Acababa de evocar, en los postres de la cena republicana a la que acudo desde hace algunos años -y que se celebra en un restaurante de la Huerta- unos artículos de la Constitución republicana de 1931. Instantes después, una joven se me acercó a la mesa:
- Por favor, mi madre desea saludarle –me dijo.
Acudí a otra de las mesas contiguas. Allí me esperaba una mujer madura, privada de la vista, a la que de nada conocía. Nos saludamos. Mantuvo su mano apretada sobre la mía durante un tiempo. Era notorio que le embargaba la emoción. Pronto supe el motivo de su requerimiento.
-Me llamo Carmen. Y quería felicitarle por el contenido de su exposición. Mi padre era socialista y republicano. Y fue fusilado por Franco.
Departimos algunos momentos. A mí también me embargó la emoción. Nos volvimos a saludar a la salida del restaurante. Sólo conservo el nombre de esa mujer voluntariosa y animosa y su lugar de residencia. Carmen es una de tantas personas a las que una guerra cruel, absurda, genocida, privó para siempre del contacto con sus seres más queridos. Como ella, miles de españoles coexisten con el recuerdo de la amputación traumática y violenta de alguno de sus familiares en virtud de procesos sumarísimos dictados al final de la Guerra Civil, extrajudiciales en la mayoría de los casos, que les condujeron al pelotón de fusilamiento y al olvido en alguna fosa común de las cunetas de nuestras carreteras. Por eso me siento republicano. Por vinculación afectiva con tantas y tantas víctimas inocentes. Y porque recuerdo la versión de aquella guerra que, en contadas ocasiones, con la voz aún entrecortada por la emoción, me hacía mi fallecido padre, Diego, un hombre apolítico pero antifranquista convencido. Campesino del Campo de Cartagena, voluntario a los 20 años en el Ejército, fue llevado, contra su voluntad, al frente de batalla. Participó en la toma republicana de Teruel, a finales del 37, en un invierno gélido que congelaba hasta las tenues mantas que les servían para cobijarse del intenso frío de aquellas tierras. Supe, por él, de los excesos cometidos sobre los compañeros caídos en combate por parte del Ejército de África que servía al dictador. Y supe, desde bien joven, del carácter abominable de aquella guerra que, paradójicamente, la II República se dispuso a rechazar desde que promulgara una Constitución cuyo artículo 6 rezaba así: “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”.
- Por favor, mi madre desea saludarle –me dijo.
Acudí a otra de las mesas contiguas. Allí me esperaba una mujer madura, privada de la vista, a la que de nada conocía. Nos saludamos. Mantuvo su mano apretada sobre la mía durante un tiempo. Era notorio que le embargaba la emoción. Pronto supe el motivo de su requerimiento.
-Me llamo Carmen. Y quería felicitarle por el contenido de su exposición. Mi padre era socialista y republicano. Y fue fusilado por Franco.
Departimos algunos momentos. A mí también me embargó la emoción. Nos volvimos a saludar a la salida del restaurante. Sólo conservo el nombre de esa mujer voluntariosa y animosa y su lugar de residencia. Carmen es una de tantas personas a las que una guerra cruel, absurda, genocida, privó para siempre del contacto con sus seres más queridos. Como ella, miles de españoles coexisten con el recuerdo de la amputación traumática y violenta de alguno de sus familiares en virtud de procesos sumarísimos dictados al final de la Guerra Civil, extrajudiciales en la mayoría de los casos, que les condujeron al pelotón de fusilamiento y al olvido en alguna fosa común de las cunetas de nuestras carreteras. Por eso me siento republicano. Por vinculación afectiva con tantas y tantas víctimas inocentes. Y porque recuerdo la versión de aquella guerra que, en contadas ocasiones, con la voz aún entrecortada por la emoción, me hacía mi fallecido padre, Diego, un hombre apolítico pero antifranquista convencido. Campesino del Campo de Cartagena, voluntario a los 20 años en el Ejército, fue llevado, contra su voluntad, al frente de batalla. Participó en la toma republicana de Teruel, a finales del 37, en un invierno gélido que congelaba hasta las tenues mantas que les servían para cobijarse del intenso frío de aquellas tierras. Supe, por él, de los excesos cometidos sobre los compañeros caídos en combate por parte del Ejército de África que servía al dictador. Y supe, desde bien joven, del carácter abominable de aquella guerra que, paradójicamente, la II República se dispuso a rechazar desde que promulgara una Constitución cuyo artículo 6 rezaba así: “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”.
Estamos en abril. Mes, inevitablemente, de la Memoria. Porque el 1º de abril de 1939 Franco publicó el último parte de una guerra absurda, fratricida e indeseada por los republicanos de bien. Y porque el 14 de abril de 1931 el Pueblo español asistió, ilusionado, a la eclosión de una República que alumbraba la esperanza.
El Parlamento español dio luz verde a finales de 2007 a la Ley de la Memoria Histórica, texto que se ha mostrado hasta la fecha ineficaz para sacar a la luz definitivamente todo el latrocinio y las atrocidades cometidas por el bando que se proclamó vencedor de la Guerra Civil. Esa Ley no ha supuesto, además, la condena expresa del franquismo. Emblemas y símbolos de aquel régimen genocida adornan aún calles e imafrontes de muchas catedrales. El Valle de los Caídos, que podría haber sido reconvertido en un “Memorial de la Dictadura”, conserva aún, como una reliquia, los restos del dictador. Sin embargo, las familias que quieran exhumar los restos de sus seres queridos han de hacerlo particularmente, cuando el Estado podría haber dado ese paso actuando de oficio. Ningún reconocimiento público a tantos y tantos españoles que dejaron su vida en los campos de exterminio nazi por toda Europa. Tampoco a los brigadistas internacionales que lucharon generosamente por la República…
Esta democracia frágil, construida bajo los estertores del ruido de sables, debe dar pasos más decididos para la plena recuperación de la Memoria Histórica.
