil, una vez descartada la vía penal, desaconsejada por la jueza que instruye las diligencias previas.
En síntesis, el proceso comenzó en 2010, año en que el Parlamento Europeo advirtió a España de que el hecho de que los obispos continuaran actuando como notarios a la hora de adquirir nuevas propiedades tenía los días contados. El cura de la parroquia Santa Florentina de La Palma y la junta parroquial del cementerio comunicaron a los propietarios de panteones, nichos y fosas que sus propiedades no podían estar a nombre de personas que, en algunos casos, ya habían fallecido y que por ello había que actualizar todos los títulos de propiedad.
En esa ‘actualización’ se cedieron las propiedades y se recibió a cambio un derecho de enterramiento por cincuenta años; en la mayoría de los casos los propios integrantes de la junta del cementerio destruyeron toda la documentación anterior. Se denuncia que todo el proceso se hizo en un ‘clima de presión’ y con toda celeridad, designando a quiénes tendrían derecho de enterramiento, previo pago de 20 euros, y advirtiéndoles de que, si no procedían así, lo habrían de hacer ante notario pagando un mínimo de 100 euros.
Estas actuaciones ‘irregulares’ por parte de la Iglesia tropezaron con sus primeros problemas cuando propietarios que acababan de edificar o, sencillamente, cuando la propiedad estaba a nombre de personas vivas se negaron a la ‘actualización’, hechos que no trascendieron socialmente. Solamente en un caso muy significativo: había que ejemplarizar lo que pasaría si te negabas a firmar, y ocurrió cuando falleció el padre de un vecino del pueblo que no había ‘actualizado’ el título. Se presentó parte de la junta del cementerio en el velatorio para decirle al hijo del difunto que horas después no iba a poder enterrar a su padre por el hecho de no tener los papeles en orden.
El presidente de la asociación de afectados, Paco Soto, recuerda que este hecho de 2018, tan irresponsable en esos momentos de dolor fue, en gran medida, el desencadenante de todo. Nos aclara que muchas de las familias, de arraigado sentido católico, no se niegan a que el cementerio sea de la Iglesia, aunque sí están dispuestas a recuperar las propiedades que, con dolo, les han sido arrebatadas, propiedades que, en algunos casos, tienen más de cien años de antigüedad.
Soto hace notar el hecho de que el derecho de enterramiento por cincuenta años reconocido en los documentos entregados a sus antiguos propietarios tiene un carácter discrecional: el párroco puede decidir el límite de familiares enterrados y quiénes pueden serlo. Lamenta, así mismo, que un burofax enviado al obispo de la Diócesis, Lorca Planes, haya obtenido la callada por respuesta, por lo que las familias afectadas están dispuestas a litigar por lo civil para recuperar sus derechos. Desmiente, así mismo, las declaraciones efectuadas a LA OPINIÓN el pasado 21 de enero por José Carrasco, ecónomo de la diócesis de Cartagena Murcia, en las que afirmaba que la diócesis cuenta con tres escrituras públicas que demostraban la titularidad de este camposanto, pues, como se ha dicho, están acreditadas las propiedades de enterramiento por parte de los vecinos y vecinas.
El enquistado conflicto del vecindario de La Palma con la jerarquía católica es una muestra más del enorme peso y privilegios que aún detenta la Iglesia en nuestro país y parece muy lejano aún el día en que el laicismo impregne la vida política y social.
Diego Jiménez/ Murcia (01/02/2022). La actual crisis entre Rusia, Ucrania y Occidente es un episodio más de la indisimulada pugna por la hegemonía mundial. Al tradicional enfrentamiento entre EE UU y la URSS, que se expresaba a través de sus dos grandes alianzas, Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Pacto de Varsovia, estamos asistiendo estos días al inicio del intento de consolidación de nuevas áreas de influencia en un mundo multipolar, en el que la OTAN, debilitada por sus estrepitosos fracasos en Irak, Libia, Siria, Afganistán… se enfrenta a nuevos actores emergentes. En las actuales circunstancias, Rusia, que, en contra de lo que se ha venido propalando interesadamente, no tiene intención de invadir Ucrania, pero que, al mismo tiempo, no está dispuesta a consentir más ampliaciones de la OTAN cerca de sus fronteras, cuenta con aliados estratégicos como China, India e Irán (cuyo PIB en 2020 es de 731.000 millones de dólares, la 18ª economía mundial), es decir los países más grandes y poblados y de las mayores economías de Asia. Sumemos a ellos países como Mongolia, Vietnam, Siria… Visto lo cual, podemos preguntarnos: ¿De verdad va a ir la Unión Europea (UE) y la OTAN contra ellos?
ANTECEDENTES DEL CONFLICTO. Es cierto, sin embargo, que Vladimir Putin lleva años exhibiendo su músculo militar en la región, con unas repúblicas que, tras la desintegración de la URSS, siguen en su órbita, con mandatarios prorrusos. Tal era el caso de Ucrania. Pero la revolución de 2014 forzó la salida del presidente (prorruso) Viktor Yakunovich, que, por presiones de Rusia, había suspendido un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Como es sabido, a partir de ese momento, Putin aprovechó la inestabilidad política para invadir la península de Crimea, al sur de Ucrania, y apoyar la insurgencia de separatistas rusos en la región del Donbás (en esa guerra ha habido 13.000 víctimas mortales, entre ellas más de 3.000 civiles). Pero que los árboles no nos impidan ver el bosque: recordemos que fue precisamente Occidente el que desestabilizó a Ucrania para derrocar al Gobierno del citado Yakunovich.
Desde la implosión de la URSS y la desintegración del Pacto de Varsovia, está claro que hay una decidida voluntad de ampliar la UE y la OTAN hacia el Este. En ese contexto, el deseo de Ucrania de ingresar en la OTAN ha soliviantado más los ánimos del Kremlin, que ya en su día digirió muy mal esa ampliación hacia las repúblicas bálticas. Putin exige, pues, a la OTAN que detenga su expansión. Las reuniones entre Washington y Moscú celebradas el 11 y 12 de enero en Ginebra (Suiza) concluyeron sin avances. Y así sigue la situación, cuando redacto estas líneas.
¿UNA NUEVA GUERRA FRÍA? Parece claro que, tras el ‘postureo’ de las grandes potencias y su juego aparente entre la diplomacia y la apelación a la guerra (el negocio de la venta de armas es mucho negocio, y las armas se fabrican para ser usadas), podríamos estar asistiendo a una reactualización de la guerra fría, iniciada por Donald Trump y proseguida por Joe Biden, con dos objetivos claros, China y Rusia, y dos frentes, Taiwán y Ucrania. En opinión de Boaventura de Sousa Santos, director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, parece imprudente, sin embargo, que una potencia en declive como EE UU se involucre en una confrontación en dos frentes, pues, a diferencia de años anteriores, China es una gran potencia comercial, pero también militar, sin olvidar que es acreedora neta de la deuda pública estadounidense.
La lógica nos dice, sin embargo, que a la UE le interesaría tener a Rusia como aliada y no como enemiga, más que nada para preservar sus necesidades energéticas y sus exportaciones al gigante euroasiático. Empero, muchos analistas nos advierten de que las multinacionales yanquis empujan para vender sus reservas de gas y el petróleo (ya hay barcos metaneros cruzando el Atlántico), desplazando a los combustibles rusos.
En opinión del sociólogo portugués, es particularmente preocupante que los neocons, los políticos y estrategas neoconservadores que dominan la política exterior yanqui, intensifiquen las hostilidades con Rusia y, al mismo tiempo, insten a EE UU a prepararse para una guerra con China al final de esta década, una ‘guerra caliente’ con los medios de la inteligencia artificial. De repente, China, que hasta ahora era un socio comercial fiable, pasa a ser una dictadura, e igual se piensa de Rusia. Por ello hay que integrar a Ucrania en la OTAN, como un bastión estadounidense en la frontera rusa. O sea: el conflicto EE UU-China se dirime en estos momentos en territorio europeo.
Según De Sousa, la revolución naranja o, más bien, el golpe del 22 de febrero de 2014, fuertemente apoyado por Estados Unidos, fue el pretexto para acelerar la estrategia occidental. En 2014 y 2015 se firmaron los protocolos de Minsk con la intermediación de Rusia, Francia y Alemania, por los que, de conformidad con la legislación ucraniana, se estableció un sistema de autogobierno para la región que cubre áreas de los distritos de Donetsk y Luhansk. Esos protocolos han venido siendo incumplidos. Y en estos momentos la concentración de tropas rusas en Bielorrusia y en la frontera ucraniana (se habla de unos cien mil efectivos) ayuda poco a la distensión.
Hasta ahora, la propuesta de la diplomacia rusa, de la que apenas se habla, pero que está estos días encima de la Mesa de Normandía, en los contactos habidos con Alemania y Francia (países europeos que, hasta ahora, se desmarcan de la política belicista que alienta la OTAN) y la misma Ucrania, es el establecimiento de un tratado de seguridad basado en el desarme y la desnuclearización, en el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y de la soberanía de los Estados.
LA POSICIÓN DE EUROPA. Coincido con el sociólogo Manuel Monereo en que hoy la UE, que en los momentos en que redacto estas líneas no tiene una posición común ante el conflicto, está obligada a definirse ante la evidente emergencia de un mundo multipolar, a la vista de que EE UU está anclado aún en la defensa de un mundo unipolar bajo su hegemonía. Si se desatara la guerra, Europa puede poner las muertes en una guerra en la que nada tiene que ganar y sí mucho que perder. La guerra es el mal absoluto. Lo que debería hacer realmente Europa es, junto a Naciones Unidas, tomar iniciativas veraces para una salida diplomática a la crisis que reconozca los intereses comunes que tiene con Rusia y promover un gran acuerdo económico, político y militar en el marco del cual se debe resolver el conflicto ucraniano.
Por eso resulta patética y ridícula la euforia mostrada por la titular de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles, rápidamente ‘matizada’ por el propio presidente del Gobierno, tras el envío de algunos cazas a Bulgaria y la fragata Blas de Lezo y otros barcos (aportación, en todo caso, insignificante pues España se sitúa en el 19º lugar mundial en gasto de Defensa, en porcentaje similar al PIB destinado a I+D, 1,4%) lo que añadía un componente belicista a lo que debería ser la vía diplomática. Sin embargo, no es la aportación cuantitativa lo más determinante, sino la voluntad belicista opuesta a la vía diplomática lo que ha venido siendo cuestionada desde una oposición de izquierdas que vuelve a reverdecer viejos eslóganes del No a la Guerra y OTAN no, Bases fuera.
Una contribución española a la paz exigiría, pues, la retirada del contingente militar situado junto a las fronteras de Rusia. Nuestro Ejército, que constitucionalmente tiene atribuida la defensa de la integridad del territorio español, no ‘pinta’ nada en zonas de conflicto a 3.000 kilómetros de nuestro país.
En tiempos pasados, criticamos duramente la posición belicista adoptada por el 'Trio de las Azores" (Bush, Blair y Aznar) y fuimos capaces de movilizarnos en el país, en febrero y marzo de 2003, con una intensidad no recordada en mucho tiempo desde las manifestaciones masivas contra la entrada de España en la OTAN a lo largo de 1985.
Entonces creíamos que el belicismo era un patrimonio exclusivo de la derecha. Pero hete aquí que una ministra del Gobierno progresista del Reino de España, la titular de Defensa Margarita Robles, se descuelga diciendo que va a enviar cazas a Bulgaria, país fronterizo con Ucrania, mientras que la fragata 'Blas de Lezo' se unirá a la flotilla de la OTAN en el Mar Negro. Eso no hace sino reforzar la presencia de las tropas españolas desplegadas en países fronterizos con Rusia, lo que incrementará la escalada de la tensión.
Esta ministra ¿socialista? se desmarca, así, de la línea negociadora que defienden algunos países con peso en la UE y se alinea claramente con las tesis belicistas de una OTAN liderada por EEUU, país que, escarmentado en sus 'aventuras' en Iraq y Afganistán, intenta resarcirse alimentando la tensión con Rusia.
Margarita Robles, ubicada como otras y otros ministros en el ala más conservadora del Gobierno de coalición, no puede, por tanto, seguir un día más ostentando la cartera de Defensa. En ese sentido, a los socios de Gobierno del PSOE, comenzando por Unidas Podemos (UP), compete exigir su destitución. Si ello no ocurriera, comprometería muy seriamente la continuidad de UP en el Gobierno.
Porque UP ha de retomar, en estas circunstancias, el eslogan NO A LA GUERRA.
A primeros de mes, decidí celebrar el día de mi cumpleaños en la montaña, en la zona de la cortijada de Huebras (Albacete), junto a la Sierra de Las Cabras. Estamos hablando del entorno de la Sierra del Segura, tan bello como olvidado por las Administraciones. Como olvidada es la ganadería extensiva que, aun en franco declive, todavía es perceptible en llanos y quebradas en esas frías y despobladas tierras de interior. En efecto, la presencia de extensos rebaños de ovejas segureñas es una muestra de que todavía hay gentes que se niegan a abandonar definitivamente el modo de vida de antaño. La ganadería extensiva, que aún se practica en tierras de interior de nuestra Región, y en tantas y tantas zonas de España, preserva y regenera nuestros montes, nos provee de carne y derivados lácteos de gran calidad y, a su modo, contribuye en parte a fijar población.
Macrogranja de CEFUSA en Castilléjar (Granada). (Foto de Greenpeace)EL CAPITALISMO IRRUMPE EN EL CAMPO. En contraste, amplias zonas del país y de nuestra Región están viéndose inundadas por macrogranjas de ganadería intensiva, sobre todo de porcino, que, ante todo, buscan la rentabilidad capitalista. Las hay en zonas altas de Lorca, en el Valle del Guadalentín, en el Campo de Cartagena y Mar Menor, en el Noroeste…En el Altiplano la lucha vecinal está impidiendo la instalación de una de estas granjas contaminantes en el entorno del Monte Arabí, de Yecla. Resistencia ejemplar, como la que se percibe en otras zonas de la Región.
En un artículo anterior, hice notar que el Consejo de Defensa del Noroeste (CDN) y vecinas y vecinos de Caravaca ven también con gran preocupación la instalación en el municipio de macrogranjas de ganadería intensiva, por los evidentes daños medioambientales que estas instalaciones producen. Recientemente, CDN ha dado a conocer los anuncios en el BORM de los proyectos y ampliaciones de explotaciones porcinas que durante el año 2021 se han tramitado en el ayuntamiento de Caravaca en distintos parajes: Cañada del Charco, Loma de Banderas, Las Oicas, El Moral, la Carrasca… es decir, un total de 6.000 cerdos y casi 8.000 lechones más en un año, sin contar con las ampliaciones previstas en otros proyectos, utilizando un subterfugio legal: ante la necesidad de contar con una evaluación de impacto ambiental cuando esas granjas llegan a las 2.000 unidades porcinas, la mayoría de ellas sólo declara 1.999.
Según denuncia Greenpeace, la ganadería industrial está devorando el planeta, y las macrogranjas son la cara más cruel y sucia de este negocio. Su modelo de producción se basa en alimentar a los animales lo más rápidamente posible, bajo cualquier condición, que no excluye por tanto el maltrato, y en maximizar los beneficios. El número de vacas de estas instalaciones se ha duplicado y el de cerdos quintuplicado desde los años 60 del pasado siglo.
En manos de capitales extranjeros, pero también de grupos empresariales españoles conocidos, en los que no faltan referencias a la nobleza (Casa de Alba, Duque del Infantado…), perceptores, además, de fondos comunitarios a través de la PAC, estas empresas siguen expandiéndose: la que en el Valle de Odieta está detrás de la explotación de 5.000 vacas en Caparroso (Navarra) ha proyectado una aún mayor en Noviercas (Soria) para ¡23.520! animales, lo que la convertiría en la mayor macrogranja de Europa.
Las consecuencias, dice Greenpeace, serían terribles: gran consumo y contaminación de las aguas, emisiones de efecto invernadero, uso de enormes extensiones de tierras, deforestación para pastos y para cultivo de alimento para ganado, daños a la salud y abusos a los animales. Además, son una falsa solución contra el despoblamiento rural.
ESPAÑA INCUMPLE LA LEGALIDAD MEDIOAMBIENTAL. Los datos demuestran que las macrogranjas han llevado a España fuera de la legalidad ambiental. En nuestro país, 3.000 grandes explotaciones intensivas de porcino son las responsables de que 99 millones de kilogramos de metano sean liberados al aire en 2020. La concentración de gran cantidad de cerdos en zonas concretas (nuestra Región de Murcia está a la cabeza) está generando problemas con los desechos orgánicos, razón por la que, en diciembre pasado, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia Europeo, por incumplimiento de la ley debido a la insuficiente respuesta ante la contaminación de las aguas por nitratos.
El ministerio de Transición Ecológica elaboró en 2019 un listado de 1.000 puntos en 199 masas de agua afectadas o en riesgo: 40 de cada cien acuíferos están dañados. Y el propio ministro de Agricultura, Luis Planas (el mismo que desautorizó a su colega de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones del pasado 26 de diciembre en The Guardian), en un real decreto de febrero de 2020 admitía que la carne de porcino puede tener un significativo impacto ambiental, especialmente en la producción de nitratos y en la emisión de amoniaco a la atmósfera. Por su parte, el ministerio de Teresa Ribera, otra que se ha sumado a la desautorización de Garzón, calculó a finales de 2020 que, de media, unas 800.000 toneladas de nitrógeno acaban en el medio ambiente, especialmente en el agua. Consecuencias medioambientales, sin duda avaladas por la Ciencia.
Además, según los Datos Globales de la Universidad de Oxford (Our World in Data), sólo el 23% de la tierra cultivable en el planeta se destina para el consumo humano; el 77% restante es para pastos o para piensos de animales de granja. Para obtener un kilo de pollo se necesitan 3,3 kilos de alimentos; para uno de cerdo, 6,4 kilos, y para uno de vacuno, 25 kilos, con sus secuelas de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. A título de ejemplo, en la producción porcina se emiten 12,31 kilos por cada kilo de comida; en la ovina, 39,72 kilos, y en la bovina, 99,48 kilos.
Por ello, insiste el informe, existen alternativas que reducen el impacto ambiental de la producción de carne, esto es, la ganadería sostenible y extensiva, sin olvidar la ingesta de proteínas vegetales, pues la mayoría de emisiones de CO2 de los productos de origen vegetal son de 10 a 50 veces menores que en los de origen animal.
El debate sobre las macrogranjas no es exclusivo de nuestro país. El 20% de los franceses se muestra contrario a la ganadería industrial; en Alemania, Los Verdes, cuando negociaban una coalición de Gobierno en 2017 con democristianos y liberales, exigieron que el acuerdo incluyera una disposición para cerrar este tipo de instalaciones en un plazo de 20 años, aunque ahora piden, al menos, acabar con los ‘precios basura’ de la carne; en Italia, muchos ayuntamientos luchan contra estas instalaciones de ganadería intensiva, y en el Reino Unido hay campañas en esta misma dirección…
BULOS Y LAPIDACIÓN MEDIÁTICA DE UNIDAS PODEMOS. Pero en nuestro país se han instalado la mentira y la hipocresía como armas políticas. Hipocresía en la medida que no se entiende cómo el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de aprobar una moratoria (aunque parcial) para este tipo de instalaciones al tiempo que su presidente, García Page, cargó sus armas contra Garzón. Lo mismo puede decirse del Gobierno de Castilla y León. Lamentable la ‘actuación’ del presidente del Gobierno de España. Su reacción ante las declaraciones de Alberto Garzón, pese a que en 2019 el propio Pedro Sánchez cuestionaba este tipo de explotaciones de ganadería intensiva, hay que entenderlo, sin duda, en clave electoral, así como la de algunas ministras y ministros de su Gabinete. Comportamientos incalificables, aunque bien es cierto que, ante la evidencia de que todo ha sido un burdo bulo, parece que el PSOE ha tenido que recular.
En el fondo, hemos asistido a un intento de lapidación mediática y política más, tras el de Pablo Iglesias y el del diputado canario Alberto Rodríguez, contra Unidas Podemos. La mayor parte de la prensa, la misma que debiera garantizar una información libre, veraz y transparente, se ha prestado al ‘juego’. Hace unos días, Antonio Maestre afirmaba que el periodismo ha dejado de ser útil a la democracia para convertirse en su mayor lastre, al quedar subyugado a los intereses de cualquier jerarca con mucho dinero y poca moral.
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/12/07/reforma-o-ruptura-60384165.html
Cuando se cumplen 43 años del referéndum que aprobó la Constitución española de 1978 (CE78), voy a comentar sucintamente tres aspectos, entre otros muchos, en los que renquea: la forma de Estado, el tema del laicismo y la articulación territorial.
Hay que recordar que nuestra Carta Magna es la segunda de más larga duración de nuestra Historia, tras la de 1876, que estuvo en vigor hasta 1923. Ambos textos tienen en común, además, que suponen la Restauración de la monarquía borbónica, y no precisamente de una manera pacífica y consensuada: mientras que la llegada al trono de Alfonso XII vino precedida del pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos, en Sagunto, el 29 de diciembre de 1874, que supuso el final del Sexenio Democrático y de la I República española, no hay que olvidar que Juan Carlos I fue designado su sucesor por el dictador Franco en 1969, en virtud de la franquista Ley de Sucesión de 1947.
Parece claro, pues, pese a la aprobación del texto constitucional por una amplia mayoría de la población, que la monarquía española carece de legitimidad de origen, pues la CE78 la refrendó sin consulta alguna sobre la forma de Estado. (Es conocido el vídeo en el que Adolfo Suárez admitía que, en plena fase de discusión del texto constitucional, en todas las encuestas la monarquía salía perdiendo). 43 años después, muchas voces se alzan exigiendo una revisión a fondo, o incluso una nueva redacción, del texto constitucional, y en concreto del Título II en sus artículos 56, 57 y 58 que se refieren a la monarquía, pues esta institución, y sobre todo después de los escándalos protagonizados por el rey emérito ‘campechano’, está siendo puesta en cuestión por amplios sectores sociales, aunque ese sea un dato que se oculta frecuentemente en los sondeos de opinión al uso.
Cuando bastantes analistas coinciden en señalar, pues, que, tras la abdicación de Juan Carlos I (el Senado incurrió en una irregularidad insólita para aprobar de urgencia el proyecto de ley orgánica de abdicación del rey redactado por el Gobierno, convocando un pleno para votarla en lectura única, cuando ni siquiera había recibido el texto del Congreso), se abrió un evidente proceso de crisis de lo que se ha venido denominando el Régimen del 78, la monarquía borbónica y el poder judicial han cerrado filas.
Hace unos días, en Barcelona, Felipe VI y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, presidieron el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. En dicho acto, pese a la que está cayendo, el rey, el mismo que saltándose su obligada neutralidad como jefe de Estado arremetiera violentamente contra una parte de la sociedad catalana el día 3 de octubre de 2017, calificó a la sociedad española de ‘plenamente democrática’(?).
Por su parte, Carlos Lesmes aseguró que la presencia del monarca en un acto tan relevante tenía una fuerte carga simbólica y un profundo significado constitucional. Curiosa apelación al orden constitucional: olvidó, por un momento, que sus funciones como presidente del órgano de gobierno del poder judicial en España caducaron el 4 de diciembre de 2018. Incumplimiento flagrante, pues, de la Constitución por parte de quien está llamado a cumplirla ejemplarmente. La complicidad expresa del Partido Popular, que erigiéndose las más de las veces en adalid del cumplimiento de la CE78 se niega a renovar ese órgano de los jueces, es un elemento más que revela la escasa calidad democrática en que vivimos.
Hay otras cuestiones que rechinan en la CE78, como el no blindaje de derechos sociales (vivienda, Educación, Sanidad, pensiones…), reiteradamente incumplidos, pero me voy a referir sucintamente a un asunto que evidencia la estrecha conexión aún existente entre la Iglesia y el Estado, y que se plasmó en el texto constitucional: me refiero al ambiguo artículo 16, relativo a la libertad ideológica y religiosa, pero que en su apartado 3 se refiere a las relaciones estrechas de cooperación con la Iglesia católica (en primer lugar) y con otras confesiones. Lo estipulado en ese artículo arranca claramente de los Acuerdos con el Vaticano de enero de 1979, preconstitucionales en la medida en que fueron negociados antes de la promulgación de la Constitución el 29 de diciembre de 1978.
Con la excepción del periodo de la II República, siempre se mantuvo en nuestra tradición constitucional y, sobre todo en la dictadura franquista, un predominio confesional católico, en el que el poder de la Iglesia quedó reforzado con concesiones y prebendas tales como la supervisión de la enseñanza; la presencia de la religión en las aulas, en los Concordatos de 1851 y 1953, y que se mantiene con los Acuerdos con la Santa Sede de 1979; la dotación del impuesto de culto y clero, que con distinta denominación también existe hoy; y la exención tributaria. Si a ello le sumamos las inmatriculaciones, que han incrementado su patrimonio, puede colegirse que la posición de privilegio de la institución eclesiástica permanece inalterable en pleno siglo XXI y eso es un elemento anacrónico más en nuestro orden constitucional.
Otro de los problemas a los que la CE78 no ha sido capaz de dar solución, pese a la implantación de las autonomías, es al de la articulación territorial del Estado. Las autonomías coexisten con una indisimulada tentación centralista heredada de los Decretos de la Nueva Planta, de Felipe V, tras el fin de la Guerra de Sucesión a la Corona de España, y que pusieron fin al Estado confederal de los Austrias. Centralismo que fue reforzado durante el reinado de Isabel II, con la decisión de diseñar una red radial de carreteras y ferrocarriles que confluyeran en Madrid.
Cuando se redactaba la actual Constitución, por el llamado ‘café para todos’, por el que las antiguas regiones y provincias herederas de la división provincial de Javier de Burgos, en 1833, podían acceder a la autonomía, se tuvo una especial consideración para las llamadas ‘regiones históricas’ (Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía), que la obtuvieron por el artículo 151, mientras que las restantes lo hicieron por el artículo 143.
Pese a ello, la CE78 no ha logrado superar los conflictos de competencias con el Estado, y ello porque, en opinión de Xabier Domènech (Un haz de naciones. Edit. Península), en el conflicto autonómico aflora la negativa por parte del Estado a la cesión de soberanía; en lo que él denomina ‘españolismo’ se ha impuesto la línea de pensamiento de Ortega y Gasset que, como es sabido, negaba cualquier realidad alternativa a la española. Y ello pese a que ponentes como Peces Barba (PSOE) admitieron que la existencia de España como nación no excluía la existencia de naciones en el interior de aquélla.
La difícil salida a estos conflictos territoriales tiene su escollo en la propia CE78, cuyo artículo 2 resalta la ‘indisoluble unidad de la Nación española’, a cuyo cumplimiento se presta el Ejército (artículo 8), como garante de esa unidad. Por eso, y por las dificultades que la CE78 plantea para su reforma en su Título X, lo que la convierte en una Constitución bastante rígida, a la izquierda y otras fuerzas progresistas compete protagonizar un periodo de acumulación de fuerzas para encarar un proceso neoconstituyente que dé luz a un renovado texto constitucional que aborde incluso la forma de Estado y la articulación territorial del mismo en clave federal-confederal.
Porque creo que hoy, pese a los ‘vientos de guerra’ que soplan desde las filas de la derecha y la extrema derecha, habría que plantearse, como en los albores de la Transición, el dilema reforma o ruptura.
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/11/23/posible-region-59834745.html
Dados a
conocer por LA OPINIÓN, acaban de publicarse hace unos días los datos de la
encuesta de mediados de este mes del Centro de Estudios Murcianos de Opinión
Pública (CEMOP). Y aunque el titular de la noticia daba a entender que la
crisis del Mar Menor le había pasado cierta factura al partido que lleva
eternizándose en el poder regional durante 26 años, la realidad es que, si se
convocaran hoy elecciones autonómicas, el PP, con 20 escaños, quedaría a tres
de la mayoría absoluta. Y comoquiera que Vox supera los 4 escaños de las
elecciones de 2019, sus 6 actas posibles, junto a las 20 del PP, garantizarían
un Gobierno de derecha y extrema derecha en la Región, pues la suma de PSOE (14),
Unidas Podemos (3) y eventualmente, cosa poco probable, los 2 diputados
posibles de Cs no constituye una amenaza a las políticas de derecha incrustadas
demasiados años en la Región.
¿DESGASTE DEL PP? A la
vista de los datos expuestos, parece que no. Cuando algunas encuestas en el
ámbito estatal parecen garantizar, pese a los obstáculos en el camino
(injerencia de la judicatura en el Ejecutivo, huelga de la patronal del
transporte secundada por los agricultores y posiblemente por la pesca de
arrastre, pulso de las eléctricas…) la pervivencia de un Gobierno progresista,
Murcia es la excepción y parece consolidarse como la nueva reserva espiritual y
conservadora de la nación. Ante esa evidencia, frecuentemente se oye decir que quizá
tengamos lo que nos merecemos. ¿Es esto así? Veamos.
Desde
luego, causa extrañeza constatar que la multitud de proyectos megalómanos que
han venido anunciándose, y que han venido seguidos de sonados fracasos o de
gravosas inversiones para las arcas regionales (Contempolis, Cabo Cope, la
Paramount, Aeropuerto de Corvera, Desaladora de Escombreras…), no hayan pasado
factura electoral al PP. Por poner un ejemplo, el coste de explotación anual de
la planta del Valle de Escombreras supone un desembolso de 21 millones de euros,
habiéndose pagado más de 240 millones desde 2009. Ello no reviste para su
mentor, Ramón Luis Valcárcel
(exculpado por el juzgado de instrucción número 1 de Murcia), mayor
importancia, pues los 600 millones de euros a amortizar en 25 años le parecen
una suma 'insignificante'.
Si
hacemos alusión a la grave problemática del Mar Menor, ex extraño que los
400.000 habitantes de la zona del Campo de Cartagena y de esas comarcas
ribereñas y, por extensión, del resto de la Región no penalicen electoralmente
a quienes son responsables directos del ecocidio de la albufera, además de que muchos
votantes de los municipios de Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier, San
Pedro… apoyaron claramente la opción
ultraderechista de VOX.
Con datos
del CES referidos a 2020 conocemos que la Región de Murcia se encuentra por
debajo de la media nacional en prácticamente todos los indicadores de los
servicios sociales. En esperanza de vida, es la quinta más baja de España; la
pensión de jubilación media es también la tercera más baja; la Sanidad regional
renquea en todos sus parámetros, y concretamente, en lo que respecta a los
consultorios y centros de salud, habría que pasar de los 85 actuales a 500,
según el CES.
En
Educación, en una Región donde un 85% de los ciudadanos se declara católico,
con una fuerte presencia de los grupos más conservadores de la Iglesia, como el
Opus Dei y los kikos (los seguidores
del Camino Neocatecumenal), la enseñanza religiosa acapara una parte
considerable del gasto educativo. Bajo el señuelo de la libertad de elegir de
las familias, se han trasvasado fondos a la Educación privada, con un deterioro
evidente de la educación pública, que cuenta con plantillas mermadas y una
disminución de presupuesto que no da ni para la calefacción. Sumemos a ello
que, según la Encuesta de Población Activa (EPA) de enero de este año, la tasa
de abandono escolar temprano es del 18,7%, sólo superada por Baleares,
Andalucía, Melilla y Ceuta, mientras que desde la Administración se
subvencionan y alientan las casas del juego y apuestas que están envenenando a
nuestra juventud.
Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida de
2020, referida a 2019, el ingreso medio por persona en la Región es el segundo
más bajo, tras Extremadura; el riesgo de pobreza atenaza al 25% de la
población, mientras que el 45,3% no puede permitirse ni siquiera una semana de
vacaciones al año, y el 11,2% tiene serias dificultades para llegar a final de
mes.
¿CÓMO HEMOS LLEGADO A ESTA SITUACIÓN? Las
causas del amplio apoyo electoral al PP y a VOX pueden rastrearse con un
elemental análisis sociológico.
En Murcia vivimos, aún hoy, una prolongación
del sistema caciquil del siglo XIX, que documentara magistralmente la
catedrática, tristemente fallecida, María
Teresa Pérez Picazo. Caciquismo tradicional que ha venido siendo reforzado
por el ciclo político del PP, que ha logrado entrelazar una tupida red
clientelar que tiene presencia en todo el tejido asociativo: AMPAS, cofradías
pasionales, peñas huertanas, sardineros… Sumemos a ello que los ‘comisionistas’
medran a sus anchas en todas las esferas de la Administración y en toda la
actividad productiva, lo que ha llevado a que existan auditorios sin terminar,
desaladoras que no desalan, aeropuertos sin aviones y una deuda regional a
niveles astronómicos. Todo ello en un contexto de un alto índice de
temporalidad y de una economía sumergida que supone el 25% del PIB regional.
La larga hegemonía
del PP ha consolidado una sociedad anestesiada, propiciada por un sistema que
no potencia una educación crítica y de calidad. Está claro que no interesa que
la sociedad murciana despierte. La anestesia ha sido inducida y nada va a
cambiar mientras tengamos incrustada en el cuerpo social esta derecha
cavernícola, rancia y caduca.
EMPERO, OTRA MURCIA ES POSIBLE. Pese al
negro panorama descrito, en la Región hay ‘brotes verdes’. Otra Murcia, desde
luego, es (y ha sido) posible.
Tenemos
que enorgullecernos y rendir tributo a esas mujeres murcianas que, ausentes sus
maridos, primero en el frente de guerra y luego en la dura posguerra y/o en la
emigración, sacaron adelante, con esfuerzo impagable, a quienes hoy vivimos
bien gracias a su sacrificio. Tenemos que enorgullecernos también de que, en el
ámbito de la Cultura, destaquen escritores, cineastas, pintores (omito dar
nombres para no olvidar a ninguno) que realzan el nombre de nuestra tierra
allende de nuestras fronteras regionales, sin olvidar el esfuerzo de quienes
suplen con su entusiasmo la notable carencia de actividades culturales de base,
entendida la Cultura por los dirigentes como una actividad elitista y
secundaria.
Tenemos
que enorgullecernos de que, pese a tantas inercias conservadoras, se manifieste
un todavía minoritario pero ruidoso movimiento reivindicativo social, del que
son una muestra las Mareas Blanca (Sanidad) y Verde (Educación), las Marchas
por la Dignidad, el potente movimiento feminista, los Yayoflautas, las
Plataformas ciudadanas (En Defensa de las Pensiones, Pro Soterramiento, En
defensa del ferrocarril, SOS Menor, Salvemos el Arabí…), las asociaciones de
Memoria Histórica…
Este
empuje del movimiento cultural, asociativo y reivindicativo demuestra que la
Región ‘está viva’. La siempre dura y compleja ‘batalla’ por la hegemonía en el
campo de las ideas (progresistas) está servida, sólo es cuestión de tiempo que
cristalice.
Ojalá que
la posible eclosión, también en la Región, de ese Frente Amplio de izquierdas
que se viene anunciando, permita que a medio plazo asistamos a un ilusionante
cambio en esta tierra duramente lastrada y castigada por el conservadurismo de
viejo cuño.
Israel ya no respeta ni las tumbas - La Opinión de Murcia (laopiniondemurcia.es)
El pasado 2 de noviembre se conmemoró el 104 aniversario de la Declaración Balfour, una
carta de 1917 del Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Arthur James
Balfour, a Walter Rothschild, segundo barón Rothschild, líder de la comunidad judía
británica, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda. En dicha
carta, el gobierno británico se comprometía a apoyar el establecimiento de un hogar
nacional para el pueblo judío en Palestina. La Declaración fue el fruto de varios meses de
negociaciones ente el gobierno británico de Lloyd George y los sionistas, un poderoso
lobby de presión que residía en Gran Bretaña dirigido por Chaim Weizmann, un
científico que rindió importantes servicios a los esfuerzos bélicos británicos durante la
Primera Guerra Mundial.
Se sentó el precedente para que, treinta y un año después, cuando el último de los soldados
británicos abandonó Palestina el 14 de mayo de 1948 y los judíos, liderados por Ben-Gurion,
declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel, los palestinos fueran un pueblo
desposeído y oprimido, con una inmensa mayoría viviendo en campos de refugiados
repartidos por todo Oriente Próximo, o bien bajo la ocupación o como ciudadanos de
segunda privados de derechos humanos en el interior de Israel.
A partir de 1948, como es sabido, el nuevo Estado, estuvo en guerra con sus vecinos. En la
de los Seis Días (1967), Israel se anexionó los Altos del Golán sirios, Cisjordania, la Franja
de Gaza y la península del Sinaí, mientras que en la del Yom Kippur, iniciada el 6 de octubre
de 1973, Egipto y Siria lanzan ataques aislados en territorio israelí para recuperar
respectivamente la península del Sinaí y los Altos del Golán. Por los Acuerdos de Camp David, en Maryland, en las afueras de Washington D.C., en marzo de 1979, Israel y Egipto firmaron la paz. Ambos países se comprometieron a reconocerse mutuamente como Estados soberanos y se ponía fin al estado de guerra que comenzó en 1948.
Hoy, el Estado hebreo, amparado por Estados Unidos que lo considera uno de sus ‘Estados
gendarmes’ en la región, se ha dotado de uno de los mayores y potentes ejércitos del mundo
y mantiene una voluntad constante de, a imitación de los militarismos japonés y alemán en
la II Guerra Mundial, ampliar su espacio vital. La víctima: el pueblo palestino.
EXPANSIÓN TERRITORIAL SIONISTA Y REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS.
Según datos que he recogido del portal Palestina Libre, las excavadoras nunca dejan de
funcionar en la Cisjordania ocupada. Pese a la tibia oposición del Departamento de Estado
de EEUU (al menos, la Administración norteamericana actual muestra una actitud distinta
a la de Donald Trump), Israel no detiene su expansión. El primer ministro israelí,
Nafatalí Bennet, sigue adelante con sus planes para construir más de 3.000 viviendas en Cisjordania, imposibilitando, cada vez más, los sueños de la creación de un Estado palestino. Y ello pese a que el Secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, recriminó al ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, la política de asentamientos. Política que va en paralelo a las demoliciones de hogares palestinos. La ONU calcula que éstas han aumentado un 21% en 2021.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abas, condenó la
aprobación por parte de Israel de la construcción de esas nuevas viviendas en la Cisjordania
ocupada. Para Abas, la medida "empuja las cosas hacia un estado de inestabilidad y tensión”
y dificulta la solución de los dos Estados. Exigió, por tanto, una respuesta contundente de la
comunidad internacional.
Añadamos a ello la permanente asfixia de la población palestina, obligada a pasar por
humillantes check points para el acceso laboral a zonas de Israel; con dificultades para la
asistencia sanitaria en Jerusalén y otras ciudades; soportando apedreamientos y
linchamientos de niñas y niños palestinos por parte de colonos israelíes; el humillante muro
de separación entre Israel y los territorios ocupados; con infraestructuras de
comunicaciones también humillantes en Cisjordania en comparación con las que disfrutan
los colonos en sus asentamientos, etc.
En ese contexto, las fuerzas militares de ocupación continúan con las persecuciones y
ataques a los periodistas como parte de su política sistemática de suprimir la libertad de
opinión y expresión y para encubrir sus crímenes y la vulneración de los Derechos
Humanos. La agencia oficial Wafa informó que en octubre se han producido al menos dos ataques a
instituciones o equipos de prensa palestinos. En ese mes, las fuerzas de seguridad
cometieron al menos 19 violaciones sobre periodistas palestinos, que incluyeron arrestos y
ataques físicos. Balas de goma, pero también de combate, son usadas habitualmente en la
represión de las manifestaciones, y los periodistas no están libres de ser alcanzados por
ellas.
ISRAEL CALIFICA DE TERRORISMO LA LUCHA POR LOS DERECHOS
PALESTINOS. Hace unos días, Benny Gantz, ministro de Defensa de Israel, se atrevió a
calificar de terroristas a seis importantes grupos de palestinos defensores de los derechos
humanos. Una víctima de tal política dictatorial es la cooperante española Juana Ruiz,
encarcelada, pese a las gestiones diplomáticas españolas, en una prisión del norte de Israel,
acusada de conexiones con el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP). Además de
ser una acusación inconsistente y sin fundamento, hay que recordar que hoy, el FPLP, al
contrario de otras organizaciones como Hamás o Hizbullah, propugna la creación de un
Estado palestino laico y democrático. Entre las asociaciones acusadas, una gran parte de ellas financiadas desde Europa, se encuentran las que ayudan a agricultores y promueven derechos de las mujeres y valores democráticos, así como otras que documentan violaciones de los derechos de prisioneros yniños. Por eso hay que acallarlas.
Pero es que, además, cuando Benny Gantz califica tan alegremente de terroristas a esos
colectivos, olvida conscientemente el origen terrorista de su propio país. El laureado
ministro Menajem Begin, el que llegara a ser Premio Nobel de la Paz, como líder del
grupo terrorista Irgun fue el que ordenó el atentado, el 22 de julio de 1946 (antes, pues, de
la constitución del Estado de Israel), contra el Hotel King David de Jerusalén, sede de la
Comandancia militar del Mando británico en Palestina, con el resultado de 92 muertos
(incluido un terrorista), 18 de los cuales eran judíos.
El propio ministro Gantz puede calificarse de criminal de guerra. Estuvo a la cabeza del
Ejército israelí en 2014, cuando arrasó partes de Gaza, matando al menos a 1.450 civiles,
incluidos unos 500 niños, jactándose más tarde de haber devuelto a Gaza “a la Edad de
Piedra”. El ministro y su Gobierno hacen afirmaciones extravagantes sobre vínculos con
grupos terroristas que nadie está en condiciones de verificar. Además, ellos, y solo ellos,
vienen demostrando al mundo civilizado que el sionismo que viene ‘reinando’ en el país es
lo más alejado de la empatía y la piedad con sus semejantes.
Según un artículo de TelesurTV.net, a pocos metros de los muros orientales del complejo de
la Mezquita Al-Aqsa se encuentra el centenario cementerio Al-Yousufiya. Hace unas
semanas, trabajadores del municipio israelí de Jerusalén y la Autoridad de Parques y
Naturaleza de Israel expusieron restos humanos durante las excavaciones, lo que causó
indignación y provocó protestas y oraciones en el sitio. En forma de presión, los palestinos
aumentaron su presencia alrededor del cementerio y se enfrentaron a las fuerzas israelíes,
que respondieron con gases lacrimógenos, granadas de choque, palizas físicas, detenciones
y prohibiciones temporales de visitantes al cementerio.
Les sugiero que busquen en la Red, en Palestina Libre, el enlace en el que una madre
palestina trata desesperadamente de salvar de las ‘garras’ del bulldozer la tumba de su hijo,
pues el terreno que ocupa el cementerio va destinado, cómo no, a nuevos asentamientos de
colonos.
Ante imágenes como esa, es difícil no indignarse y emocionarse. Difícil no
sentir empatía con el noble pueblo palestino.
Diego Jiménez García. Profesor de Geografía e Historia