¿Participación popular?

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DIEGO JIMÉNEZ

A principios de junio de 1808, el vacío de poder creado en nuestro país por el secuestro por Napoleón de la familia real española, junto a la inacción de la Junta de Castilla, llevaron a la formación de Juntas locales y provinciales, integradas curiosamente por las anteriores autoridades civiles y eclesiásticas, nobles y notables. Así, el pueblo, protagonista esencial en la lucha contra la ocupación napoleónica, no accedió a los nuevos órganos de gobierno. A partir del 25 de septiembre, esas Juntas locales y provinciales confluyen en una Junta Central. Floridablanca fue elegido su presidente hasta su muerte en diciembre de 1808. En el contexto de unos acontecimientos bélicos desfavorables para la Junta Central, se planteó, no obstante, la convocatoria de Cortes. El decreto de 22 de mayo establecía una Comisión integrada por Manuel José Quintana, Agustín de Argüelles y Lorenzo Calvo de Rozas.

El avance francés obligó a los miembros de la Junta Suprema Central Gubernativa del Reyno a abandonar Sevilla para retirarse hacia la Isla de León (hoy San Fernando, Cádiz) y renunciar al poder a favor de un Consejo de Regencia, no sin antes convocar a la nación a Cortes Generales.

La escasa participación del pueblo llano en esta convocatoria queda corroborada en la Instrucción de fecha 1 de enero de 1810, que aludía a la conveniencia de que los diputados electos fuesen propietarios. Se estaba recomendando, pues, elegir a quienes acreditasen la posesión de bienes propios o renta suficiente (elegibilidad censitaria). Dicha recomendación ignoraba todo un proceso anterior, no suficientemente conocido, de una notable avidez de participación en la vida pública por amplios sectores de la población. José Francisco Fuentes nos ilustra sobre la gestación de lo que hoy denominamos opinión pública, hecho que se produjo en cafés y tertulias que proliferaban en una ciudad de Cádiz que se resistía a ser ocupada por el invasor francés. Cierto es que el pueblo llano, sobre todo el campesinado (quizás por su apego a la tradición, en la línea del mantenimiento del Antiguo Régimen) seguía estando al margen de ese proceso. La exclusión de amplias capas de la población de los derechos políticos recogidos en el texto constitucional que surgió de aquellas Cortes de Cádiz es un hecho evidente. En los debates de la Constitución de 1812 se enfrentaron dos concepciones opuestas de ciudadanía: los miembros de la Comisión redactora del texto la limitaban a los «españoles que por ambas líneas traen su origen en los dominios españoles de ambos hemisferios», con la exclusión de «los habidos y reputados por originarios de África». En cambio, algunos diputados de los territorios americanos defendieron la concesión de la ciudadanía a todos los súbditos de la Corona, con la única excepción de los esclavos.

En aquellas Cortes quedó, además, clara la distinción entre ´español´ y ´ciudadano´. Manuel Pérez de Ledesma recoge la aportación del diputado Aner, quien a comienzos de septiembre de 1811, dijo: «Como español, [toda persona] tiene derecho a ser protegido por la ley, goza de la seguridad de su persona y conserva la propiedad de sus bienes», mientras que «como ciudadano, le corresponden los derechos políticos», es decir, «la representación nacional y el llamamiento a los empleos municipales». El carácter de clase del texto surgido de los debates de Cádiz es evidente. La mayoría liberal que alumbró aquella Constitución era tremendamente refractaria a la participación popular en la política, reservada al ámbito de los ´notables´, es decir, quienes tenían propiedades y formación intelectual adecuada. Así, entre los diputados de aquellas Cortes, integradas por intelectuales, algunos miembros de la nobleza y un notable número de clérigos (de ahí el carácter claramente confesional de texto) no se encontraban representantes del campesinado, sector muy activo en la lucha patriótica contra la ocupación francesa, pero ignorante de los cambios propugnados por las ideas liberales.

Aquellas Cortes, no obstante, promulgaron el 19 de marzo de 1812 una Constitución monárquica (el pueblo español, mayoritariamente, deseaba el regreso de Fernando VII, el Deseado), en la que la soberanía era nacional (no popular), con división de poderes; promulgaron la libertad de imprenta, la abolición de la Inquisición, la reestructuración administrativa del reino de España y la división en provincias; anularon los privilegios señoriales; decretaron la supresión de señoríos, gremios y mayorazgos…

Pero las fuerzas de la reacción, tan poderosas en el devenir histórico del siglo XIX español, condenaron a aquel texto constitucional a escasos periodos de vigencia (1812-1814, 1820-1823 y 1836-1837). Fernando VII, a su regreso en marzo de 1814, anuló toda la obra constitucional gaditana «como si nunca hubiera existido». La represión política se cebó sobre liberales y afrancesados, muchos de los cuales hubieron de abandonar el país, otra de las constantes históricas.

Hoy, a doscientos años del alumbramiento de La Pepa y a casi cuarenta años de la Transición, amplios sectores de la sociedad española propugnan el inicio de un necesario periodo neoconstituyente, que, esta vez sí, devuelva el protagonismo político a la mayoría de la población.