En mi último artículo concluía que sigue estando pendiente, desde los tiempos de la Transición, una auténtica democracia participativa en las instituciones más próximas a la ciudadanía, los ayuntamientos. Mi apreciación, que fue una de las señas de identidad del movimiento vecinal allá por los años setenta y ochenta del pasado siglo, coincide con la expresada por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), que, con ocasión de los sucesos acaecidos en el barrio burgalés de El Gamonal, aludía hace unos días precisamente a esa falta de participación social en los asuntos municipales como una de las causas del estallido de la protesta. Pero en los acontecimientos que han tenido y tienen como escenario la calle Vitoria de ese barrio burgalés hay otros factores que analizar. Vayamos por partes.
En primer lugar, no es nada novedoso el recurso a criminalizar, de inmediato, las protestas con el fin de neutralizarlas. Es algo que históricamente viene repitiéndose desde siempre. El historiador británico, ya fallecido, Georges Rudé, desde su posición marxista, expone en su libro La multitud en la Historia cómo los revoltosos y perturbadores de la era preindustrial en Francia e Inglaterra eran tildados de banditti, 'desesperados', 'turba'... Incluso el muy revolucionario Robespierre se inclinaba a considerar a los revoltosos del hambre como 'agentes' de los ingleses y de la aristocracia. Para no irnos tan lejos, cuando se produjo en Madrid, en marzo de 1766, el Motín de Esquilache, que tenía como causa de fondo la liberalización del precio del trigo, lo que produjo la carestía del pan, y como motivo inmediato el decreto de este ministro napolitano de Carlos III que prohibía el uso de sombreros de ala ancha y de la capa española, las autoridades acusaron a los jesuitas de ser los inductores, lo que dio lugar a su expulsión de España y de los reinos hispánicos en 1767. Hoy, ciertos historiadores siguen atribuyendo a ese hecho histórico el carácter de movimiento popular espontáneo, pero con una motivación política evidente, en el contexto de la lucha por el poder entre dos facciones de la Corte.
En los sucesos del barrio de El Gamonal, cómo no, las autoridades municipales se apresuraron a buscar inductores de la protesta. La calle Vitoria, según el primer edil de Burgos, se había poblado de provocadores antisistema de origen exógeno, afirmación desmentida inmediatamente por la realidad: la práctica totalidad de las personas detenidas eran del barrio. Más recientemente, se acusa a IU de estar detrás de las protestas. Lo extraño sería que no apoyase. Parece consustancial a un partido que se considera, sobre todo, movimiento político-social el combinar la práctica institucional con su presencia en la calle.
En segundo lugar, otro recurso que viene siendo habitual en los últimos tiempos es el de la manipulación mediática. En este caso, protagonizada, sobre todo, por el Diario de Burgos, que descaradamente ha aireado los sucesos con portadas claramente tendenciosas destinadas a desnaturalizar el hastío ciudadano. Nada extraño en un medio informativo propiedad del cacique localAntonio M. Méndez Pozo, que es juez y parte. Su empresa es la adjudicataria de las obras del bulevar burgalés, a pesar de su turbio pasado, pues ingresó en prisión en 1994 con un condena de siete años por falsedad documental en el llamado 'caso de la construcción' de Burgos.
En otro orden de cosas, en los hechos de El Gamonal, como en el caso del Motín de Esquilache antes citado, hay que buscar motivos inmediatos y causas de fondo. Está claro que la 'mecha' que hizo estallar el conflicto fue el empecinamiento del alcalde de Burgos, Javier Lacalle (PP), de seguir adelante con las obras sin contar con el vecindario. Pero, además, las protestas han exteriorizado el hastío de esos vecinos por una política de recortes sociales y cierre de escuelas y guarderías, cuando el Ayuntamiento está dispuesto a destinar ocho millones de euros a una obra no imprescindible. Y es que, además, la provincia de Burgos, sin llegar a los altos niveles que registra nuestra Región en lo relativo a paro, pobreza, etc., se sitúa muy por detrás de otras provincias de Castilla y León, como Valladolid, en bienestar social.
Empero, hay aspectos positivos en esta protesta ciudadana, que aún continúa. Uno de ellos, la solidaridad del resto del país, en la calle y en las redes sociales. Sin desdeñar el alto grado de organización que exhibe esta asamblea vecinal de Gamonal, que impuso varias condiciones al alcalde para sentarse a negociar: libertad para las personas detenidas, la salida de la ciudad de las fuerzas antidisturbios y la paralización inmediata de las obras del bulevar.
El Gamonal es, en definitiva, el ejemplo de cómo la movilización ciudadana puede reactivar un movimiento vecinal que debiera haberse constituido en un contrapeso al excesivo poder, sin control popular, de los cargos institucionales electos.
