ES LA HORA DEL TREN

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/10/26/hora-tren-58811420.html

 

 El desprecio al servicio de cercanías y de trenes convencionales es patente estos días en la Región de Murcia, que va camino de convertirse en un desierto ferroviario dependiente de Valencia.

 

 A comienzos del siglo XIX, la velocidad de transmisión de las noticias sobre las victorias napoleónicas en Europa era idéntica a la empleada por los correos del emperador Alejandro Magno, más de 2000 años atrás, para dar a conocer sus hazañas de conquista. En ese inicial siglo XIX, la actividad comercial terrestre y marítima tampoco terminaba de despegar, debido al uso de la tracción animal y la navegación a vela en el transporte de mercancías continental e intercontinental.

El descubrimiento de la máquina de vapor vino a suponer una revolución en los transportes. Y, en concreto, el tren amplió el horizonte geográfico y facilitó el intercambio cultural y de mercancías. Hoy, casi dos siglos después, vuelve a constituirse en el elemento central de la transición energética aplicada a los transportes. No en balde, la Unión Europea (UE) ha declarado el 2021 como el Año Europeo del Tren.

En España prima el transporte por carretera. Pero nuestro país está aún muy lejos de privilegiar ese medio de transporte, pues ha habido una decidida política de potenciar el transporte por carretera. Y ello pese al enorme peso de la fiscalidad aplicada a los carburantes, que se sitúa en el 52% del coste de éstos. Por destacar un dato, el tramo estatal del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) supone un ingreso de 400,69 euros por cada mil litros de gasolina, y de 307 por cada mil litros de diésel. En 2020, los impuestos aplicados a la gasolina y el gasóleo, a la compra de vehículos nuevos y el IVA reportaron al Estado unos ingresos de casi 31.000 millones de euros. Ahora está en estudio aplicar nuevos incrementos de impuestos a los combustibles e implantar peajes a las autovías, a razón de un céntimo de euro/km (un viaje de Murcia a Madrid costaría 4 euros), con la intención de financiar la conservación de estas infraestructuras y alejar tráfico de la carretera y derivarlo al ferrocarril. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 se destinan 1.371 millones de euros para conservación de la red viaria, pero nada para nuevas construcciones.

Ante estas actuaciones previstas, no será extraño que, de nuevo, se intensifiquen las presiones que han venido ejerciendo sobre el Estado las poderosas patronales del transporte y la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Ello ha conducido a que, al tiempo que ‘disfrutamos’ de una de las mayores redes de autopistas y autovías de Europa, asistamos al languidecimiento del ferrocarril convencional, a la gradual irrelevancia de las cercanías, como luego veremos. y a la potenciación del AVE, tren elitista donde los haya.

A la cola de Europa en transporte ferroviario de mercancías. En España, sólo un 4% de las mercancías circulan sobre vías, pues los camiones controlan el 75% del mercado, consumiendo una cuarta parte de energía del total de la UE y generando hasta 3,5 veces más de emisiones contaminantes que el tren por tonelada y kilómetro. La propia presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) admitió que el proceso de liberalización del transporte iniciado años atrás fue un fracaso. La situación actual en España contrasta con los objetivos de la UE para 2030 de transferir al ferrocarril y a la navegación fluvial el 30% de las mercancías por carretera para distancias superiores a 300 kilómetros, y un 50% para 2050.

El objetivo, como es sabido, es mejorar la interconectividad de los Estados, con los corredores ferroviarios atlántico y mediterráneo, pese a la citada resistencia de las patronales del transporte por carretera, como Astic, que no ve rentable el transporte de mercancías en tren para trayectos inferiores a 1.000 kilómetros. A su vez, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hace notar que los problemas actuales son de infraestructura (el ancho de vía español) y la menor longitud de los convoyes, por lo que la tarea inmediata es convertir las líneas al ancho internacional (1,435 metros frente a 1,668 metros), bien, construyendo nuevas líneas, bien, adaptando las existentes.

Potenciación del tren convencional y de las Cercanías. La Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible, que en días pasados, junto con Alianza por el Clima y Rebelión por el Clima, convocó concentraciones en toda España en defensa del ferrocarril, ha efectuado una propuesta al Ministerio de Transporte, en el marco de las negociaciones con la Comisión Europea sobre líneas ferroviarias, en la que aboga por la vertebración del país, superando los corredores pensados para las mercancías, con una red ferroviaria mallada, tupida, extensa y accesible, con servicios asequibles a toda la población, formada por líneas de doble vía, electrificadas, con tráfico mixto de personas y mercancías, velocidades medias de 165 km/hora, estaciones en el centro de las ciudades y en las cabeceras de comarca del mundo rural, con intercambiadores modales en las aglomeraciones urbanas, plataformas intermodales en puertos, etc. Reclama, además, más trenes de cercanías, regionales, de grandes distancias y nocturnos, estos últimos según la propuesta de los Verdes alemanes a la Comisión Europea.

Según dicha Coordinadora, las actuaciones a efectuar en estos momentos de concepción, diseño y planificación de la Red Básica Ferroviaria Transeuropea, y por tanto también española, pasan por el aprovechamiento de las líneas existentes de carácter radial, siendo factibles, al mismo tiempo, los trenes regionales y los de cercanías en aglomeraciones urbanas con más de 200.000 personas. También deben considerarse las líneas transversales existentes, como la de Cantabria y País Vasco al País Valenciano y la Región de Murcia, vía Miranda de Ebro, Zaragoza y Teruel; así como los trazados existentes, ahora cerrados al tráfico, del tipo de la línea Madrid-País Vasco y frontera francesa, vía Aranda de Duero; la conexión de Andalucía con el resto del Corredor Mediterráneo vía Guadix-Baza-Almanzora-Lorca; a la vez que la concepción, diseño y planificación de nuevas líneas como la litoral mediterránea desde Gandía a Denia, Benidorm, Alicante, Torrevieja y Cartagena.

En relación con las cercanías, según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de 2020, el 90% de los viajeros/as de Renfe (más de 1,5 millones en 2019) utiliza este servicio, a los que hay que sumar los servicios autonómicos de País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana. Las cercanías son las hermanitas pobres de la red: las inversiones estatales en el periodo 1990-2018 fueron de 3.680 millones de euros, mientras que al AVE se destinaron 55.888 millones de euros. Es decir, se dedicó el 94% de la inversión a trenes utilizados por el 10% de las personas y sólo un 6% de dinero público se invirtió en trenes que utiliza más del 90% de la población. Según la AIReF, está claro que no se han aplicado criterios de movilidad sostenible.

Y en la Región de Murcia. El desprecio a este servicio de cercanías y de trenes convencionales es patente estos días en la Región de Murcia, que va camino de convertirse en un desierto ferroviario dependiente de Valencia. Por ello, a la Administración central y al inoperante gobierno regional hay que exigirles la recuperación de la conexión ferroviaria con Andalucía, que nunca debió perderse, y la potenciación de la línea férrea Chinchilla-Cartagena, con vías desdobladas y electrificadas.

Además, una forma de vertebrar de manera sostenible el territorio, evitar la despoblación y superar el drama de la siniestralidad en carretera sería (al contrario de lo que se está haciendo) apostar por las cercanías: Murcia-Cartagena; Murcia-Lorca-Águilas; pero también, por qué no, la conexión con el Altiplano con una posible línea Murcia-Santomera-Fortuna-Abanilla-Jumilla-Yecla. Habría que considerar también la prolongación del FEVE Cartagena-Los Nietos hasta Cabo de Palos-La Manga.

Vista la emergencia climática, creo que es la hora del tren, sin duda el medio de transporte del futuro.

Compartir el artículo

Compartir una noticia

FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegramCorreo electrónico

EL VERTEDERO DE VALENTÍN, EN CEHEGÍN, UN DESPROPÓSITO

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/10/12/vertedero-valentin-cehegin-desproposito-58266033.html?fbclid=IwAR3sMc6dAKNeW2Iyv5MVG0FjMkKhBCE23AEjOX-it4VdS1PvbAuAq7RWIRs

¿Puede considerarse de interés público la existencia de un vertedero situado junto a las pedanías de Valentín, Canara, la Pilá, Campillo de los Jiménez, a mil metros del embalse del Argos, junto a cultivos ecológicos, un hotel y un restaurante, y muy cercano a los acuíferos del Sinclinal de Calasparra? Para el ayuntamiento de Cehegín esa consideración tiene la planta de tratamiento de residuos que, desde noviembre de 2018, se ubica en la Sierra de la Puerta, muy cerca de la carretera que une Caravaca con Calasparra. 

Destinada inicialmente a tratamiento de residuos no peligrosos (RNP), contaba ya, desde primeros de 2012, con una declaración de impacto ambiental redactada por una empresa de Valencia. Según consta en dicha declaración, serían tratados los residuos inertes y no peligrosos de la industria de la construcción y ‘otras industrias’ procedentes de los Ayuntamientos y términos municipales de Cehegín, Calasparra, Caravaca, Moratalla y Bullas. Equidistante de Calasparra y Cehegín, a ocho kilómetros, de Caravaca al sur, a once kilómetros, y de Moratalla al oeste, a doce kilómetros, en el informe se obvia la existencia de otras zonas pobladas más próximas, como se ha dicho arriba.

Thank you for watching

LA HISTORIA DE UN DESPROPÓSITO. El gobierno local del PP, liderado por José Soria, informó favorablemente en noviembre de 2011 sobre el expediente de la empresa, 3RS Gestión MA Sostenible, SL, que fue remitido a la Administración regional, organismo competente para aprobar dicha instalación. En septiembre de 2012, la dirección general de Territorio y Vivienda autorizó la instalación de dicha planta en suelo no urbanizable, por considerarlo de ‘interés público’. Tras el preceptivo periodo de alegaciones, el ayuntamiento de Cehegín dio su conformidad a la instalación de la planta y, en febrero de 2013, la dirección general de Medio Ambiente emitió la autorización ambiental integrada para el proyecto. 

Pasados tres años, en 2016, la empresa volvió a solicitar a la Administración regional autorización para verter residuos sólidos urbanos (RSU), algo que comunicó al ayuntamiento de Cehegín, cuya junta de gobierno, en esta ocasión, acordó el 18 de abril que las autorizaciones con las que contaba esta actividad no permitían los nuevos vertidos.

Pero las pretensiones de la empresa se vieron satisfechas. Con fecha 5 de diciembre de ese año (2016), la dirección general de Calidad Ambiental, de la consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, había hecho público en el BORM el procedimiento de modificación sustancial de lo que en principio estaba previsto que fuera una planta de reciclaje de materiales inertes de la construcción, que se convertiría así en un vertedero de basuras de grandes dimensiones. La empresa encargada del proyecto aceleró los trabajos de movimiento de tierras. Los ayuntamientos de Cehegín y Calasparra, en reunión convocada a mediados de ese mes de diciembre con el fin de fijar las líneas de acción, y a la que acudían representantes de las pedanías más directamente afectadas, así como de diferentes partidos políticos, explicaban que harían todo lo posible para evitarlo. 

En esas fechas, Francisco González, de la Asociación de Vecinos de Canara, ya hacía notar que la inicial declaración de impacto ambiental se la habían saltado ‘a la torera’ y reiteraba la denuncia de la proximidad de la planta de residuos a núcleos como Canara, a dos kilómetros; Valentín, a 2,5 kilómetros; el embalse del Argos, a unos escasos quinientos metros, etc.

En enero de 2017, el ayuntamiento de Cehegín dio a conocer que se estaban desarrollando diversas iniciativas encaminadas a tratar de rechazar la petición de ampliación del vertedero, tal y como apareció publicado en el BORM del pasado diciembre, con la presentación el 29 de ese mes de unas alegaciones ante la Comunidad Autónoma, así como un recurso de revisión de oficio y extraordinario de revisión. A juicio de Juan Felipe Pérez, de la Asociación de Vecinos de Valentín, dicha actuación, así como la presencia de la corporación municipal ceheginera en la manifestación vecinal convocada, era mero ‘postureo’. 

COMIENZA LA MOVILIZACIÓN VECINAL. En enero de 2017, los colectivos vecinales de las pedanías de Valentín, Canara y El Campillo de los Jiménez, entre otras, convocaron una manifestación contra ese vertedero de RSU junto al embalse del Argos. La marcha transcurrió desde el pantano hasta la zona donde se ubicaría esa instalación en la Sierra de la Puerta y se sumaron los ayuntamientos de Calasparra y Cehegín. Según informaciones de la prensa, el diputado regional del PP por el Noroeste, José Soria, exalcalde de Cehegín, había afirmado en días anteriores que la directora general de Ordenación del Territorio, Nuria Fuentes, le había trasmitido que la autorización de ampliación del vertedero iba a ser revocada. Sin embargo, el vecindario afectado recelaba de ese anuncio, como después pudo constatarse. 

La protesta contó con el apoyo explícito de Izquierda Unida-Verdes, Podemos y Ciudadanos, que lo manifestaron en sendos comunicados. El 23 de febrero de 2017, día en que los vecinos y vecinas se concentraron ante la Asamblea Regional, todos los grupos del Parlamento murciano votaron a favor de una propuesta para evitar esa instalación de reciclaje de RSU. Meses después, nada había cambiado. El líder vecinal Juan Felipe Pérez afirma: «Cuando íbamos al Ayuntamiento de Cehegín, nos lo negaban todo; decían que la planta trataría residuos inertes y no peligrosos». Pero, según él, «en esa coletilla de residuos no peligrosos se engloban más de cien sustancias».

Por eso, el vecindario persistía en su lucha. En 2018 interpusieron denuncia, a través del juzgado número 2 de Caravaca, que en estos momentos se encuentra en la Audiencia Provincial. La peligrosidad de la instalación quedó demostrada con el incendio que afectó al vertedero en agosto de 2019.  

SITUACIÓN ACTUAL. Juan Felipe Pérez nos informa de que se ha procedido a construir el segundo vaso del vertedero, cuya capacidad total prevista es de 1,3 millones de toneladas de residuos y que entran camiones herméticos cuyo contenido se desconoce. Lamenta el silencio de la Confederación Hidrográfica del Segura y de las organizaciones ecologistas, así como el cansancio del vecindario afectado por la inacción de las autoridades municipales y regionales. Por último, advierte del evidente peligro de que, tras unas lluvias torrenciales, los lixiviados pudieran llegar al pantano del Argos. Ángeles Trujillo, vecina de Calasparra, piensa que está pendiente el debate sobre nuestro modo de vida y consumo y, en consecuencia, sobre cómo tratar los RSU que generamos. Las normativas medioambientales, afirma, se han contemplado ‘de refilón’, en una zona de alto valor estratégico, por la proximidad del embalse. Considera que había intereses políticos que esperaban que lo del vertedero podía ser un ‘maná’, y denuncia que las personas de la zona se han sentido engañadas por los alcaldes de los dos municipios. Así mismo, desconfía del seguimiento e inspección que se le esté realizando a esa instalación. Por su parte, el ceheginero Santos López Giménez, en entrevista radiofónica del pasado septiembre, calificó de «una insultante afrenta» la presencia de las autoridades de los municipios afectados en la manifestación de enero de 2017, a su juicio, un «contumaz regodeo en la concupiscencia», un ‘lavado de cara’, como la asistencia de aquéllas a la manifestación habida frente a la Asamblea Regional. «Es imposible que los miembros de PSOE y PP no estuvieran al tanto de los permisos que obraban en poder de la empresa que gestiona ese perverso vertedero», enfatiza. A este vecino, que también denuncia la existencia, hace casi ya treinta años, del vertedero de las pedanías cehegineras de El Escobar y El Ribazo, le preocupa la contaminación de acuíferos y la amenaza permanente sobre el medio natural de este tipo de instalaciones. 

ESTOS SUPUESTOS 'CONSTITUCIONALISTAS' DESPRECIAN LA CONSTITUCIÓN. Y, LO QUE ES PEOR, A LA GENTE NECESITADA.

Todo ha sido salir a la luz el acuerdo del Gobierno de dar vía libre a la Ley de Vivienda, que establece, sobre todo, medidas para facilitar el alquiler interviniendo en ese mercado, en especial respecto de los tenedores de más de diez viviendas, para que, una vez más, la derecha cavernícola y reaccionaria estalle contra esa medida social: Martínez Almeida, Ayuso, López Miras...anuncian que harán todo lo posible por boicotear ese texto legal en sus respectivos territorios, amparándose en que las competencias de vivienda están en manos de las autonomías y de los ayuntamientos.

Esos supuestos 'constitucionalistas' ignoran conscientemente el texto constitucional, en sus artículos 47, que alude al derecho a una vivienda digna, y 128, que subordina toda la riqueza del país al interés general.

Alegan, de manera absurda, que lo que hay que hacer es liberalizar suelo para poder construir vivienda pública. Olvidan, o pretenden ignorar, el efecto que tuvo la ley del suelo de Aznar, que favoreció la especulación sin freno y condujo a la burbuja inmobiliaria. Sin olvidar la venta de viviendas sociales a fondos buitre durante la etapa de Ana Botella al frente del Ayuntamiento de Madrid, anulada recientemente por sentencia judicial.

A estos supuestos liberales de tres al cuarto se les ve el plumero. Obsesionados con la caída del Gobierno de coalición, se apropian del patriotismo y de la rojigualda, pero, en el fondo, sólo defienden los intereses de los de siempre e ignoran a la gente necesitada.

Hay que frenarlos en las urnas. Y en la calle.

VIVIR EN ZONAS DE RIESGO SÍSMICO

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/09/29/vivir-zonas-riesgo-sismico-57802425.html

La erupción del volcán de la isla de La Palma ha motivado, como no podía de otra manera, un debate en redes sociales. Uno de los argumentos recurrentes, propalados, como tantas cosas que circulan por las redes, sin la debida reflexión y sin conocimiento de causa, es el de criminalizar a la población por 'atreverse' a construir sus casas en zona volcánica. 

No soy experto en el tema, pero sí me precio de haber leído lo suficiente para saber que el ser humano lleva poblando zonas de riesgo desde el origen de los tiempos. Sin ir más lejos, muchos arqueólogos atribuyen la gradual desaparición de la rica civilización minoica de la isla de Creta, pronto asimilada a la cultura micénica del continente, a la erupción del volcán sumamente destructivo que, hacia el 1.614 a.n.e., destruyó parcialmente la isla de Santorini.

En nuestros días, si cuestionáramos la conveniencia de vivir en zonas de riesgo, tendríamos que propugnar la desaparición física de ciudades densamente pobladas como Tokio, Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Santiago de Chile y otras, situadas, como es sabido, en el llamado 'cinturón de fuego' del Pacífico y que están en serio peligro de ser devastadas por terremotos destructivos. 

EL MEDITERRÁNEO. En nuestro país, además de en las Canarias, cuyo origen volcánico es indudable, hay muchas más zonas de riesgo, que se localizan en la fachada mediterránea, desde Andalucía (sobre todo en su sector oriental: Málaga, Granada y Almería) hasta Cataluña (Girona). Ubicadas en donde colisionan las placas tectónicas euroasiática y africana, las fracturas en la corteza terrestre originaron terremotos y volcanes en la época del Cuaternario. En nuestra Región, según nos recordaba un artículo de LA OPINIÓN del pasado día 21, hay muestras inactivas del vulcanismo de esa época en las islas del Mar Menor y proximidades: Cabezo Rajao (La Unión), Cabezo Ventura (Cartagena), monte Carmolí (Los Urrutias), y en otras zonas: Barqueros, Calasparra, Zeneta, Jumilla, Moratalla, etc.

En la comarca de la Garrotxa (Girona) se localizan no menos de 40 volcanes, 'dormidos' pero no inactivos, a juicio del vulcanólogo Joan Martí, director del centro de Geociencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el cual afirma que “…. volverán a entrar en erupción, pero lo más probable es que nosotros no lo veamos”.

Por su parte, Isabel Víctores, en artículo publicado en el portal Tierra y Tecnología, coincide con Joan Martí en el sentido de que el vulcanismo de esa zona está inactivo, pero de ninguna manera extinguido. "Podríamos decir que una reactivación en la zona volcánica supondría la destrucción de los alrededores”.  Además, afirma que, “al tratarse de un lugar con gran importancia, se ha continuado ampliando las zonas de residencia, y las pérdidas serían aún mayores”.

ALGUNOS EJEMPLOS DE SISMOLOGÍA RECIENTE. Sabemos que la actividad sísmica intensa precede en algunos casos, como en el caso de Canarias, a la erupción de un volcán. Afortunadamente el magma en nuestro territorio surestino duerme hoy bajo la corteza, pero los seísmos han sido frecuentes. Por citar unos pocos:

25-XII-1884. Granada. Se registró un terremoto de una magnitud 6,2/6,5 grados en la escala de Richter, causando entre 1.050 y 1.200 víctimas. Se repitieron seísmos de notable intensidad en 1911, 1956 (magnitud 8 Richter) y 2005.

14-2-1999. Mula. A las 14,45, un terremoto de 5,2 grados Richter produjo cuantiosos daños materiales en la población y fue percibido en las provincias vecinas e incluso en algunas zonas de Madrid. Seis años después, el 29 de mayo de 2005 se registró otro seísmo, aunque de menor intensidad. 

11-5-2011. Lorca. Terremoto de triste recuerdo, pues ocasionó nueve víctimas mortales e innumerables daños en edificios. Con epicentro en la falla de Alhama de Murcia, ese seísmo registró una intensidad de 5,1 grados Richter.

VOLVIENDO A CANARIAS. Empezaba este artículo con ciertas voces responsabilizando de lo ocurrido en la isla de La Palma a sus habitantes, por haberse 'atrevido' a construir y vivir junto a un volcán. Parece claro que la responsabilidad cabe atribuirla a quienes diseñaron las normas urbanísticas que hicieron posible la construcción en la zona suroccidental de la isla, la más próxima a volcanes que ya se mostraron activos (Teneguía) y al que hoy ocupa la actualidad.

     Conocido el origen volcánico de Madeira, Las Azores y Canarias, es indudable que sus habitantes han aprendido a convivir con el riesgo. Lo ocurrido en la isla de La Palma era previsible. Los expertos en vulcanología sabían que, tras las erupciones de 1949 y 1971 (lo cual demuestra que éstas tienen un ciclo relativamente corto), algo así podía suceder.  Lo cual refuerza la necesidad de que se adopten severas medidas antisísmicas en la construcción de edificios, se calcule el riesgo potencial de ciertas zonas volcánicas, como la parte suroccidental de la isla (la baja densidad de población de La Palma no justifica pensar en repoblar ese lugar de alto riesgo) y lo que me parece fundamental: planes educativos y de autoprotección de la población que minimicen, en parte, el trauma psicológico que estas catástrofes llevan consigo. 

    Y EN LA REGIÓN DE MURCIA. Libres hoy de la amenaza volcánica, si somos conscientes de que habitamos un territorio con alto riesgo sísmico, podremos concluir que, ante todo, habría que estar preparados para remediar los graves efectos que estos seísmos tendrían sobre zonas densamente pobladas, como es el caso de la ciudad de Murcia.

    La Región ha legislado sobre normas sismorresistentes en la construcción de edificios. También se ha dotado de un Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno del 2/12/2015.  Normativa –y creo no equivocarme mucho- que es desconocida por gran parte de la población. Item más. Un medio regional dio a conocer, el pasado mes de agosto, un estudio publicado por la Universidad de Alicante. En su artículo ‘Risk-targeted hazard maps for Spain’, los investigadores Alireza Kharazian, Sergio Molina, Juan J. Galiana y Noelia Agea, del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio (IMEM), han elaborado el primer mapa de probabilidad de colapso en edificios de hormigón armado de España, un mapa actualizado de la peligrosidad sísmica. El artículo cita literalmente que “…el estudio calcula dicha probabilidad cruzando los valores del parámetro conocido como 'aceleración de diseño', asociado a la máxima magnitud del movimiento del terreno sobre el cual se diseña una estructura, que actualmente se indica en la normativa sismorresistente, y la curva de peligrosidad sísmica de cada zona. A partir de esa información, y teniendo en cuenta la fragilidad de las edificaciones, y tras analizar las ciudades con mayor peligrosidad sísmica del país –Murcia, Almería, Granada, Alicante, Valencia y Málaga–, los investigadores concluyeron que la 'aceleración de diseño' debería aumentarse en todas ellas para así disminuir la probabilidad de colapso de sus construcciones. El mayor aumento tendría que realizarse en Murcia, concluye el informe, seguida de Alicante. Mientras que la que necesita menos cambios es Málaga”.

Lo ocurrido en La Palma nos obliga a tener muy en cuenta la necesidad de permanecer vigilantes ante las señales que nos manda el interior del planeta. Porque, en el fondo, la Tierra es un organismo vivo.

Diego Jiménez García. Profesor de Geografía e Historia

@didacMur

EL CAMPO DE CARTAGENA SE MUDA AL NOROESTE

 

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/09/15/campo-cartagena-muda-noroeste-57296542.html

La llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura a la Región de Murcia supuso el crecimiento exponencial de los regadíos, con la puesta en práctica de una agricultura intensiva que ha tenido, como es sabido, un impacto negativo y dramático en el Campo de Cartagena y en la albufera litoral del Mar Menor. 

A los defensores a ultranza de esa infraestructura hay que recordarles que el Trasvase puede tener los días contados, no sólo por las diferencias políticas entre las cuencas cedente y receptora, sino por la propia climatología. Según datos de la web www.embalses.net, con fecha 31-08-2021 el agua almacenada en la Cuenca del Tajo suponía el 41,63% de su capacidad total, cuando en la misma semana, en la media de diez años, era del 50,98%. Y los pantanos cedentes, Entrepeñas y Buendía, estaban al 21% y al 32,7%, respectivamente. El agua es cada vez más escasa. Pero ello no es obstáculo alguno para la voracidad de las multinacionales agroexportadoras que han destrozado el Campo de Cartagena; el negocio ha de seguir. Por ello, se están trasladando al Noroeste murciano, ‘pinchando’ en el acuífero tradicional.

     Roturación de un campo para cultivos intensivos en la Cañada de Tarragoya (Caravaca de la Cruz)

PUBLICIDAD

Thank you for watching

CLAMAN CONTRA EL INCREMENTO DE REGADÍOS Y LA GANADERÍA INDUSTRIAL. «El avance imparable de las transformaciones a nuevos regadíos intensivos hortofrutícolas y de la ganadería intensiva e industrial son dos sectores que de modo implacable están acabando con nuestro medio rural, contaminando y sobreexplotando los acuíferos, el suelo y el aire». Esta contundente y nítida denuncia ya era difundida por el Consejo de Defensa del Noroeste (CDN) en junio de 2020, cuyo portavoz, Alfonso Sánchez, afirma que esta comarca lleva el mismo camino que otras zonas de la Región.

Más de 3.000 hectáreas (Ha) se han ido transformando a regadío intensivo en el Noroeste murciano, de modo irregular o ilegal, con la total pasividad o permisividad de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, afectando seriamente a las fuentes y manantiales tradicionales. En 2018 ya cursaron una denuncia ante la Fiscalía, pero sin ningún resultado: aquélla se limitó a recabar informes de la CHS y del guarda mayor de la Vega Alta. Según el portavoz del CDN, sólo en la zona de Caravaca de la Cruz, y en el periodo 2014-2018, la CHS abrió 71 expedientes sancionadores con relación a 332 ha transformadas ilegalmente en regadío. Pero, con fecha 31 de agosto de 2020, ningún expediente estaba resuelto ni, por supuesto, se había procedido a la suspensión de esos regadíos ilegales. Según Alfonso Sánchez, la Fiscalía sólo detecta ‘irregularidades administrativas’. Para constatar la veracidad de esta denuncia, sólo hay que darse una vuelta por parajes próximos a zonas protegidas como las fincas Las Oicas, Derramadores, Roblecillo (Archivel), la Venta Cavila, la Cañada de Tarragoya, entre el nacimiento del Quípar y la Almudema, y muchos otros lugares, otrora de secano, para constatar la existencia de extensas zonas roturadas y/o cultivadas con hortalizas, con varias cosechas al año. 

PREOCUPANTE CONTAMINACIÓN POR NITRATOS. Este imparable incremento del perímetro regable, con la transformación incluso de los regadíos tradicionales a regadíos intensivos ha supuesto, como en el Campo de Cartagena, una modificación al alza de los niveles de nitratos en el subsuelo y en la masa de agua subterránea (MAS), además de una visible disminución del caudal de las fuentes y manantiales tradicionales, como ha podido detectarse en las Fuentes del Marqués (Caravaca de la Cruz) y en Las Tosquillas (Barranda). 

Alfonso Sánchez nos informa de que, con fecha de agosto de este año, y con mediciones realizadas por sus propios medios en el río Argos y en dos acequias que dependen del mismo, así como en la represa de Benablón, se han observado concentraciones de nitratos que superan el valor límite de calidad de 50 miligramos/litro de agua (50 mg/l). Tomando como datos comparativos los aportados por la CHS en octubre de 2015, respecto de los de agosto de este año, se ve que hay claramente siete fuentes afectadas, así como los cauces de los ríos Quípar y Argos, sobre todo desde el Estrecho de la Encarnación, en el primer caso, y desde la represa de Benablón, en el segundo. 

Llama la atención sobre la situación de la MAS de Caravaca, sobre todo destacando el grave estado del Acuífero de Sima (comprende aproximadamente el área de Cavila, Benablón, la Encarnación, Pinilla, hasta por encima de la Almudema, incluyendo una parte de Cañada de Tarragoya), tanto en calidad (nitratos por encima de 50mg/l), como en cantidad (agónicos caudales de sus fuentes), situación detectable entre otras, en Fuente Guarinos (Barranda), en la Fuente de Navares y la Fuente del Piojo de Benablón, en la que alerta de que debería hacerse un análisis completo de esta fuente, pues se ha observado que mucha gente bebe o se ha llevado agua de ella. 

Muy preocupante, sin duda, es la situación de la MAS del Río Quípar. Con datos de la CHS, en 2018, la fuente del Cabezo del Madroñal, en el Bajo Quípar, registraba 295 mg/l en 2018, pasando a 190 mg/l en agosto de 2021, con mediciones de Greenpeace; y la Fuente del Pozo Aristero, en esa misma zona del río, superaba los 159 mg/l en 2019. 

La contaminación de acuíferos ha determinado que el propio Ministerio para la Transición Ecológica haya venido incrementando el número de análisis de la MAS en la Cuenca del Segura: 3.021 (2017), 21.960 (2018) y 48.432 (2.019).

LAS GRANJAS DE PORCINO, OTRA AGRESIÓN MEDIOAMBIENTAL. Por si la situación de la proliferación de regadíos ilegales no fuera suficiente, el CDN y vecinos y vecinas de Caravaca ven con gran preocupación la instalación en el municipio de macrogranjas de ganadería intensiva, por los evidentes daños medioambientales (malos olores, gran consumo de agua, contaminación de acuíferos por nitratos, etc.) que estas instalaciones producen.

Según la información disponible, el debate se inició cuando se conoció entre los vecinos de Archivel un proyecto consistente en la ampliación, en La Oicas de Arriba, de una granja de 9.000 a 15.000 plazas de lechones, y en El Hornico, otra de casi 2.000 cabezas de ganado. El primero está en fase de estudio y el segundo en el de alegaciones, sin que, hasta ahora, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz se haya pronunciado al respecto. 

Así mismo, el CDN tiene conocimiento de la tramitación ante el Ayuntamiento de Caravaca de solicitud de licencia para la explotación de 2.000 cabezas de ganado porcino de cebo en el paraje Loma de Banderas, cerca de La Mata (Caravaca de la Cruz).

Pedro Costa Morata, presidente del CDN, afirma que «puesto que la cepa H1N1 de la gripe porcina anda suelta por el mundo desde 2009, el Ayuntamiento deberá exigir a los productores de cerdos una póliza de seguro que cubra los daños epidémicos que puedan tener lugar». Por su parte, José L. Álvarez-Castellanos, coordinador regional de IU-Verdes, afirma que la clave de esta proliferación de granjas está en el incremento exponencial de la exportación de carne porcina sobre todo a China. La Región de Murcia, con dos millones de cabezas y 1.500 explotaciones ganaderas, destina un 40% de su producción a la exportación.

Este modelo se está trasladando a otras zonas del Sureste. En este sentido, Francisco Martínez, caravaqueño vecino de Bugéjar (Altiplano granadino), viene denunciando el daño al ecosistema de ese núcleo de población tras la instalación de una macrogranja de cerdos de una conocida firma cárnica murciana, lo que se ha traducido en que la fuente de ese lugar se haya secado. 

Como puede verse, el insostenible modelo agrícola-ganadero del Campo de Cartagena se está trasladando hacia el Noroeste de la Región y otras comarcas del Sureste. 

A 85 AÑOS DE AQUELLA SUBLEVACIÓN FASCISTA

 A 85 años de aquella sublevación fascista (latalaya.org)

 

 

A 85 años de aquella sublevación fascista ^Featured

Diego Jiménez.-  Se cumplen hoy 85 años de la sublevación militar y civil contra el Gobierno de la II República. Ese golpe, perfectamente orquestado por la reacción monárquica, los falangistas y los militares africanistas, contó con el apoyo de los terratenientes y de la banca, con especial referencia al financiero contrabandista Juan March, así como con la 'comprensión' de la Iglesia, que pronto calificaría a la guerra sobrevenida como 'Cruzada de liberación'.

La sublevación comenzó a organizarse en Roma desde el mismo día de la proclamación de la II República, según nos documenta Ángel Viñas en '¿Quién quiso la Guerra Civil'?, y tomó carta de naturaleza con los acuerdos de los golpistas con la Italia de Mussolini, ya en 1934, con la idea de acelerar el golpe de Estado si la izquierda llegaba al poder en España, como así ocurrió en febrero de 1936. Posteriormente, también la ayuda alemana fue decisiva para el desenlace de la que debemos a empezar a denominar Guerra de España.

No hay que olvidar aquellos hechos del pasado. Porque hoy, a 85 años de aquellos aciagos y dramáticos acontecimientos, la derecha extrema y la extrema derecha, con la complicidad de la judicatura, desean claramente, aun sin el recurso a las armas, desnaturalizar la democracia caminando indisimuladamente hacia un golpe de Estado contra un Gobierno legítimo que, como en el 36, está intentando, aun con cierta tibieza provocada por la presión de las derechas y los poderes fácticos, modernizar el país.

No podemos consentirlo. Hemos de reaccionar como sociedad civil.

LA XENOFOBIA Y EL RACISMO MATAN

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/07/13/xenofobia-racismo-matan-54961189.html

         Derrotado el fascismo por las armas en 1945, creo que las sociedades occidentales no han valorado en su justa medida la peligrosa irrupción de la extrema derecha, de nuevo con alardes fascistas. Dicho esto, hay que considerar que el auge de los extremismos de derecha es un fenómeno global: tiene que ver con la crisis sistémica del capitalismo (económica, política, social, medioambiental y, ahora también, sanitaria), crisis que se manifiesta por procesos de superproducción y acumulación nunca antes conocidos, paralelos al abandono de la economía productiva en favor de la economía financiera. 

    A mayor abundamiento, las tremendas agresiones medioambientales que genera el modo capitalista de producción y consumo, las mayores desde el inicio de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, se traducen en el incremento de las oleadas migratorias desde el sur empobrecido al norte desarrollado, fenómeno que refuerza los sentimientos ‘identitarios’ de poblaciones que ven amenazados su estatus y modo de vida por esos flujos migratorios. En ese contexto, ciertos sectores del capitalismo, y con ellos sus voceros de la derecha y de la extrema derecha, no tienen empacho alguno en enfrentar a los desheredados del planeta, que buscan en Occidente una vida mejor, con los pobres de aquí, a los que las sucesivas crisis y ahora la pandemia han empobrecido aún más. Desde la crisis del capitalismo de 2008, estamos asistiendo a un trasvase de las rentas del trabajo hacia las del capital y a un aumento del desempleo, de los trabajos precarios y de la marginación social. El neoliberalismo capitalista, destructor de los antaño vínculos solidarios sociales en muchos países, ha propiciado, paralelamente, un brutal incremento de la concentración de la riqueza. Ante ese panorama, en muchos casos, asistimos a tibias respuestas desde la izquierda.

    En lo que toca a nuestro país, a nadie se le escapa el hecho de que hoy se registra una indisimulada pugna entre la derecha extrema (Casado y Ayuso) y la extrema derecha (Abascal, Rocío Monasterio, Ortega Smith) por capitalizar ese amplio espacio reaccionario que goza de buena salud, pues el franquismo, ‘algo más que sociológico’, pervive, en buena medida, con la complicidad de la judicatura. Hace unos días, nos enteramos de que el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ‘advirtió’ al Gobierno, que está a punto de tramitar en las Cortes la nueva Ley de Memoria Democrática, que no puede ilegalizar fundaciones franquistas siempre y cuando (¡pásmense!) con sus actividades no ataquen la dignidad y memoria de las víctimas del franquismo.

     La derecha extrema y la extrema derecha, incrustadas no sólo en la judicatura, sino también en otros ámbitos como el Ejército, ciertos medios de comunicación, la Iglesia, etc., han crecido en un contexto de cierta desidia de la sociedad española por atajar su crecimiento. Como advertí en mi artículo de LA OPINIÓN de 22/12/2018, como el huevo de la serpiente, la amenaza fascista siempre la hemos tenido ahí, aunque no le hiciéramos caso. Estaba presente con las políticas de Arias Navarro, en la matanza de Atocha, con los Guerrilleros de Cristo Rey, con el notario llamado Blas Piñar.  Fraga hizo lo imposible por absorberlos; con José María Aznar, el PP continuó albergando en su seno a cualquier desaprensivo que pululara por ahí con veleidades fascistas. Así, y pese a que hubo incluso un tiempo en el llegamos a jactarnos de que España estaba libre de la ultraderecha que tenía presencia en las instituciones democráticas europeas, el huevo de la serpiente hibernaba entre nosotros en instituciones como la Iglesia, la judicatura y el Ejército. 

    Tras la crisis económica del 2008, la sentencia del Tribunal Constitucional modificando el Estatuto de Catalunya en 2010 y la victoria de Rajoy en 2011, hubo alguien que creía que el PP era lo que luego denominó la ‘derechita cobarde’. Emerge un vasco, Santiago Abascal, amamantado por Esperanza Aguirre. Funda un partido a la derecha del PP. El resto es ya conocido. Enfervorizados hooligans, ilusionados por los cantos de sirena propalados al ondear de la bandera española en plazas y balcones, y seguidores, a ciegas, de los discursos de odio, xenofobia y racismo, se hicieron notar. Y como ocurrió en la Italia de Mussolini o en la Alemania de Hitler, pronto comprobamos que mucha gente empezó a votar a ese engendro neofascista en Ayuntamientos y autonomías, hasta el extremo de lograr 52 diputados en las elecciones de 10N de 2019. Pero pocos quisieron intuir que los discursos xenófobos, racistas y de odio, más pronto que tarde producirían sus efectos.

    Los ataques racistas y de odio que se están produciendo en la Región de Murcia en los últimos meses deberían haber despertado la alarma en el conjunto de la sociedad murciana, cuyo sector más concienciado sí respondió recientemente con la convocatoria de sendas concentraciones de protesta en Murcia y Cartagena. Empero, ni que decir tiene que es vergonzoso el silencio institucional ante hechos tan graves como los conocidos atentados a sedes de partidos de izquierda y, sobre todo, a personas; las víctimas de la violencia y odio que hemos ido conociendo golpean nuestras conciencias: Momoun Koutaibi en coma desde el 5 de junio por un golpe con una barra de hierro; el también marroquí Younes Bilal, asesinado el 13 de junio en Mazarrón por un exmilitar retirado al grito de «moro de mierda»; Lili, una mujer ecuatoriana, apuñalada por una mujer española en la cola de Cáritas en Cartagena tras reprocharle que los ‘sudacas’ vinieran a quedarse con su comida. 

        En nuestra Región, el huevo de la serpiente ha ido engordando durante años en una sociedad en la que PP y Cs, pactando con la ultraderecha, han contribuido a reforzarla y darle carta de naturaleza. Socialmente, además, se detecta una debilidad del auténtico sentimiento regional murciano, sustituido por una tenue identidad en torno al tema del agua (nacionalismo hidráulico, el ‘agua para tosos’), la fuerte presencia de un ‘nacionalismo españolista’ y una indisimulada catalanofobia. Sumemos a ello unas muy arraigadas adhesiones históricas a redes clientelares, forjadas en torno a la ‘política del ladrillo’, y las estructurales caciquiles, tan bien estudiadas por la tristemente desaparecida profesora María Teresa Pérez Picazo, quien demostró que esas redes caciquiles decimonónicas perduraban todavía en Murcia tras la Guerra Civil, calificando a la murciana como una sociedad con débil conciencia de clase en sus estratos inferiores y unas élites fuertes e indiscutidas, en un territorio con fuertes tradiciones católicas. El PP, hasta hace muy poco hegemónico en la derecha, ha sabido controlar además prácticamente todo el tejido asociativo (cofradías pasionales, peñas huertanas, AMPAS, agrupaciones sardineras, etc.), importante nicho de votos. Pero en los últimos años la situación ha dado un giro a favor de la ultraderecha. Si en las elecciones generales de 2016 Vox consiguió en la Región sólo 2.062 votos y el 0,29% de los sufragios, en las de 2019 obtuvo ya tres escaños, superando en votos y porcentaje al PP: 27,99 % frente al 26,51 % de este último, respectivamente. Y para quienes discrepan de que los mensajes xenófobos, racistas y de odio estén detrás de ese apoyo electoral, un dato: Vox fue la formación política más votada, con porcentajes que se aproximan o superan el 30%, en municipios con fuerte presencia de trabajadores inmigrantes como Torre Pacheco, San Javier, Cartagena, Totana y Lorca. Esta situación exige de quienes nos sentimos demócratas una reflexión. Porque se ha pasado de las palabras a los hechos. Y esto no lo puede tolerar una sociedad que se dice democrática, avanzada, solidaria y civilizada. Se ha comprobado que la xenofobia y el racismo matan.

X

EL PUEBLO SAHARAUI, ENTRE LA GEOESTRATEGIA Y EL ANSIA DE LIBERTAD

 https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2021/06/29/pueblo-saharaui-geoestrategia-ansia-libertad-54435314.html

Desde mi picoesquina

Diego Jiménez García. 29-06-2021 /Murcia 

     El muro que divide el Sahara Occidental tiene más de 2.700 km de largo
 

Conocí a Aminetu Haidar en noviembre de 2013, con ocasión de unas Jornadas sobre el Sahara organizadas por la Facultad de Trabajo Social de la UMU y la delegación saharaui en nuestra Región. De hablar pausado, suave timbre de voz y de apariencia frágil, esta activista y pacifista saharaui, al poco de empezar a hablar, fue capaz, con su elocuencia, de empatizar con el auditorio para transmitirle la injusta situación en la que vive su pueblo. Denunciaba que la ocupación marroquí del Sahara suponía un calvario para la población, con bombardeos, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, etc. Esta mujer, que pasó cuatro años aislada del exterior, los ojos vendados y torturada con frecuencia, nos advertía de la dura situación que soportaron durante el reinado de Hassan II, admitiendo que la situación tampoco era mejor con el nuevo monarca, Mohamed VI.

Hace unos días, en entrevista para un diario nacional, denunciaba que la nueva confrontación Marruecos-Frente Polisario ha provocado en la zona ocupada una fuerte represión, dirigida sobre todo contra las mujeres saharauis. Esta luchadora incansable sigue la situación con inquietud desde Gran Canaria, donde se halla bajo tratamiento médico para combatir las secuelas físicas de su larga lucha. Tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital por un problema renal. «El Polisario se encontraba al límite, los jóvenes de los territorios ocupados ya no creían en la resistencia pacífica (…) y la comunidad internacional no ha hecho nada, sobre todo Naciones Unidas», nos dice. «La Minurso (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), es un testigo con los ojos vendados. Hassan II cometió crímenes de lesa humanidad, pero no había testigos internacionales. Ahora Mohamed VI hace lo mismo, pero ante Naciones Unidas», recalca.

A finales de noviembre de 1975, tras los vergonzosos acuerdos tripartitos entre España, Marruecos y Mauritania, las principales ciudades del Sahara Occidental ya estaban controladas por las fuerzas de ocupación marroquíes. La Marcha Verde avanzó sin problemas con la pasividad cómplice del Estado español, la potencia colonial ocupante desde 1884. Una joven saharaui, Mariam Mohamed Salem, testigo de los hechos, relató años después: «Por donde pasaban los tanques y los soldados marroquíes, muchos de ellos drogados con hachís, se cometían asesinatos en masa; muchas madres y niños saharauis fueron asesinados simplemente por no decir ¡Viva el rey Hassan II de Marruecos!».

El millonario, corrupto y sátrapa monarca marroquí, al que Juan Carlos I definió como un hermano en su funeral, apostó por borrar del mapa a la población saharaui como vía para terminar con la previsible resistencia a la ocupación. Esto incluía no sólo a los combatientes del Polisario, sino también a las mujeres, ancianos y niños de los campamentos.

Hay que recordar que entre los días 18, 20 y 23 de febrero de 1976 el bombardeo de la aviación marroquí del campamento de Um Draiga con fósforo blanco y napalm, armas prohibidas que producen gravísimas quemaduras en la piel y llegan a deshacer la carne y los huesos, produjo entre 2.000 y 3.000 muertos, la mayoría niños, mujeres y ancianos.

Durante meses el Frente Polisario y la Media Luna Argelina ayudaron a trasladar a decenas de miles de personas hacia una región segura. Empero, la población saharaui quedó dividida en dos, entre las personas que pudieron huir a territorio argelino y las que se quedaron en los territorios ocupados. Quienes optaron por poblar los campos de refugiados de Tinduf continúan hoy allí, con enormes dificultades; quienes permanecieron en el Sahara ocupado sufren, como sus hermanos del Rif, una brutal represión, con torturas, detenciones, desapariciones, violaciones y asesinatos, con cientos de presos políticos de los que apenas nada se sabe. Uno de los principales centros de detención y tortura, la Cárcel Negra de El Aaiún, mantiene a decenas de ellos privados de libertad y sometidos a torturas y malos tratos de una forma sistemática.

La posición que ocupa Marruecos como ‘Estado gendarme’ encargado por la Unión Europea no sólo de la contención de los flujos migratorios hacia el continente, sino también del control del terrorismo yihadista, explica muchas cosas: desde el establecimiento de tratados preferenciales para la exportación de las hortalizas marroquíes hacia Europa y los ventajosos acuerdos pesqueros, hasta el ‘mirar hacia otro lado’ ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos por parte de la monarquía alauita. Pese a que las recientes tensiones diplomáticas entre el Estado español y Marruecos, derivadas de la crisis de los refugiados de Ceuta, pudieran parecer otra cosa, lo cierto es que la colaboración entre las policías de los dos países es un hecho, lo que explicaría que el Gobierno español no haya adoptado medida alguna para lograr la extradición de los 11 altos cargos militares marroquíes, que desde 2015, están procesados por el juez Ruz de la Audiencia Nacional por delito de genocidio por algunos de los crímenes que se cometieron contra refugiados del Sahara Occidental entre los años 1975 y 1992.

El reino alauita aspira a consolidar el ‘Gran Marruecos’, con la anexión (además de las ciudades de Ceuta y Melilla) del territorio del Sahara, cuya ‘marroquinidad’ fue reconocida hace unos meses por Donald Trump, sin que Joe Biden haya rectificado. Con respecto a la que fue la provincia número 53 de España, hay que recordar que cuando se inició el proceso de ocupación colonial en el siglo XIX el Sahara no tenía vínculos ni con Marruecos ni con Mauritania, y que, tras los vergonzosos acuerdos tripartitos de Madrid, a España sigue correspondiendo la administración de ese territorio.

A día de hoy, Marruecos no ha respetado la Resolución 1514 de la ONU, de 1960, que está en el origen de la declaración de independencia de los países colonizados, ha venido torpedeando, por lo tanto, la Resolución de la ONU sobre el referéndum de autodeterminación del Sahara, y sigue violando, además, las estipulaciones contenidas en el IV Convenio de Ginebra, de 1949, que regula las condiciones de ocupación militar.

Las relaciones diplomáticas del Reino de España con el de Marruecos vienen desarrollándose con una cierta ambigüedad. Pese al reconocimiento español del derecho de autodeterminación de su antigua provincia africana, no es menos cierto que hay un cierto temor a tensar la cuerda demasiado; desde Exteriores se considera que Marruecos goza de especial protección por parte de dos potencias, Francia (se dice que la política exterior alauita se diseña en el Elíseo) y, sobre todo, EE UU.

Marruecos forma parte del eje Canarias-Estrecho-Baleares, que la OTAN considera prioritario reforzar. No en balde, hace unos días tuvieron lugar unas maniobras militares, la operación ‘León Africano 2021’, desarrolladas en el Sahara occidental (el hecho de que se desarrollaran ahí refuerza por parte de EE UU la ‘marroquinidad’ de ese territorio) y en las que, por motivos evidentes, no participó España. El objetivo: aunar la colaboración EE UU-Marruecos frente a las amenazas comunes y contribuir a la modernización de su industria militar y de defensa. Hay que tener en cuenta que, además, la presencia norteamericana en la zona facilita el tránsito de los superpetroleros que navegan a través de la ruta del Cabo de Buena Esperanza, sin olvidar la supervisión de la red de conductos de gas que atraviesa el Sahara y el Sahel.

En medio de este juego cruzado de intereses, nuestro pueblo hermano saharaui espera de las potencias democráticas el apoyo necesario para ejercer su derecho a la autodeterminación. Porque, hoy por hoy, su ansia de libertad choca, como hemos visto, con el muro de la geoestrategia.