jueves, 29 de septiembre de 2011
miércoles, 21 de septiembre de 2011
CRISIS ECONÓMICA Y HASTÍO JUVENIL
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2011/09/21/crisis-economica-hastio-juvenil/351879.html
DIEGO JIMÉNEZ
En el número 191 de Le Monde Diplomatique, edición en español, Ignacio Ramonet escribe en el editorial: «Primero fueron los árabes, luego los griegos, a continuación los españoles y los portugueses, seguidos por los chilenos y los israelíes; y el mes pasado, con ruido y furia, los británicos. Una epidemia de indignación está sublevando a los jóvenes del mundo. Semejante a la que, desde California hasta Tokio, pasando por París, Berlín, Madrid y Praga, recorrió el planeta en los años 1967-1968 y cambió los hábitos de las sociedades occidentales». El editorial viene precedido de una premonitoria cita del escritor André Gide que reza así: «El mundo será salvado, si puede serlo, sólo por los insumisos».
Insumisión a un sistema capitalista que hace sólo dos años, cuando la crisis estaba en su punto álgido, decían los analistas del propio sistema que había que refundar. Hoy hemos visto en qué consiste esa supuesta refundación: la aplicación pura y dura de las recetas neoliberales que los ´cachorros´ de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, pusieron en práctica en Chile, a partir de 1973, una vez derrocado el presidente constitucional Salvador Allende, y que tuvieron su continuidad en los años siguientes favorecidas por la eclosión de otras dictaduras en el Cono Sur de América. Veíamos estos hechos desde la rica Europa creyendo que el viejo continente estaba a salvo de esas experiencias.
Pero la era de Ronald Reagan y Margaret Tatcher, con sus políticas de desmantelamiento del Estado del bienestar, nos abrió los ojos. Según nos recuerda Ramonet, a partir de ese momento las recetas de los Gobiernos (de derechas o de izquierdas) han sido las mismas: reducciones drásticas del gasto público, con recortes particularmente brutales de los presupuestos sociales. Uno de los resultados ha sido el alza espectacular del paro juvenil (en la Unión Europea, 21%; en España, ¡42,8%!). O sea, la imposibilidad para toda una generación de entrar en la vida activa. El suicidio de una sociedad, asegura.
El enorme caudal de formación laboral y profesional que atesoran los jóvenes del Occidente rico se desperdicia, pues dicha formación en muchos casos no les sirve para nada. El empobrecimiento de amplias capas de la sociedad corre parejo a la frustración que experimenta la juventud de muchas partes del mundo ante la falta de perspectivas. Recientemente, podíamos ver por televisión a jóvenes ingenieros españoles, suficiente preparados, que habían optado por ir a trabajar a Munich, la capital bávara, con unos sueldos que triplicaban a los de nuestro país. Ante ello, la reflexión es clara: ¿A quién hay que pedir cuentas por dilapidar tan alegremente las fuertes inversiones que hay que hacer para formar a una generación a la que nadie en España le garantiza un futuro?
En los años 1967 y 1968, las protestas sociales exteriorizaban el descontento de una generación que todo lo tenía, pero que sentía asco del sistema. Hoy, las protestas que recorren el mundo tienen otras motivaciones: expresan el hastío de unos jóvenes, mejor preparados que nunca, pero que son arrojados fuera del sistema. De ahí a la rebelión sólo media un paso. Por eso, con distintas variantes, la mecha ha prendido en lugares tan dispares como Túñez, Egipto, Grecia, España, Portugal, Inglaterra, Chile …
Pero Ramonet insiste en que hay soluciones a la crisis. Plantea, por ejemplo, que el Banco Central Europeo (BCE) debe convertirse en un verdadero banco central y prestarle dinero (con condiciones precisas) a los Estados de la eurozona para financiar sus gastos. Cosa que le está prohibida al BCE actualmente. Lo que obliga a los Estados a recurrir a los mercados y pagar intereses astronómicos. Con esa medida se acaba la crisis de la deuda. En segundo lugar, recuerda que aplicando la conocida Tasa Tobin sobre las Transacciones Financieras (TTF), esto es, un modesto impuesto de un 0,1% sobre los intercambios de acciones en Bolsa y sobre el mercado de divisas, la Unión Europea obtendría, cada año, entre 30.000 y 50.000 millones de euros. Suficiente para financiar con holgura los servicios públicos, restaurar el Estado de bienestar y ofrecer un futuro luminoso a las nuevas generaciones.
O sea, las soluciones técnicas existen. Pero, a juicio de Ramonet, falta voluntad política.
DIEGO JIMÉNEZ
En el número 191 de Le Monde Diplomatique, edición en español, Ignacio Ramonet escribe en el editorial: «Primero fueron los árabes, luego los griegos, a continuación los españoles y los portugueses, seguidos por los chilenos y los israelíes; y el mes pasado, con ruido y furia, los británicos. Una epidemia de indignación está sublevando a los jóvenes del mundo. Semejante a la que, desde California hasta Tokio, pasando por París, Berlín, Madrid y Praga, recorrió el planeta en los años 1967-1968 y cambió los hábitos de las sociedades occidentales». El editorial viene precedido de una premonitoria cita del escritor André Gide que reza así: «El mundo será salvado, si puede serlo, sólo por los insumisos».
Insumisión a un sistema capitalista que hace sólo dos años, cuando la crisis estaba en su punto álgido, decían los analistas del propio sistema que había que refundar. Hoy hemos visto en qué consiste esa supuesta refundación: la aplicación pura y dura de las recetas neoliberales que los ´cachorros´ de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, pusieron en práctica en Chile, a partir de 1973, una vez derrocado el presidente constitucional Salvador Allende, y que tuvieron su continuidad en los años siguientes favorecidas por la eclosión de otras dictaduras en el Cono Sur de América. Veíamos estos hechos desde la rica Europa creyendo que el viejo continente estaba a salvo de esas experiencias.
El enorme caudal de formación laboral y profesional que atesoran los jóvenes del Occidente rico se desperdicia, pues dicha formación en muchos casos no les sirve para nada. El empobrecimiento de amplias capas de la sociedad corre parejo a la frustración que experimenta la juventud de muchas partes del mundo ante la falta de perspectivas. Recientemente, podíamos ver por televisión a jóvenes ingenieros españoles, suficiente preparados, que habían optado por ir a trabajar a Munich, la capital bávara, con unos sueldos que triplicaban a los de nuestro país. Ante ello, la reflexión es clara: ¿A quién hay que pedir cuentas por dilapidar tan alegremente las fuertes inversiones que hay que hacer para formar a una generación a la que nadie en España le garantiza un futuro?
En los años 1967 y 1968, las protestas sociales exteriorizaban el descontento de una generación que todo lo tenía, pero que sentía asco del sistema. Hoy, las protestas que recorren el mundo tienen otras motivaciones: expresan el hastío de unos jóvenes, mejor preparados que nunca, pero que son arrojados fuera del sistema. De ahí a la rebelión sólo media un paso. Por eso, con distintas variantes, la mecha ha prendido en lugares tan dispares como Túñez, Egipto, Grecia, España, Portugal, Inglaterra, Chile …
Pero Ramonet insiste en que hay soluciones a la crisis. Plantea, por ejemplo, que el Banco Central Europeo (BCE) debe convertirse en un verdadero banco central y prestarle dinero (con condiciones precisas) a los Estados de la eurozona para financiar sus gastos. Cosa que le está prohibida al BCE actualmente. Lo que obliga a los Estados a recurrir a los mercados y pagar intereses astronómicos. Con esa medida se acaba la crisis de la deuda. En segundo lugar, recuerda que aplicando la conocida Tasa Tobin sobre las Transacciones Financieras (TTF), esto es, un modesto impuesto de un 0,1% sobre los intercambios de acciones en Bolsa y sobre el mercado de divisas, la Unión Europea obtendría, cada año, entre 30.000 y 50.000 millones de euros. Suficiente para financiar con holgura los servicios públicos, restaurar el Estado de bienestar y ofrecer un futuro luminoso a las nuevas generaciones.
O sea, las soluciones técnicas existen. Pero, a juicio de Ramonet, falta voluntad política.
martes, 6 de septiembre de 2011
LA NECESARIA UNIÓN DE LAS IZQUIERDAS
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2011/09/06/necesario-union-izquierdas/348638.html
DIEGO JIMÉNEZ
Siento cada vez más repugnancia hacia el vocablo ´mercados´. Los que detentan el poder propenden a disimular el alcance real de lo que maquinan para fastidiarnos a quienes no lo tenemos. Y son muy dados, pues, al uso de eufemismos. Así, cuando nos hablan de los mercados nos ocultan que éstos no son ni más ni menos que especuladores varios amparados en grupos bursátiles, inversores de fondos privados de pensiones, banqueros… O sea, los capitalistas de toda la vida, que hoy se nos muestran en todo su poder y esplendor. Que, además, han logrado persuadir a los Gobiernos, esas marionetas que aparentemente gobiernan para todos pero que lo hacen por y en nombre de aquéllos, de que sus decisiones deben tranquilizarlos. Surge así el segundo de los eufemismos con el que estos últimos meses nos vienen bombardeando, a saber: la necesidad de que los Gobiernos se ganen la confianza de los mercados. O sea: ni más ni menos que la sumisión del poder político a los dictados del poder económico.
Cuentan los mercados, pues, con lacayos (los Estados) y con servidores. Estos últimos, disfrazados de agencias de calificación de riesgos (rating en inglés). Basta con que unos pocos señores de Standard &Poor´s o Moody´s digan que un Estado es insolvente para que ese país vea elevarse exponencialmente los intereses que ha de pagar por los títulos de su deuda. Además, cuando esas agencias de calificación lanzan sus agoreros vaticinios, están dando pie a que los mercados preparen sus redes para atrapar esos servicios esenciales (Educación, Sanidad, pensiones…) que vino prestando el Estado pero que ahora se ve obligado a entregar. Este es el mecanismo aparentemente complejo, pero bastante sencillo de entender, por el que Estado se pliega ante dichas presiones.
Esto, ni más ni menos, es lo que está pasando estos últimos meses en nuestro país. Los sucesivos Gobiernos (del PP y PSOE) fueron rebajando o haciendo desaparecer la fiscalidad a las rentas altas (Impuesto de Sociedades, Impuesto del Patrimonio, ridícula tributación del 1% para las SICAV…), al tiempo que congelaron salarios y pensiones y elevaron la tributación indirecta. Con lo que, durante estos años, se ha producido un gradual trasvase de las rentas del trabajo a las del capital. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló, los bancos acudieron, suplicantes, a recabar la ayuda generosa del Estado. Como, además, la recaudación fiscal disminuyó drásticamente al elevarse las cifras del paro y descender el consumo, estas circunstancias contribuyeron al fuerte incremento del endeudamiento del Estado. En ese contexto, en lugar de seguir el ejemplo de EE UU y Japón (este último, a partir del tsunami) de aplicar políticas económicas expansivas, el Gobierno español se ha plegado al atraco de los mercados, con la complicidad de sus lacayos en Europa, Merkel y Sarkozy. Y así nos va. Una Europa de los mercaderes —que no de los pueblos— que se muestra cada vez más debilitada y sumisa ante la presión del capital, e incapaz de arbitrar soluciones para una salida social a la crisis. El asunto es grave, muy grave.
Pero lo que no tiene nombre es la última actuación, coordinada, del PP y PSOE para la modificación del artículo 135 de la Constitución. La dificultad de ambas formaciones para consensuar la necesaria renovación de los miembros del Constitucional ha desaparecido, como por ensalmo, cuando se ha tratado de hacernos un poco más la puñeta al conjunto del país. Uno de los párrafos añadidos a ese artículo: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta». ¡Toma ya! Adiós a la soberanía nacional. Y ni rastro de ese ´Estado social y democrático de Derecho´ propugnado en la Constitución.
Ante esta situación, es necesario que se dé una contundente respuesta social. Y, lo que es también importante, que se tienda urgentemente a la unión de las izquierdas con la constitución de un frente amplio de este signo, que sea el referente electoral claro para quienes, cada vez con más énfasis, mostramos en la calle nuestra indignación ante tal estado de cosas.
DIEGO JIMÉNEZ
Siento cada vez más repugnancia hacia el vocablo ´mercados´. Los que detentan el poder propenden a disimular el alcance real de lo que maquinan para fastidiarnos a quienes no lo tenemos. Y son muy dados, pues, al uso de eufemismos. Así, cuando nos hablan de los mercados nos ocultan que éstos no son ni más ni menos que especuladores varios amparados en grupos bursátiles, inversores de fondos privados de pensiones, banqueros… O sea, los capitalistas de toda la vida, que hoy se nos muestran en todo su poder y esplendor. Que, además, han logrado persuadir a los Gobiernos, esas marionetas que aparentemente gobiernan para todos pero que lo hacen por y en nombre de aquéllos, de que sus decisiones deben tranquilizarlos. Surge así el segundo de los eufemismos con el que estos últimos meses nos vienen bombardeando, a saber: la necesidad de que los Gobiernos se ganen la confianza de los mercados. O sea: ni más ni menos que la sumisión del poder político a los dictados del poder económico.
Cuentan los mercados, pues, con lacayos (los Estados) y con servidores. Estos últimos, disfrazados de agencias de calificación de riesgos (rating en inglés). Basta con que unos pocos señores de Standard &Poor´s o Moody´s digan que un Estado es insolvente para que ese país vea elevarse exponencialmente los intereses que ha de pagar por los títulos de su deuda. Además, cuando esas agencias de calificación lanzan sus agoreros vaticinios, están dando pie a que los mercados preparen sus redes para atrapar esos servicios esenciales (Educación, Sanidad, pensiones…) que vino prestando el Estado pero que ahora se ve obligado a entregar. Este es el mecanismo aparentemente complejo, pero bastante sencillo de entender, por el que Estado se pliega ante dichas presiones.
Esto, ni más ni menos, es lo que está pasando estos últimos meses en nuestro país. Los sucesivos Gobiernos (del PP y PSOE) fueron rebajando o haciendo desaparecer la fiscalidad a las rentas altas (Impuesto de Sociedades, Impuesto del Patrimonio, ridícula tributación del 1% para las SICAV…), al tiempo que congelaron salarios y pensiones y elevaron la tributación indirecta. Con lo que, durante estos años, se ha producido un gradual trasvase de las rentas del trabajo a las del capital. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló, los bancos acudieron, suplicantes, a recabar la ayuda generosa del Estado. Como, además, la recaudación fiscal disminuyó drásticamente al elevarse las cifras del paro y descender el consumo, estas circunstancias contribuyeron al fuerte incremento del endeudamiento del Estado. En ese contexto, en lugar de seguir el ejemplo de EE UU y Japón (este último, a partir del tsunami) de aplicar políticas económicas expansivas, el Gobierno español se ha plegado al atraco de los mercados, con la complicidad de sus lacayos en Europa, Merkel y Sarkozy. Y así nos va. Una Europa de los mercaderes —que no de los pueblos— que se muestra cada vez más debilitada y sumisa ante la presión del capital, e incapaz de arbitrar soluciones para una salida social a la crisis. El asunto es grave, muy grave.
Pero lo que no tiene nombre es la última actuación, coordinada, del PP y PSOE para la modificación del artículo 135 de la Constitución. La dificultad de ambas formaciones para consensuar la necesaria renovación de los miembros del Constitucional ha desaparecido, como por ensalmo, cuando se ha tratado de hacernos un poco más la puñeta al conjunto del país. Uno de los párrafos añadidos a ese artículo: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta». ¡Toma ya! Adiós a la soberanía nacional. Y ni rastro de ese ´Estado social y democrático de Derecho´ propugnado en la Constitución.
Ante esta situación, es necesario que se dé una contundente respuesta social. Y, lo que es también importante, que se tienda urgentemente a la unión de las izquierdas con la constitución de un frente amplio de este signo, que sea el referente electoral claro para quienes, cada vez con más énfasis, mostramos en la calle nuestra indignación ante tal estado de cosas.
martes, 30 de agosto de 2011
IU e ICV presentan un escrito de impugnación por el procedimiento para tramitar la reforma de la Constitución
Los diputados de IU e ICV, Gaspar Llamazares y Nuria Buenaventura, se han dirigido a la Mesa del Congreso para impugnar la tramitación acelerada de la reforma constitucional auspiciada por PSOE y PP para introducir en la Carta Magna el principio de estabilidad presupuestaria.
El órgano de gobierno de la Cámara Baja avaló este martes la pretensión de PSOE y PP de tramitar en sólo dos sesiones parlamentarias la reforma de la Constitución que se registró como proposición de ley el pasado viernes.
Texto íntegro del escrito de impugnación registrado sobre el que se debe pronunciar la Mesa a la mayor rapidez para o bien reconsiderar el procedimiento elegido para la reforma constitucional de su artículo 135 o bien para rechazar la propuesta de IU e ICV en todos su términos
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Los diputados abajo firmantes proceden, mediante el presente escrito, a ejercer el derecho que les confiere el artículo 31.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, impugnando por este trámite la decisión adoptada por la Mesa del Congreso de los Diputados el día 30 de agosto de 2011 en relación con la tramitación de la Proposición de Reforma de la Constitución presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios del PSOE y del PP.
Esta impugnación se fundamenta en los siguientes MOTIVOS:
PRIMERO. El procedimiento acordado por la Mesa, siguiendo la solicitud de los dos grupos parlamentarios proponentes de la reforma constitucional, no se corresponde con el contenido y consecuencias del texto propuesto.
El contenido de la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución Española implica una modificación encubierta de su Título Preliminar y, en consecuencia, su tramitación debe seguir los trámites contemplados por el artículo 168 de la propia Constitución. Según este procedimiento, una vez que el Congreso y el Senado acuerdan por mayoría de los dos tercios la iniciativa de reforma constitucional, se debe proceder a la disolución de las Cortes para que sean las nuevas Cámaras electas las que tramiten la reforma constitucional, culminando el proceso con un referéndum vinculante.
El texto de la propuesta de modificación de la Constitución Española, pactado a puerta cerrada entre el PSOE y el PP, afirma textualmente en el apartado 3 del artículo 135 que "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta."
Esta propuesta supone la modificación encubierta del artículo 1.1 de la Constitución, en el que se define al estado español como un "Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político."
Es fácil comprobar que el texto contenido en la Proposición de modificación de nuestra norma fundamental introduce un valor superior a los de la justicia y la igualdad, que es el del cumplimiento incondicional del pago de los intereses y el capital de la deuda, cumplimiento que también se sitúa por encima del carácter social de nuestro Estado. La aprobación de la reforma propuesta implica que, la utilización del dinero público por el Estado, Comunidades Autónomas y municipios, tendrá la obligación de priorizar este nuevo valor económico sobre la cobertura de las necesidades sociales que garanticen el cumplimiento de los valores de justicia e igualdad.
De aprobarse la reforma, en los supuestos en los que haya que optar entre el pago de intereses y capital de la deuda pública, o cubrir necesidades sociales en relación con el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la justicia, la investigación o la promoción de la recuperación económica, tanto el Estado, como las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, deberá priorizar el cumplimiento del nuevo valor supremo: la prioridad absoluta al pago de los intereses y la deuda pública.
En definitiva, la propuesta de reforma antepone los intereses de los prestamistas sobre los intereses y necesidades sociales de la ciudadanía.
El cambio constitucional supone, en consecuencia, un drástico cambio en la definición de nuestro Estado como “social”, pasando a ser un Estado rehén de las condiciones que “el mercado” vaya imponiendo para la financiación de las necesidades presupuestarias.
Este cambio encubierto del artículo 1.1 de la Constitución Española y, como consecuencia, la rebaja del nivel de protección de derechos fundamentales contenidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título Primero de la Constitución, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva plasmado en el artículo 24 (los recursos económicos para que la administración de justicia pueda cumplir este derecho quedan condicionados al prioritario pago de intereses y capital de la deuda) o el derecho a la educación contenido en el artículo 27.5. según el cual “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.” (los recursos económicos para que garantizar una educación pública de calidad quedan condicionados al prioritario pago de intereses y capital de la deuda)
En consecuencia con todo lo anterior, la Mesa ha de reconsiderar su decisión, debiendo ajustar la tramitación de la Proposición de reforma constitucional de los grupos PP y PSOE a lo dispuesto por el artículo 168 de la Constitución y el artículo 147 del Reglamento del Congreso de los Diputados, procediendo a hacer coincidir la disolución del Parlamento con la anunciada por el Presidente del Gobierno, con las consiguientes obligaciones del nuevo Parlamento electo.
En cualquier caso ha de considerarse que, ante la más mínima posibilidad de que los cambios constitucionales afecten tanto al Título Preliminar como a derechos y libertades fundamentales, ha de optarse por la vía que más garantías ofrezca en su tramitación y que garantice que el pueblo tenga la posibilidad de decidir en última instancia mediante el oportuno referéndum. Lo contrario sería rebajar todavía más la calidad y profundidad democrática de nuestro país y dejar en papel mojado las múltiples declaraciones mediante las que se resalta la importancia de respetar la voluntad popular, como la contenida en el propio Preámbulo de la Constitución según el cual se proclama la voluntad de la nación española de “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular” y de “establecer una sociedad democrática avanzada”.
SEGUNDO. Con carácter subsidiario al motivo anterior, el acuerdo de la Mesa por el que se decide el procedimiento y los plazos para la tramitación de la Proposición de reforma constitucional de los grupos PSOE y PP también vulnera flagrantemente las normas reguladoras del procedimiento de reforma constitucional, contenidas en el artículo 167 de la propia Constitución y en el artículo 146 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Tres son las decisiones cuestionables legalmente en relación con la tramitación de la reforma constitucional promovida por los grupos del PSOE y PP:
1.Tramitación por el procedimiento de lectura única, es decir, eludiendo la participación de la Comisión Constitucional, que es la primera de las Comisiones Permanentes contempladas por el artículo 46.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Se ampara para ello la Mesa en el artículo 150.1 del Reglamento de la Constitución según el cual "cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única."
Es obvio que cuando el Reglamento del Congreso permite la simplificación máxima del procedimiento normativo en función de la “naturaleza” del proyecto o proposición de ley no está pensando en una reforma constitucional que no sea meramente semántica, puesto que la reforma constitucional es, lógicamente, la que requiere más garantías, más transparencia y más cuidado en su elaboración y aprobación, por tratarse de la norma fundamental que regula la convivencia en nuestro país. Así se constata con la lectura del Título X de la Constitución y de los artículos del Reglamento del Congreso de los Diputados que lo desarrollan (artículos 146 y 147).
Tampoco la “simplicidad” de la Proposición de reforma constitucional puede justificar la opción por el procedimiento de lectura única, pues si algo define la reforma constitucional propuesta es su complejidad técnica y la trascendencia social, política y económica.
2.Tramitación por el procedimiento de urgencia, es decir, reduciendo todos los plazos ordinarios de los trámites para cualquier reforma legal. Entre otros plazos que se reducen, está el plazo ordinario para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas que, según dispone el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, es de 15 días. Son los artículos 93 y 94 del Reglamento los que admiten este procedimiento de urgencia, para cuya declaración se requiere que exista alguna justificación explícita, que deberá ser debidamente motivada por la Mesa del Congreso de los Diputados, máxime cuando nos encontramos ante una reforma de la Constitución Española.
Ya desde un primer momento resulta no sólo sorprendente, sino evidentemente contrario a los artículos 146 y 147 de la Constitución Española y a la finalidad perseguida por los mismos, la tramitación como urgente de cualquier reforma constitucional, por la trascendencia política, social y legal de estas reformas. La calidad democrática de un Estado se ha de medir, en uno de los primeros lugares, por las garantías, la transparencia y la búsqueda del máximo consenso en los procesos de aprobación de las normas constitucionales. La declaración de urgencia de una reforma de la Constitución con el calado de la propuesta por los Grupos de los grupos PSOE y PP, supone un desprecio absoluto a la profundización de la democracia en nuestro país.
En segundo lugar, la declaración de urgencia debe ser motivada, pues no nos encontramos ante una decisión que pueda considerarse discrecional por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados, debido a los derechos que se encuentran en juego en las tramitaciones parlamentarias, entre los que se destaca el derecho a la participación en los asuntos públicos, contenido en el artículo 23.1 de la Constitución Española.
No existe ni en la Proposición de reforma constitucional de los Grupos PSOE-PP, ni en el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados la más mínima explicación de las razones por las que se ha acordado la tramitación urgente y, por lo tanto, se han reducido los derechos y garantías de los y las Diputadas para participar en la tramitación parlamentaria.
¿No tiene derecho el pueblo español a conocer porque los dos partidos políticos mayoritarios han pactado reducir al máximo los trámites y plazos para la reforma de la Constitución Española que en su día fue sometida a referéndum?. La Mesa del Congreso debe rectificar este atropello a la democracia participativa y representativa, acordando la tramitación de la Proposición de reforma constitucional por los trámites y en los plazos ordinarios.
De lo contrario habrá que concluir que existen razones para la declaración de urgencia que son inconfesables para los grupos parlamentarios mayoritarios. En estas condiciones de ausencia de motivación de las razones por las que se acude al procedimiento de urgencia, sería fácil deducir que nos encontramos ante una imposición de “los mercados”, de los “mercaderes de las finanzas” y de algunos representantes y defensores de sus intereses. ¿Existe un chantaje por parte de quienes han causado la actual crisis económica, en relación con la suscripción de deuda pública? ¿Se ha aceptado ese chantaje consistente en amenazar con graves prejuicios económicos para nuestro país si no se cambia de manera “urgente” e inmediata la Constitución Española para garantizar los intereses de esas minorías que dirigen los “mercados financieros”?. Si algo parecido fuera lo que condiciona la decisión de reformar la Constitución antes de la disolución efectiva del Congreso y sin referéndum, haría ilegítima e ilegal la aceptación de tales presiones por dos partidos políticos y por sus representantes en el Congreso de los Diputados.
La ausencia de justificación de las razones para la urgencia en la tramitación de la reforma constitucional por parte de un Parlamento cesante, además de indigno desde una perspectiva política, es sonrojante para cualquier persona con convicciones democráticas profundas. , al objeto de que con carácter inmediato, se constitucionalice la garantía de los prestamistas de que la adquisición de deuda pública. Es por ello que, para evitar este atentado a los principios elementales de la democracia, la Mesa del Congreso de los Diputados ha de reconsiderar su decisión de la tramitación como urgente de la reforma de la Constitución.
3.Reducción extraordinaria de los plazos, mas allá de la reducción correspondiente a la declaración de la urgencia del procedimiento. Aplica fraudulentamente a estos fines la Mesa del Congreso de los Diputados el artículo 91.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, según el cual "salvo casos excepcionales, las prórrogas no serán superiores a otro tanto del plazo ni las reducciones a su mitad."
Nuevamente cabe preguntarse cuál es esa situación “excepcional” que lleva a que en menos de una semana de tramitación parlamentaria se quiera decidir una reforma constitucional de profundo calado.
Cuáles sean las ocultas razones que llevan a los grupos parlamentarios del PSOE y del PP a forzar hasta extremos sorprendentes el reglamento del Congreso de los Diputados deben ser tan vergonzantes que no son explicitadas y, por lo tanto, que en ningún caso han de considerarse legítimas.
Al igual que con la declaración de la urgencia, acudir a una vía de “excepcionalidad” ha de venir precedida por una expresa y profunda explicación y argumentación, máxime ante un procedimiento como el de reforma constitucional que, como queda dicho, es el trámite normativo que más garantías, participación y transparencia ha de ofrecer.
También en este supuesto se vulnera el artículo 23 de la Constitución Española, convirtiendo en ridículo el plazo que los grupos políticos que no están de acuerdo con el resultado de las negociaciones a puerta cerrada entre las cúpulas de los partidos políticos del PSOE y PP. Pasar de los 15 días de plazo ordinario para formular las enmiendas (plazo que en la mayoría de los casos referidos a cualquier otra iniciativa legislativa es ampliado) a 48 horas implica una burla a los trámites parlamentarios y un claro fraude de ley que pretende evitar las garantías contenidas en los artículos 167 de la Constitución Española y 146 del Congreso de los Diputados.
Es por ello que también esta decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados ha de reputarse como ilegal, debiendo ser reconsiderada.
TERCERO.- Cabe resaltar el carácter fraudulento de todo el procedimiento propuesto por los partidos mayoritarios y aceptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, puesto que pretende:
• eludir la negociación previa de las reformas constitucionales en la búsqueda del máximo consenso posible • eludir la transparencia en la explicación y contraste público de las consecuencias de la reforma propuesta • evitar un debate transparente, sereno y en profundidad a través de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. • Dificultar al máximo el trabajo y la participación de los grupos parlamentarios que no han aceptado el acuerdo PP-PSOE • Evitar la participación y la aportación de opinión de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, claramente afectados por la reforma • evitar la celebración de un referéndum que permita conocer la opinión del pueblo español sobre la reforma propuesta, que en caso contrario aparecerá como “impuesta”.
Todos los objetivos anteriores chocan frontalmente con lo que los artículos 167 y 168 de la Constitución Española, así como con la unánime doctrina constitucional que reserva a las reformas constitucionales el procedimiento más riguroso y rígido de todos los procedimientos normativos regulados en nuestro estado democrático y de derecho.
“Las constituciones democráticas promulgadas en Europa tras la desaparición de los regímenes fascistas parten del reconocimiento del poder constituyente como momento fundante del sistema democrático en un doble sentido, como rechazo del autoritarismo político y social del fascismo, y como pacto o compromiso constituyente refundador del Estado y de la convivencia civil. Este consenso constituyente no sólo abarca a los partidos políticos, sino más en general a los sujetos sociales portadores de un proyecto de sociedad y al conjunto de la ciudadanía que está convocada a participar en esta definición constitucional a través de la consulta popular o referendaria. La constitución de un país requiere por tanto un amplio debate que culmina en un consenso entre diferentes líneas ideológicas y culturales que se replican en las diferentes fuerzas políticas que coinciden en este diseño. Eso explica la "rigidez" constitucional del constitucionalismo moderno, que prevé un procedimiento especial agravado para la reforma de la Constitución y la instauración de un control de constitucionalidad de las leyes a cargo de la jurisdicción ordinaria y, en última instancia, por el Tribunal Constitucional.”
Por todo lo anterior se reitera la solicitud de reconsideración por la Mesa del Congreso de los Diputados del procedimiento acordado para la reforma de la Constitución Española, reconduciéndolo al procedimiento contemplado por el artículo 168 de la misma o, subsidiariamente, siguiendo los trámites ordinarios para los procesos legislativos, sin lectura única, sin declaración de urgencia y sin reducción excepcional de los plazos.
Así se firma en Madrid a 30 de agosto de 2011
Fdo:
Nuria Buenaventura Puig Portavoz Adjunto G.P. ER-IU-ICV
Gaspar Llamazares Trigo Diputado G.P. ER-IU-ICV
El órgano de gobierno de la Cámara Baja avaló este martes la pretensión de PSOE y PP de tramitar en sólo dos sesiones parlamentarias la reforma de la Constitución que se registró como proposición de ley el pasado viernes.
Texto íntegro del escrito de impugnación registrado sobre el que se debe pronunciar la Mesa a la mayor rapidez para o bien reconsiderar el procedimiento elegido para la reforma constitucional de su artículo 135 o bien para rechazar la propuesta de IU e ICV en todos su términos
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Los diputados abajo firmantes proceden, mediante el presente escrito, a ejercer el derecho que les confiere el artículo 31.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, impugnando por este trámite la decisión adoptada por la Mesa del Congreso de los Diputados el día 30 de agosto de 2011 en relación con la tramitación de la Proposición de Reforma de la Constitución presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios del PSOE y del PP.
Esta impugnación se fundamenta en los siguientes MOTIVOS:
PRIMERO. El procedimiento acordado por la Mesa, siguiendo la solicitud de los dos grupos parlamentarios proponentes de la reforma constitucional, no se corresponde con el contenido y consecuencias del texto propuesto.
El contenido de la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución Española implica una modificación encubierta de su Título Preliminar y, en consecuencia, su tramitación debe seguir los trámites contemplados por el artículo 168 de la propia Constitución. Según este procedimiento, una vez que el Congreso y el Senado acuerdan por mayoría de los dos tercios la iniciativa de reforma constitucional, se debe proceder a la disolución de las Cortes para que sean las nuevas Cámaras electas las que tramiten la reforma constitucional, culminando el proceso con un referéndum vinculante.
El texto de la propuesta de modificación de la Constitución Española, pactado a puerta cerrada entre el PSOE y el PP, afirma textualmente en el apartado 3 del artículo 135 que "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta."
Esta propuesta supone la modificación encubierta del artículo 1.1 de la Constitución, en el que se define al estado español como un "Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político."
Es fácil comprobar que el texto contenido en la Proposición de modificación de nuestra norma fundamental introduce un valor superior a los de la justicia y la igualdad, que es el del cumplimiento incondicional del pago de los intereses y el capital de la deuda, cumplimiento que también se sitúa por encima del carácter social de nuestro Estado. La aprobación de la reforma propuesta implica que, la utilización del dinero público por el Estado, Comunidades Autónomas y municipios, tendrá la obligación de priorizar este nuevo valor económico sobre la cobertura de las necesidades sociales que garanticen el cumplimiento de los valores de justicia e igualdad.
De aprobarse la reforma, en los supuestos en los que haya que optar entre el pago de intereses y capital de la deuda pública, o cubrir necesidades sociales en relación con el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la justicia, la investigación o la promoción de la recuperación económica, tanto el Estado, como las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, deberá priorizar el cumplimiento del nuevo valor supremo: la prioridad absoluta al pago de los intereses y la deuda pública.
En definitiva, la propuesta de reforma antepone los intereses de los prestamistas sobre los intereses y necesidades sociales de la ciudadanía.
El cambio constitucional supone, en consecuencia, un drástico cambio en la definición de nuestro Estado como “social”, pasando a ser un Estado rehén de las condiciones que “el mercado” vaya imponiendo para la financiación de las necesidades presupuestarias.
Este cambio encubierto del artículo 1.1 de la Constitución Española y, como consecuencia, la rebaja del nivel de protección de derechos fundamentales contenidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título Primero de la Constitución, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva plasmado en el artículo 24 (los recursos económicos para que la administración de justicia pueda cumplir este derecho quedan condicionados al prioritario pago de intereses y capital de la deuda) o el derecho a la educación contenido en el artículo 27.5. según el cual “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.” (los recursos económicos para que garantizar una educación pública de calidad quedan condicionados al prioritario pago de intereses y capital de la deuda)
En consecuencia con todo lo anterior, la Mesa ha de reconsiderar su decisión, debiendo ajustar la tramitación de la Proposición de reforma constitucional de los grupos PP y PSOE a lo dispuesto por el artículo 168 de la Constitución y el artículo 147 del Reglamento del Congreso de los Diputados, procediendo a hacer coincidir la disolución del Parlamento con la anunciada por el Presidente del Gobierno, con las consiguientes obligaciones del nuevo Parlamento electo.
En cualquier caso ha de considerarse que, ante la más mínima posibilidad de que los cambios constitucionales afecten tanto al Título Preliminar como a derechos y libertades fundamentales, ha de optarse por la vía que más garantías ofrezca en su tramitación y que garantice que el pueblo tenga la posibilidad de decidir en última instancia mediante el oportuno referéndum. Lo contrario sería rebajar todavía más la calidad y profundidad democrática de nuestro país y dejar en papel mojado las múltiples declaraciones mediante las que se resalta la importancia de respetar la voluntad popular, como la contenida en el propio Preámbulo de la Constitución según el cual se proclama la voluntad de la nación española de “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular” y de “establecer una sociedad democrática avanzada”.
SEGUNDO. Con carácter subsidiario al motivo anterior, el acuerdo de la Mesa por el que se decide el procedimiento y los plazos para la tramitación de la Proposición de reforma constitucional de los grupos PSOE y PP también vulnera flagrantemente las normas reguladoras del procedimiento de reforma constitucional, contenidas en el artículo 167 de la propia Constitución y en el artículo 146 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Tres son las decisiones cuestionables legalmente en relación con la tramitación de la reforma constitucional promovida por los grupos del PSOE y PP:
1.Tramitación por el procedimiento de lectura única, es decir, eludiendo la participación de la Comisión Constitucional, que es la primera de las Comisiones Permanentes contempladas por el artículo 46.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Se ampara para ello la Mesa en el artículo 150.1 del Reglamento de la Constitución según el cual "cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única."
Es obvio que cuando el Reglamento del Congreso permite la simplificación máxima del procedimiento normativo en función de la “naturaleza” del proyecto o proposición de ley no está pensando en una reforma constitucional que no sea meramente semántica, puesto que la reforma constitucional es, lógicamente, la que requiere más garantías, más transparencia y más cuidado en su elaboración y aprobación, por tratarse de la norma fundamental que regula la convivencia en nuestro país. Así se constata con la lectura del Título X de la Constitución y de los artículos del Reglamento del Congreso de los Diputados que lo desarrollan (artículos 146 y 147).
Tampoco la “simplicidad” de la Proposición de reforma constitucional puede justificar la opción por el procedimiento de lectura única, pues si algo define la reforma constitucional propuesta es su complejidad técnica y la trascendencia social, política y económica.
2.Tramitación por el procedimiento de urgencia, es decir, reduciendo todos los plazos ordinarios de los trámites para cualquier reforma legal. Entre otros plazos que se reducen, está el plazo ordinario para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas que, según dispone el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, es de 15 días. Son los artículos 93 y 94 del Reglamento los que admiten este procedimiento de urgencia, para cuya declaración se requiere que exista alguna justificación explícita, que deberá ser debidamente motivada por la Mesa del Congreso de los Diputados, máxime cuando nos encontramos ante una reforma de la Constitución Española.
Ya desde un primer momento resulta no sólo sorprendente, sino evidentemente contrario a los artículos 146 y 147 de la Constitución Española y a la finalidad perseguida por los mismos, la tramitación como urgente de cualquier reforma constitucional, por la trascendencia política, social y legal de estas reformas. La calidad democrática de un Estado se ha de medir, en uno de los primeros lugares, por las garantías, la transparencia y la búsqueda del máximo consenso en los procesos de aprobación de las normas constitucionales. La declaración de urgencia de una reforma de la Constitución con el calado de la propuesta por los Grupos de los grupos PSOE y PP, supone un desprecio absoluto a la profundización de la democracia en nuestro país.
En segundo lugar, la declaración de urgencia debe ser motivada, pues no nos encontramos ante una decisión que pueda considerarse discrecional por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados, debido a los derechos que se encuentran en juego en las tramitaciones parlamentarias, entre los que se destaca el derecho a la participación en los asuntos públicos, contenido en el artículo 23.1 de la Constitución Española.
No existe ni en la Proposición de reforma constitucional de los Grupos PSOE-PP, ni en el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados la más mínima explicación de las razones por las que se ha acordado la tramitación urgente y, por lo tanto, se han reducido los derechos y garantías de los y las Diputadas para participar en la tramitación parlamentaria.
¿No tiene derecho el pueblo español a conocer porque los dos partidos políticos mayoritarios han pactado reducir al máximo los trámites y plazos para la reforma de la Constitución Española que en su día fue sometida a referéndum?. La Mesa del Congreso debe rectificar este atropello a la democracia participativa y representativa, acordando la tramitación de la Proposición de reforma constitucional por los trámites y en los plazos ordinarios.
De lo contrario habrá que concluir que existen razones para la declaración de urgencia que son inconfesables para los grupos parlamentarios mayoritarios. En estas condiciones de ausencia de motivación de las razones por las que se acude al procedimiento de urgencia, sería fácil deducir que nos encontramos ante una imposición de “los mercados”, de los “mercaderes de las finanzas” y de algunos representantes y defensores de sus intereses. ¿Existe un chantaje por parte de quienes han causado la actual crisis económica, en relación con la suscripción de deuda pública? ¿Se ha aceptado ese chantaje consistente en amenazar con graves prejuicios económicos para nuestro país si no se cambia de manera “urgente” e inmediata la Constitución Española para garantizar los intereses de esas minorías que dirigen los “mercados financieros”?. Si algo parecido fuera lo que condiciona la decisión de reformar la Constitución antes de la disolución efectiva del Congreso y sin referéndum, haría ilegítima e ilegal la aceptación de tales presiones por dos partidos políticos y por sus representantes en el Congreso de los Diputados.
La ausencia de justificación de las razones para la urgencia en la tramitación de la reforma constitucional por parte de un Parlamento cesante, además de indigno desde una perspectiva política, es sonrojante para cualquier persona con convicciones democráticas profundas. , al objeto de que con carácter inmediato, se constitucionalice la garantía de los prestamistas de que la adquisición de deuda pública. Es por ello que, para evitar este atentado a los principios elementales de la democracia, la Mesa del Congreso de los Diputados ha de reconsiderar su decisión de la tramitación como urgente de la reforma de la Constitución.
3.Reducción extraordinaria de los plazos, mas allá de la reducción correspondiente a la declaración de la urgencia del procedimiento. Aplica fraudulentamente a estos fines la Mesa del Congreso de los Diputados el artículo 91.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, según el cual "salvo casos excepcionales, las prórrogas no serán superiores a otro tanto del plazo ni las reducciones a su mitad."
Nuevamente cabe preguntarse cuál es esa situación “excepcional” que lleva a que en menos de una semana de tramitación parlamentaria se quiera decidir una reforma constitucional de profundo calado.
Cuáles sean las ocultas razones que llevan a los grupos parlamentarios del PSOE y del PP a forzar hasta extremos sorprendentes el reglamento del Congreso de los Diputados deben ser tan vergonzantes que no son explicitadas y, por lo tanto, que en ningún caso han de considerarse legítimas.
Al igual que con la declaración de la urgencia, acudir a una vía de “excepcionalidad” ha de venir precedida por una expresa y profunda explicación y argumentación, máxime ante un procedimiento como el de reforma constitucional que, como queda dicho, es el trámite normativo que más garantías, participación y transparencia ha de ofrecer.
También en este supuesto se vulnera el artículo 23 de la Constitución Española, convirtiendo en ridículo el plazo que los grupos políticos que no están de acuerdo con el resultado de las negociaciones a puerta cerrada entre las cúpulas de los partidos políticos del PSOE y PP. Pasar de los 15 días de plazo ordinario para formular las enmiendas (plazo que en la mayoría de los casos referidos a cualquier otra iniciativa legislativa es ampliado) a 48 horas implica una burla a los trámites parlamentarios y un claro fraude de ley que pretende evitar las garantías contenidas en los artículos 167 de la Constitución Española y 146 del Congreso de los Diputados.
Es por ello que también esta decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados ha de reputarse como ilegal, debiendo ser reconsiderada.
TERCERO.- Cabe resaltar el carácter fraudulento de todo el procedimiento propuesto por los partidos mayoritarios y aceptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, puesto que pretende:
• eludir la negociación previa de las reformas constitucionales en la búsqueda del máximo consenso posible • eludir la transparencia en la explicación y contraste público de las consecuencias de la reforma propuesta • evitar un debate transparente, sereno y en profundidad a través de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. • Dificultar al máximo el trabajo y la participación de los grupos parlamentarios que no han aceptado el acuerdo PP-PSOE • Evitar la participación y la aportación de opinión de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, claramente afectados por la reforma • evitar la celebración de un referéndum que permita conocer la opinión del pueblo español sobre la reforma propuesta, que en caso contrario aparecerá como “impuesta”.
Todos los objetivos anteriores chocan frontalmente con lo que los artículos 167 y 168 de la Constitución Española, así como con la unánime doctrina constitucional que reserva a las reformas constitucionales el procedimiento más riguroso y rígido de todos los procedimientos normativos regulados en nuestro estado democrático y de derecho.
“Las constituciones democráticas promulgadas en Europa tras la desaparición de los regímenes fascistas parten del reconocimiento del poder constituyente como momento fundante del sistema democrático en un doble sentido, como rechazo del autoritarismo político y social del fascismo, y como pacto o compromiso constituyente refundador del Estado y de la convivencia civil. Este consenso constituyente no sólo abarca a los partidos políticos, sino más en general a los sujetos sociales portadores de un proyecto de sociedad y al conjunto de la ciudadanía que está convocada a participar en esta definición constitucional a través de la consulta popular o referendaria. La constitución de un país requiere por tanto un amplio debate que culmina en un consenso entre diferentes líneas ideológicas y culturales que se replican en las diferentes fuerzas políticas que coinciden en este diseño. Eso explica la "rigidez" constitucional del constitucionalismo moderno, que prevé un procedimiento especial agravado para la reforma de la Constitución y la instauración de un control de constitucionalidad de las leyes a cargo de la jurisdicción ordinaria y, en última instancia, por el Tribunal Constitucional.”
Por todo lo anterior se reitera la solicitud de reconsideración por la Mesa del Congreso de los Diputados del procedimiento acordado para la reforma de la Constitución Española, reconduciéndolo al procedimiento contemplado por el artículo 168 de la misma o, subsidiariamente, siguiendo los trámites ordinarios para los procesos legislativos, sin lectura única, sin declaración de urgencia y sin reducción excepcional de los plazos.
Así se firma en Madrid a 30 de agosto de 2011
Fdo:
Nuria Buenaventura Puig Portavoz Adjunto G.P. ER-IU-ICV
Gaspar Llamazares Trigo Diputado G.P. ER-IU-ICV
martes, 19 de julio de 2011
Absurda decisión
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2011/07/19/absurda-decision/337989.html
De innecesaria, y sobre todo de absurda, hay que calificar la pasada decisión del ex ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de volver a los 120 km. por hora como velocidad límite para circular por autovías y autopistas. Es innecesaria por varios motivos. Uno es el escaso ahorro de tiempo que la medida supone. Y me van a permitir que, para demostrarlo, exponga mi caso particular. Suelo hacer con bastante frecuencia dos trayectos de 115 y 236 kilómetros, respectivamente. El primero, por la autovía del Noroeste, en su mayor parte (pues incluye un tramo por carretera). El segundo, por la autovía de Albacete hacia Madrid. Con el límite a 110 km., venía invirtiendo, respectivamente, una hora 15 minutos y dos horas 15 minutos. He comprobado la duración de esos trayectos con la velocidad a 120 km. hora y el tiempo ganado es de cinco y diez minutos escasos, respectivamente. He de aclarar que, en los dos casos, el tiempo invertido lo he medido respetando escrupulosamente los límites permitidos. El cambio operado, pues, parece innecesario.
Por otra parte, los expertos ven contradictoria la medida de la eliminación. El propio ministro de Interior había reconocido las ventajas que ha tenido la aplicación de la limitación de velocidad a un máximo de 110 km/h durante casi cuatro meses. Entre otros argumentos, había indicado que la medida produjo un ahorro (450 millones de euros) y que se habían registrado menos accidentes. Desde que entró en vigor la nueva medida el pasado 7 de marzo hasta el 20 de junio, se han dejado la vida en las carreteras 397 personas, un 15,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, la directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), Anna Ferrer, aseguró que los accidentes de tráfico habían disminuido más en autopistas y autovías que lo que lo habían hecho en el resto de carreteras desde que entró en vigor en marzo ese límite de velocidad.
No menos importante es la contaminación atmosférica, pues es sabido que, a altas velocidades, aumentan exponencialmente las emisiones de gases tóxicos como monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, benceno…y, en el caso de los vehículos diesel, las partículas que esos vehículos generan y expulsan a la atmósfera.
Este ‘juego’ del ex ministro Rubalcaba con los límites de velocidad, evidencia, además de improvisación, una postura entreguista a las evidentes presiones de la patronal ANFAC (Asociación de fabricantes de automóviles y camiones) y de las influyentes asociaciones de automovilistas, pero casa muy mal con la necesidad de tender hacia una movilidad más sostenible. La clara apuesta de nuestro país por el tren de alta velocidad (un fracaso, a juicio de las organizaciones ecologistas) y por infraestructuras viarias de alto impacto ambiental (autovías y autopistas), de las que se muestra tan orgulloso el Gobierno, van en la dirección opuesta a la urgente e inaplazable movilidad sostenible.
Pero ése es otro debate, que daría para otro artículo de mayor extensión. Mientras tanto, si usted, amable lector o lectora, va a emprender sus vacaciones por carretera, conduzca lo más relajadamente posible. Hágame caso: más despacio se disfruta más de la conducción. Y, de paso, el planeta se lo agradecerá.
lunes, 18 de julio de 2011
ESTE 18 DE JULIO...
...Al cumplirse el 75 aniversario del Golpe fascista que puso fin a la legalidad republicana, es preciso rendir un homenaje a las víctimas del fascismo.
HONOR A LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA.
VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.
-POR UNA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA SIN CORTAPISAS.
-DEROGACIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA DE OCTUBRE DE 1977
-DEMOCRACIA REAL YA, EN MARCHA HACIA LA III REPÚBLICA.
-POR UN ESTADO LAICO. DENUNCIA DE LOS ACUERDOS CON EL VATICANO DE 1979.
-NO A LA GUERRA, EN SINTONÍA CON AQUEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA II REPÚBLICA.
HONOR A LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA.
VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.
-POR UNA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA SIN CORTAPISAS.
-DEROGACIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA DE OCTUBRE DE 1977
-DEMOCRACIA REAL YA, EN MARCHA HACIA LA III REPÚBLICA.
-POR UN ESTADO LAICO. DENUNCIA DE LOS ACUERDOS CON EL VATICANO DE 1979.
-NO A LA GUERRA, EN SINTONÍA CON AQUEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA II REPÚBLICA.
martes, 5 de julio de 2011
PRINCIPIO DE REALIDAD
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2011/07/05/principio-realidad/334990.html
"No suelo ver los debates del Estado de la Nación. La escenificación que se produce en el hemiciclo de las Cortes, más pensada para su amplificación mediática que para la atención de sus señorías, hace que aquéllos no me resulten interesantes"
DIEGO JIMÉNEZ
"No suelo ver los debates del Estado de la Nación. La escenificación que se produce en el hemiciclo de las Cortes, más pensada para su amplificación mediática que para la atención de sus señorías, hace que aquéllos no me resulten interesantes"
DIEGO JIMÉNEZ
No suelo ver los debates del Estado de la Nación. La escenificación que se produce en el hemiciclo de las Cortes, más pensada para su amplificación mediática que para la atención de sus señorías, hace que aquéllos no me resulten interesantes. El recurso a la prensa me suele bastar para estar al día de lo abordado en la sesión. Pero hace unos días hice una excepción. A partir de las seis de la tarde del pasado 28 de junio me senté ante el televisor.
La sesión tenía un tinte de despedida, pues, pese a la negativa del presidente del Gobierno a anticipar fechas sobre un posible adelanto electoral, esta posibilidad flotaba en el ambiente. Con todo, aunque para un sector de la prensa quizás éste fuera el asunto estelar, el debate de días pasados nos confirmó el divorcio existente entre la acción del Gobierno y el Parlamento y lo que se demanda en la calle. Así, las propuestas de Durán (CiU), próximas a las demandas de Bruselas, y el discurso pleno de alusiones metafóricas y levemente crítico con los recortes sociales de Erkoreka (PNV) eran lo que se esperaba. Como también eran de esperar las duras posiciones críticas de Ridao (ERC), Llamazares (IU) y Buenaventura (ICV) en contra de la deriva neoliberal del Gobierno.
Zapatero, denostado por la derecha, estuvo también a la defensiva ante las posiciones de izquierda. Me llamó la atención, sobre todo, su alusión a ese principio de realidad que ha guiado la actuación del Gobierno desde mayo de 2010, cuando anunció las drásticas medidas de ajuste que se veía compelido a adoptar. Espetado por los portavoces de la izquierda (Ridao, Llamazares y Buenaventura) no tuvo ningún reparo en reconocer que la presión de los omnipresentes mercados está detrás de las impopulares medidas que ha tenido que poner en práctica. Con lo que, de entrada, nos da la razón a quienes pensamos que, en efecto, en estos momentos, más que nunca, se está produciendo una subordinación de la Política a la Economía. Postura nada justificable, desde nítidas posiciones de izquierda, pues evidencia la pérdida del norte de una supuesta izquierda socialdemócrata que, en España como en otros países de Europa, se ha plegado a las propuestas neoliberales procedentes de instancias internacionales.
En las sesiones de las Cortes falta mucha pedagogía. El discurso de sus señorías, farragoso y técnico en la mayoría de las ocasiones, queda muy alejado de lo que la ciudadanía quiere conocer. Para ser más creíble, Zapatero debiera haber descendido a datos que entran de lleno en ese otro principio de realidad que se nos oculta. Zapatero no dijo que, en estos últimos diez años, se ha ido produciendo un aumento espectacular del trasvase de las rentas del trabajo hacia las del capital. Tampoco aclaró que el actual déficit del Estado español viene dado, entre otras causas, por la inyección de casi 100.000 millones de euros a una banca que, saneadas sus cuentas de resultados, no hace fluir el crédito. Esto ha ocasionado, a su vez, el cierre de empresas, una contracción de la demanda, el aumento del paro y la consiguiente disminución de los ingresos fiscales.
Además, la financiación de la deuda cuenta con el perverso mecanismo de unos bancos que piden prestado al 1% o 1,5% de interés para cobrarle a los Estados el 5% o 6%. Zapatero no reconoció que el déficit público, además, supone una presión de los mercados sobre los Gobiernos para políticas de austeridad que faciliten la apropiación por parte del capital privado de empresas y servicios públicos esenciales para la comunidad. Para entender esto basta con mirar hacia Grecia.
En línea con esa actitud responsable que dice que preside su acción del Gobierno, Zapatero tendría que haber adoptado, hace tiempo, un decisión drástica. Ante la presión de los mercados que hacía imposible el cumplimiento de sus promesas electorales, quizás el anuncio oportuno de su negativa a gestionar la crisis del capitalismo (con la consiguiente dimisión) hubiera sido un gesto que le hubiera honrado. Otra posibilidad hubiera sido dar un giro a la izquierda. El que le han venido reclamando los portavoces parlamentarios de izquierdas. No lo hizo. Y así nos va.
jueves, 30 de junio de 2011
Presentadas en Murcia las Mesas Ciudadanas de Convergencia Social
La iniciativa, que partió el pasado mes de febrero en Madrid, trata de lograr la máxima confluencia social en contra del neoliberalismo impuesto.
Diego Jiménez/Murcia.- El pasado miércoles, día 29 de junio, tuvo lugar en el edificio Moneo de la capital murciana la presentación de las Mesas Ciudadanas de Convergencia Social (abreviadamente, Mesas de Convergencia). Con una notable asistencia de público, que abarrotaba el salón de actos, el acto contó en la mesa, como ponentes, con la asistencia del politólogo Carlos Martínez (presidente de ATTAC-España) y Armando Fernando Steinko, sociólogo, promotores de las Mesas de Convergencia, Alicia Poza, en representación del Foro Ciudadano de Murcia, Joaquín Sánchez, de la Alianza Regional contra la Pobreza y del Foro Social, y José Coy, miembro de la Plataforma de Afectados contra las Hipotecas, de la Asamblea de Parados de Molina de Segura y promotor, así mismo, de las Mesas de Convergencia.
La mesa estuvo coordinada por Andrea Nieto, activista social, integrante de Democracia Real Ya y del movimiento del 15-M, que fue dando la palabra a las personas invitadas.
Sobre el debate planeó la enorme crisis a que están sometidos los países de la Unión Europea y el Pacto del Euro, con referencias concretas a los casos de Portugal, Irlanda y Grecia, sin olvidar las duras políticas de ajuste previstas también, a corto plazo, para España, ante las que Carlos Martínez vaticinó, pues, un “otoño caliente”, al igual que José Coy, que animó al auditorio a no remitir en la resistencia necesaria ante los embates del capitalismo, mientras que A. Fenández Steinko advirtió que hay que seguir manteniendo, ante esta situación, una resistencia de ‘baja intensidad’, pero permanente.
Qué son las Mesas de Convergencia
El pasado día 19 de febrero tuvo lugar en Madrid el proceso de conformación de estas mesas, con la pretensión de su extensión a todo el Estado. Se pretende con ellas impulsar un proceso de acercamiento y convergencia de todos los sectores y sensibilidades de la izquierda para ir conformando una respuesta unitaria y eficaz a la situación que vive nuestro país y otros países de la Unión Europea. Es imprescindible promover la más amplia confluencia de fuerzas de la izquierda política y social, pues existe una posibilidad real, hasta ahora tenida por imposible, de que se produzca una regresión dramática de las conquistas sociales, democráticas y culturales de los últimos treinta años.
Las Mesas nacen, pues, con la voluntad de contribuir a aglutinar esfuerzos, con un espíritu no excluyente, y con el único requisito para su adscripción a las mismas de estar en contra del neoliberalismo que se nos impone. Así, en el espíritu fundacional de las mismas está la idea de revitalizar (en el ámbito más próximo de los barrios) los encuentros de personas para propiciar la reflexión colectiva y el debate político, como pasos previos a la acción.
Tanto en la exposición, como en el debate posterior, se analizaron temas tales como la ilusionante eclosión del movimiento del 15-M, la contradicción aparente del nacimiento de esta protesta ciudadana en paralelo con el importante triunfo electoral del PP, las necesarias relaciones de cooperación respetuosa entre este movimiento y los distintos foros que plantean respuestas ciudadanas a la crisis del capitalismo, las limitaciones de la izquierda tradicional para articular, en solitario, respuestas a esta crisis, la necesidad de impulsar el debate crítico y la reflexión política de la ciudadanía, etc.
Se coincidió en que no hay que bajar la guardia, pues el caso griego es un serio aviso de por dónde van a discurrir los severos ajustes en los distintos países de la UE, ante los que hay articular respuestas contundentes, como las distintas movilizaciones previstas en nuestro país y en otros del continente en los próximos meses.
lunes, 27 de junio de 2011
Miren Etxezarreta habla de la Deuda Pública y del Pacto del Euro
Miren Etxezarreta es Catedrática Emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y Doctora por la London School of Economics. En esta entrevista Miren nos explica quiénes son los causantes de la explosión de la deuda pública, a quiénes favorece, a quiénes perjudica, cuál es la política de la Unión Europea sobre esto (Pacto del Euro) y cuáles son las alternativas. Además reflexiona sobre los distintos tipos de economistas, los que miran más la realidad y los que miran la realidad de los poderes fácticos del mundo del dinero.
jueves, 23 de junio de 2011
Líneas rojas
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2011/06/23/lineas-rojas/332417.html
DIEGO JIMÉNEZ
Una forma de desacreditar y deslegitimar este vasto movimiento de contestación social es resaltar los pequeños y aislados brotes de violencia que se solapan con la creciente ola de indignación ciudadana.
DIEGO JIMÉNEZ
Se veía venir. Era cuestión de tiempo. Los intentos iniciales de criminalizar la vasta contestación social del movimiento del 15M han ido teniendo su concreción estos últimos días, una vez que el amplio despliegue mediático y la creciente ola de simpatía que despertaron las protestas hayan ido desgastándose. Sin duda, porque los mismos medios de comunicación que enfatizaron el contenido y formas novedosas de lucha de esa movilización ciudadana, se aprestan ahora, al calor de la inmensa ´marea conservadora´ que desde el 22M inunda la vida política nacional, a poner en cuestión unas formas de protesta que, aun siendo pacíficas, suponen un elemento distorsionante de la paz social. En efecto, el movimiento del 15M, ahora extendido al ámbito de las asambleas de barrio, sigue constituyendo un aldabonazo en las conciencias adormecidas de un cuerpo social que, hasta no hace tanto, daba muestras de una exasperante inanición. Y ahí radica esencialmente su potencial peligro.
Destacados analistas que han intentado diseccionar las entrañas del fenómeno han afirmado que el sistema [político y económico vigente en el mundo] está dispuesto a tolerar ciertas formas de disidencia, siempre que no supongan un estallido social que ponga en peligro la supervivencia del mismo. Las asambleas ciudadanas en las plazas de varias capitales y ciudades españolas en este último mes han sido toleradas en la medida en que, aun con unas reivindicaciones contundentes y claras, han canalizado el descontento ateniéndose a medios pacíficos. La convicción, además, de que estas protestas tenían una fecha de caducidad no se ha correspondido, sin embargo, con la evolución de los acontecimientos. La descentralización de las asambleas hacia los barrios y el inicio de un ciclo de protestas que apuntan directamente a ciertas instituciones y altos responsables políticos están en el origen del nerviosismo que ha cundido en quienes atisbaron, de inmediato, el potencial peligro que puede suponer la perdurabilidad en el tiempo de estructuras organizativas más sólidas, más próximas a los vecinos y a las vecinas, que puedan poner en jaque no sólo los cimientos en que se asienta la actual fórmula de democracia representativa, sino también, al decir de algunos analistas (José Luis Sampedro, Eduardo Galeano, Ignacio Ramonet…), los fundamentos de un sistema capitalista que hoy, más que nunca, ´hace aguas´ por todas partes.
Por eso, una forma de desacreditar y deslegitimar este vasto movimiento de contestación social es resaltar los pequeños y aislados brotes de violencia que se solapan con la creciente ola de indignación ciudadana. Hecho que nos causa estupor —cada vez menos sorpresa—, porque el sentido común nos dice que estos grupúsculos violentos de origen incierto no representan de ninguna manera ni la actitud ni los métodos de acción ciudadana de las personas que integran, participan y apoyan al movimiento 15M.
Sin embargo, la derecha política y mediática se ha aprestado a condenar estos hechos. Artur Mas, president de la Generalitat, se ha atrevido a afirmar que estas acciones violentas han traspasado la línea roja. Pero en este país hay otras líneas rojas que se están traspasando. Cuando los recortes sociales y de derechos laborales golpean con saña a amplias capas de nuestra sociedad, la prevista aprobación del Pacto del Euro el próximo día 27 —medida que viene a completar los recortes sociales y laborales que, desde el Tratado de Maastricht y la Agenda de Lisboa, vienen imponiendo las autoridades comunitarias— añade un componente más de tensión y contribuirá, sin duda, a aumentar las ya de por sí altas cotas de indignación de un sector de la sociedad española que seguirá estando legitimado para expresar en la calle la denuncia «no somos mercancía en manos de políticos y banqueros», una de las consignas señeras del movimiento del 15M.
Pese a las burdas maniobras tendentes a descreditar y anular este emergente movimiento ciudadano, la razón sigue asistiendo a quienes, con sus contradicciones internas, defendiendo un apartidismo inicial que, sin embargo, podría deslizarse por la senda de un preocupante antipartidismo no discriminante, siguen siendo un referente ético ciudadano que se opone, ante todo, no sólo a las actuales fórmulas caducas de representación política, sino también a la perpetuación de los privilegios de la casta política y económica que rige nuestros destinos.
miércoles, 22 de junio de 2011
Pedro Costa Morata presentó en Murcia su libro “Ecologíada” (100 batallas), una reseña, en clave autobiográfica, de la lucha ecologista en España
El acto, desarrollado en el Hemiciclo de Letras de la Universidad de Murcia (UMU), contó con la presencia de Paco Jarauta, Pedro Guerrero y Pedro Baños, presentadores de la obra.
Diego Jiménez/Murcia.- El pasado lunes, día 20 de junio, el Hemiciclo de la Facultad de Letras de la UMU fue el marco escogido por Pedro Costa Morata para la presentación de su libro “Ecologiada”, publicado por Biblioteca Nueva, y que, con el subtítulo ‘Medio ambiente y sociedad en la España reciente’, supone un recorrido autobiográfico por el nacimiento y desarrollo de la lucha y tesis ecologistas en nuestro país.
Pedro Costa Morata, nacido en Águilas (Murcia) en 1947, actualmente profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, pertenece al pequeño grupo de los fundadores del movimiento ecologista español. Su libro es una reseña de su amplia experiencia personal en el campo de la lucha ecologista desde 1973 hasta la actualidad. De amplia formación –ingeniero, sociólogo y periodista- , publicó su primer texto antinuclear “Nuclearizar España (1976), y otros como “Hacia la destrucción ecológica de España” (1985) y “Electromagnetismo, silencioso, ubicuo, inquietante” (1996), entre una veintena de libros sobre temática ambiental, desarrollando, a su vez, una intensa labor como articulista y consultor ambiental. Fue galardonado, además, con el Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998.
En la presentación de su último libro, “Ecologiada”, estuvo acompañado en la mesa por sus amigos y profesores universitarios Pedro Guerrero, Pedro Baños y Paco Jarauta.
El poeta y catedrático de la UMU Pedro Guerrero, amigo personal del autor, realizó una reseña retrospectiva de los puntos de encuentro de ambos a lo largo de estos años, con especial reconocimiento a la íntima amistad que les une. Así mismo, destacó la trayectoria de los miembros que le acompañaban en la mesa.
Pedro Baños, profesor de la UM, que conoció a Pedro Costa al final de la década de los años 70 del pasado siglo, destacó que, con él, se acuña el concepto de Ecología política en nuestro país. Calificó al autor del libro de “iluminado”, en la medida en que, desde bien pronto, nos advirtió de los riesgos de la energía nuclear y, al tiempo, de las incipientes agresiones al litoral. Destacó, así mismo, su empeño en evidenciar el peligro de la proliferación de las radiaciones electromagnéticas.
Por su parte, Paco Jarauta, catedrático de Filosofía de la UMU, empezó su disertación con una alusión filosófico-literaria referida a la epopeya homérica “La Odisea”. “Como Ulises –dijo- el ser humano es el que tiene sed y curiosidad. Sed que se formula en preguntas. De tal manera que, si no tenemos preguntas, somos póstumos, dejamos de ser humanos”. Tras esta presentación, abordó una serie de consideraciones sobre, entre otras, el nacimiento del ecologismo político, el desarrollismo español de los años ’70, y la asimetría existente entre la política real y las zonas de resistencia que el ecologismo propone, advirtiendo de puntos tales como el futuro que aguarda a una Humanidad que, a medio plazo, puede albergar a 10.000 millones de personas, los límites del crecimiento…etc., afirmando que el ecologismo activo problematiza una ingenua idea de progreso.
Presentación del autor
Tras exponer su periplo por varias zonas del Estado como asesor en temas medioambientales y últimamente para dar a conocer su libro (Galicia, Badajoz, Huesca, Euskadi…), a las que seguirán otras como Almería, Tarragona, Lorca –ciudad en la que el pasado terremoto del 11M impidió presentar su obra-, Pedro Costa definió su libro como autobiográfico, con dos claros ejes en su contenido: cronológico y temático.
Definió a Cabo Cope (Águilas), enclave de la costa murciana en el que el franquismo intentó ubicar una central nuclear al inicio de la década de los ’70, como la ‘epifanía’ de la lucha antinuclear. Ese tema ocupa el primer amplio capítulo de esta obra que rastrea la lucha del autor a lo largo de estos años, en un libro que también se ocupa, ente otros temas, del nacimiento del ecologismo (segunda parte), la defensa del litoral (tercera parte), una miscelánea sobre la política, la prensa, los tribunales y otras aventuras (cuarta parte), el impacto del electromagnetismo (quinta parte), y una sexta parte que, denominada Circularidades y permanencias –ideas, que, afirmó, se oponen a la idea de progreso de Condorcet-, se ocupa de temas tales como la autopista Cartagena-Vera, su reciente candidatura en IU, su imposible regreso a la prensa y la proyectada refinería de Extremadura en un “entorno caciquil”.
Tras la exposición de la obra, se abrió un extenso, e interesante, debate.
sábado, 11 de junio de 2011
martes, 7 de junio de 2011
15M: PODER POPULAR
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2011/06/07/15m-popular/328683.html
"No es casual que la eclosión de esta protesta ciudadana se haya producido a un año del anuncio de Zapatero de la puesta en práctica de duras medidas de ajuste —también, en nuestra Región— que se ensañan con fuerza con amplias capas de la sociedad"
DIEGO JIMÉNEZ
Cuando voces expertas en el campo de la Sociología venían exponiendo en sus análisis la sorprendente parálisis e inanición de la sociedad española, en especial de los sectores juveniles, ante un descontento que no tenía su expresión palpable en la calle, el movimiento del 15M ha supuesto una ilusionante irrupción de aire fresco que viene a despertar las aletargadas conciencias y a trastocar los cimientos de la vida social y política de este país. Con el trasfondo de Democracia Real Ya y al grito colectivo de «No nos representan», cientos de asambleas se han constituido a lo largo y ancho de la geografía española, trascendiendo incluso nuestras fronteras, y han agrupado a miles de personas, indignadas con la situación política y social actual. A más de 35 años de una Transición política siempre inconclusa, el movimiento del 15M conecta con las ansias, nunca resueltas del todo, de regeneración política y social de amplias capas de la sociedad española, aunque tal pretensión no tenga, por el momento, una expresión clara en las urnas.
La proliferación de asambleas populares a lo largo y ancho de nuestra geografía —alimentadas y vivificadas, en parte, por los intentos de quienes se han aprestado a desautorizar dicho movimiento y por la tibia, pero evidente, pretensión inicial de criminalización jurídica por parte de ciertas instancias del poder— conecta, además, con un descontento ante la esclerosis que se detecta en un sistema de democracia representativa, que ha tenido su concreción más palpable en la reciente contienda electoral, en la que más de diez millones de personas han desertado de las urnas.
No es casual, además, que la eclosión de esta protesta ciudadana se haya producido a un año del anuncio de Zapatero de la puesta en práctica de duras medidas de ajuste —también, en nuestra Región— que se ensañan con fuerza con amplias capas de la sociedad española. Por ello, lo que el movimiento del 15M está poniendo sobre el tapete es la voz de protesta de la hasta ahora ´mayoría silenciosa´, indignada no sólo por estas draconianas medidas de ajuste estructural, sino también por la generalizada corrupción extendida por la sociedad española y, al tiempo, por la percepción evidente de que las organizaciones políticas y sindicales, que deberían representar los intereses de los sectores populares afectados, han hecho dejación de su responsabilidad.
Sea cual sea el devenir más inmediato de este movimiento, lo cierto es que, por el momento, ha conseguido ya un gran éxito: recuperar el clima de movilización popular, que muchos añorábamos, de aquellos años de la Transición y, conectar, al tiempo, con el inicio de un ciclo de protestas, que nunca debió cerrarse, que se atisbaba tras la huelga general del 29S. La rebeldía, la protesta y el descontento están de nuevo en la calle. A partir de ahora, el movimiento del 15M tiene ante sí difíciles retos. Quizá el más evidente, además de la necesaria permanencia en el tiempo, sea el de conectar al máximo con esos sectores de la sociedad española que, bien se mantienen expectantes, bien ajenos al movimiento. No menos importante y urgente, además, pese al apartidismo —que no apoliticismo— que ha venido expresándose en las diversas asambleas que salpican nuestra geografía, es la necesidad de establecer alianzas estratégicas que doten de contenido práctico a las demandas de la calle, para evitar caer en el riesgo de cierto autismo paralizante. En ese sentido, las asambleas del 15M han de buscar caminos de encuentro con aquellas organizaciones políticas y sociales más receptivas y sensibles a sus demandas, sin que ello suponga, en ningún momento, un intento de instrumentalización política del movimiento.
Pero, pese a la incertidumbre sobre el futuro más próximo de éste, una cosa es cierta: las personas acampadas del 15M están haciendo evidente la emergencia de un auténtico poder popular que golpea los cimientos del poder político y económico hasta ahora vigente, insensible, no sólo a los estrechos límites del actual marco democrático, sino a asuntos tan lacerantes como el paro, la precariedad laboral, el incremento de las desigualdades sociales, los desahucios por los embargos de pisos y los injustos rescates a unos bancos que siguen obteniendo ingentes beneficios cuando la crisis golpea con tal saña a amplios sectores populares.
"No es casual que la eclosión de esta protesta ciudadana se haya producido a un año del anuncio de Zapatero de la puesta en práctica de duras medidas de ajuste —también, en nuestra Región— que se ensañan con fuerza con amplias capas de la sociedad"
DIEGO JIMÉNEZ
Cuando voces expertas en el campo de la Sociología venían exponiendo en sus análisis la sorprendente parálisis e inanición de la sociedad española, en especial de los sectores juveniles, ante un descontento que no tenía su expresión palpable en la calle, el movimiento del 15M ha supuesto una ilusionante irrupción de aire fresco que viene a despertar las aletargadas conciencias y a trastocar los cimientos de la vida social y política de este país. Con el trasfondo de Democracia Real Ya y al grito colectivo de «No nos representan», cientos de asambleas se han constituido a lo largo y ancho de la geografía española, trascendiendo incluso nuestras fronteras, y han agrupado a miles de personas, indignadas con la situación política y social actual. A más de 35 años de una Transición política siempre inconclusa, el movimiento del 15M conecta con las ansias, nunca resueltas del todo, de regeneración política y social de amplias capas de la sociedad española, aunque tal pretensión no tenga, por el momento, una expresión clara en las urnas.
La proliferación de asambleas populares a lo largo y ancho de nuestra geografía —alimentadas y vivificadas, en parte, por los intentos de quienes se han aprestado a desautorizar dicho movimiento y por la tibia, pero evidente, pretensión inicial de criminalización jurídica por parte de ciertas instancias del poder— conecta, además, con un descontento ante la esclerosis que se detecta en un sistema de democracia representativa, que ha tenido su concreción más palpable en la reciente contienda electoral, en la que más de diez millones de personas han desertado de las urnas.
No es casual, además, que la eclosión de esta protesta ciudadana se haya producido a un año del anuncio de Zapatero de la puesta en práctica de duras medidas de ajuste —también, en nuestra Región— que se ensañan con fuerza con amplias capas de la sociedad española. Por ello, lo que el movimiento del 15M está poniendo sobre el tapete es la voz de protesta de la hasta ahora ´mayoría silenciosa´, indignada no sólo por estas draconianas medidas de ajuste estructural, sino también por la generalizada corrupción extendida por la sociedad española y, al tiempo, por la percepción evidente de que las organizaciones políticas y sindicales, que deberían representar los intereses de los sectores populares afectados, han hecho dejación de su responsabilidad.
Sea cual sea el devenir más inmediato de este movimiento, lo cierto es que, por el momento, ha conseguido ya un gran éxito: recuperar el clima de movilización popular, que muchos añorábamos, de aquellos años de la Transición y, conectar, al tiempo, con el inicio de un ciclo de protestas, que nunca debió cerrarse, que se atisbaba tras la huelga general del 29S. La rebeldía, la protesta y el descontento están de nuevo en la calle. A partir de ahora, el movimiento del 15M tiene ante sí difíciles retos. Quizá el más evidente, además de la necesaria permanencia en el tiempo, sea el de conectar al máximo con esos sectores de la sociedad española que, bien se mantienen expectantes, bien ajenos al movimiento. No menos importante y urgente, además, pese al apartidismo —que no apoliticismo— que ha venido expresándose en las diversas asambleas que salpican nuestra geografía, es la necesidad de establecer alianzas estratégicas que doten de contenido práctico a las demandas de la calle, para evitar caer en el riesgo de cierto autismo paralizante. En ese sentido, las asambleas del 15M han de buscar caminos de encuentro con aquellas organizaciones políticas y sociales más receptivas y sensibles a sus demandas, sin que ello suponga, en ningún momento, un intento de instrumentalización política del movimiento.
Pero, pese a la incertidumbre sobre el futuro más próximo de éste, una cosa es cierta: las personas acampadas del 15M están haciendo evidente la emergencia de un auténtico poder popular que golpea los cimientos del poder político y económico hasta ahora vigente, insensible, no sólo a los estrechos límites del actual marco democrático, sino a asuntos tan lacerantes como el paro, la precariedad laboral, el incremento de las desigualdades sociales, los desahucios por los embargos de pisos y los injustos rescates a unos bancos que siguen obteniendo ingentes beneficios cuando la crisis golpea con tal saña a amplios sectores populares.
domingo, 5 de junio de 2011
LA SPANISH REVOLUTION LLEGA A GRECIA
"Si con 4 años tengo deuda, entonces también soy un ciudadano indignado". (AP Photo/Nikolas Giakoumidis)"
Foto extraída de Periodismo humano
A la derecha, fotografía de la Asamblea General. 28 de mayo de 2011. (Lucas Escobar Jiménez/ Periodismo humano).
sábado, 4 de junio de 2011
LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DEL PUEBLO MARROQUÍ
Un amigo marroquí, residente en Murcia, me ha pedido, a través de las redes sociales, que difunda al máximo la represión de que está siendo objeto el Pueblo de Marruecos, desde que se iniciaron las movilizaciones en aquel país el pasado mes de febrero. Particularmente violenta fue la represión ejercida el pasado 15 de mayo, precisamente el día en que arrancaban las protestas populares en toda España, con las manifestaciones del movimiento del 15M.
He realizado, pues, una traducción del francés del Comunicado íntegro del MRE (la asociación que agrupa a los marroquíes en el extranjero), el cual podéis leer a continuación:
"MRE (la organización mundial de ciudadanos marroquíes en el extranjero), quiere transmitir su indignación y condena contra el Gobierno marroquí, al más alto nivel, por su tiranía y barbarie contra nuestro pueblo en su lucha por la dignidad y la soberanía que le corresponde en Derecho. Nuestros conciudadanos han sufrido y continúan sufriendo, en la jornada del domingo 15 de mayo, una represión atroz, sin precedentes, desde el pasado 20 de febrero, en particular en Témara, ciudad internacionalmente célebre por albergar el centro de tortura que lleva su nombre.
Hacemos un llamamiento, pues, al Gobierno marroquí, que no tiene nada que envidiar a los regímenes tunecino y egipcio, a que adopte una política de madurez y responsabilidad. En efecto, este Gobierno no puede continuar violando impunemente todas las leyes, en la media en que debiera ser el garante de las mismas. Saludamos, pues, el sentido cívico de nuestros compatriotas, que, desde el 20 de febrero, no han desfallecido en su lucha, pese a todas las medidas represivas de que han sido objeto. Les apoyamos, pues, incondicionalmente en su lucha, al tiempo que les pedimos que continúen sus movilizaciones hasta la obtención de nuestras legítimas reivindicaciones.
MRE hace, además, un llamamiento a todos los pueblos amigos del Pueblo marroquí, así como a sus gobiernos, para que presten su apoyo a nuestros esfuerzos pacíficos por una democracia real".
He realizado, pues, una traducción del francés del Comunicado íntegro del MRE (la asociación que agrupa a los marroquíes en el extranjero), el cual podéis leer a continuación:
"MRE (la organización mundial de ciudadanos marroquíes en el extranjero), quiere transmitir su indignación y condena contra el Gobierno marroquí, al más alto nivel, por su tiranía y barbarie contra nuestro pueblo en su lucha por la dignidad y la soberanía que le corresponde en Derecho. Nuestros conciudadanos han sufrido y continúan sufriendo, en la jornada del domingo 15 de mayo, una represión atroz, sin precedentes, desde el pasado 20 de febrero, en particular en Témara, ciudad internacionalmente célebre por albergar el centro de tortura que lleva su nombre.
Hacemos un llamamiento, pues, al Gobierno marroquí, que no tiene nada que envidiar a los regímenes tunecino y egipcio, a que adopte una política de madurez y responsabilidad. En efecto, este Gobierno no puede continuar violando impunemente todas las leyes, en la media en que debiera ser el garante de las mismas. Saludamos, pues, el sentido cívico de nuestros compatriotas, que, desde el 20 de febrero, no han desfallecido en su lucha, pese a todas las medidas represivas de que han sido objeto. Les apoyamos, pues, incondicionalmente en su lucha, al tiempo que les pedimos que continúen sus movilizaciones hasta la obtención de nuestras legítimas reivindicaciones.
MRE hace, además, un llamamiento a todos los pueblos amigos del Pueblo marroquí, así como a sus gobiernos, para que presten su apoyo a nuestros esfuerzos pacíficos por una democracia real".
lunes, 30 de mayo de 2011
miércoles, 25 de mayo de 2011
EDUARDO GALEANO HABLA SOBRE EL 15M
"No vale la pena vivir para ganar, vale la pena vivir para seguir tu conciencia" (TV3)
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129046
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129046
martes, 24 de mayo de 2011
sábado, 21 de mayo de 2011
ALGUNAS PREGUNTAS TRAS EL SEÍSMO DE LORCA
Diego Jiménez
Redacto estas líneas aún fuertemente consternado ante la tragedia que ha afectado a Lorca, en una Región conmocionada por el suceso y que ha decretado tres días de luto oficial. Vayan por delante mis sinceros sentimientos de pesar para las familias lorquinas desgarradas por el dolor y para tantos amigos y amigas que tengo en esa población y, al mismo tiempo, el reconocimiento público hacia los miembros y fuerzas de la Seguridad del Estado, Protección Civil, Cruz Roja, Unidad Militar de Emergencias (UME), personal sanitario y personas voluntarias que se han volcado en colmar de atenciones a una población necesitada de ellas.
Cualquier hecho trágico, sobre todo cuando se nos muestra próximo y es el resultado de la actuación de los elementos incontrolables de la Naturaleza, nos hace reflexionar sobre la pequeñez e indefensión del ser humano. Por esa razón, las catástrofes naturales, impredecibles, tienen la virtud de despertar en nosotros los sentimientos ocultos de la solidaridad, el altruismo, la entrega, la generosidad… sentimientos que no afloran cotidianamente, pero que, cuando aparecen, nos hace reconciliarnos con nosotros mismos.
Pero, a renglón seguido, tras los primeros momentos de consternación y de las ejemplares muestras de solidaridad, es llegado también el momento de que alguien empiece a responder a ciertos interrogantes que, con seguridad, pasados unos días de este luctuoso suceso, creo que empezarán a suscitarse en el plano del debate público. Y el primero tiene que ver con lo que otros países también proclives a registrar movimientos sísmicos tienen largo tiempo asumido: la autoprotección ciudadana. ¿Cómo es posible que en nuestra Región, en la que, según el mapa de peligrosidad sísmica del Instituto Geográfico Nacional, los niveles de riesgo se sitúan entre VII y VIII –es decir, los máximos-, nadie haya abordado la necesidad de poner en marcha programas de educación cívica destinados a saber defenderse ante tales catástrofes? Otro interrogante, sobre todo tras conocer de los arquitectos que la normativa antisísmica se viene aplicando a los edificios con una antigüedad máxima de veinte años, es ¿a quién o quiénes hay que pedir cuentas, pues, por el colapso total de un edificio que apenas tenía diez años? Expertos geólogos han reconocido que un terremoto de magnitud 5,1 no es suficiente para producir los daños registrados en los inmuebles de Lorca, por lo que los defectos estructurales de muchos de esos inmuebles están en el origen de esos derrumbamientos. Por lo que me surge este otro interrogante: ¿A quién o quiénes compete, pues, no sólo la aplicación de la normativa antisísmica en las nuevas edificaciones sino la revisión de los edificios más antiguos, de 20, 30, 40 años, y más, de antigüedad? ¿Cómo es posible que Tráfico exija que los vehículos se sometan a revisiones periódicas en las ITV, que éstas sean obligatoriamente anuales para los vehículos de más de diez años, y que los edificios antiguos no estén sujetos a inspecciones periódicas y gratuitas con cierta periodicidad también?
El debate queda abierto. Pero ahora es el momento de volcar nuestra solidaridad hacia las víctimas y demostrar que esta Región sabe estar a la altura de las circunstancias para aportar calor, estímulo y ayuda a esos ciudadanos y ciudadanas de Lorca que, en todo momento, han dado muestras de una solidaridad, serenidad y civismo que han irradiado al resto de los territorios de nuestro país.
Redacto estas líneas aún fuertemente consternado ante la tragedia que ha afectado a Lorca, en una Región conmocionada por el suceso y que ha decretado tres días de luto oficial. Vayan por delante mis sinceros sentimientos de pesar para las familias lorquinas desgarradas por el dolor y para tantos amigos y amigas que tengo en esa población y, al mismo tiempo, el reconocimiento público hacia los miembros y fuerzas de la Seguridad del Estado, Protección Civil, Cruz Roja, Unidad Militar de Emergencias (UME), personal sanitario y personas voluntarias que se han volcado en colmar de atenciones a una población necesitada de ellas.
Cualquier hecho trágico, sobre todo cuando se nos muestra próximo y es el resultado de la actuación de los elementos incontrolables de la Naturaleza, nos hace reflexionar sobre la pequeñez e indefensión del ser humano. Por esa razón, las catástrofes naturales, impredecibles, tienen la virtud de despertar en nosotros los sentimientos ocultos de la solidaridad, el altruismo, la entrega, la generosidad… sentimientos que no afloran cotidianamente, pero que, cuando aparecen, nos hace reconciliarnos con nosotros mismos.
Pero, a renglón seguido, tras los primeros momentos de consternación y de las ejemplares muestras de solidaridad, es llegado también el momento de que alguien empiece a responder a ciertos interrogantes que, con seguridad, pasados unos días de este luctuoso suceso, creo que empezarán a suscitarse en el plano del debate público. Y el primero tiene que ver con lo que otros países también proclives a registrar movimientos sísmicos tienen largo tiempo asumido: la autoprotección ciudadana. ¿Cómo es posible que en nuestra Región, en la que, según el mapa de peligrosidad sísmica del Instituto Geográfico Nacional, los niveles de riesgo se sitúan entre VII y VIII –es decir, los máximos-, nadie haya abordado la necesidad de poner en marcha programas de educación cívica destinados a saber defenderse ante tales catástrofes? Otro interrogante, sobre todo tras conocer de los arquitectos que la normativa antisísmica se viene aplicando a los edificios con una antigüedad máxima de veinte años, es ¿a quién o quiénes hay que pedir cuentas, pues, por el colapso total de un edificio que apenas tenía diez años? Expertos geólogos han reconocido que un terremoto de magnitud 5,1 no es suficiente para producir los daños registrados en los inmuebles de Lorca, por lo que los defectos estructurales de muchos de esos inmuebles están en el origen de esos derrumbamientos. Por lo que me surge este otro interrogante: ¿A quién o quiénes compete, pues, no sólo la aplicación de la normativa antisísmica en las nuevas edificaciones sino la revisión de los edificios más antiguos, de 20, 30, 40 años, y más, de antigüedad? ¿Cómo es posible que Tráfico exija que los vehículos se sometan a revisiones periódicas en las ITV, que éstas sean obligatoriamente anuales para los vehículos de más de diez años, y que los edificios antiguos no estén sujetos a inspecciones periódicas y gratuitas con cierta periodicidad también?
El debate queda abierto. Pero ahora es el momento de volcar nuestra solidaridad hacia las víctimas y demostrar que esta Región sabe estar a la altura de las circunstancias para aportar calor, estímulo y ayuda a esos ciudadanos y ciudadanas de Lorca que, en todo momento, han dado muestras de una solidaridad, serenidad y civismo que han irradiado al resto de los territorios de nuestro país.
jueves, 12 de mayo de 2011
In memoriam: RAMÓN FERNÁNDEZ DURÁN
Ramón Fernández Durán, referente del ecologismo
(EL PAÍS, jueves 12 de mayo de 2011)
(EL PAÍS, jueves 12 de mayo de 2011)
A Ramón Fernández Durán, miembro de Ecologistas en Acción, la muerte no le cogió por sorpresa anteayer por la mañana.
En el mes de marzo, el intelectual y militante del ecologismo social desde hace más de treinta años, había hecho pública una carta de despedida. En ella, reivindicaba el derecho a una muerte digna y hacía un repaso de su trayectoria vital: “Me da algo de pena desaparecer en estos momentos en que la Historia parece que se acelera, pues se ha puesto otra vez en marcha irresistible después de que nos alertaran en los noventa sobre el Fin de la Historia.
Y esta nueva activación de la Historia viene también determinada cada vez más por la Crisis Energética, Ecológica y Climática que amenaza al Planeta y a las sociedades humanas. Sobre todo la primera, a corto plazo, pues el principio del fin de los combustibles fósiles, a punto de empezar, va a suponer una ruptura histórica total. En los últimos 60-70 años, el sistema urbano-agro-industrial mundial ha consumido grosso modo la mitad de los combustibles fósiles que disponía el Planeta. Y eso ya no puede continuar más tiempo, pues estamos a punto de iniciar el declive energético fósil.
Ramón Fernández Durán (Sevilla, 1947), de formación ingeniero de caminos y Premio Nacional de Urbanismo, iniciaba su activismo político en la lucha antifranquista desde los entornos autónomos del Madrid de los años setenta. Dejó su plaza de funcionario e inició un nuevo viaje hacia la creación intelectual y la militancia político- social. Ramón abandonó la construcción de puentes de hormigón para hacerse ingeniero de puentes políticos, más difíciles y frágiles. Participó en los setenta en organizaciones barriales. En los ochenta, impulsó activamente el movimiento contra la OTAN. En los noventa, promovió las movilizaciones “Desenmascaremos el 92” y “50 años bastan. Las otras voces del planeta”, contra el Banco Mundial y el FMI, así como el Movimiento contra la Europa de Maastricht y la Globalización Económica, acontecimientos que abrieron camino al movimiento antiglobalización. Fue clave en la fundación de Ecologistas en Acción en 1998. De su mano hemos entendido la economía financiera, el papel de los combustibles fósiles en el capitalismo y las graves repercusiones socioambientalesde la Unión Europea.
Referente indiscutible de los movimientos sociales, ha publicado, entre otros, libros como La explosión del desorden, La metrópoli como espacio de la crisis global(1993), El tsunami urbanizador español y mundial (2006), El crepúsculo de la era trágica del petróleo(2008) o La quiebra del capitalismo global: 2000-2030 (2011).
Quienes conocieron a Ramón en manifestaciones, asambleas, Universidades y foros siempre han destacado su faceta excepcionalmente humana, su disposición a aprender de los demás, su humildad, su humor y, sobre todo, su coherencia radical entre sus ideas y su forma de estar en el mundo. Cotidianamente nos ha enseñado con su trabajo, sus afectos, su saber vivir, cómo conjugar su gran capacidad intelectual con esas otras tareas, tan invisibles como importantes, como llevar las pancartas o no marcharse de una fiesta sin fregar los cacharros.
Para él vivir era celebrar la vida con la vida: con su compañera Ana Hernando, militante feminista; con esa familia que se quiere mucho; y con esa otra familia incompleta, diversa, inconforme, rebelde e imperfecta de la que forma parte, los movimientos sociales.
Con su coherencia vital y su ejemplo nos deja una enseñanza: “atreverse a imaginar el futuro para poder influir sobre él”. Eso haremos, compañero.
Tom Kucharz y María González Reyes firman este texto en nombre de Ecologistas en Acción.
En el mes de marzo, el intelectual y militante del ecologismo social desde hace más de treinta años, había hecho pública una carta de despedida. En ella, reivindicaba el derecho a una muerte digna y hacía un repaso de su trayectoria vital: “Me da algo de pena desaparecer en estos momentos en que la Historia parece que se acelera, pues se ha puesto otra vez en marcha irresistible después de que nos alertaran en los noventa sobre el Fin de la Historia.
Y esta nueva activación de la Historia viene también determinada cada vez más por la Crisis Energética, Ecológica y Climática que amenaza al Planeta y a las sociedades humanas. Sobre todo la primera, a corto plazo, pues el principio del fin de los combustibles fósiles, a punto de empezar, va a suponer una ruptura histórica total. En los últimos 60-70 años, el sistema urbano-agro-industrial mundial ha consumido grosso modo la mitad de los combustibles fósiles que disponía el Planeta. Y eso ya no puede continuar más tiempo, pues estamos a punto de iniciar el declive energético fósil.
Ramón Fernández Durán (Sevilla, 1947), de formación ingeniero de caminos y Premio Nacional de Urbanismo, iniciaba su activismo político en la lucha antifranquista desde los entornos autónomos del Madrid de los años setenta. Dejó su plaza de funcionario e inició un nuevo viaje hacia la creación intelectual y la militancia político- social. Ramón abandonó la construcción de puentes de hormigón para hacerse ingeniero de puentes políticos, más difíciles y frágiles. Participó en los setenta en organizaciones barriales. En los ochenta, impulsó activamente el movimiento contra la OTAN. En los noventa, promovió las movilizaciones “Desenmascaremos el 92” y “50 años bastan. Las otras voces del planeta”, contra el Banco Mundial y el FMI, así como el Movimiento contra la Europa de Maastricht y la Globalización Económica, acontecimientos que abrieron camino al movimiento antiglobalización. Fue clave en la fundación de Ecologistas en Acción en 1998. De su mano hemos entendido la economía financiera, el papel de los combustibles fósiles en el capitalismo y las graves repercusiones socioambientalesde la Unión Europea.
Referente indiscutible de los movimientos sociales, ha publicado, entre otros, libros como La explosión del desorden, La metrópoli como espacio de la crisis global(1993), El tsunami urbanizador español y mundial (2006), El crepúsculo de la era trágica del petróleo(2008) o La quiebra del capitalismo global: 2000-2030 (2011).
Quienes conocieron a Ramón en manifestaciones, asambleas, Universidades y foros siempre han destacado su faceta excepcionalmente humana, su disposición a aprender de los demás, su humildad, su humor y, sobre todo, su coherencia radical entre sus ideas y su forma de estar en el mundo. Cotidianamente nos ha enseñado con su trabajo, sus afectos, su saber vivir, cómo conjugar su gran capacidad intelectual con esas otras tareas, tan invisibles como importantes, como llevar las pancartas o no marcharse de una fiesta sin fregar los cacharros.
Para él vivir era celebrar la vida con la vida: con su compañera Ana Hernando, militante feminista; con esa familia que se quiere mucho; y con esa otra familia incompleta, diversa, inconforme, rebelde e imperfecta de la que forma parte, los movimientos sociales.
Con su coherencia vital y su ejemplo nos deja una enseñanza: “atreverse a imaginar el futuro para poder influir sobre él”. Eso haremos, compañero.
Tom Kucharz y María González Reyes firman este texto en nombre de Ecologistas en Acción.
lunes, 9 de mayo de 2011
"Nuestras manos", excelente vídeo electoral de Izquierda Unida (IU)
Con texto de Eduardo Galeano. Que lo disfrutéis.
Salud
Salud
miércoles, 4 de mayo de 2011
INDIGNADOS CON LA BANCA
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2011/05/04/indignados-banca/320637.html
Desde mi picoesquina
"Los contenedores de los supermercados reciben cada noche la visita de muchas personas en busca de esos alimentos caducados que la mayoría descartamos…"
DIEGO JIMÉNEZ
Una rebelión incipiente, pero perseverante y tenaz, está empezando a extenderse como una mancha de aceite por la geografía española. En la Región de Murcia, pero también en Galicia, Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña, están empezando a proliferar las plataformas de afectados por las hipotecas.
Como ya expuse recientemente, todo empezó cuando, en plena fiebre del ´ladrillo´, los bancos, para inflar sus cuentas de resultados, no tuvieron inconveniente en ofrecer préstamos hipotecarios sobrevalorando el valor de los inmuebles y alargando los plazos de amortización de esos préstamos. Muchas familias españolas e inmigrantes suscribieron, ilusionadas, esos préstamos para acceder a una vivienda, el sueño de toda una vida. Pero la burbuja inmobiliaria estalló. Llegó la crisis. Y, con ella, comenzaron las dificultades para muchas de esas familias, imposibilitadas de hacer frente al pago de las cuotas de esos empréstitos. El fantasma del desahucio empezó a planear, amenazante, sobre muchas de ellas. Hoy es una cruel realidad: en la Región, cerca de 8.000 están pendientes de la visita de los agentes judiciales que tienen como misión hacer efectivos dichos desahucios. El Gobierno y los grupos parlamentarios que le apoyan se han venido negando sistemáticamente a arbitrar soluciones. Los jueces, compelidos a aplicar una injusta Ley Hipotecaria, no tienen en cuenta las situaciones familiares: si hay niños menores, si hay ancianos, si todos los miembros de la familia están en paro… Pero tras la figura jurídica del desahucio se esconden muchos casos dramáticos. Me consta que, tras ver sus enseres en la puerta de la casa, muchas familias han de dormir en el coche varios días. Otras reconocen que mezclan la leche con agua para poder darles algo de alimento a sus hijos. Los contenedores de los supermercados reciben cada noche la visita de muchas personas en busca de esos alimentos caducados que la mayoría descartamos…
La situación tiene unos claros culpables: además del Gobierno y el Parlamento, cegados ante estas situaciones dramáticas que van en aumento, está la voracidad e insensibilidad de la Banca. Atenta a aumentar sus cuentas de resultados en época de ´vacas gordas´, pero incapaz de percibir el daño que su cerrazón está ocasionando a miles de personas. Pero, en esta sociedad aparentemente anestesiada, parece extenderse gradualmente la recomendación de ese lúcido anciano francés, Stéphane Hessel, que pregona la necesidad de responder a la injusticia. Su libro Indignaos, con seguridad, es el manual de cabecera de un grupo de gentes altruistas que están potenciando las Plataformas de Afectados por la Hipoteca.
En nuestra Región, una de las pioneras en comenzar la lucha, sus miembros, muy activos en la pedanía de El Palmar y en el municipio de Molina de Segura, han protagonizado actuaciones contra los desahucios, a la búsqueda de fórmulas menos traumáticas (la renegociación de la deuda con los bancos, el alquiler con opción a compra, la dación en pago…), no sólo en esos lugares, sino en otros municipios como Alhama de Murcia, las Torres de Cotillas… En pocos meses, han paralizado, al menos temporalmente, la ejecución de once expedientes de desahucio. Y no paran ahí. Personas entusiastas, perseverantes y, sobre todo, solidarias y de gran humanidad. Paca, María Jesús, Coy, Joaquín, Paco, Miguel, Juan, Cristóbal…, integrantes de esa Plataforma, han estado estos últimos meses, tras la pancarta, a las puertas de las viviendas que iban a ser desalojadas, defendiendo el derecho de sus moradores a seguir disfrutando de un techo donde vivir, prosperar y soñar. Me dicen que son muchas más las familias afectadas. Pero que el pudor de reconocerlo públicamente les hace no adherirse, por ahora, a esta plataforma reivindicativa. Postura comprensible. Pero pienso que el pudor y la vergüenza deberían sentirlos quienes son los responsables directos de extender la desazón, la inseguridad y la angustia entre tantas personas.
Por ello, porque es de justicia reconocerlo así, sirvan, pues, estas breves líneas para mostrar mi público reconocimiento a las personas que luchan en el seno de las plataformas de afectados por la hipoteca, porque, aun sin ser víctimas directas, no están dudando en volcar sus esfuerzos en la calle, mostrando su desinteresada solidaridad con quienes menos tienen.
Desde mi picoesquina
"Los contenedores de los supermercados reciben cada noche la visita de muchas personas en busca de esos alimentos caducados que la mayoría descartamos…"
DIEGO JIMÉNEZ
Una rebelión incipiente, pero perseverante y tenaz, está empezando a extenderse como una mancha de aceite por la geografía española. En la Región de Murcia, pero también en Galicia, Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña, están empezando a proliferar las plataformas de afectados por las hipotecas.
Como ya expuse recientemente, todo empezó cuando, en plena fiebre del ´ladrillo´, los bancos, para inflar sus cuentas de resultados, no tuvieron inconveniente en ofrecer préstamos hipotecarios sobrevalorando el valor de los inmuebles y alargando los plazos de amortización de esos préstamos. Muchas familias españolas e inmigrantes suscribieron, ilusionadas, esos préstamos para acceder a una vivienda, el sueño de toda una vida. Pero la burbuja inmobiliaria estalló. Llegó la crisis. Y, con ella, comenzaron las dificultades para muchas de esas familias, imposibilitadas de hacer frente al pago de las cuotas de esos empréstitos. El fantasma del desahucio empezó a planear, amenazante, sobre muchas de ellas. Hoy es una cruel realidad: en la Región, cerca de 8.000 están pendientes de la visita de los agentes judiciales que tienen como misión hacer efectivos dichos desahucios. El Gobierno y los grupos parlamentarios que le apoyan se han venido negando sistemáticamente a arbitrar soluciones. Los jueces, compelidos a aplicar una injusta Ley Hipotecaria, no tienen en cuenta las situaciones familiares: si hay niños menores, si hay ancianos, si todos los miembros de la familia están en paro… Pero tras la figura jurídica del desahucio se esconden muchos casos dramáticos. Me consta que, tras ver sus enseres en la puerta de la casa, muchas familias han de dormir en el coche varios días. Otras reconocen que mezclan la leche con agua para poder darles algo de alimento a sus hijos. Los contenedores de los supermercados reciben cada noche la visita de muchas personas en busca de esos alimentos caducados que la mayoría descartamos…
La situación tiene unos claros culpables: además del Gobierno y el Parlamento, cegados ante estas situaciones dramáticas que van en aumento, está la voracidad e insensibilidad de la Banca. Atenta a aumentar sus cuentas de resultados en época de ´vacas gordas´, pero incapaz de percibir el daño que su cerrazón está ocasionando a miles de personas. Pero, en esta sociedad aparentemente anestesiada, parece extenderse gradualmente la recomendación de ese lúcido anciano francés, Stéphane Hessel, que pregona la necesidad de responder a la injusticia. Su libro Indignaos, con seguridad, es el manual de cabecera de un grupo de gentes altruistas que están potenciando las Plataformas de Afectados por la Hipoteca.
En nuestra Región, una de las pioneras en comenzar la lucha, sus miembros, muy activos en la pedanía de El Palmar y en el municipio de Molina de Segura, han protagonizado actuaciones contra los desahucios, a la búsqueda de fórmulas menos traumáticas (la renegociación de la deuda con los bancos, el alquiler con opción a compra, la dación en pago…), no sólo en esos lugares, sino en otros municipios como Alhama de Murcia, las Torres de Cotillas… En pocos meses, han paralizado, al menos temporalmente, la ejecución de once expedientes de desahucio. Y no paran ahí. Personas entusiastas, perseverantes y, sobre todo, solidarias y de gran humanidad. Paca, María Jesús, Coy, Joaquín, Paco, Miguel, Juan, Cristóbal…, integrantes de esa Plataforma, han estado estos últimos meses, tras la pancarta, a las puertas de las viviendas que iban a ser desalojadas, defendiendo el derecho de sus moradores a seguir disfrutando de un techo donde vivir, prosperar y soñar. Me dicen que son muchas más las familias afectadas. Pero que el pudor de reconocerlo públicamente les hace no adherirse, por ahora, a esta plataforma reivindicativa. Postura comprensible. Pero pienso que el pudor y la vergüenza deberían sentirlos quienes son los responsables directos de extender la desazón, la inseguridad y la angustia entre tantas personas.
Por ello, porque es de justicia reconocerlo así, sirvan, pues, estas breves líneas para mostrar mi público reconocimiento a las personas que luchan en el seno de las plataformas de afectados por la hipoteca, porque, aun sin ser víctimas directas, no están dudando en volcar sus esfuerzos en la calle, mostrando su desinteresada solidaridad con quienes menos tienen.
lunes, 2 de mayo de 2011
INAZARES (MORATALLA) EN ABRIL
Inazares es una pedanía situada en las tierras altas de Moratalla (Murcia), aldea limítrofe con cuatro provincias próximas: Almería y Granada por el Sureste-Sur, y Jaén y Albacete por el Noroeste y Norte, respectivamente. Dista de la capital de la Región (Murcia) unos 115 km., y tiene un clima mediterráneo-continentalizado, con una pluviometría ligeramente superior a la media regional y con inviernos fríos (en los que son frecuentes las nevadas) y veranos secos, pero no excesivamente calurosos. Las lluvias, como en todas las zonas de clima mediterráneo, se concentran en primavera y otoño.
Nota.- A la hora de filmar el vídeo (muy artesanal, realizado con una cámara digital, de ahí su escasa calidad) se han deslizado dos erratas: Inazares se encuentra, realmente, a 1.345 metros de altitud, y no a 1.430 como se dice en el vídeo, y el Pico de Los Odres se eleva a 1.880 metros de altitud, algunos metros más de los que se afirma al grabar el vídeo.
martes, 19 de abril de 2011
A OCHENTA AÑOS DE AQUELLA REPÚBLICA
Proclamación de la II República en la Puerta del Sol de Madrid
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2011/04/19/ochenta-anos-republica/317400.html
"El país arrastraba, además, unos lacerantes niveles de atraso económico, social y cultural que lo colocaban en el furgón de cola de Europa"
DIEGO JIMÉNEZ
Hace unos días, se conmemoraba el ochenta aniversario de la proclamación de la II República, hecho que despertó un enorme caudal de ilusión en la sociedad española de los años 30 del pasado siglo, pues la monarquía borbónica había sostenido un régimen basado en el caciquismo, la corrupción electoral, una dictadura —la de Primo de Rivera— y la guerra colonial de Marruecos. El país arrastraba, además, unos lacerantes niveles de atraso económico, social y cultural que lo colocaban en el furgón de cola de Europa. En ese contexto, surge en nuestro país un proceso regeneracionista que, al decir del historiador Carlos Seco, supuso una ´romántica eclosión democrática´ en una Europa en la que, sin embargo, los fascismos y el comunismo hacían peligrar el modelo liberal burgués. Una República liberal, democrática y parlamentaria venía a ser, pues, una disonancia en el continente.
Pero aquella ´República de profesores´, miembros de un Gobierno provisional que, de inmediato, abordaron un proceso de reformas (en ámbitos como la educación, la agricultura, la milicia y la religión), iniciaron al mismo tiempo un ilusionante proceso constituyente tendente a la modernización del país. La crisis económica que, desde Wall Street se empezaba a extender por todo Occidente, no fue un obstáculo —al menos inicialmente— para que tanto las primeras reformas políticas y sociales como las contenidas en la Constitución promulgada el 9 de diciembre de 1931 trataran de sacar a España del marasmo en que la había sumido la monarquía de Alfonso XIII.
Pero, como todos sabemos, la República —cuyo artículo 6 de la Constitución de 1931 declaraba su «renuncia a la guerra como instrumento de política nacional»— no pudo impedir que una sublevación militar reaccionaria apoyada por las potencias fascistas acabara con aquel noble intento regeneracionista. La derrota, el exilio forzado de casi medio millón de personas y el abandono subsiguiente de las potencias democráticas europeas condujo a una feroz represión sobre los vencidos. España se convirtió en una inmensa cárcel. Los vencedores se aprestaron a construir un nuevo Estado, edificado bajo las señas del nacionalcatolicismo, un burdo remedo de los totalitarismos nazi y fascista y un culto enfermizo a un pasado imperial. Transcurrieron cuarenta años de oscurantismo social, cultural, económico y político, hasta que una Transición pactada bajo la vigilancia estrecha de los poderes fácticos del franquismo (oligarquía económica, Iglesia y Ejército) nos devolvió una apariencia de normalidad democrática.
Hoy, a ochenta años de aquella República, siguen plenamente vigentes, pendientes, muchos de los postulados de modernización social y política que intentaron consolidar aquellos políticos republicanos: el auge cultural, el pacifismo, las libertades individuales y colectivas, una economía volcada en lo social, la reforma agraria, la creación de empleo… y, sobre todo, una regeneración ética de la política, que sitúe a los ciudadanos en el centro de las decisiones que les afectan. Sin olvidar algo fundamental: el posible acceso de cualquier ciudadano o ciudadana a la máxima magistratura del Estado.
Aparentemente, hoy la ciudadanía española se muestra sin aparente capacidad de reacción. Pero es sólo apariencia. Empiezan a atisbarse síntomas de rebeldía e indignación ante la corrupción política, la dificultad para encontrar trabajo, ante los privilegios de la Banca y, en paralelo, ante el desmantelamiento del raquítico Estado del Bienestar que había empezado a consolidarse. El malestar ante este deficiente Estado monárquico aún no alcanza cotas que permitan atisbar una alternativa creíble. Pero el debate sobre la actual forma de Estado (Monarquía o República), aún incipiente, está propiciando sin embargo que cada vez sean más personas, sobre todo jóvenes, las que ven en una República la única salida a un sistema político y social en el que la voz de la ciudadanía se deje oír.
No quiero concluir este comentario sin citar el elocuente artículo 1 de aquella Constitución republicana de 1931, el que rezaba literalmente así: «España es una República de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia». Hoy, a ochenta años de aquella República, la Libertad empieza a estar cuestionada en muchos ámbitos. Y la Justicia, una meta a la que aún aspiran muchos ciudadanos y ciudadanas, sobre todo en estos tiempos en que el poder financiero oligárquico, causante de la crisis económica en que estamos sumidos, presiona para que las decisiones judiciales no interfieran en su poder omnímodo en todos los ámbitos.
sábado, 16 de abril de 2011
Con una manifestación y una cena, se celebraron en Murcia los actos del 80 aniversario de la proclamación de la II República
Una República donde los Derechos Humanos sean exigibles por ley, la participación ciudadana a todos los niveles y un Estado federal laico, democrático y pacifista, de fuerte sector público y que proteja la fuerza del trabajo, reivindicaciones más destacadas de estas celebraciones.
Diego Jiménez/Murcia.- Las calles de la capital murciana se tiñeron de rojo, amarillo y morado en la tarde del pasado jueves, día 14 de abril, fecha en la que se conmemoraba el 80 aniversario del advenimiento de la II República. Una entusiasta manifestación, muy festiva y reivindicativa, recorrió el trayecto que media entre la plaza de Santo Domingo y la Glorieta del Ayuntamiento para conmemorar esa efeméride y exigir la III República, en acto convocado por el Partido Comunista de la Región de Murcia (PCRM), la Unión de Juventudes Comunistas de Murcia (UJCE) y Ecosocialistas de la Región de Murcia, y que contó con el apoyo de Izquierda Unida (IURM).
Unas seiscientas personas, entre las que se mezclaban veteranos militantes republicanos y comunistas junto con un notable número de jóvenes, entonaron a lo largo del trayecto cánticos como “Allá va la Republicana, ondeando Libertad, libre Libertad y solidaridad” y otros gritos como “Juan Carlos I, de Franco es heredero”, “Le llaman democracia y no lo es”, “Juan Carlos, acelera, que viene la Tercera”, y otros. En un momento de la marcha, Esther Herguedas, candidata a la alcaldía de Murcia por IU-Los Verdes de la Región de Murcia, demostró sus dotes musicales entonando “El himno de Riego”, que fue seguido por el resto de manifestantes. Una pancarta de cabeza, con la leyenda “Por la III República, 80 aniversario de la II República”, abría la marcha, en la que podían verse multitud de insignias y banderas tricolores, así como una gran bandera republicana que era portada por veteranos republicanos y jóvenes.
La manifestación hizo un breve parada en la plaza del Cardenal Belluga, en donde el colorido y entusiasmo que acompañaban a la manifestación tuvo como marco de fondo el bello imafronte barroco de de la catedral murciana. Desde allí, la manifestación se dirigió a la Glorieta del Ayuntamiento, en cuya puerta las personas asistentes se dispusieron tras la gran bandera republicana, ahora desplegada en forma de pancarta, y en donde se dio lectura por parte de Esther Herguedas (IU-Los Verdes), Juan Carlos (UJCE) y Joaquín Morote (PCRM) al Comunicado que puede leerse, íntegro, en el siguiente enlace:
http://www.pcrm.es/images/stories/documentos/comunicados/Manifiesto80AniversarioRepublica.pdf
Cena republicana
Los actos de esa efeméride tuvieron su colofón el pasado viernes, día 15, con la organización de una cena republicana, acontecimiento que viene siendo habitual en los últimos años, celebrada en un conocido restaurante situado a las afueras de Alcantarilla.
Con la asistencia de unas doscientas personas, número superior a la cena del pasado año, el acto contó con la participación de personas que adornaron la celebración con poesías alusivas a dicho acontecimiento y con la intervención, como cierre, de Esther Herguedas, en su calidad de candidata a la alcaldía de Murcia por IU-Los Verdes, y de Joaquín Morote, secretario general del PCRM, organización política organizadora de ese encuentro.
Entre los comensales, un nutrido grupo de jóvenes de UJCE, que animaron en todo momento la cena con cánticos, así como veteranos militantes anfifascistas y republicanos.
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